La reforma también tiene un impacto económico significativo. Las tasas por servicios migratorios han experimentado incrementos desproporcionados, como la multa de hasta mil dólares estadounidenses por evasión fronteriza o el aumento del costo por emisión de pasaportes tras pérdida, que pasó de 5.74 dólares a 100. Estos ajustes han generado ingresos millonarios para el régimen, que en 2023 recaudó más de 1,600 millones de córdobas en servicios relacionados con migración.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El jueves 28 de noviembre de 2024, la Asamblea Legislativa de Nicaragua aprobó por unanimidad un paquete de reformas a la Ley General de Migración y Extranjería, así como al Código Penal, que no solo intensifica las restricciones sobre la movilidad de las y los nicaragüenses, sino que también legaliza prácticas que afectan directamente los derechos fundamentales de miles de ciudadanos. La modificación de estas leyes, que otorgan a la administración central control absoluto sobre las fronteras y la ciudadanía, forma parte de un contexto más amplio de centralización del poder del régimen de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, cuyo control sobre la sociedad, la empresa privada y el tercer sector nicaragüense sigue consolidándose a través de reformas legales de gran alcance, aceleradas en los últimos 16 meses.
Una de las reformas más controversiales es la modificación al Código Penal, específicamente al artículo 138, que establece penas de prisión de entre dos y seis años para aquellos que intenten salir del país a través de rutas no habilitadas, conocidas como puntos ciegos. El texto de la ley argumenta que este tipo de evasión puede comprometer la integridad de la nación, desestabilizar el orden constitucional e incluso fomentar actos de terrorismo o conspiración. Aunque la redacción de la legislación es ambigua, se sobreentiende que esta medida está dirigida a aquellos que huyen del país centroamericano, o que ingresan evitando el registro oficial del Estado, por razones políticas, especialmente desde que, abril del año 2018, Nicaragua vivió una serie de protestas populares reprimidas violentamente por las fuerzas armadas, a cargo de la administración Ortega-Murillo.
El aumento de las sanciones para quienes intenten escapar del país no es casualidad. Desde el inicio de la crisis social, política, humanitaria e institucional en 2018, miles de nicaragüenses han huido a países cercanos, como Costa Rica, Guatemala y Honduras, buscando refugio, o el inicio de rutas más largas, hasta Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.). Según datos de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, de las 272,582 solicitudes de asilo recibidas entre 2018 y 2024, 234,513 fueron de nicaragüenses. Muchos de estos migrantes entraron al país vecino por rutas informales, evitando los estrictos controles fronterizos impuestos por Nicaragua, con ventanillas personalizadas y escáneres, lo que ahora se convierte en un delito penalizado bajo las nuevas reformas.
Además de las penas de prisión, la nueva legislación impone una multa de 1,000 dólares tanto a nacionales como a extranjeros que intenten cruzar la frontera de manera irregular. Este cambio refleja una estrategia del Estado para monetizar aún más la crisis migratoria, que ha sido una fuente significativa de ingresos para el régimen, especialmente a través de tarifas impuestas a miles de desplazados de países como Venezuela, Cuba, Haití, naciones de Asia y África.
Otra de las reformas clave es la creación de un "documento de identidad y viaje para apátridas", que reemplaza a los tradicionales salvoconductos y pases fronterizos. La apatridia, entendida como la condición de aquellos que no pueden gozar de los derechos y la protección asociados a una nacionalidad, se ha convertido en una realidad para muchos disidentes, religiosos, periodistas, opositores políticos y hasta precandidatos presidenciales, quienes han sido despojados de su ciudadanía de forma ilegal o forzada.
El cambio en la legislación refleja la política de "destierro" llevada a cabo por el régimen Ortega-Murillo, que ha impedido el retorno de miles de nicaragüenses exiliados y ha anulado la nacionalidad de aquellos que se oponen a su dirección autoritaria. El uso de documentos migratorios para apátridas, al igual que los pasaportes, es un reflejo de cómo el régimen ha convertido la migración en una herramienta de control social, estableciendo un sistema de "castigo" para aquellos que se atreven a desafiar su poder.
Un aspecto aún más alarmante de las reformas es la autorización del uso de armas de fuego y otros medios de defensa por parte de los funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Esta medida, incluida en la nueva legislación, establece que las y los agentes migratorios podrán usar la fuerza para "neutralizar" cualquier actividad que amenace el orden constitucional del país, entiéndase incluso, ahora, un "cruce fronterizo ilegal". Se justifican hasta siete causales para el uso de armas, entre las cuales se incluyen prevenir "desestabilización" política y social, así como garantizar la "seguridad ciudadana".
