Nicaragua y el año de la Copresidencia: cómo en el 2025 se consolidó la monarquía sandinista
- Jairo Videa
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Casi medio siglo después, el Frente Sandinista ha mutado de organización revolucionaria a maquinaria política hegemónica. Desde su retorno al Ejecutivo en 2007, el partido de izquierda ha concentrado resortes institucionales, restringido el pluralismo y reforzado un sistema que los organismos de derechos humanos regionales describen como autoritario y extremista. Las protestas de 2018 marcaron un punto de inflexión. Más de 350 muertos y miles de detenciones abrieron paso a una legislación que amplió el margen de control matrimonial y estableció marcos legales para inhibiciones políticas, persecuciones judiciales y cierres de espacios cívicos. Mientras la prensa oficial subraya avances sociales y diplomáticos, los medios independientes —casi todos en el exilio— describen un escenario de represión sistemática.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La Asamblea Legislativa de Nicaragua clausuró el sábado 27 de diciembre de 2025 su período ordinario de sesiones tras un año de trabajo dominado por la aprobación de una amplia reforma constitucional que redefine la estructura del Estado y consolida un modelo de poder fuertemente centralizado en la figura del copresidente Daniel Ortega y de su esposa y comandataria, Rosario Murillo, investida desde febrero como segunda al mando. Durante el período, el parlamento sandinista aprobó al menos 35 leyes y 29 decretos en 134 sesiones, de las cuales 118 fueron ordinarias, 14 especiales y dos solemnes.
La reforma constitucional, aprobada en su segunda y definitiva legislatura en enero, introdujo cambios de calado: amplía el mandato copresidencial de cinco a seis años, institucionaliza la figura de la Copresidencia, elimina el tradicional equilibrio entre poderes y subordina el conjunto de los "órganos" del Estado a la coordinación del Ejecutivo. La modificación, duramente cuestionada por organismos internacionales, periodistas y analistas centroamericanos, también legaliza la apatridia y redefine la naturaleza del Estado como "revolucionario", con una noción de "democracia directa" ejercida a través de la Copresidencia.
Según el informe anual leído por la primera secretaria del parlamento nicaragüense, Loria Raquel Dixon, el Legislativo ha contribuido a "consolidar la Nicaragua revolucionaria" mediante la aprobación de leyes y decretos a lo largo de 2025. La diputada destacó que la reforma constitucional incorpora referencias históricas y simbólicas, entre ellas la elevación de la bandera del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a la categoría de símbolo patrio.
