Nicaragua y el año de la Copresidencia: cómo en el 2025 se consolidó la monarquía sandinista
- Dec 29, 2025
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Casi medio siglo después, el Frente Sandinista ha mutado de organización revolucionaria a maquinaria política hegemónica. Desde su retorno al Ejecutivo en 2007, el partido de izquierda ha concentrado resortes institucionales, restringido el pluralismo y reforzado un sistema que los organismos de derechos humanos regionales describen como autoritario y extremista. Las protestas de 2018 marcaron un punto de inflexión. Más de 350 muertos y miles de detenciones abrieron paso a una legislación que amplió el margen de control matrimonial y estableció marcos legales para inhibiciones políticas, persecuciones judiciales y cierres de espacios cívicos. Mientras la prensa oficial subraya avances sociales y diplomáticos, los medios independientes —casi todos en el exilio— describen un escenario de represión sistemática.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La Asamblea Legislativa de Nicaragua clausuró el sábado 27 de diciembre de 2025 su período ordinario de sesiones tras un año de trabajo dominado por la aprobación de una amplia reforma constitucional que redefine la estructura del Estado y consolida un modelo de poder fuertemente centralizado en la figura del copresidente Daniel Ortega y de su esposa y comandataria, Rosario Murillo, investida desde febrero como segunda al mando. Durante el período, el parlamento sandinista aprobó al menos 35 leyes y 29 decretos en 134 sesiones, de las cuales 118 fueron ordinarias, 14 especiales y dos solemnes.
La reforma constitucional, aprobada en su segunda y definitiva legislatura en enero, introdujo cambios de calado: amplía el mandato copresidencial de cinco a seis años, institucionaliza la figura de la Copresidencia, elimina el tradicional equilibrio entre poderes y subordina el conjunto de los "órganos" del Estado a la coordinación del Ejecutivo. La modificación, duramente cuestionada por organismos internacionales, periodistas y analistas centroamericanos, también legaliza la apatridia y redefine la naturaleza del Estado como "revolucionario", con una noción de "democracia directa" ejercida a través de la Copresidencia.
Según el informe anual leído por la primera secretaria del parlamento nicaragüense, Loria Raquel Dixon, el Legislativo ha contribuido a "consolidar la Nicaragua revolucionaria" mediante la aprobación de leyes y decretos a lo largo de 2025. La diputada destacó que la reforma constitucional incorpora referencias históricas y simbólicas, entre ellas la elevación de la bandera del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a la categoría de símbolo patrio.
Una Copresidencia reforzada y nuevas estructuras armadas
Los cambios constitucionales definen a la Copresidencia como Jefatura Suprema del Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior (MINT), e introducen la posibilidad de que el copresidente y la copresidenta nombren "vicepresidentes" y hasta alcaldes sin elección popular. La reforma permite, además, la creación de las "Fuerzas Militares de Reserva Patriótica" y de una "Policía Voluntaria" que ya tiene casi 100,000 miembros, organismos señalados por la oposición como potenciales brazos parapoliciales o paramilitares.
El nuevo texto establece que el poder revolucionario lo ejerce directamente el pueblo, pero lo canaliza a través de la Copresidencia, que dirige el FSLN y coordina los órganos legislativo, judicial, electoral, de fiscalización y entes autónomos. El conjunto supone una reconfiguración institucional que ha sido objeto de críticas por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y gobiernos occidentales, al considerar que elimina los contrapesos democráticos y amplía la concentración del poder familiar.
Entre las reformas tratadas este año, Dixon mencionó también una enmienda en primera legislatura que prevé la pérdida de la nacionalidad nicaragüense para quienes adquieran otra ciudadanía, en línea con disposiciones recientes que han afectado a casi 500 opositores, disidentes y críticos de la administración sandinista.
Agenda económica, cooperación militar y control mediático
El Parlamento aprobó, además, doce decretos del orden económico que suman 489.3 millones de dólares y 1,535.1 millones de yuanes (equivalentes a unos 219.1 millones de dólares), según el informe oficial. También autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves militares de Rusia, Cuba, Venezuela y Estados Unidos, una práctica habitual en la cooperación militar nicaragüense.
Otra de las medidas subrayadas es el reforzamiento del control estatal sobre los medios de comunicación. El Estado se atribuye para finalizar el 2025 la vigilancia para evitar que estos sean "sometidos" a intereses extranjeros o difundan "noticias falsas" que, según la formulación legal, puedan afectar los derechos de las y los ciudadanos, en un contexto ya marcado por cierres de redacciones, exilios forzados y persecución a periodistas y comunicadores.
