Minuto a minuto | España activa regularización migratoria inédita en dos décadas, en medio de tensión política y amplio respaldo social. EN DIRECTO
- Jairo Videa
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La regularización se anunció además en un momento de fuerte presión sobre la administración pública vinculada a extranjería y nacionalidad. Los servicios consulares españoles en el exterior acumulan cerca de un millón de expedientes de solicitudes de nacionalización en tramitación y otros 1,3 millones pendientes de iniciar procedimiento. A esta carga estructural se suma el impacto de los procesos electorales, que obligan a reforzar la atención consular sin un aumento proporcional de personal. La Asociación de Diplomáticos Españoles ha denunciado recientemente la saturación de muchas representaciones en el exterior y la falta de flexibilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha llegado a congelar permisos y vacaciones durante meses en periodos electorales.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Madrid, España
EN DIRECTO | Act. martes 10 de febrero de 2026 - 06:50 a.m.
Act. martes 10 de febrero de 2026 - 06:50 a.m.
Bruselas frena al PP y a Vox y avala que España decida sobre la regularización de migrantes
La Comisión Europea ha cerrado la puerta a las presiones del Partido Popular (PP) y Vox para intervenir en la regularización de más de 500,000 migrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, recordó el jueves 29 de enero de 2026 que la decisión compete exclusivamente a los Estados miembros y que Bruselas "no tiene competencia" para actuar.
"Las decisiones y políticas para regularizar el estatus de nacionales de terceros países residentes ilegalmente es una responsabilidad de los Estados miembros", afirmó Brunner durante la presentación de la estrategia europea de Migración y Asilo. El comisario —partidario del endurecimiento de la política comunitaria— subrayó que la intervención de la UE se limita a prevenir entradas irregulares y promover vías legales, pero no a determinar qué hacen los países una vez las personas ya están en su territorio.
La posición comunitaria frena la "ofensiva" anunciada por PP y Vox tanto en España como en Bruselas. Los populares registraron una pregunta escrita a la Comisión para cuestionar el alcance de la medida y su posible impacto en el Espacio Schengen, además de reclamar información sobre su base jurídica, calendario y número de beneficiarios, al amparo de la decisión del Consejo de 05 de octubre de 2006 sobre intercambio de información entre Estados. Ese mismo texto, sin embargo, deja claro que corresponde a cada país evaluar si sus medidas tienen impacto significativo en la Unión Europea (UE).
Desde el PP, la eurodiputada Alma Ezcurra defendió una política migratoria "ordenada, legal y coordinada" y acusó al gobierno izquierdista de Pedro Sánchez de poner en riesgo la confianza entre socios. Los conservadores también llevarán el asunto al encuentro del Partido Popular Europeo en Zagreb, al que asistirá la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Vox, por su parte, anunció una "ofensiva europea inmediata" y pidió una reunión con Brunner, alegando que la regularización "abre una brecha" en el control migratorio con efectos sobre la libre circulación. Bruselas respondió con la misma tesis mantenida desde que se conoció el acuerdo del gobierno con Podemos: la regularización es una competencia nacional, y la UE no puede bloquearla.
Act. martes 10 de febrero de 2026 - 06:30 a.m.
Alberto Feijóo endurece el discurso migratorio y acusa a Pedro Sánchez de usar la regularización como salvavidas político
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, elevó a finales de enero el tono contra el gobierno español al rechazar la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Ejecutivo y vincularla directamente a la debilidad parlamentaria del presidente Pedro Sánchez. A su juicio, la medida no responde a una política migratoria estructural, sino a la necesidad del jefe del Ejecutivo de "oxígeno parlamentario para seguir en la Moncloa".
