Este año ya es el más mortífero para la población LGBTIQ+ de Honduras desde 2019, cuando se reportaron 40 muertes violentas y una persona desaparecida. Desde el 01 de enero hasta el 22 de noviembre de 2022, al menos 37 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas, la mayoría de ellas en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades y sin procesos judiciales contra los perpetradores. Una realidad que pasa desapercibida para el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a pesar de sus constantes alabanzas a la diversidad y el cambio, y las supuestas reformas institucionales.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
Los vecinos y amigos de Ángel David Trejo López le recuerdan como una persona alegre, espontánea, respetuosa y amable. Todo un "Angelito", como era conocido cariñosamente. Tenía 44 años de edad y vivía solo en la Zona 8 de Cerro Grande, cerca de la carretera que va desde la capital hondureña hacia Olancho. Trabajaba como Auxiliar de Gerencia de Atención al Agremiado en la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON). Era un hombre abiertamente homosexual, honrado por sus colegas de trabajo y sin problemas con sus cercanos. Pero fue encontrado sin vida, atado de manos y pies en su cama, el 24 de octubre de este año.
Según un análisis realizado por COYUNTURA a los más de 50 comunicados de prensa publicados por la Policía Nacional de Honduras durante este año, no se han brindado avances sólidos sobre la investigación de este atroz crimen, o sobre cualquier otro cometido durante este 2022 en contra de una persona LGBTIQ+. En cambio, sus casos están siendo relacionados con crímenes comunes, no son tipificados como crímenes de odio y la identidad de las víctimas transgénero no es respetada por las autoridades.
En el caso de Trejo, los oficiales que descubrieron la escena del crimen relacionaron los hechos con un robo común debido a que la camioneta del occiso no estaba en el lugar y las puertas de su vivienda se encontraban abiertas desde horas antes. Sin embargo, su asesinato es el vivo retrato de los crueles y sangrientos crímenes de odio que se cometen cada vez con más frecuencia contra las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y demás miembros de la comunidad diversa.
Algo similar pasó en el caso de la activista Melissa Núñez, una mujer transgénero reconocida en las redes sociales del país centroamericano. Fue asesinada la noche del 18 de octubre por al menos dos sujetos encapuchados que se movilizaban en un vehículo, en el municipio de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, a 61 kilómetros de Tegucigalpa. Según reporta Tiempo.hn, un medio de comunicación local hondureño, el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Nolasco -recién ascendido a comisionado-, aseguró que las únicas dos hipótesis sobre la muerte de Núñez son: "razones pasionales, o venta y distribución de drogas".
Melissa y Ángel en dos imágenes de sus redes sociales:
No obstante, la alegre y generosa mujer de 42 años de edad, considerada así por sus amistades y hermana, había retornado a Honduras en noviembre de 2021 después de vivir en Estados Unidos durante más de 20 años. Sus vídeos en TikTok sobrepasan los 50,000 me gusta y tienen entre 10,000 y 29,000 reproducciones, mientras muchas personas continúan dejando mensajes de pésame en los comentarios.
Y fue tanta la desconfianza en las investigaciones institucionales que los familiares de Núñez evitaron en primera instancia que el cuerpo fuera trasladado por la Policía a las instalaciones de Medicina Legal, según medios de comunicación hondureños; sin embargo, fue llevada, y la autopsia confirmó dos disparos certeros. Es la sexta persona trans asesinada en lo que va de 2022 en Honduras.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó el hecho y pidió a las autoridades realizar una investigación "pronta, imparcial y exhaustiva", aunque los números reportados por el Gobierno de Castro demuestran un estancamiento judicial en las formas específicas de violencia basada en género. En un informe al que tuvo acceso COYUNTURA, presentado por la Misión Permanente de Honduras ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, dirigido al Experto Independiente sobre Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivo de Orientación Sexual e Identidad de Género, con fecha del 11 de abril de 2022, el Estado hondureño reporta que entre 2017 y 2021 "la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida realizó 119 levantamientos cadavéricos de personas LGBTIQ+", y que hasta dicha fecha se investigaban de forma activa 84 casos, y que solo se habían obtenido cinco sentencias.
Muertes violentas de personas LGBTIQ+ en Honduras:
No obstante, el Observatorio de la Red Lésbica CATTRACHAS reporta en ese mismo período 152 muertes violentas en dicha comunidad, y un total de 430 personas LGBTIQ+ asesinadas de forma violenta en Honduras de 2009 a 2022. 128 de esas personas eran transexuales y la mayoría fueron ejecutadas, apuñaladas, lapidadas, golpeadas a morir o asesinadas de formas desconocidas.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registra una cifra similar a la de CATTRACHAS, pero muy alejada a la admitida por la administración de Castro: 454 muertes violentas de personas LGBTIQ+ en todo el territorio hondureño entre 2009 y julio de 2022. En el caso de los homosexuales, la mayoría de los asesinados han sido comerciantes, estudiantes, periodistas, abogados, estilistas, conductores y psicólogos. Sin vínculos aparentes con fuerzas delincuenciales, maras o pandillas.
