Organismos de derechos humanos y expresidentes costarricenses cuestionan a Laura Fernández por relativizar la crisis en Nicaragua
- hace 3 días
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Mientras la actual mandataria apostó por destacar la convivencia pacífica con Managua, Estados Unidos mantiene una línea crítica frente al régimen sandinista. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha descrito a la administración "copresidencial" encabezada por Ortega y Murillo como un factor desestabilizador para el hemisferio, en un contexto marcado por sanciones, restricciones migratorias y medidas dirigidas contra funcionarios vinculados al aparato estatal nicaragüense.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
Las recientes declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sobre Nicaragua han provocado una de las controversias diplomáticas más intensas desde su llegada al Poder Ejecutivo. Organizaciones defensoras de derechos humanos, expresidentes costarricenses, voces del exilio nicaragüense y analistas regionales consultados por COYUNTURA coincidieron en cuestionar el mensaje de la mandataria, al considerar que minimiza la gravedad de la crisis política y humanitaria que atraviesa el país vecino desde hace años.
Durante una entrevista concedida a la cadena NTN24, Fernández afirmó que los nicaragüenses enfrentan "sus problemas internos" y viven bajo "una forma de gobierno que han elegido tener". También describió la relación entre San José y Managua como "pacífica" y "armoniosa", y sostuvo que Nicaragua mantiene niveles de inversión y estabilidad económica que, a su juicio, la diferencian de otras dictaduras latinoamericanas como las de Cuba y Venezuela.
Sus palabras desataron una reacción inmediata.
El Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) de Costa Rica rechazó públicamente cualquier intento de relativizar la situación nicaragüense. En un pronunciamiento difundido a través de sus plataformas oficiales, la organización recordó que la crisis en Nicaragua continúa siendo una de las más graves de la región y que miles de personas han tenido que abandonar el país como consecuencia directa de la persecución política y la represión estatal.
Para el SJM, presentar la situación como una simple expresión de la voluntad popular desconoce años de documentación internacional sobre abusos sistemáticos. La organización subrayó que Costa Rica ha construido buena parte de su identidad internacional alrededor de la defensa del derecho internacional y los derechos humanos, por lo que restar importancia a la crisis nicaragüense representa una contradicción con esa tradición y con las obligaciones de protección hacia quienes han solicitado refugio en territorio costarricense.
El organismo recordó que diversas instancias internacionales han documentado asesinatos, torturas, encarcelamientos arbitrarios, violencia sexual, persecución política, deportaciones forzadas y otras prácticas atribuidas al aparato estatal nicaragüense.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más también manifestó su rechazo. El abogado Salvador Marenco señaló que la erosión institucional en Nicaragua no comenzó con la represión de las protestas de abril de 2018, sino que responde a un proceso prolongado de concentración del poder iniciado años antes. Recordó que desde 2007 se han acumulado restricciones a las libertades fundamentales y que procesos electorales como los de 2008, 2011 y 2022 fueron objeto de denuncias por irregularidades y fraude.
A juicio del defensor, la violencia desatada a partir de 2018 elevó el patrón represivo hasta niveles que organismos especializados han calificado como posibles crímenes de lesa humanidad. "No podemos actuar como si todo hubiese terminado en 2018", advirtió Marenco al reivindicar la importancia del Museo de la Memoria impulsado por el colectivo para preservar el testimonio de las víctimas.
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