Más narcovideos como evidencia: el caso de Romeo Vásquez Velásquez reaviva los vínculos entre el crimen organizado y la política en Honduras
- Jairo Videa
- hace 8 horas
- 5 Min. de lectura
"Existen indicios sólidos que nos llevan a vincularlo con actividades ilícitas", declaró el fiscal general del país centroamericano hace dos semana, señalando que el foco actual de la investigación es determinar si el dinero entregado fue utilizado para financiar alguna de sus campañas presidenciales por la Alianza Patriótica Hondureña o para otros fines ilegales.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El lunes 26 de mayo de 2025 marcó un nuevo capítulo en la ya extensa historia de vínculos entre estructuras criminales y figuras de alto perfil en Honduras. Esta vez, el protagonista de la controversia es el general en condición de retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y excandidato presidencial. Un supuesto narcovideo difundido por el Ministerio Público (MP) lo muestra en lo que sería una transacción directa con Devis Leonel Rivera Maradiaga, cabecilla confeso del cartel de "Los Cachiros".
Aunque el video, dividido en al menos cuatro fragmentos, presenta limitaciones técnicas —audio incompleto, baja resolución y tomas parciales— el impacto ha sido suficiente para colocar nuevamente en el centro del debate público la penetración del narcotráfico en la política, las fuerzas del orden y las instituciones hondureñas.
El clip en cuestión, presuntamente grabado entre 2013 y 2014 en una vivienda de San Pedro Sula que fue allanada, muestra a un hombre, que sería Vásquez Velásquez, sentado en un sofá y conversando con otro individuo, identificado como Devis Leonel Rivera Maradiaga. En uno de los momentos más comprometedores del video, se observa al general retirado recibiendo una bolsa negra, supuestamente cargada con dinero en efectivo. Una voz fuera de cuadro menciona: "puta, ni lo va a contar".
Aunque las imágenes no permiten confirmar el contenido de la bolsa ni la identidad completa de todos los presentes, la Fiscalía hondureña ha insistido en que se trata de una prueba clave. Según David Amaya, jefe de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), el material audiovisual fue entregado por un informante y posteriormente autenticado por peritos forenses del Laboratorio de Medicina Legal.
"Existen indicios sólidos que nos llevan a vincularlo con actividades ilícitas", afirmó Amaya, quien también detalló que en el allanamiento de la residencia de Vásquez se incautaron documentos comprometedores y un cheque por la suma de 48 millones de lempiras, lo cual ha profundizado las sospechas de lavado de activos.
Este no es el primer caso en el que un video captado por narcotraficantes se convierte en detonante de escándalos de alto nivel. Rivera Maradiaga ha sido protagonista y productor de al menos dos registros fílmicos anteriores que sacudieron las estructuras políticas del país centroamericano.
En octubre de 2019, se divulgó un video en el que el líder de Los Cachiros aparece reunido con el exdiputado Juan Antonio Hernández, hermano del entonces presidente nacionalista Juan Orlando Hernández. Grabado discretamente con un reloj espía, el clip lo muestra en una conversación ambigua, aunque sugestiva sobre acuerdos con las "autoridades". Este material fue incorporado como evidencia en el juicio federal que terminó condenando a "Tony" Hernández en Nueva York.
Más recientemente, en septiembre de 2024, otro video reveló la reunión del exdiputado y antiguo secretario del Congreso Legislativo, Carlos Zelaya, cuñado de la actual presidenta Xiomara Castro, con varios capos, entre ellos Rivera Maradiaga, Héctor Emilio Fernández Rosa, Carlos Lobo y Ramón Matta Waldurraga. En esa grabación, de más de 30 minutos, se discuten estrategias de distribución de fondos presuntamente dirigidos a campañas políticas. "La mitad para el comandante", se escucha decir a Zelaya, en una frase interpretada como alusión directa al expresidente Manuel Zelaya Rosales, su "querido" hermano.
Pese a las pruebas presentadas, el caso contra Romeo Vásquez ha desatado una polarización en la opinión pública y en los sectores políticos. Mientras algunos sectores exigen justicia y profundización de las investigaciones, otros denuncian una "persecución política" contra el general retirado, quien permanece prófugo de la justicia.
El exjefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, cuestionó públicamente la calidad probatoria del video que incrimina a Vásquez. "Ese audio está inventado, ningún jurado en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) lo encontraría culpable con esa evidencia", declaró en una entrevista reciente, haciendo una clara distinción entre este material y el video de Carlos Zelaya, que calificó como "contundente".
A las declaraciones de Vigil se suma la reacción anónima del propio Romeo Vásquez, quien desde la clandestinidad intentó desviar la atención acusando al exmandatario Manuel Zelaya Rosales de haberse reunido con Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, sin ofrecer pruebas que respalden su acusación.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación actual gira en torno al destino del dinero recibido en la supuesta reunión. Las autoridades presumen que pudo haber sido utilizado para financiar actividades políticas, particularmente alguna de sus campañas presidenciales bajo la bandera de la Alianza Patriótica Hondureña.
De confirmarse esta hipótesis, el caso podría escalar de forma significativa, sentando un precedente sobre el financiamiento ilegal de campañas en Honduras, una práctica que, según múltiples denuncias de la sociedad civil y organismos internacionales, ha sido sistemática y tolerada durante décadas.
El caso Vásquez Velásquez ocurre entonces en un momento de profundo desgaste institucional en Honduras, con un Ministerio Público aún tratando de recuperar la confianza ciudadana tras años de inoperancia o complicidad frente a la corrupción y el narcotráfico. Los antecedentes pesan: el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado en 2022 y condenado en EE.UU. en 2024 por delitos relacionados al uso y tráfico de drogas y armas, tras años de señalamientos que fueron ignorados en el país y su sistema de justicia. "Tony" Hernández, su hermano, cumple cadena perpetua por cargos similares.
La presidenta Xiomara Castro ha intentado tomar distancia de estos vínculos, pero la aparición del nombre de su cuñado en uno de los videos más recientes mina su credibilidad y deja al descubierto que las estructuras criminales han permeado transversalmente todos los partidos políticos tradicionales y a las Fuerzas Armadas, según analistas y periodistas consultados por COYUNTURA.
Mientras el Ministerio Público asegura que se encuentra en una etapa preliminar de la investigación, algunos sectores cuestionan la selectividad de los procesos judiciales. ¿Por qué algunos actores son investigados con rapidez y otros, como los implicados en el caso de Zelaya, no enfrentan requerimientos fiscales?
El portavoz del MP, Yuri Mora, ha defendido la independencia del ente acusador y ha pedido paciencia. "No podemos apresurarnos, cada caso tiene su complejidad", afirmó sin ofrecer mayores detalles.
El caso Romeo Vásquez Velásquez, aún en desarrollo, pone de relieve la gravedad de las alianzas entre actores políticos y estructuras del narcotráfico. Si bien todavía falta determinar la responsabilidad penal del exgeneral, el video y los hallazgos en su residencia arrojan señales preocupantes sobre el grado de penetración del crimen organizado en la vida pública hondureña.
Más allá de los nombres y cargos, lo que está en juego es la integridad del sistema democrático, la confianza ciudadana en las instituciones y la posibilidad de erradicar —con voluntad política y transparencia judicial— el fenómeno de la "narcopolítica" que, lejos de extinguirse, sigue mutando y contaminando el futuro del país.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
