Revés judicial frena intento de Donald Trump de cancelar "parole humanitario" para más de medio millón de migrantes
- Jairo Videa
- 15 abr
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Con este fallo, las y los migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que habían sido beneficiados por el programa de "parole" podrán continuar trabajando y viviendo legalmente en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), al menos hasta que se dicte una nueva orden judicial que pueda modificar o ratificar esta decisión.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Un tribunal federal en Boston bloqueó este lunes 14 de abril de 2025 una de las medidas más drásticas de la actual administración de Donald Trump: la cancelación masiva del "parole humanitario" que beneficia todavía a más de medio millón de migrantes provenientes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. La decisión representa una victoria clave para los derechos migratorios y un obstáculo significativo para el proyecto antiinmigrante del republicano.
La jueza Indira Talwani, del Tribunal del Distrito de Massachusetts, emitió una orden de 41 páginas en la que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revocar de forma generalizada las autorizaciones otorgadas bajo el programa conocido como CHNV. La medida detiene también los avisos de deportación previamente enviados a miles de beneficiarios, quienes habían recibido notificaciones advirtiéndoles que debían abandonar el país antes del 24 de abril o enfrentarse a procesos de expulsión.
"La terminación anticipada, sin ninguna justificación caso por caso, de la situación legal de los beneficiarios del parole socava el Estado de derecho", argumentó Talwani en su resolución. La magistrada sostuvo que los demandantes tienen altas probabilidades de éxito en su causa judicial, al considerar que la decisión del DHS resulta "arbitraria y caprichosa", además de contraria al mandato legal que exige que cada caso de parole sea evaluado de manera individual.
El fallo responde a una demanda presentada por varios migrantes, identificados bajo seudónimos como Svitlana Doe, con el respaldo de organizaciones como Justice Action Center y Human Rights First. Estas entidades solicitaron una medida de emergencia para frenar la anulación del programa mientras se decide el fondo del litigio.
La jueza Talwani también subrayó el daño irreparable que enfrentan los beneficiarios si se ejecuta la cancelación masiva del programa: muchos podrían ser forzados a regresar a países donde su seguridad no está garantizada, mientras que otros se verían separados de sus familias establecidas en territorio estadounidense. Además, perderían la autorización de trabajo, lo cual agravaría su situación de vulnerabilidad.
"Los migrantes quedarían atrapados entre dos opciones indeseables: salir voluntariamente o enfrentar la deportación", escribió la jueza, añadiendo que la decisión del gobierno también amenaza con saturar el ya frágil sistema migratorio y judicial de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.). Las organizaciones demandantes celebraron la decisión como un paso hacia la justicia. "Con esta decisión, muchas personas de todo el país podrán respirar aliviadas, expresó Karen Tumlin, fundadora de Justice Action Center.
El parole humanitario fue implementado por el expresidente Joe Biden como una herramienta para ofrecer vías legales de ingreso a migrantes de países con contextos críticos, mientras se intentaba reducir los cruces irregulares en la frontera sur. Lanzado inicialmente para venezolanos en 2022 y extendido en 2023 a cubanos, nicaragüenses y haitianos, el programa ha permitido el ingreso legal de más de 530,000 personas, según datos del DHS: 210,000 haitianos, 117,000 venezolanos, 110,000 cubanos y 93,000 nicaragüenses.
En contraste, la administración Trump ha promovido desde el inicio de su segundo mandato una política de confrontación abierta contra esta iniciativa. El pasado martes 25 de marzo, el DHS anunció su intención de revocar anticipadamente todos los beneficios del parole, anulando las protecciones legales y laborales para cientos de miles de personas. La decisión se produjo tras la suspensión del programa en enero, cuando Trump ordenó detener las renovaciones y nuevas solicitudes.
La ofensiva no se ha limitado a medidas administrativas. En lo que va de 2025, el gobierno de EE.UU. ha intensificado las redadas migratorias y amenazado con ejecutar deportaciones masivas. Incluso ha utilizado la base militar de Guantánamo y prisiones en el extranjero, como una cárcel en El Salvador, como destinos para migrantes expulsados, en virtud de un polémico acuerdo bilateral.
El fallo de Talwani no representa una victoria definitiva, pero sí impide por ahora que el Ejecutivo continúe con la terminación inmediata del parole. El programa y sus beneficiarios permanecen en una suerte de limbo legal hasta que se resuelva el litigio de fondo. Mientras tanto, la medida judicial permite que cientos de miles de migrantes conserven su estatus legal y sus permisos laborales vigentes.
En un año marcado por la tensión política y electoral, la batalla por el parole se ha convertido en un símbolo del pulso entre el autoritarismo migratorio de la administración Trump y los esfuerzos judiciales y ciudadanos por preservar derechos fundamentales y principios de legalidad. La decisión de Talwani ha marcado una pausa crítica en esa lucha.
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