Oposición denuncia "deriva autoritaria" en El Salvador mientras el PNUD perfila nueva hoja de ruta de desarrollo en el país centroamericano
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Nayib Bukele fue reelegido en 2024 para un segundo mandato consecutivo pese a que, en ese momento, la Constitución lo prohibía. Posteriormente, una reforma aprobada en agosto de 2025 abrió la puerta a la reelección indefinida y reconfiguró los periodos presidenciales, además de adelantar el ciclo electoral a 2027.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
San Salvador, El Salvador
En un contexto marcado por la consolidación del poder presidencial y la redefinición de prioridades institucionales, dos lecturas contrapuestas sobre la situación de El Salvador emergen desde la oposición política y desde el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): una centrada en el deterioro democrático y otra en la aceleración de procesos de transformación y desarrollo.
La diputada Claudia Ortiz, una de las tres representantes opositoras en el Congreso salvadoreño y miembro del partido VAMOS, afirmó que el país atraviesa una "dictadura" bajo la administración del presidente derechista Nayib Bukele, a quien considera ilegítimo en su actual ejercicio del poder.
En declaraciones ofrecidas a la agencia EFE, Ortiz sostuvo que, si bien reconoce "cosas positivas" en el actual Gobierno, estas —según dijo— se habrían alcanzado a costa de violaciones de derechos, falta de transparencia e incumplimientos constitucionales. "Hay que dejar bien claro que estamos ante el ejercicio del Poder Ejecutivo violando la Constitución", afirmó la legisladora.
Su señalamiento se produce en un momento clave: la gestión de Bukele cumple dos años de su segundo mandato consecutivo, con lo que acumula siete años en el Ejecutivo. El presidente logró su reelección en 2024, pese a que la Constitución salvadoreña lo prohibía en ese momento, lo que generó cuestionamientos internos y externos.
El debate se intensificó tras una reforma constitucional aprobada en agosto de 2025 por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, que habilitó la reelección presidencial indefinida. La misma modificación también permitió el acortamiento del actual mandato —inicialmente previsto hasta 2029— y adelantó las elecciones generales a febrero de 2027, bajo un nuevo esquema de períodos presidenciales de seis años.
Ortiz advirtió además sobre lo que considera un debilitamiento institucional sostenido y cuestionó que la popularidad del mandatario sea utilizada como argumento de legitimidad. "Ser popular no es igual a gobernar, y ser popular no es igual a ejercer el poder de manera legítima", señaló.
En paralelo, el respaldo ciudadano a Bukele se mantiene elevado. Una encuesta del periódico La Prensa Gráfica situó su aprobación en 85,5 % al cierre del segundo año de su segundo mandato, aunque con una caída de 6,4 puntos respecto a la medición anterior.
El núcleo del capital político del presidente sigue siendo la estrategia de seguridad, basada en una "guerra" contra las pandillas que, según el Gobierno, ha reducido drásticamente los homicidios y debilitado el control territorial de las estructuras criminales.
Ortiz, sin embargo, insiste en que la solución política debe pasar por la participación electoral de la ciudadanía en 2027. "Solo el pueblo salva al pueblo", afirmó, al tiempo que llamó a la población a participar activamente en los comicios como vía para revertir lo que considera un proceso de concentración de poder.
La diputada también evocó la transición democrática salvadoreña de finales de los años 80 y principios de los 90 como antecedente de la capacidad del país para salir de contextos autoritarios, aunque reconoció que aquel proceso fue "imperfecto".
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