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Parlamento Europeo considera justificable investigar a Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad

Parlamento Europeo asegura que es razonable que la Corte Penal Internacional inicie un proceso de investigación sobre Nicaragua y Daniel Ortega, y alienta a la Unión Europea a sancionar a más funcionarios del régimen, e incluso aplicar el mecanismo democrático del Acuerdo de Asociación con Centroamérica.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política


Con 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena "la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos que se han producido en Nicaragua".


En dicha legislatura, quinta en su tipo sobre el país centroamericano desde que estalló la crisis de 2018, también se considera justificable la "apertura de una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad", en base al Artículo 7 del Estatuto de Roma, por el "ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque".


Según el Parlamento, los mecanismos que el régimen Ortega-Murillo ha utilizado van desde judicializar a disidentes "con la patente connivencia del poder judicial" y de la Fiscalía; torturas y tratos despiadados en contra de al menos 182 opositores políticos; el uso de leyes restrictivas, entre otras acciones, que son razones convincentes para iniciar un proceso sistemático para profundizar en la situación del país, y que permita investigar al mandatario nicaragüense, autor intelectual de la masacre cometida desde abril de 2018.


Daniel Ortega durante una de sus apariciones en Managua | Fotografía de Europa Press
Daniel Ortega durante una de sus apariciones en Managua | Fotografía de Europa Press

La resolución subraya y denuncia las "condiciones inhumanas" en las que se encuentran los rehenes de conciencia apresados en las mazmorras del régimen, al igual que "los abusos sistemáticos y tortura de los que han sido víctimas", resaltando el caso de Hugo Torres, exguerrillero asesinado por las condiciones en prisión.


Por otra parte, el texto denuncia la reciente detención del padre Manuel Salvador García, sacerdote del departamento de Granada, crítico del régimen de Ortega, acusado de supuestamente causar varias lesiones en una ciudadana, quien dijo haber sido atacada por el párroco en una entrevista reproducida por medios oficialistas y páginas de propaganda del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).


El Parlamento Europeo también insta al régimen a derogar las diversas legislaciones aprobadas en los últimos años, las cuales limitan los derechos cívicos y democráticos de las y los nicaragüenses, y de igual forma reitera que debido a la situación actual la Unión Europea debe activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, cuyo orden establece que para una cooperación política privilegiada el país debe tener "valores, principios y objetivos en común", en particular el respeto y la promoción de la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la buena gobernanza y el Estado de Derecho.


A su vez, el órgano, compuesto por 705 parlamentarios, insta en el texto, aprobado este 09 de junio, a que las naciones europeas inicien de forma inmediata el "procedimiento para sancionar a más de una decena" de jueces nicaragüenses, quienes "se han convertido en un brazo represor responsable de violaciones de los derechos humanos".


Según el Parlamento, la ola de dictámenes en contra de 50 presas y presos políticos, detenidos hace un año (desde mayo de 2021) forma parte del desvío represivo en el país. Un hecho documentado vehemente por diversas organizaciones de derechos humanos, tales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y un sinnúmero de medios de comunicación independientes, que se suma a la falta de separación de poderes, el control absoluto sobre las entidades estatales y el estado policial que impera en todo el territorio nacional.


Al igual que Ortega, jueces y magistrados deben ir al banquillo de los acusados


"Los jueces que, sin ninguna garantía para el detenido, dictan sentencias de diez, quince y veinte años, no imparten justicia", aseguró la eurodiputada por España, Soraya Rodríguez Ramos, miembro del bloque liberal del Parlamento. "Son verdaderos brazos ejecutores de la dictadura", agregó.


Con esa lógica, fueron 14 los árbitros judiciales propuestos para ser sancionados, al igual que tres magistrados del Juzgado de Apelaciones.



- Nadia Camila Tardencilla
- Karen Chavarría
- Luden Martín Quiroz
- Ángel Jeancarlos Fernández González
- Ulisa Yaoska Tapia Silva
- Félix Ernesto Salmerón Moreno
- Melvin Leopoldo Vargas García
- Irma Oralia Laguna Cruz
- Rolando Sanarrusia
- Nancy Aguirre Gudiel
- Rosa Velia Baca Cardoza
- William Irving Howard López
- Verónica Fiallos Moncada
- Erick Ramón Laguna Averruz

- Octavio Rothschuh Andino
- Ángela Dávila
- Argentina Solís

"Ninguna democracia puede aceptar la no separación entre política y justicia, una de sus principales garantías”, dijo a la cadena DW la eurodiputada Marisa Matías, negociadora de la resolución por parte del grupo de "La Izquierda". "Está muy claro que la condena al régimen de Ortega es general", agregó.


Aunque la resolución plantea la activación de la cláusula democrática, mecanismo que excluiría a Nicaragua del Acuerdo de Asociación que la Unión Europea tiene desde 2012 con Centroamérica, dicha acción no es viable debido a que esta disposición no está vigente. Del acuerdo, que establece un vínculo de comercio, diálogo político y cooperación, solo se encuentra en vigor la sección comercial.


Procedimiento ante la Corte Penal Internacional


Según información divulgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para actuar ante la Corte Penal Internacional la iniciativa puede originarse desde tres fuentes diferentes:



- Cuando un Estado parte remite al Fiscal una situación en la que parezca que se ha cometido uno de los crímenes en los cuales la Corte ejerce su competencia.

- Cuando el Consejo de Seguridad (Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas) remite al Fiscal una situación en la que parezca haberse cometido uno o varios crímenes.

- Cuando el Fiscal inicia una investigación de oficio.

En el supuesto de que el Fiscal inicie una investigación de oficio deberá:


Luego de analizar la veracidad de la información obtenida, y de llegar a la conclusión de que existe fundamento para iniciar una investigación, presentar a la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) una petición de autorización de investigación.



- De considerar la SCP, que existe fundamento para iniciar una investigación autorizará su inicio, sin perjuicio de las resoluciones que pueda posteriormente tomar la CPI con respecto a su competencia y admisibilidad.

- De negarse la SCP a autorizar la investigación, esto no será obstáculo para que ulteriormente, el Fiscal presente una petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación.

- De considerar el Fiscal, al inicio de su investigación acerca de la veracidad de los hechos que no existe fundamento suficiente para una investigación, informará de ello a quienes la hubieren presentado.

Se desconoce hasta el momento si se procederá a iniciar el proceso ante la Corte Penal Internacional contra Ortega, sin embargo, los parlamentarios europeos enfatizaron en que esta es la resolución más dura aprobada hasta ahora sobre Nicaragua, e insisten en que es de vital importancia "aislar política y económicamente al régimen nicaragüense".


La resolución lamenta, por último, que la autocracia de Managua en abril de este año votara en contra de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las "atrocidades cometidas por sus fuerzas en Ucrania". En dicha votación, China y otros aliados del régimen de Vladimir Putin se abstuvieron.


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