Régimen del FSLN exhibe a Bayardo Arce tras meses de encierro mientras crece presión por pruebas de vida y persisten las denuncias de desaparición forzada en Nicaragua
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Las preocupaciones se inscriben en un contexto más amplio: entre 2019 y 2025, al menos cinco personas detenidas por motivos políticos fallecieron bajo custodia estatal, en medio de denuncias sobre atención médica tardía o inexistente. Actualmente, el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza al menos 46 personas detenidas por razones políticas en Nicaragua, de las cuales 10 estarían en condición de desaparición forzada, según reportes revisados por COYUNTURA.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La dictadura de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo difundió la noche del domingo 22 de marzo de 2026 una serie de imágenes de Bayardo Arce Castaño, exasesor presidencial en Asuntos Económicos, en las que aparece visiblemente deteriorado y con una delgadez extrema. La publicación oficial llegó en medio de una creciente presión nacional e internacional por la situación del excomandante sandinista, recluido desde hace casi ocho meses en la cárcel "La Modelo", en Tipitapa, y sobre quien su familia había exigido apenas días antes una prueba pública de vida.
Las imágenes, reproducidas por medios oficialistas, muestran un encuentro entre Arce y su hermano Gerardo Arce, magistrado de la Corte Suprema de Justicia hasta su salida del cargo en enero de 2026. De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio del Interior (MINT), la visita se realizó el viernes 20 de marzo. Aunque el régimen presentó el material como una muestra de normalidad penitenciaria, la fotografía y el video terminaron reforzando una percepción opuesta: la de un preso adulto mayor cuyo estado físico se ha deteriorado de manera alarmante bajo custodia estatal.
La divulgación de esas imágenes no fue casual. A inicios del presente mes, los seis hijos e hijas de Bayardo Arce hicieron pública una carta en la que demandaron una prueba de vida de su padre y denunciaron que, según lo que sabían por referencias indirectas y por las escasas visitas autorizadas, había sido sometido a condiciones que podrían constituir tortura física y psicológica. Entre las denuncias expuestas por la familia figuraban el aislamiento absoluto, castigos de inmovilización corporal y la negativa sistemática a brindar información precisa sobre su estado de salud.
En su respuesta, el Ministerio del Interior calificó de "malintencionadas" las declaraciones de los hijos de Arce y acusó a la familia de intentar "descalificar y desprestigiar" al Sistema Penitenciario Nacional. Con ello, el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) intentó contrarrestar el impacto de la exigencia pública, pero no disipó las dudas que giran en torno al exdirigente sandinista, cuya situación se ha convertido en uno de los casos más sensibles del actual sistema de represión política e institucional en Nicaragua.
Bayardo Arce fue detenido la noche del miércoles 30 de julio de 2025, cuando un contingente de decenas de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales allanó su casa, al sur de Villa Fontana, en Managua, y lo trasladó al Sistema Penitenciario Nacional. Su captura se produjo en el marco de una ofensiva más amplia contra figuras históricas del sandinismo y, con el paso de los meses, fue acompañada por un proceso de aislamiento que, según su familia, se intensificó hasta niveles críticos.
A finales de enero de 2026, la justicia orteguista lo condenó por el supuesto delito de "lavado de activos, en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua", según informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Además, el régimen canceló todas sus empresas y confiscó todos sus bienes. La condena cerró, al menos en apariencia, una etapa judicial que había estado precedida por semanas de incertidumbre sobre su paradero y por denuncias de desaparición forzada.
El caso de Arce tiene un peso político particular. Durante una década, entre 1997 y 2007, fungió como diputado ante la Asamblea Legislativa por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con la llegada de Daniel Ortega a la ahora Copresidencia en enero de 2007, fue nombrado asesor en materia económica, cargo desde el cual adquirió protagonismo en la coordinación del gabinete económico y en el relacionamiento entre el Gobierno y el empresariado privado. Durante años fue considerado uno de los interlocutores más influyentes entre el poder político y el sector empresarial.
