SAT audita ingresos por alquiler de propiedades a través de Airbnb en Guatemala

El superintendente Marco Livio Díaz ha destacado la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes y ha instado a aquellos contribuyentes que no estén declarando y pagando sus impuestos de manera adecuada a regularizar su situación de forma voluntaria. La SAT ha emitido recomendaciones específicas para estos contribuyentes, incluyendo la afiliación al Régimen del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), la actualización de su inscripción conforme a sus ingresos y la emisión de facturas por los servicios de arrendamientos temporales.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Política, ciudadanía y economía

Ciudad de Guatemala, Guatemala

El martes 16 de abril de 2024, la SAT brindó una rueda de prensa sobre el "problema" de los servicios de arrendamiento ocasional de inmuebles para vacacionar, alojamiento u hospedaje en Guatemala | Fotografía cortesía

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha puesto bajo la lupa los ingresos generados por el alquiler de propiedades a través de la plataforma digital Airbnb en Guatemala. Este movimiento llega después de que la entidad recibiera información detallada de la mencionada empresa sobre las actividades de sus afiliados en el país. Según los datos proporcionados por la SAT, cerca de 2,659 contribuyentes han sido identificados como prestadores de servicios de alojamiento, quienes habrían arrendado un total de 7,242 inmuebles durante los años 2021 y 2022.

Uno de los puntos centrales de la investigación de la SAT es la presunta evasión fiscal por parte de los contribuyentes que prestan servicios de alojamiento a través de Airbnb. Según Marco Livio Díaz, superintendente de la SAT, los ingresos generados por estas actividades ascendieron a 109 millones de dólares durante el período mencionado, lo que equivale a aproximadamente 866 millones de quetzales. Sin embargo, se estima que una parte significativa de estos ingresos no ha sido declarada ni gravada adecuadamente.

La SAT estima que el monto de evasión fiscal podría ascender a unos 300 millones de quetzales, incluyendo multas e intereses. Esta cifra se calcula a partir de la recaudación mínima esperada de 185 millones de quetzales, sumada a las penalizaciones por incumplimiento.

Procedimientos de regularización y fiscalización

Ante esta situación, la SAT ha emitido un llamado a los contribuyentes involucrados para que regularicen su situación de forma voluntaria. Se les insta a afiliarse al Régimen del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), actualizar su inscripción conforme a sus ingresos y declarar los tributos correspondientes.

Además, se les exhorta a emitir facturas por el servicio de arrendamiento temporal. Óscar Hernández, intendente de Fiscalización de la SAT, detalló los pasos que seguirá la entidad para recuperar los impuestos adeudados:

1. Notificación y requerimiento de información: La SAT solicitará a los contribuyentes que atiendan los requerimientos de información y paguen voluntariamente los impuestos correspondientes.

2. Notificación formal y procedimientos legales: En caso de no respuesta positiva, la SAT procederá a notificar por escrito, lo que podría llevar a procesos legales y sanciones económicas.

3. Auditoría y cálculo del monto a pagar: Se realizará una auditoría para determinar el monto exacto a pagar por parte de los contribuyentes.

4. Embargo de propiedades y cuentas bancarias: En caso de persistir el incumplimiento, la SAT procederá al embargo de propiedades y cuentas bancarias de los deudores.

5. Penalización por resistencia a la acción fiscalizadora: Aquellos contribuyentes que se nieguen a colaborar con la SAT podrían enfrentar cargos por resistencia a la acción fiscalizadora, con posibles penas de cárcel.

Por otro lado, los datos recabados por la SAT revelan una serie de hallazgos significativos:

• Se identificaron 818 contribuyentes que no están afiliados al impuesto y que han arrendado espacios en 58,166 ocasiones, generando ingresos por un total de 154 millones de quetzales.

• Un total de 1,459 personas no facturaron servicios de alojamiento, pero prestaron 107,228 alquileres, lo que podría representar una evasión fiscal de 402 millones de quetzales.

• Se detectaron 124 personas registradas como pequeños contribuyentes que realizaron 23,358 alquileres, superando los montos permitidos por su régimen tributario.

• Además, se identificaron 50 sociedades anónimas con inconsistencias que realizaron 5,370 alquileres, por un monto total de 20 millones de quetzales.

La SAT continúa trabajando en la investigación de otros contribuyentes que podrían haber evadido impuestos a través de esta modalidad de alquiler de propiedades.

La acción de la SAT refleja su compromiso con el combate contra la evasión fiscal y el fortalecimiento de la recaudación tributaria en Guatemala. La regularización de los ingresos generados por el alquiler de propiedades a través de plataformas digitales como Airbnb es fundamental para garantizar la equidad y la transparencia en el sistema tributario del país centroamericano.

Se hace un llamado a los contribuyentes involucrados a colaborar con la SAT y cumplir con sus obligaciones fiscales de manera responsable. La evasión fiscal no solo afecta la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales, sino que también socava la confianza en el sistema tributario y la equidad en la distribución de la carga fiscal. La SAT dice que continuará "vigilando de cerca" las actividades económicas en línea y que "tomará medidas firmes" contra aquellos que intenten eludir sus responsabilidades fiscales. En un mundo cada vez más digitalizado, es fundamental que las autoridades fiscales cuenten con los recursos y la capacidad para adaptarse y responder eficazmente a los desafíos emergentes en materia de cumplimiento tributario, turismo y vivienda. La gentrificación cada vez es más latente en muchos barrios, colonias y zonas urbanas.

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