Ya suman siete los guardabosques y defensores del territorio indígena Mayangna Sauni As en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua detenidos en Managua. La acción de las fuerzas de seguridad sandinistas, caracterizada por su violencia, suscita acusaciones de represión y despojo de tierras en un contexto marcado por la lucha por la protección de los territorios ancestrales y la defensa de los derechos humanos de estas comunidades.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La madrugada del domingo 13 de agosto de 2023, la tranquilidad en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua se vio sacudida por un nuevo inquietante episodio: la detención arbitraria de cuatro guardabosques y defensores del territorio indígena Mayangna Sauni As. En un operativo sorpresivo, las fuerzas combinadas de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua irrumpieron en el territorio Kahkah, perteneciente a la Biósfera de Bosawás, para apresar a Rodrigo Bruno Arcángel, de 48 años, Víctor Castro, de 20 años, Stony Bruno Smith, de 28 años, y el hijo -menor de edad- de Stony Bruno Smith.
El evento se caracterizó por su violencia y agresión, según relato de Guardabosque Sauni As, la organización indígena que representa a la comunidad. Testigos presenciales consultados por la Redacción de COYUNTURA y otros medios de comunicación independientes del país centroamericano detallaron que las fuerzas de seguridad llegaron en seis camionetas, acompañadas de efectivos antimotines y perros entrenados. Los relatos detallan que las fuerzas recurrieron al uso de gas lacrimógeno en la vivienda de Bruno, donde se encontraban su familia y niños, exacerbando la ya tensa situación.
El alegato de las autoridades gubernamentales es que se buscaba controlar a supuestos delincuentes responsables de actividades ilícitas en la región. Sin embargo, para los indígenas Mayangna Sauni As y diversas organizaciones de derechos humanos, esta detención se encuadra en una estrategia de represión y despojo impulsada por el régimen del sandinista Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
El rol de los detenidos como guardabosques y activistas comunitarios es esencial para entender la dimensión de este suceso. Estos hombres eran reconocidos por su labor de vigilancia, monitoreo y denuncia de la presencia de colonos en territorios indígenas, así como por su oposición a la invasión de sus tierras. Días previos a su detención, habían denunciado públicamente la usurpación de varias hectáreas con fines mineros, señalando a un colono conocido como "Halcón".
Este contexto de lucha por la protección de tierras ancestrales ha llevado a la comunidad Mayangna Sauni As a demandar una respuesta efectiva por parte de las autoridades nicaragüenses. La comunidad ha criticado la falta de acción de la Policía y del Ejército contra las bandas de colonos que invaden sus territorios y cometen actos violentos, mientras se enfocan en detener y reprimir a los defensores indígenas.
Las comunidades indígenas Mayangna y Miskitos enfrentan una situación cada vez más preocupante en relación con los abusos a sus derechos humanos y territoriales. Los casos de asesinatos de miembros de estas comunidades, así como los desalojos forzados y las detenciones arbitrarias, han llevado a la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (INANA-IAP) a denunciar la falta de justicia y protección efectiva por parte del Estado.
En el ámbito internacional, la comunidad mayangna ha buscado apoyo y atención a su situación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en julio de este año ordenando la liberación de indígenas detenidos en relación con la masacre de Kiwakumbaih, cometida en el año 2021. Sin embargo, hasta la fecha, el régimen de Ortega y Murillo no ha cumplido con esta orden. Tampoco ha dado explicaciones al respecto de las supuestas investigaciones y procesos judiciales.
Francisco Alvicio Watson, exmiembro de las fuerzas miskitas antisandinistas, señala que el régimen de Ortega está permitiendo el saqueo de los recursos marinos y forestales, lo que lleva al deterioro de la situación de estas comunidades. Watson denuncia la falta de cumplimiento de las promesas de restitución de derechos y vida digna para las comunidades indígenas -uno de los tantos lemas de la administración sandinista, que realmente no ha cumplido-, y destaca la concesión de recursos a empresas extranjeras en detrimento de los intereses indígenas, o del medio ambiente y los recursos naturales de Nicaragua.
En un panorama en el que las comunidades indígenas enfrentan amenazas constantes, asesinatos y despojos de tierras, la lucha por la defensa de sus derechos se torna cada vez más crucial y cruda. A pesar de los riesgos y las detenciones arbitrarias, la comunidad Mayangna Sauni As y otras organizaciones indígenas siguen levantando su voz, exigiendo el respeto a su integridad física, psicológica y territorial. En este proceso, buscan el apoyo de la comunidad internacional y la atención a una problemática que amenaza con profundizarse si no se toman medidas concretas para su resolución, y si la administración de Ortega no detiene su cacería contra las disidencias indígenas y afrodescendientes.
A inicios del actual mes de agosto, en otra situación similar e igual de preocupante, comunidades indígenas y ambientalistas en Nicaragua emitieron una alerta tras la aprobación de dos concesiones mineras otorgadas a una empresa china para la explotación en un área protegida en el territorio indígena de la Costa Caribe Norte. Líderes comunitarios denunciaron entonces la contradicción entre la declaración del cerro Miramar como "Parque Ecológico Municipal" y su concesión para la explotación minera, temiendo el impacto devastador en el suministro de agua y la biodiversidad de la región.
Con información de Voces En Libertad
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