Paranoia del régimen de Ortega y Murillo desató la expulsión de diplomáticos, cooperantes y otros ciudadanos españoles en Nicaragua
- 27 ene
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En 2022, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) nombró a Maurizio Alberto Gelli como embajador en España, mientras Madrid acreditó posteriormente a Pilar María Terrén como embajadora en Managua, en un esfuerzo por recomponer la relación. El relevo de Terrén por Farré Salvá fue interpretado como un nuevo intento de cerrar definitivamente la disputa diplomática, ahora reabierta con mayor contundencia.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Madrid, España
La abrupta expulsión del embajador de España en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, y de su número dos en la misión diplomática, Miguel Mahiques Núñez, no solo confirmó el deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países, sino que abrió un nuevo capítulo de tensión cuya dimensión va más allá del gesto protocolario.
Lo ocurrido —reportado por la Redacción de COYUNTURA a primera hora de este lunes 26 de enero de 2026— ya no se explica únicamente por la salida forzada de dos diplomáticos acreditados, sino por el contexto, las personas adicionales afectadas y las razones no explicitadas que rodean la decisión del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo.
Según fuentes diplomáticas citadas por el diario español The Objective, ambos funcionarios recibieron el sábado pasado una orden de expulsión con un plazo perentorio de 24 horas para abandonar Nicaragua. Al día siguiente, tomaron un vuelo con destino a Madrid. Junto a ellos, al menos cinco personas vinculadas a la cooperación española fueron detenidas y posteriormente expulsadas del país, aunque fuentes ligadas a organizaciones no gubernamentales aseguran que el número total de cooperantes afectados es mayor.
La reacción del gobierno español fue inmediata. En aplicación del principio de reciprocidad, Madrid ordenó la expulsión del embajador nicaragüense en España, Mauricio Gelli —nombrado en noviembre de 2022— y de otro diplomático acreditado en la capital española.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó la decisión adoptada por Managua como "injustificada", subrayando que no se presentó ningún señalamiento concreto contra los funcionarios españoles.
Una expulsión sin acusaciones precisas
De manera oficial, la dictadura de Nicaragua alegó que los diplomáticos habían incurrido en "actividades incompatibles" con su estatus. Sin embargo, no se ha hecho público ningún hecho específico que sustente esa acusación. Ni la Cancillería nicaragüense ni los medios oficiales del sandinismo han informado sobre el caso, ni tampoco se han referido a la expulsión de su propio embajador en Madrid, ordenada por España en respuesta directa.
El episodio se produjo apenas semanas después de la llegada de Farré Salvá a Managua. Nombrado embajador en diciembre de 2025, presentó sus cartas credenciales el viernes 02 de enero de 2026 ante el llamado co-canciller Valdrack Jaentschke, quien comparte la jefatura diplomática del país centroamericano con Denis Moncada.
Cinco días más tarde, Daniel Ortega y Rosario Murillo publicaron un Acuerdo Presidencial en el que lo reconocían formalmente como “embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España ante el pueblo y gobierno de la República de Nicaragua”, comprometiéndose a respetar las prerrogativas e inmunidades propias de su cargo.
Su gestión terminó siendo la más breve de su carrera: apenas tres semanas en funciones.
El encuentro con cooperantes, punto de quiebre
De acuerdo con fuentes vinculadas a organizaciones españolas que trabajan en Nicaragua, la expulsión ocurrió un día después de que Farré Salvá y Mahiques Núñez sostuvieran, el viernes 23 de enero, una reunión en Managua con un grupo de cooperantes de oenegés españolas. El objetivo del encuentro era conocer de primera mano los proyectos de desarrollo que estas organizaciones ejecutan en el país.
La noche del sábado, ambos diplomáticos recibieron la notificación que les ordenaba "salir inmediatamente del país". En ese mismo contexto, varios de los cooperantes que participaron en la reunión también fueron detenidos y expulsados, lo que refuerza la idea de que la medida no se limitó al ámbito estrictamente diplomático, sino que alcanzó a actores de la cooperación internacional. Abandonaron el territorio nicaragüense tras ser escoltados por la Policía Nacional hasta el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino en Managua.