Esa influencia, sin embargo, empezó a diluirse con la consolidación del tercer mandato consecutivo de Ortega, a partir de 2017, cuando Rosario Murillo adquirió un protagonismo cada vez mayor como vicepresidenta y, más tarde, como copresidenta. Aunque Arce se mantuvo formalmente como asesor presidencial para Asuntos Económicos y Financieros, fue marginado progresivamente de los espacios de decisión. En el plano partidario, también fue desplazado: había sido el responsable del Frente Sandinista ante la Corte Suprema de Justicia desde 1997, pero en octubre de 2023 Murillo ordenó su separación de ese cargo y lo sustituyó por Fidel Moreno, secretario de organización del FSLN.
Antes de ser enviado a "La Modelo", Arce se convirtió en el tercer exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN sometido a un régimen de arresto domiciliario de facto, junto con el excomandante Henry Ruiz Hernández, conocido como "Modesto". En esa secuencia de castigos selectivos también se inscribe el caso de Humberto Ortega Saavedra, exjefe del Ejército y hermano de Daniel Ortega, quien murió el 30 de septiembre de 2024 tras haber permanecido arrestado y aislado en su casa por cuestionar la sucesión dinástica favorecida por Murillo.
Para muchos observadores, esas acciones delinean un patrón: el del castigo interno a antiguos aliados que dejan de ser útiles o pasan a ser considerados obstáculos para la continuidad del poder.
Las revelaciones más duras sobre la reclusión de Arce comenzaron a circular en el entorno familiar y fueron luego ampliadas por medios independientes en el exilio. Según ese testimonio, la primera vez que Arce se asomó por la pequeña ventana de la puerta de su celda para intentar saber dónde había sido encerrado, los custodios le impusieron un castigo que se extendió por dos semanas completas. Durante ese período le colocaron grilletes en las muñecas, la cintura y los pies; sólo se los retiraban al ducharse. Comía y dormía inmovilizado, "enchachado", en una forma de restricción que la familia interpreta como una agresión deliberada y humillante.
Los primeros días de encierro habrían estado marcados por la desorientación, el silencio y la incomunicación. Tras su captura, ocurrida el 30 de julio de 2025, Arce fue trasladado de madrugada al Sistema Penitenciario Nacional (SPN) después de haber sido reducido violentamente en su vivienda. De acuerdo con la versión reconstruida por su familia, él no sabía con certeza adónde lo llevaban. Creyó incluso que sería remitido a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, lugar donde el régimen acostumbra recluir a quienes considera traidores. Después de horas de privación de sueño y tres interrogatorios, le llegó la inmovilización y el aislamiento total.
La familia relató que durante 72 días permaneció incomunicado antes de que se autorizara la primera visita. Fue en ese encuentro cuando habría contado con detalle los tratos recibidos, especialmente el uso de grilletes como mecanismo de castigo. En la última visita que sus familiares lograron realizar el domingo 07 de diciembre de 2025, lo encontraron aún desorientado, aunque ya consciente de que estaba en "La Modelo".
Lo vieron muy delgado, con los huesos visibles en el pecho, y manifestaron temor por señales de depresión y por el agravamiento de enfermedades previas que podrían poner en riesgo su vida.
Desde entonces, la preocupación no ha disminuido. La familia afirma que, de manera extraoficial, se enteró de que Arce habría sido trasladado a un hospital capitalino por gastritis hemorrágica y problemas renales, pero sin confirmación oficial sobre su situación médica. Ese vacío informativo alimentó la exigencia de una prueba de vida y reactivó las denuncias de desaparición forzada, sobre todo porque ni el régimen ni el sistema penitenciario han ofrecido una versión verificable y completa sobre su estado de salud.
Arce, además, es un adulto mayor con múltiples padecimientos. Sus hijos señalan que había sido diagnosticado con una sospecha de melanoma en el brazo izquierdo, diabetes bajo control con medicación y dieta especial, problemas lumbares derivados de hernias discales que ya habían requerido cirugía, antecedentes prostáticos y pólipos potencialmente cancerígenos que demandaban seguimiento oncológico periódico. La ausencia de atención médica adecuada en prisión habría agravado una condición que la familia califica como de "alto riesgo".
