Paranoia del régimen de Ortega y Murillo desató la expulsión de diplomáticos, cooperantes y otros ciudadanos españoles en Nicaragua
- Jairo Videa
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En 2022, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) nombró a Maurizio Alberto Gelli como embajador en España, mientras Madrid acreditó posteriormente a Pilar María Terrén como embajadora en Managua, en un esfuerzo por recomponer la relación. El relevo de Terrén por Farré Salvá fue interpretado como un nuevo intento de cerrar definitivamente la disputa diplomática, ahora reabierta con mayor contundencia.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Madrid, España
La abrupta expulsión del embajador de España en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, y de su número dos en la misión diplomática, Miguel Mahiques Núñez, no solo confirmó el deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países, sino que abrió un nuevo capítulo de tensión cuya dimensión va más allá del gesto protocolario.
Lo ocurrido —reportado por la Redacción de COYUNTURA a primera hora de este lunes 26 de enero de 2026— ya no se explica únicamente por la salida forzada de dos diplomáticos acreditados, sino por el contexto, las personas adicionales afectadas y las razones no explicitadas que rodean la decisión del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo.
Según fuentes diplomáticas citadas por el diario español The Objective, ambos funcionarios recibieron el sábado pasado una orden de expulsión con un plazo perentorio de 24 horas para abandonar Nicaragua. Al día siguiente, tomaron un vuelo con destino a Madrid. Junto a ellos, al menos cinco personas vinculadas a la cooperación española fueron detenidas y posteriormente expulsadas del país, aunque fuentes ligadas a organizaciones no gubernamentales aseguran que el número total de cooperantes afectados es mayor.
La reacción del gobierno español fue inmediata. En aplicación del principio de reciprocidad, Madrid ordenó la expulsión del embajador nicaragüense en España, Mauricio Gelli —nombrado en noviembre de 2022— y de otro diplomático acreditado en la capital española.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó la decisión adoptada por Managua como "injustificada", subrayando que no se presentó ningún señalamiento concreto contra los funcionarios españoles.
Una expulsión sin acusaciones precisas
De manera oficial, la dictadura de Nicaragua alegó que los diplomáticos habían incurrido en "actividades incompatibles" con su estatus. Sin embargo, no se ha hecho público ningún hecho específico que sustente esa acusación. Ni la Cancillería nicaragüense ni los medios oficiales del sandinismo han informado sobre el caso, ni tampoco se han referido a la expulsión de su propio embajador en Madrid, ordenada por España en respuesta directa.
El episodio se produjo apenas semanas después de la llegada de Farré Salvá a Managua. Nombrado embajador en diciembre de 2025, presentó sus cartas credenciales el viernes 02 de enero de 2026 ante el llamado co-canciller Valdrack Jaentschke, quien comparte la jefatura diplomática del país centroamericano con Denis Moncada.
Cinco días más tarde, Daniel Ortega y Rosario Murillo publicaron un Acuerdo Presidencial en el que lo reconocían formalmente como “embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España ante el pueblo y gobierno de la República de Nicaragua”, comprometiéndose a respetar las prerrogativas e inmunidades propias de su cargo.
Su gestión terminó siendo la más breve de su carrera: apenas tres semanas en funciones.
