Con 54,339 casos confirmados y 2,119 personas fallecidas por Covid-19 (hasta el 06 de agosto a las 09:00 a.m.), el estilo de vida en Guatemala ha cambiado, tanto en el área urbana como en la rural, poniendo en aprietos el sistema de salud, la educación y la economía. Los efectos de la pandemia obligaron a cumplir medidas drásticas para evitar la propagación del virus, causando graves problemas en las actividades económicas de la clase trabajadora del país.

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En la primera semana de mayo el Gobierno de Guatemala empezó a impulsar los programas sociales para coadyuvar la crisis económica, entre los cuales se destacó la entrega de Q1,000 quetzales, por tres meses, a núcleos familiares, y Q75 quetzales, diarios, a trabajadores del sector privado (quienes se han visto afectados por la cancelación de sus contratos laborales). Sin embargo, el descontento ha sido notorio en miles de familias del área rural ya que fueron excluidas del programa, por carecer de requisitos que el Gobierno estableció para optar a ese beneficio (según fuentes del Ministerio de Desarrollo Social). Analistas señalan que los programas sociales carecen de transparencia y políticas claras en la ejecución de estos, especialmente el llamado “Bono Familia”, en donde no fue incluida la clase más desposeída del país.

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Alejandro Giammattei, Presidente de Guatemala, comenzó su periodo con el virus de fondo. El mandatario no tuvo tiempo, y aparentemente tampoco la intención, para mejorar la situación de corrupción en el país, factor que actualmente ha empeorado los efectos de la pandemia. Giammattei solicitó al Congreso de la República que brindará herramientas para mitigar la crisis y a raíz de ello se han aprobado Q16 mil 778.75 millones de quetzales en préstamos, entre enero y mayo del corriente año, para suministrar de recursos a diversos Ministerios, tales como el de salud, desarrollo social, entre otros. Según varios economistas, dicho monto podría aumentar a la llegada del cierre fiscal.

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La ciudadanía guatemalteca heredará la deuda más elevada en la historia actual del país. Hasta mayo de este año el endeudamiento per cápita era de Q10 mil 651 quetzales (datos del Censo del 2018), es decir, que la deuda aumentó Q1 mil 27 quetzales respecto a diciembre del 2019, cuando el indicador era de Q9 mil 624 quetzales por persona.

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Analistas ven con preocupación los efectos negativos que ha desencadenado la pandemia por más de 4 meses. La Covid-19 volvió a poner en la mesa del debate varias carencias dentro del Estado guatemalteco, desde la deficiencia del sistema de salud, hasta la baja ejecución presupuestaria. El país no solo se enfrenta a un virus, sino también a la escasez de insumos hospitalarios, el incumplimiento de salarios a profesionales de la salud y el retorno de personas desplazadas.

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Retornar con el virus a una realidad más difícil

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En mayo de este año, el Gobierno de Guatemala expresó su preocupación por la cantidad de guatemaltecos que están siendo deportados de Estados Unidos de América y otros países de la región y el mundo; al llegar al país, la mayoría de estas personas presentan los síntomas del coronavirus y esto pone en peligro la vida de las mismas, de sus familias y de quienes podrían entrar en contacto con ellas a su llegada al país centroamericano.

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The New York Times ha explicado, a través del especial periodístico "Era como una bomba de tiempo", como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se convirtió en un propagador del virus debido a sus imparables deportaciones a países como Cuba, Haití, India e inclusive Guatemala y El Salvador.

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La nueva realidad en Guatemala y en Centroamérica tiene un rostro migrante, no solo por la cantidad de personas deportadas, sino también por las que han retornado a sus países y por quiénes aún continúan huyendo de la dolorosa realidad. Guatemala se encuentra en una caída libre, y sin paracaídas, debido al aumento en el número de personas contagiadas por el coronavirus y los fallecidos en el contexto de la pandemia. El país fue el primero de la región en superar las 1,000 muertes por coronavirus.