• Facebook
  • Twitter
  • Blanco Icono de Spotify
  • Instagram
  • YouTube
  • SoundCloud
  • RSS
D_edited_edited.png
  • Facebook
  • Twitter
  • Blanco Icono de Spotify
  • Instagram
  • YouTube
  • SoundCloud
  • RSS
Orlando Sierra - AFP -2.jpg

Fotografía de AFP por Orlando Sierra

 La Honduras impune con hospitales colapsados

Marcia Perdomo

Periodista

Ana María es hondureña, tiene 26 años de edad, es madre soltera y su hija tiene dos años. Con la llegada de la Covid-19 y el cierre de los comercios en el país, sus ingresos mensuales (de casi $300 dólares) disminuyeron en más de un 50%; ahora, para poder cubrir sus gastos, tiene que planchar ropa ajena. Conservó su trabajo de forma parcial, sin embargo, no toda la ciudadanía en Honduras ha tenido la misma "fortuna", y, según estimaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), unos 300 mil hondureños perdieron su empleo en el 1er semestre del 2020.

 

La pandemia exacerbó la desigualdad y la pobreza en la que viven más de 5 millones de hondureños, y con ello incrementó aún más la inseguridad alimentaria que viven miles de familias y colectivos vulnerables. Además, en los principales mercados del país se han reportado incrementos en los precios de los granos básicos (maíz, frijoles y arroz) y, aunque el Gobierno impuso un congelamiento a la canasta básica (valorada en $351 dólares), la especulación de precios está a la orden del día.

 

Oxfam señala en su informe "'Aquí lo que hay es hambre': Hambre y pandemia en Centroamérica y Venezuela", que: "Al comparar la seguridad alimentaria entre agosto de 2019 y junio 2020, observamos que el hambre se ha agudizado para las familias de la región (centroamericana) y las perspectivas para los próximos meses apuntan a una profundización de la crisis. El número de hogares en situación de inseguridad alimentaria severa ha aumentado un 12%. Esto implica que las familias tienen una dieta basada en 5 o menos grupos de alimentos, que generalmente son maíz, frijol, azúcar, aceite y café".

 

Sumado a esto, el documento de Oxfam apunta que "las casas con mujeres como cabeza de hogar resultaron tener 26% menos ingresos que la media; y de estas, más de la mitad se encontraban en inseguridad alimentaria y nutricional moderada o severa. Es decir, padecían hambre".

Una "Honduras Solidaria" no tan solidaria

 

El Gobierno de Honduras asegura que unas 564 mil familias vulnerables fueron beneficiadas en dos ocasiones con la Operación "Honduras Solidaria", cuyo objetivo sería entregar alimentos y productos de higiene personal a unas 800 mil familias que están siendo afectadas por la emergencia sanitaria. No obstante, el proyecto es cuestionado por su falta de transparencia en los procesos de compras y entrega a las familias beneficiarias; así como infructuoso en la consolidación de la seguridad alimentaria de los grupos afectados durante la pandemia.

 

En palabras de Alejandro Kafati, economista del FOSDEH: "Las transferencias municipales entregadas no han solucionado el problema de las comunidades. Hoy por hoy, la única intervención que ha hecho el Gobierno de la República es una transferencia municipal de 335 millones de lempiras para destinar a la seguridad alimentaria, que no representa más de 500 lempiras por familia. Sabemos que la falta de alimentos nos va a llevar día a día a un conflicto social, que va agudizar aún más los impactos económicos y sociales dejados por la Covid-19”.

 

Del 16 de marzo al 22 de julio del 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Honduras documentó 434 protestas en 72 municipios, de las cuales 153 tienen como motivación exigir alimentos, 74 solicitar el regreso al trabajo y otros 74 pedían el pago de bonos estatales, entre otras exigencias de la ciudadanía para el Estado.

 

Oxfam subraya en su informe​ ​que "el Estado hondureño ha aprobado un presupuesto importante para responder a la crisis, pero su gestión ha estado marcada por problemas en la transparencia, rendición de cuentas y acusaciones de corrupción y favoritismo político, dejando a muchas personas con ayuda insuficiente o fuera de estos programas".

Una agricultura golpeada, por la pandemia y la corrupción

 

Al analizar las causas en el incremento de los precios de granos básicos durante la emergencia, es importante señalar que no solamente se trata de un acaparamiento por parte de terceros, sino que también es el resultado de la sequía que dañó entre el 50% y el 60% de la producción de granos básicos que se sembraron para cosechar en la primera quincena de agosto de 2019.

 

El panorama no es alentador en 2020. Si bien la temporada lluviosa ha sido generosa, contrario a 2019, la producción para este año enfrenta grandes retos ligados a la reducción de los ingresos de los agricultores acentuada por la pandemia, y las restricciones de movilidad.