Realidad vs. promesas
La sentencia en contra de Honduras en el caso de Vicky Hernández y otras vs. Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue todo un logro para la comunidad transgénero del país centroamericano, así como de Latinoamérica e incluso de todo el mundo. Por primera vez un Estado fue declarado culpable del asesinato de una mujer trans.
La Corte estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación en el asesinato de la activista Hernández durante el golpe de Estado de 2009 en Honduras. Asimismo, ordenó 11 medidas de reparación, de las cuales la administración de Castro -que ha dejado sus promesas electorales a favor de la población LGBTIQ+ como eso: promesas nada más- solamente ha cumplido en su totalidad tres:
1. Publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen.
2. Promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández.
3. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
4. Otorgar una beca de estudio a Argelia Johana Reyes Ríos, sobrina de Vicky Hernández.
5. Realizar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras.
6. Crear una beca educativa "Vicky Hernández" para mujeres trans.
7. Crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
8. Adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género auto-percibida.
9. Adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia.
10. Diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTIQ+.
11. Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones, costos y gastos (incluidas indemnizaciones a la mamá y hermana de Vicky Hernández).
En el caso general de los transfemicidios en Honduras, el primer crimen reportado este 2022 fue el de la activista Thalía Rodríguez durante la segunda semana de enero. Al igual que en la investigación policial del asesinato de Hernández, en la indagación de Rodríguez, e incluso en la de Núñez (asesinada en octubre), no hay más novedades.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, detalló que durante el año 2021 se atendieron 74 denuncias relacionadas a amenazas contra la vida e integridad de personas LGBTIQ+. Además, detalló que hasta mayo de 2022 han documentado más de 30 acusaciones bajo las mismas circunstancias.
Y aunque las denuncias y crímenes de odio aumentan, estos actos de violencia continúan en la impunidad, y ni las fuerzas de seguridad o la Presidencia han tomado medidas drásticas para frenar la evidente ola de letalidad contra la población LGBTIQ+ hondureña. Incluso, ahora evitan brindar declaraciones al respecto.
Crímenes son ignorados por el Gobierno de Castro
La noche del 02 de febrero, seis días después de la toma de posesión de Castro, tres personas de la población LGBTIQ+ fueron asesinadas de forma atroz en diferentes partes del territorio hondureño. En junio y agosto también se registraron hechos similares, y los patrones de violencia también fueron los mismos. Lesbianas, homosexuales o personas transgénero asesinadas con saña, abandonados en lugares públicos o en sus propias viviendas.
Los Centros Penales también son reflejo de la violencia contra esta población. Hasta julio del año en curso se reportaron al menos dos personas asesinadas en masacres dentro de penitenciarios, y las autoridades se rehusan a reconocer el género asumido por las víctimas.
A la fecha, activistas de los derechos humanos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba señalan el "lento" proceso de cambios en pro de la población LGBTIQ+ encabezado por el Gobierno de Castro, una administración que sigue enfocada en depurar las instituciones estatales y el sistema, pero que aún no pone en práctica programas o legislaciones enfocadas en el reconocimiento de las identidades y/o la incidencia y empoderamiento político, económico, social y cultural de dicha comunidad en el día a día de Honduras.
Sin bien es cierto, las organizaciones LGBTIQ+ muestran mayor integración en el debate público-civil que se ha generado desde la llegada de Castro al poder, con el claro objetivo de ser reconocidas y repercutir en cambios y políticas públicas veraces para las comunidades que representan, aunque la taza de acceso a la justicia, el indice de educación y el número de personas que tiene acceso a un empleo digno en esta población sigue siendo casi insignificante.
Según el Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), casi el 80 % de la población LGBTIQ+ hondureña que se ve obligada a desplazarse fuera del país, por inseguridad, vulneraciones, exclusión o razones humanitarias, tiene entre 18 y 30 años de vida, el mismo rango de edad con el mayor número de muertes violentas de homosexuales y personas transgénero de 2009 a 2020 en el territorio del país centroamericano.
Pero no hay más planes anunciados por la administración Castro o la Policía para enfrentar el aumento de la violencia general o contra la población LGBTIQ+. No hay más noticias o hallazgos en las investigaciones de los asesinatos de Trejo, Núñez, Hernández o Rodríguez.
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