La persecución contra Movimiento Semilla y el órgano electoral guatemalteco continúa. Una orden de captura contra la Registradora de Ciudadanos en funciones y un segundo allanamiento a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) caldean una vez más la situación, camino a la segunda vuelta electoral por la Presidencia de Guatemala.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En un nuevo episodio que involucra a altos funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Ministerio Público (MP) confirmó este 20 de julio la existencia de una orden de captura contra Eleonora Noemí Castillo Pinzón, quien actualmente se desempeña como subdirectora del Registro de Ciudadanos (RC) de dicha institución. Esta medida ha sido tomada mientras el registrador José Ramiro Muñoz Jordán se encuentra gozando de sus vacaciones, lo que ha llevado a Castillo Pinzón a asumir temporalmente la dirección del RC.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) es la encargada de llevar a cabo las diligencias en este caso, y hoy, jueves 20 de julio de 2023, ha realizado un allanamiento -el segundo de este caso- en la Dirección de Recursos Humanos del TSE en Ciudad de Guatemala, con el objetivo de secuestrar documentación pertinente a la investigación en curso. Según información proporcionada por el MP, la FECI buscó específicamente el expediente laboral de Eleonora Castillo Pinzón.
La razón detrás de la orden de aprehensión girada por el Juzgado Séptimo, a cargo del juez Fredy Orellana, es la presunta obstrucción de justicia por parte de Castillo Pinzón. Se alega que ella ha rehusado cumplir con una orden emitida por el mencionado juez, quien ha certificado la necesidad de tal cumplimiento, exigiendo la cancelación de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla, la segunda fuerza más votada en la primera vuelta presidencial.
El allanamiento que tuvo lugar desde el mediodía contó con la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del MP, quienes acudieron al Registro de Ciudadanos en cumplimiento de la orden correspondiente. Fuentes cercanas al TSE confirmaron a la Redacción de COYUNTURA que el cateo se centró en el área de Recursos Humanos del RC, aunque no tenían detalles precisos sobre el propósito específico de la diligencia hasta el retiro del personal del MP a las 03:32 p.m. de este jueves.
Dentro del TSE, las autoridades han mantenido hermetismo sobre la situación, alegando desconocer los detalles de la investigación. Sin embargo, se ha mencionado que los fiscales presentes durante el allanamiento estaban indagando sobre la subdirectora, Eleonora Noemí Castillo Pinzón, quien se encuentra al frente del Registro de Ciudadanos durante la ausencia de José Ramiro Muñoz Jordán.
Respecto a este último, se conoció que el 15 de julio del presente año, solicitó formalmente al TSE la autorización para disfrutar de su período vacacional, a partir del 16 del mismo mes, argumentando motivos de índole familiar. Mediante el acuerdo 1386-2023, fechado el 16 de julio, los magistrados del TSE autorizaron las vacaciones de Muñoz y, en su lugar, nombraron en forma interina como Encargada del Despacho de la Dirección General del Registro de Ciudadanos a Pinzón. Este nombramiento es clave para entender la situación actual, ya que otorga a la registradora interina el derecho de antejuicio, lo que impide su captura.
El antejuicio es un privilegio otorgado a ciertas autoridades, como funcionarios públicos y miembros de órganos judiciales, con el fin de protegerlos de detenciones arbitrarias y permitir que las autoridades competentes analicen si existen pruebas suficientes para enjuiciarlos. En el caso de Castillo Pinzón, al encontrarse al frente de la dirección del RC de manera interina, esta prerrogativa le ha sido concedida, lo que la protege temporalmente de ser detenida mientras ocupa ese cargo.
Aunque la razón exacta de la orden de captura y la investigación en curso no han sido reveladas públicamente, la implicación de una alta funcionaria del Tribunal Supremo Electoral genera preocupación y cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad en el sistema electoral del país.
Es importante recordar que el TSE es un órgano clave en el proceso democrático, ya que tiene la responsabilidad de garantizar la legitimidad de las elecciones y velar por la participación libre y justa de los ciudadanos en la elección de sus representantes. Cualquier situación que involucre a funcionarios de esta institución puede socavar la confianza en el sistema electoral y sus decisiones.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad ha sido reconocida por su trabajo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, investigando casos de alto perfil y llevando a la justicia a poderosos funcionarios y empresarios involucrados en actos ilícitos. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y controversias, lo que pone de relieve la importancia de asegurar que su labor se realice con total transparencia y respeto a los derechos fundamentales de las personas investigadas.
La investigación sobre Eleonora Noemí Castillo Pinzón y el allanamiento en el Registro de Ciudadanos del TSE siguen siendo un tema en desarrollo. Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que se realice una investigación exhaustiva y objetiva, y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.
La ciudadanía, por su parte, tiene el derecho de estar informada sobre estos acontecimientos que impactan directamente en la institucionalidad y la confianza en el sistema judicial y electoral del país centroamericano.
Este segundo operativo en las instalaciones del TSE fue encabezado por la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, recientemente sancionado por actos corruptos y antidemocráticos a través de la estadounidense "Lista Engel". Mientras salía de las instalaciones electorales la tarde de este jueves, fue abucheada por ciudadanas y ciudadanos. "Golpista". "Corrupta". "Repugnante". De todo le gritaron los manifestantes a Monterroso tras finalizar el allanamiento. La PNC tuvo que hacer un cordón humano para permitir la salida de su vehículo.
Por su parte, el MP, al cierre de este texto, solo había informado lo siguiente: "La Fiscalía Especial contra la Impunidad concluyó diligencia de allanamiento en la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral, donde secuestró documentación".
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