 

Raúl Velásquez es un agricultor que vive en la zona central de Honduras. El año pasado perdió la mitad de su producción de maíz a causa de la sequía. Este año considera que la temporada lluviosa le permitirá sacar adelante la producción, sin embargo, señala que otros productores enfrentan problemas debido a la reducción de ingresos que experimentan producto de la crisis sanitaria.

 

"Muchos no sembraron por no tener cómo preparar el suelo. No tenían dinero para las semillas y peor para la compra de fertilizantes. Los precios de la comida se dispararon, al punto que comprar Maseca es más barato que comprar una libra de maíz. Otros tuvieron que asociarse con otra persona para poder sembrar", explica Velásquez.

Al preguntarle sobre la asistencia gubernamental para los agricultores, respondió: "Eso solo es en la televisión. Hablan de créditos y el dinero se lo dieron a los empresarios que ya están visitando a los agricultores, ofreciendo no dinero, sino que insumos y no al 8.7%, sino que al interés comercial".

"Existen empresas que ofrecen créditos en insumos, como semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas; pero no están tomando en cuenta que se necesita combustible, mano de obra y repuestos", declara Velásquez.

Fotografía de AFP por Orlando Sierra

Mientras los hospitales y el país colapsan, la corrupción se impone

Al 06 de agosto, la Secretaría de Salud reporta 45,098 hondureños contagiados con Covid-19, de los cuales 6,116 se han recuperado y 1,423 han fallecido. “Hemos rebasado la capacidad instalada para atender los pacientes con Covid”, advertía a través de un tuit el pasado 6 de junio la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, especialista en Medicina Interna y Neumología, quién confirmó la muerte de 31 médicos en el contexto de la pandemia.

Honduras cuenta con un deficiente sistema de salud que en 2019 escasamente pudo hacer frente a la epidemia de dengue que reportó 112,708 casos y cobró la vida de 266 hondureños, y, que, para la segunda semana de febrero de 2020, ya reportaba 7,084 nuevos casos y 13 muertes.

 

De acuerdo al reporte "Plan de Respuesta Humanitaria Covid-19 Honduras", publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la epidemia del dengue en 2019 "develó la baja capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud y en especial de las Redes Integradas de Salud. Caracterizada por el número insuficiente de recursos humanos (médicos, enfermeras y promotores de salud), una distribución deficiente e inadecuada de los mismos en atención primaria, bajo porcentaje de medicamentos y suministros en establecimientos de salud, poca disponibilidad de herramientas y equipos para diagnóstico y tratamiento oportunos".

¿Exactamente con qué equipo cuenta la estructura sanitaria de Honduras para enfrentar la Covid-19? El mismo informe manifiesta que según proyecciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se cuenta con alrededor de 8,000 camas y 37 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con una ocupación de más del 70% tanto en la red hospitalaria pública como privada, para una población de 9,3 millones de hondureños. El informe subraya el "gran desafío" que estos números representan para atender la emergencia. Todo esto recalcando que el "15% de los casos confirmados por laboratorio (Covid-19) corresponden a trabajadores de la salud".

El 6 de julio del corriente año, el CMH lamentó, a través de un comunicado, "la muerte de más de 12 médicos y muchos más compañeros del sistema de salud, quienes no recibieron a tiempo y adecuadamente el equipo de bioseguridad personal". A su vez, dicho comunicado condenaba el actuar del Estado y Gobierno al comprar equipos "que no cumplían los estándares de seguridad". Desde la fecha hasta el 06 de agosto, el número de trabajadores de la salud fallecidos ascendió a 31.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció en su informe​ "La Corrupción en Tiempos de Covid-19: Parte VII: La trampa mortal de la bioseguridad estatal" que "la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) e Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) adquirieron mascarillas no certificadas para proteger a los seres humanos del contagio por la Covid-19".

 

Esto se suma a una serie de actos irregulares en la adquisición de equipo, como la compra de ventiladores mecánicos de transporte que no eran idóneos para el tratamiento de pacientes con Covid-19 y que a su llegada a Honduras resultaron estar incompletos, y que actualmente se encuentran almacenados en una bodega del Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP), según reportó el CNA en su tercer informe "La Corrupción en Tiempos de Covid-19". Todo esto sin adentrarnos en la opaca adquisición de siete hospitales móviles de aislamiento por parte de INVEST-H a petición de la Secretaría de Salud por un monto de $47,462,500 dólares. Bien dice el refrán: "A río revuelto, ganancia de pescadores".

Un sistema de salud golpeado, no solo por el virus

El sistema sanitario de Honduras se encuentra operando más allá de su capacidad. De acuerdo al 12 informe de la ONU sobre Honduras y la pandemia, los principales centros hospitalarios tienen una ocupación de hasta un 145%, con el 40% del personal médico contagiado. Esta presión para el sistema de salud provoca una reorientación de recursos y personal para la atención de la pandemia, reduciendo la capacidad de servicio en otras áreas de atención básica para pacientes que no están contagiados por Covid-19.