Un día después del 'no' del PP al decreto ómnibus —que incluía la revalorización de las pensiones— Feijóo justificó el cambio de posición de su partido respecto a la regularización migratoria, que en 2024 sí fue admitida a trámite. Según explicó, la iniciativa del gobierno "va en contra de lo que están haciendo todos los socios de la Unión Europea", al tiempo que contradice el Pacto Europeo de Migración y Asilo, basado en el control de flujos y la cooperación entre Estados.
El dirigente popular alertó además de un "efecto llamada evidente" y defendió que "entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal". En esa línea, acusó al Ejecutivo de utilizar la política migratoria como instrumento político interno, más que como respuesta coordinada al fenómeno migratorio en el marco europeo.
En el plano social, Feijóo trató de desvincular el rechazo del PP al decreto ómnibus del debate sobre las pensiones. Aseguró que su partido no votó contra los pensionistas, sino contra "los intereses del gobierno", y acusó al Ejecutivo de utilizar la revalorización como moneda de cambio en las negociaciones con Junts. Recordó además que el PP presentó en noviembre una proposición de ley específica para actualizar las pensiones, que —según dijo— sigue bloqueada por cálculos políticos.
Feijóo también anunció la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre el estado de la red ferroviaria tras los recientes accidentes de tren. Señaló directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, por ofrecer versiones "contradictorias" sobre las causas de los siniestros y denunció una falta de mantenimiento en la alta velocidad desde la liberalización del sector en 2022. La comisión, precisó, no interferirá en las investigaciones judiciales y buscará esclarecer las condiciones de seguridad del sistema ferroviario.
En clave judicial, el líder popular vinculó la renuncia al escaño de José Luis Ábalos con un posible acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sugirió que el partido podría estar asumiendo su defensa legal. Cuestionó además la decisión de Sánchez de reincorporarlo a listas electorales tras cesarlo como ministro y advirtió de que “todo se sabrá”, en referencia a los casos de comisiones y contratos bajo investigación en el Tribunal Supremo.
Finalmente, Feijóo reiteró su aspiración de gobernar en solitario, descartó pactos con Sánchez —aunque no con el PSOE— y definió a Vox como un "comodín". También marcó distancias con el espacio a la izquierda del PSOE, cuestionando la viabilidad política de Yolanda Díaz y de Sumar, a las que acusó de estar en una fase de desgaste interno.
Act. martes 10 de febrero de 2026 - 06:10 a.m.
Pedro Sánchez afirma en The New York Times que la regularización de inmigrantes en España responde a una "cuestión moral y pragmática"
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió desde The New York Times la reciente regularización de aproximadamente medio millón de inmigrantes sin papeles aprobada por su Ejecutivo, calificándola no sólo de un acto de justicia social sino también de una necesidad estructural para Occidente. En una tribuna titulada "Soy el presidente del gobierno de España. Por eso Occidente necesita migrantes", Sánchez sostiene que su decisión se apoya en dos pilares: uno moral y otro pragmático.
"La primera y más importante es moral. España fue una vez una nación de emigrantes… ahora nuestro deber es ser la sociedad acogedora y tolerante que nuestros propios familiares habrían esperado encontrar", escribió el mandatario del país europeo.
Además, subraya que la migración es esencial para frenar el declive demográfico de los países occidentales: "Occidente necesita gente… si no aceptan la migración, experimentarán un fuerte declive demográfico que les impedirá mantener a flote sus economías y servicios públicos".
Sánchez reconoce desafíos en el proceso —que considera complejos y difíciles— pero los atribuye a factores socioeconómicos universales: pobreza, desigualdad y falta de acceso a servicios básicos, no a diferencias étnicas o culturales.
El jefe izquierdista del Ejecutivo también criticó a líderes globales que, en su opinión, han optado por políticas de exclusión y deportación, aludiendo a la corriente política conocida como MAGA, asociada a Donald Trump. "Que no se dejen engañar", instó, frente a quienes califican la regularización como una medida suicida o signo de colapso.
