La sombra del control de siempre en la nueva certificación para proveedores del Estado en Nicaragua

"Atención. Proveedores del sector público interesados en participar en contrataciones mayores de 500 mil córdobas, se les informa que el 01 de marzo de 2024 se da apertura a la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado de Nicaragua. De 08:00 a.m. a 05:00 p.m. en las oficinas de la Asamblea Nacional", cita el órgano legislativo en su única invitación oficial hasta ahora para el registro formal.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Política, economía y corrupción

Managua, Nicaragua

Sesión legislativa del jueves 15 de febrero de 2024 en la Asamblea Nacional de Nicaragua | Fotografía del Poder Legislativo

Desde el viernes 01 de marzo de 2024 una nueva sombra se cierne sobre los proveedores que buscan hacer negocios con el Estado en Nicaragua, los cuales, ya de por sí, conforman un selecto grupo de contratistas ligados a los principales operadores de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la administración pública y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La Comisión de Verificación de Proveedores del Estado ha iniciado el proceso de certificación, imponiendo requisitos que han levantado sospechas sobre posibles prácticas discriminatorias. Este paso, señalado como una estrategia del régimen Ortega-Murillo, ha desatado preocupación y críticas, ya que se teme que la comisión, creada en diciembre del año pasado, pueda estar favoreciendo a simpatizantes sandinistas en detrimento de aquellos considerados independientes u opositores. La Comisión, establecida mediante una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, está compuesta por representantes de la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General. Su misión es evaluar la idoneidad de los proveedores del Estado, pero críticos afirman que la participación de la Asamblea Nacional, un órgano de naturaleza política, sugiere que los criterios de calificación podrían estar influenciados por compromisos políticos.

Un exdiputado, hablando bajo condición de anonimato en diciembre pasado, expresó a La Prensa que aunque la verificación de la idoneidad de los proveedores podría ser positiva, en el contexto actual, bajo el régimen orteguista, es probable que la selección se base en "compromisos políticos", teniendo en cuenta que la administración sandinista encabeza, gestiona y promueve un sistema de corrupción basado en contratistas aliados y proyectos innecesarios o sobrevalorados, como ha sido documentado en diversas investigaciones de medios de comunicación independientes durante los últimos años. El antiguo legislador alertó en el confiscado diario sobre la participación de la Asamblea Nacional en esta nueva dinámica administrativa e institucional, indicando que esta podría prevalecer sobre los méritos comerciales, transformando la calificación en un instrumento de premio o castigo según la cercanía al régimen o enemistades. La Comisión, con el poder de realizar verificaciones in situ e incluso auxiliarse de las autoridades de la Policía Nacional, anunció los requisitos el 29 de febrero de este año. Un extenso paquete de documentos, en total 11, debe ser presentado por aquellos que buscan obtener el certificado de verificación de proveedores del Estado. La carta de solicitud de emisión del certificado es el primer documento requerido, seguido por la fotocopia de una cédula de identidad, y, en el caso de personas jurídicas, las fotocopias de las cédulas de los socios y representantes.

La documentación adicional incluye la certificación de inscripción vigente en el Registro de Proveedores, un testimonio de declaración notarial que asegure el cumplimiento de los requisitos de idoneidad, la certificación de inscripción como comerciante en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, y la copia del Registro Único de Contribuyente (Cédula RUC). La lista continúa con la fotocopia de licencias o permisos emitidos por la autoridad competente según la actividad económica, así como la fotocopia de la matrícula de la Alcaldía Municipal donde esté registrado el negocio.

Además, la Comisión exige la copia de la escritura de constitución y modificaciones en su caso, inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Sorprendentemente, también se solicita la fotocopia del poder general de administración debidamente inscrito en el Registro Inmueble y Mercantil, con la posibilidad de requerir cualquier otro documento durante el proceso.

A pesar de las críticas y las sospechas de discriminación política, la Asamblea Nacional emitió un comunicado el 01 de marzo, instando a los proveedores a certificarse gratuitamente a través de la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado. El comunicado detalla los pasos para presentar la solicitud, incluyendo la descarga de los formularios de información de proveedores del Estado, disponibles en el sitio web del Poder Legislativo. La comisión se comprometió a verificar la información suministrada en un plazo de 15 días hábiles, notificando cualquier detalle relacionado con la solicitud al correo electrónico proporcionado por el proveedor. La certificación, emitida gratuitamente, debe renovarse anualmente, y todo el proceso debe realizarse personalmente o a través de representantes legales, en días laborables de 08:00 a.m. a 5:00 p.m. en las instalaciones de la Comisión en la Asamblea Nacional en Managua.

Este nuevo proceso de certificación, que aparentemente busca garantizar la idoneidad de los proveedores, plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en el acceso a contratos con el Estado en Nicaragua. Porque algo de incertidumbre hay entre aquellos que temen que la sombra del control político pueda seguir afectando la economía y el poder gubernamental, con cada vez más divisiones en el tejido empresarial e institucional del país centroamericano.

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