Este cambio es un claro indicio de la militarización del aparato estatal, particularmente el fronterizo, bajo el régimen de Ortega y Murillo, que ya ha tomado medidas similares en otras áreas del gobierno, como la Policía Nacional. Desde la creación de un "superministerio" del Interior, que integra diversas instituciones como la Policía y el Sistema Penitenciario, hasta la autorización para que las y los funcionarios de la DGME porten armas, estas reformas indican un fortalecimiento del control autoritario y una estrategia más radical en todos los niveles de la administración pública.
En paralelo con la intensificación de las sanciones migratorias, el régimen también ha aprobado una serie de exoneraciones fiscales para la DGME. Estas exoneraciones incluyen la exención de impuestos nacionales y municipales, así como el pago de tarifas de servicios básicos, como el agua y la electricidad, un derecho que le fue arrebatado a las universidades en septiembre de este año. También se le otorgan beneficios en la compra de vehículos y la circulación de estos con prioridad en las vías públicas, al igual que la Policía Nacional o las ambulancias de emergencia. Estas medidas no solo refuerzan el poder y los recursos de la DGME en caso de operativos con objetivos desconocidos pero diversos, sino que también ilustran la política institucional de "autarquía" del régimen, que busca concentrar todos los recursos del Estado en manos del aparato represivo, y el Poder Ejecutivo, en manos de Ortega y Murillo desde el año 2007, ahora como una copresidencia con superpoderes, ningún contrapeso estatal y una Constitución diseñada para imperar en todo lugar y momento.
Estas reformas no ocurren en un vacío. En los últimos años, el régimen de Ortega ha intensificado su control sobre el país centroamericano a través de una serie de reformas constitucionales y legales que han alterado sustancialmente el marco jurídico nicaragüense. Más de 100 artículos de la Constitución de 1987 fueron modificados la semana pasada, en una sola legislación y con un pobre debate, consolidando un sistema político que favorece la concentración de poder en manos de Ortega y su esposa Rosario Murillo, mientras silencia cualquier forma de oposición ciudadana, administrativa o regional.
La reforma migratoria, en este sentido, no es solo una respuesta a la crisis migratoria -y probablemente un mensaje de medición para la administración del presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Donald Trump, en medio del perjudicial papel que Nicaragua ha jugado como trampolín migratorio hasta la frontera entre México y EE.UU.-, sino un componente más de un paquete de medidas que buscan garantizar la estabilidad del régimen a través del control, registro y monitoreo absoluto sobre el movimiento de las personas, tanto nacionales como extranjeras, en cualquier condición.
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante estas reformas, especialmente en lo que respecta a la criminalización de la migración y la creación de condiciones para la apatridia. Organizaciones de derechos humanos consultadas por COYUNTURA bajo el anonimato en Centroamérica han denunciado la violación de derechos fundamentales de las y los nicaragüenses que se encuentran en el exilio, y se teme que estas reformas intensifiquen aún más la persecución política en el país. "Muchos nicas regresan cada año a casa, para Navidad y Nochevieja, desde Costa Rica y Honduras siempre en el caso 'irregular', y desde El Salvador en aviones. Tengamos por seguro que este diciembre, o no entran, o los detienen cuando lleguen a su destino, o en el camino, tras el ingreso obligatorio por el punto fronterizo. Medida de protección nacional, sí. Pero, ¿a qué costo humanitario y político? Otra imposición a las libertades", comentó "Roxana", asesora legal de una entidad nicaragüense exiliada en Costa Rica.
En el futuro y ahora, será clave observar cómo los países vecinos, y las organizaciones internacionales responden a estas medidas. Si bien muchos nicaragüenses ya han encontrado refugio en el extranjero, las nuevas reformas podrían complicar aún más la situación, llevando a un número aún mayor de exiliados forzados a vivir en condiciones precarias o a enfrentar persecuciones judiciales por intentar escapar de un régimen cada vez más represivo, o por ingresar sin la debida vigilancia estatal.
Las reformas aprobadas por la Asamblea de Nicaragua marcan un hito en la historia reciente del país centroamericano, al consolidar una estructura de control total sobre la población y el territorio. Al legalizar la apatridia, imponer severas sanciones a quienes intenten escapar del país o ingresar sin registro, y permitir el uso de la fuerza por parte de Migración y Extranjería, el régimen Ortega-Murillo ha dado un paso más en la criminalización de la oposición y en la consolidación de su poder autoritario. Mientras tanto, la represión y el exilio se convierten en realidades cada vez más presentes para aquellos que buscan un futuro fuera de las fronteras nicaragüenses.
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