Sánchez defiende que España atraviesa un momento de fortaleza económica; asegura que en los últimos tres años el país ha registrado el mayor crecimiento entre las grandes economías europeas, ha generado casi una de cada tres nuevas empleos en la Unión Europea y ha reducido el desempleo por debajo del 10 % por primera vez en casi dos décadas, logros que atribuye a una "agenda inclusiva" que integra a migrantes como agentes clave de desarrollo.
Cierra su tribuna con un llamado global: Occidente tiene que decidir entre sociedades cerradas y empobrecidas o abiertas y prósperas, proponiendo la experiencia española como modelo replicable. Este posicionamiento llega en medio de intensos debates en Europa y Estados Unidos sobre migración, integración y mercado laboral, y reafirma el compromiso del Gobierno español con una política migratoria que combina ética y utilidad económica.
Act. martes 10 de febrero de 2026 - 06:05 a.m.
Regularización migratoria en España: una población más joven en un país envejecido
El impacto demográfico de la inmigración es uno de los factores menos discutidos en el debate público. Casi tres de cada cuatro personas extranjeras en España tienen entre 20 y 64 años, frente a poco más de la mitad de las y los nacidos en el país. En los tramos de edad clave para el mercado laboral y la reproducción social, la presencia migrante es aún mayor: representan cerca de un tercio de la población de entre 25 y 35 años.
A ello se suma la llamada segunda generación. En uno de cada tres nacimientos registrados en España, al menos uno de los progenitores nació en otro país. Actualmente, un millón y medio de menores de hasta 17 años —el 20 % del total— son hijos de personas extranjeras.
Entre los menores de tres años, la proporción asciende al 27 %. Estos niños y niñas, nacidos y socializados en España, forman ya parte central del futuro demográfico del país, como refleja incluso el padrón, donde nombres de origen árabe o latinoamericano superan en frecuencia a muchos tradicionales españoles.
La distribución territorial de la población extranjera sigue el pulso económico. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Baleares concentran la mitad de las personas nacidas fuera de España. En provincias como Alicante o Baleares, casi el 28 % de las y los residentes son de origen extranjero; en Girona, uno de cada cuatro.
Los patrones varían: en zonas agrícolas predominan personas nacidas en África; en grandes áreas urbanas y en el noroeste, las de origen latinoamericano; en la costa, los europeos; y en Barcelona, una presencia asiática especialmente significativa.
En el mercado laboral, la inmigración es ya un pilar estructural. En mayo de 2025, los trabajadores con nacionalidad extranjera superaron por primera vez los tres millones de afiliados a la Seguridad Social. Representan el 14 % del empleo total, una proporción similar a su peso en la población activa.
Entre finales de 2019 y finales de 2024, alrededor del 76 % de los nuevos puestos de trabajo creados en España fueron ocupados por personas nacidas fuera del país, según el Banco de España.
La inserción, sin embargo, es desigual. Los trabajadores extranjeros están sobrerrepresentados en sectores como la hostelería —donde suponen el 28 % del empleo— y la construcción (20 %), y apenas alcanzan el 6 % en ámbitos como la educación o las finanzas.
Más de la mitad de quienes tienen estudios universitarios trabajan en empleos por debajo de su cualificación, situando a España entre los países europeos con mayor sobrecualificación de población extranjera.
Act. martes 10 de febrero de 2026 - 06:01 a.m.
España activa regularización migratoria inédita en dos décadas, en medio de tensión política y amplio respaldo social
El gobierno español dio el martes 27 de enero de 2026 un paso de alto impacto político, económico y social al activar, por vía de urgencia, un proceso de regularización extraordinaria para más de 500,000 personas migrantes que viven en situación administrativa irregular en el país. La medida, acordada en el Consejo de Ministros y narrada ahora en tiempo real por esta Redacción, no tiene precedentes en las dos últimas décadas y se ejecutará mediante un real decreto, lo que evita su tramitación parlamentaria y acelera su entrada en vigor.