La alarma no es abstracta. Entre 2019 y 2025, cinco presos políticos habrían muerto bajo custodia del régimen copresidencial, entre ellos Humberto Ortega, Hugo Torres, Eddy Montes, Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda. En varios de esos casos, las muertes estuvieron precedidas por aislamiento, falta de atención médica o episodios de violencia directa. Para la familia Arce, esos antecedentes convierten cualquier demora médica o administrativa en una amenaza concreta.
El caso de Bayardo Arce se conecta, además, con otro episodio reciente de alto impacto: la excarcelación de Nancy Elizabeth Henríquez James, exdiputada suplente y presidenta de YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka o "Hijos de la Madre Tierra" en miskito), el partido indígena de la Costa Caribe. Henríquez fue liberada el sábado 21 de marzo de 2026 según fuentes consultadas por esta Redacción, luego de casi 30 meses presa, y trasladada a la vivienda de una familiar. Su salida de prisión fue atribuida por fuentes cercanas a un deterioro de salud, aunque no hubo una explicación oficial más amplia por parte de las autoridades.
Henríquez había sido detenida el 1 de octubre de 2023, dos días después de que el régimen encarcelara a Brooklyn Rivera, fundador de YATAMA y diputado ante la Asamblea Nacional. La lideresa indígena fue capturada en su casa en Managua junto con una sobrina y su nieto menor de tres años, en un operativo que su hija Liza Francis Henríquez describió como una detención arbitraria y violenta. De acuerdo con su testimonio, los llevaron primero en una camioneta y luego cambiaron la ruta hasta la estación policial del Distrito III, donde comenzaron los gritos y las amenazas.
En febrero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó la liberación inmediata de Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, además de exigir al Estado de Nicaragua las medidas necesarias para que pudieran continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados regionales indígenas. Sin embargo, la resolución internacional no fue acatada. En el caso de Henríquez, el régimen mantuvo su encierro hasta este marzo de 2026; en el de Rivera, persistieron las denuncias de desaparición forzada y la falta de información confiable sobre su situación.
Ambos casos —el de Arce y el de Henríquez— evidencian una práctica ya instalada en Nicaragua: la privación de libertad acompañada de silencio, opacidad y castigo prolongado sobre personas mayores o con padecimientos de salud, en contextos donde la familia queda reducida a la espera de noticias mínimas.
El Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba, a la fecha de estas denuncias, 46 personas detenidas por razones políticas, aunque advertía que la cifra real podría ser mayor por el subregistro. Dentro de ese listado figuraba Bayardo Arce, lo que abrió un debate adicional sobre el sentido político de su encarcelamiento, dada su antigua cercanía al poder.
Para algunos sectores, la inclusión de Arce como preso político resulta incómoda porque fue uno de los arquitectos del financiamiento político del sandinismo. Pero el mecanismo ha sostenido que su clasificación responde a parámetros internacionales de derechos humanos y debido proceso, no a afinidades ideológicas. Desde esa perspectiva, su caso no deja de ser político por su pasado dentro del régimen; al contrario, lo confirma: la prisión también alcanza a los antiguos hombres de confianza cuando dejan de encajar en la lógica de obediencia que impone el poder actual.
La aparición de Arce en las imágenes difundidas por el oficialismo no despejó las dudas sobre su situación. Por el contrario, reforzó la impresión de que el régimen intenta administrar la información a cuentagotas, exhibiendo al preso sólo cuando la presión se vuelve difícil de contener. Entre la exigencia familiar de una prueba de vida, las denuncias por desaparición forzada, los antecedentes de salud del exasesor y el historial de muertes bajo custodia estatal, el caso se ha convertido en un retrato de la fragilidad de los derechos humanos en Nicaragua y de la manera en que el poder castiga, aísla y silencia incluso a quienes durante años fueron parte de su arquitectura.
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