La memoria sandinista como narrativa oficial
La sesión de cierre legislativo de este fin de semana estuvo atravesada por la exaltación de la memoria histórica sandinista. Los diputados oficialistas y los supuestos opositores ideológicos dedicaron la jornada a conmemorar el asalto a la residencia de José María Castillo Quant, ocurrido el 27 de diciembre de 1974, acción guerrillera que permitió la liberación de Daniel Ortega y otros presos sandinistas. El presidente del parlamento, Gustavo Porras, definió aquella operación del "comando Juan José Quezada" como un "eslabón decisivo" para el supuesto triunfo posterior del FSLN.
En aquel ataque, Castillo Quant fue asesinado y varios altos cargos del régimen de Anastasio Somoza fueron tomados como rehenes. Ortega, detenido desde 1967 por robos bancarios vinculados a la insurgencia, fue excarcelado y enviado a Cuba, donde fue recibido por Fidel Castro antes de instalarse en Costa Rica. Desde allí se integró a la Dirección Nacional del FSLN, iniciando la relación política y personal con Rosario Murillo, hoy copresidenta de facto.
El oficialismo vinculó directamente ese episodio histórico con la situación actual. Porras sugirió que la acción armada buscaba retener a personeros influyentes del somocismo y eventualmente al entonces embajador estadounidense, y reivindicó la operación como un punto de inflexión que "rompió el silencio" internacional en torno a la lucha sandinista.
Del mito revolucionario al poder hegemónico
La evolución del FSLN desde su papel de organización insurgente en los años setenta hasta su actual condición de fuerza hegemónica atraviesa todo el discurso institucional. Fundado en los sesenta e inspirado en la figura de Augusto César Sandino, el Frente lideró en papel el derrocamiento de Somoza en 1979. Tras perder el poder en 1990, regresó al gobierno en 2007 con Ortega al frente y desde entonces ha impulsado un proceso continuo de concentración institucional familiar.
El viraje se ha acelerado desde las protestas de abril de 2018 y tras su tercera reelección consecutiva en 2021, que dejaron centenares de muertos y miles de detenciones. Reformas legales como la llamada Ley de Soberanía y cambios constitucionales recientes han facilitado la inhabilitación de opositores, la cancelación de organizaciones civiles y la persecución judicial de voces críticas, en paralelo a la clausura del pluralismo político y a un creciente aislamiento internacional.
Mientras los medios oficiales insisten en una narrativa de estabilidad y logros económicos y sociales, la prensa independiente —gran parte en el exilio— y organismos humanitarios documentan un escenario de desdemocratización, represión sostenida y deterioro de derechos fundamentales.
Filtraciones y tensiones internas
En ese contexto, el viernes 19 de diciembre comenzó a circular en redes cerradas un documento de origen no verificado, supuestamente procedente de canales internos del FSLN. Fuentes independientes confirmaron a COYUNTURA su recepción, aunque el contenido íntegro no se ha divulgado públicamente. La aparición de este tipo de materiales sugiere tensiones dentro del aparato oficialista y se produce tras un año marcado por señalamientos contra dirigentes del partido y funcionarios estatales.
El documento alude a la situación de históricos cuadros sandinistas encarcelados o fallecidos en prisión, mencionando a figuras como Bayardo Arce Castaño, Álvaro Baltodano, Néstor Moncada y Carlos Fonseca Terán. El propio Humberto Ortega, hermano del copresidente y exjefe del Ejército, murió en 2024 bajo custodia estatal. La referencia apunta a fracturas internas y a la distancia creciente entre el liderazgo actual y parte de la vieja guardia revolucionaria.
Entonces, el cierre del período legislativo de 2025 confirma la consolidación de un modelo institucional que reconfigura profundamente el Estado nicaragüense. La extensión del mandato presidencial, la creación de la Copresidencia sandinista, la subordinación de los demás órganos al Ejecutivo y la legalización de nuevas estructuras armadas paralelas dibujan un sistema donde los contrapesos clásicos quedan diluidos.
A ello se suma el uso intensivo de símbolos partidarios en la esfera estatal, el control reforzado sobre la información y la criminalización de la disidencia, elementos que colocan a Nicaragua ante un horizonte político marcado por la concentración de poder y un debilitamiento estructural de las garantías democráticas.
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