El Ejecutivo prevé que las solicitudes de residencia puedan presentarse entre los meses de abril y junio, según confirmó la ministra portavoz, Elma Saiz, tras la reunión del Consejo. Para acogerse al proceso, las personas interesadas deberán acreditar que residían en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y demostrar una permanencia continuada en el país de al menos cinco meses en el momento de la solicitud. "Estamos ante un día histórico", afirmó Saiz, quien defendió que la iniciativa consolida un modelo migratorio sustentado en los derechos humanos, la integración social y la convivencia, compatible —según subrayó— con el crecimiento económico del país europeo. El gobierno socialdemócrata sostiene que esta regularización permitirá aflorar situaciones laborales precarias, ampliar la base de cotización y reconocer derechos a personas que ya forman parte activa de la vida económica y social.
Un giro tras meses de bloqueo político
La decisión del Ejecutivo rompe un prolongado impasse institucional. Durante más de año y medio, la regularización estuvo encallada en el Congreso a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700,000 firmas y promovida por un millar de organizaciones sociales, religiosas, sindicales y empresariales. La falta de consenso entre los principales grupos parlamentarios —especialmente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP)— había paralizado su avance. Finalmente, la vía elegida no ha sido la legislativa, sino la aprobación directa por decreto. Podemos, socio clave del oficialismo, celebró el anuncio como una victoria política. Su secretaria política y eurodiputada, Irene Montero, aseguró que se ha logrado "lo que el PSOE no quería hacer", en referencia a la resistencia previa a una regularización de carácter extraordinario.
El uso del real decreto evita una votación en el Congreso, donde el Ejecutivo carece actualmente de una mayoría sólida y donde la oposición de PP y Vox hacía inviable la convalidación de la medida. Este mismo martes, de hecho, el gobierno vuelve a medir sus apoyos parlamentarios en un pleno extraordinario marcado por la incertidumbre sobre la revalorización de las pensiones, otro de los frentes abiertos de la legislatura.
La iglesia, actor clave en el consenso social
La Iglesia católica, uno de los actores más activos en la defensa de la regularización, acogió la noticia con satisfacción. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo Luis Argüello, valoró la decisión como un reconocimiento a la dignidad de personas que ya trabajan, estudian y acceden a servicios públicos, muchas veces en condiciones de extrema precariedad. Argüello recordó que la iniciativa es fruto de un consenso social amplio y transversal, construido durante años por organizaciones de muy diversa orientación ideológica. Desde asociaciones empresariales hasta colectivos de base, pasando por Cáritas, congregaciones religiosas y plataformas de defensa de derechos humanos, el respaldo a la regularización ha sido sostenido y plural.
La CEE gestiona actualmente 132 centros específicos de atención a personas migrantes, que el último año asistieron a más de 120.000 beneficiarios. Junto a Cáritas, REDES y la Conferencia Española de Religiosos, la institución eclesial calificó oficialmente la regularización como un acto de justicia social y un complemento necesario al actual Reglamento de Extranjería, al ofrecer una salida a quienes no pueden acceder a las vías ordinarias. Fernando Redondo, director del Departamento de Migraciones de la CEE, subrayó que el decreto permitirá que unas 500,000 personas regularicen su situación y ejerzan plenamente sus derechos laborales y sociales. Para Redondo, la medida no introduce una realidad nueva, sino que ordena una situación ya existente.
Una ILP que no se da por cerrada
Pese al anuncio del gobierno, los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular insisten en que su trabajo no ha sido en vano. Jorge Serrano, coordinador de la ILP, recordó que el proceso actual es consecuencia directa de una movilización social inédita en torno a la regularización. La iniciativa, aún viva en el Congreso, podría activarse en el futuro como herramienta legislativa si este decreto decae o para abordar nuevas regularizaciones. Serrano destacó el carácter excepcional del movimiento que impulsó la ILP, capaz de aglutinar a colectivos con visiones políticas opuestas bajo un objetivo común. A su juicio, el consenso social alcanzado constituye uno de los principales logros democráticos del proceso.