Ese es el caso de Karina, quien vive junto a su abuela de 76 años en Tegucigalpa; mensualmente visitan el centro de salud más cercano para recoger el medicamento controlado de su abuela, quien padece de rinitis alérgica. Durante su visita a mediados de julio, el personal de salud, tras tomar la presión y verificar que estaba en los rangos aceptables, les solicitó que dieran el cupo a otro adulto mayor. Ambas abandonaron las instalaciones sin receta y sin medicamento.

La historia de Karina y su abuela se repite en áreas más delicadas, como los servicios de diálisis en pacientes con insuficiencia renal y la asistencia en salud sexual y reproductiva, especialmente de salud materna y neonatal, incluyendo la planificación familiar.

 

La presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, alertó: "Los enfermos renales claman por atención. La mortalidad en estos pacientes se ha incrementado exponencialmente, no solo por los contagios por su alto riesgo, sino por la disminución del número de diálisis".

Entre mediados de mayo y finales de junio, los pacientes renales, junto a sus familiares, se vieron obligados a protestar y hacer llamamientos al Estado y a la empresa que presta los servicios, debido a un descenso en el número de sesiones de hemodiálisis semanales, provocando el incumplimiento del tratamiento del que depende la supervivencia de estos pacientes. De igual forma, Médicos Sin Fronteras advirtió sobre la importancia de mantener los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, y de esta forma evitar un incremento en la mortalidad materna y neonatal.

A esto se suma la relevancia de que las medidas de confinamiento no afecten los servicios de inmunización y así evitar futuros brotes epidémicos. La Secretaría de Salud de Honduras reporta una cobertura de vacunación del 60% a nivel nacional, pero la meta a alcanzar es de un 95%.

Para hacer frente a todos estos desafíos, el reporte señala la trascendencia de una reorganización de los servicios que están bajo el mando de la Secretaría de Salud a nivel nacional. No solamente en los principales hospitales, sino también en zonas con poca capacidad de respuesta, como Gracias a Dios, Choluteca, Islas de la Bahía, El Paraíso, entre otros; y, de esta forma, que se permita salvar el mayor número de vidas que sea posible, ya sea por Covid-19 o por consecuencia de la Covid-19 (falta de atención a otras enfermedades).

Gustavo Amador - EFE.jpg

Fotografía de EFE por Gustavo Amador

¿Hacia dónde vamos?

 

Los problemas que enfrenta Honduras hoy, no son nuevos. La pandemia exacerbó en un cien por ciento las dificultades que ya conocemos y que hemos escuchado durante años a través de la radio y televisión; o leído a través de los diarios.

 

La clase trabajadora que ayer tenía módicos ingresos para ir a consulta con el médico privado, hoy hace largas filas en busca de atención en los hospitales públicos. Claro está que la solución nunca fue privatizar la salud y hoy sufrimos las consecuencias de una baja inversión en la salud pública.

 

Honduras pasó de ser el “granero de Centroamérica” a depender de una notable importación de granos básicos; y sí, es cierto que el cambio climático juega un importante rol en el descenso de producción agrícola hondureña, pero no vemos al gobierno reaccionar en busca de soluciones reales a una problemática que irá incrementándose y cuyos dolientes se multiplicarán y demandarán soluciones.

 

A lo largo de décadas, los gobiernos de turno se dedicaron a parchar la problemática en seguridad alimentaria, agricultura, salud, entre otros; sin ningún interés en buscar una solución contundente basada en la realidad que vivimos como nación. En cambio, vemos que la corrupción va en alza y que sus infames autores perdieron hasta la vergüenza.

 

Cincuenta y un años han transcurrido desde la publicación del poema “Los Pobres” del autor hondureño Roberto Sosa; el poema que muchos aspirantes a políticos utilizan para inferir al pueblo que ellos entienden su problemática. Sin embargo, los pobres siguen siendo muchos y una vez pase la pandemia sus necesidades continuarán siendo invisibilizadas. Al final dependerá de la acción decisiva de la ciudadanía para solventar la problemática que amenaza con asfixiar a la gran mayoría.

Sobre la autora: Periodista hondureña cuyo trabajo ha estado orientado al impacto de políticas públicas en la vida de las mujeres y de las comunidades vulnerabilizadas del país. Cuenta con más de 10 años de experiencia y ha laborado para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Revista Estilo, Diario El Heraldo, entre otros medios y organismos.

Puede seguirla en: @marcia_hn

D_edited_edited.png

¿QUIÉNES SOMOS? • CONTACTO • APÓYANOS SUSCRIPCIÓN •  POLÍTICA DE PRIVACIDAD • AVISO LEGAL

© 2020 Coyuntura - Todos los derechos reservados