Las relaciones entre España y Nicaragua arrastran un historial reciente de fricciones. En 2021, Madrid llamó a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras un comunicado del régimen nicaragüense que, según el Gobierno español, contenía "gruesas falsedades" sobre la situación política y judicial de España. Posteriormente, las autoridades nicaragüenses impidieron su regreso al país, profundizando el distanciamiento.
Ese mismo año, Nicaragua retiró de facto a su embajador en Madrid, Carlos Midence, tras ser citado por el Ministerio de Exteriores español para explicar la negativa al retorno de la embajadora española. Managua justificó la decisión alegando "presiones y amenazas injerencistas" que, según dijo, hacían inviable el ejercicio de la labor diplomática.
Aunque en 2022 se nombró a Mauricio Gelli como nuevo embajador nicaragüense en España y se acreditó a Pilar María Terrén como embajadora española en Managua, la normalización nunca fue plena. La sustitución de Terrén por Farré Salvá parecía un intento de cerrar ese capítulo, pero la expulsión del nuevo embajador confirma la fragilidad del vínculo bilateral.
"Irritación permanente" del régimen
El escritor nicaragüense y exvicepresidente sandinista Sergio Ramírez atribuyó lo sucedido a un clima de hostilidad sostenida del régimen Ortega-Murillo hacia España. En declaraciones a The Objective, señaló que existe una "irritación permanente" contra el gobierno español y contra el país en general, motivada por el respaldo de Madrid a las y los exiliados nicaragüenses y a quienes fueron despojados de su nacionalidad por decisiones arbitrarias del régimen.
Ramírez recordó que esta tensión no es nueva y evocó el caso de la exembajadora Fernández-Palacios, a quien se le negó el retorno a Nicaragua. A su juicio, la crisis actual refleja una actitud de imposición y prepotencia por parte de una dictadura que choca con países como España, miembros de la Unión Europea, que han mantenido una postura crítica frente a la deriva autoritaria del gobierno nicaragüense.
La expulsión tomó por sorpresa al propio cuerpo diplomático español. De acuerdo con el diario ABC, colegas de Farré Salvá lo describen como un profesional experimentado y prudente. Ingresó a la Carrera Diplomática en 2005 y ha ocupado destinos en Sudán, Eslovenia, Bolivia y Bélgica, además de desempeñarse en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, en Bruselas. Nicaragua era su primera jefatura de misión como embajador.
Miguel Mahiques Núñez, por su parte, se había incorporado a la embajada en Managua en el verano de 2025, procedente de Santiago de Chile, donde ejercía como cónsul general.
Según ABC, la reunión con cooperantes se realizó con la intención de "tender puentes", una función habitual de cualquier embajador. El propio diario subraya que resulta difícil sostener que, en un período tan breve, el jefe de misión pudiera haber cometido una falta de tal gravedad como para justificar su expulsión.
Una crisis con trasfondo político y de seguridad
Fuentes policiales y de extranjería consultadas por COYUNTURA, que pidieron anonimato por razones de seguridad, señalaron este martes 27 de enero de 2026 que la crisis se inscribe en un clima de creciente desconfianza interna en la cúpula del poder nicaragüense. Según estas fuentes, la decisión estaría vinculada a un estado de "paranoia" desencadenado en la llamada monarquía sandinista tras la reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, un aliado estratégico del régimen de Ortega y Murillo.
Aunque esta valoración no ha sido confirmada oficialmente, coincide con un patrón de endurecimiento y cierre progresivo del espacio diplomático, político y cívico en Nicaragua, donde el contacto con actores internacionales independientes es cada vez más restringido.
A la luz de los hechos, la expulsión de Sergio Farré Salvá dejó de ser el centro de la noticia. El foco se desplaza ahora hacia las razones no explicitadas de la medida, el alcance real de las expulsiones y el mensaje político que Managua envía tanto a España como a la comunidad internacional. La salida forzada de diplomáticos y cooperantes refuerza la percepción de un régimen que responde con sanciones y expulsiones ante cualquier gesto que interprete como fiscalización, acompañamiento o simple observación externa.
En ese escenario, el quiebre diplomático entre Nicaragua y España se consolida como un síntoma más del aislamiento creciente del país centroamericano y de la deriva autoritaria que condiciona, cada vez con mayor severidad, sus relaciones exteriores.
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