Rechazo frontal de la derecha y ofensiva judicial
La reacción de la oposición no se hizo esperar. El Partido Popular reiteró su rechazo a las regularizaciones masivas, que considera contrarias a la legalidad. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, acusó al gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la medida como cortina de humo para desviar la atención del reciente accidente ferroviario de Adamuz y cuestionó la seguridad del sistema ferroviario. El PP defiende una regularización caso por caso y sostiene que el decreto mezcla asuntos para ocultar la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.
Vox, por su parte, anunció una ofensiva judicial inmediata. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, confirmó la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar la suspensión cautelar del decreto. La formación de ultraderecha elevó el tono del discurso, denunciando un supuesto colapso de los servicios públicos y acusando al Gobierno de fomentar un "efecto llamada", pese a que la regularización no implica la concesión de la nacionalidad ni derechos políticos. El líder de extrema derecha, Santiago Abascal, y otros dirigentes del partido insistieron en un enfoque basado en repatriaciones y deportaciones, rechazando cualquier ampliación de derechos para personas migrantes, independientemente de su tiempo de residencia en el país.
Un sistema administrativo bajo presión
La regularización extraordinaria se produce en un contexto de fuerte saturación administrativa. Los servicios exteriores del Estado arrastran más de un millón de expedientes de nacionalización en tramitación y otros 1,3 millones pendientes de iniciar procedimiento. A ello se suma la carga adicional que suponen los procesos electorales, que obligan a los consulados a restringir permisos y vacaciones del personal diplomático. La Asociación de Diplomáticos Españoles ha alertado del deterioro de las condiciones laborales en el exterior, denunciando la falta de refuerzos humanos y la inflexibilidad del Ministerio ante picos de trabajo prolongados. Esta sobrecarga amenaza con ralentizar aún más los plazos administrativos en un momento clave para la gestión migratoria.
Un debate estructural abierto
La regularización extraordinaria coloca de nuevo la política migratoria en el centro del debate público. Mientras el gobierno español y una amplia red social la defienden como una medida de justicia y ordenación, la oposición la presenta como un síntoma de debilidad institucional. Más allá del enfrentamiento político, el decreto pone de relieve una realidad estructural: cientos de miles de personas ya integradas de facto en la sociedad española siguen dependiendo de decisiones administrativas para el reconocimiento pleno de sus derechos.
El alcance real de la medida, su implementación efectiva y su impacto sobre el sistema administrativo y social marcarán los próximos meses de una legislatura que vuelve a demostrar que la inmigración sigue siendo uno de los ejes más sensibles y determinantes de la política española contemporánea.
Act. martes 10 de febrero de 2026 - 06:00 a.m.
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En España residen actualmente 9,3 millones de personas nacidas en otro país, lo que equivale a casi uno de cada cinco habitantes. De ellas, más de tres millones ya tienen nacionalidad española; el resto conserva la de origen. El crecimiento ha sido rápido y sostenido: del 5,6 % de población nacida en el extranjero en 2002 se pasó al 12,7 % en 2015, tras el parón de la crisis financiera, y al 19 % actual. Una parte significativa de estas personas no encaja en la imagen de "recién llegados". Entre quienes han adquirido la nacionalidad española se cuentan hijos de emigrantes españoles retornados de Europa central y descendientes de quienes se establecieron en América Latina a finales del siglo XIX y principios del XX. La inmigración contemporánea, además, tiene un claro perfil latinoamericano: más de cuatro millones de residentes nacieron en países de esa región. Les siguen los europeos (2,4 millones) y los africanos (1,5 millones). Marruecos es el principal país de origen, con más de un millón de personas, aunque en los últimos años el crecimiento más acelerado se ha dado entre quienes proceden de Colombia, Venezuela o Perú.
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