Hoy, viernes 22 de noviembre de 2024, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Joseph Biden, renovó la orden ejecutiva que clasifica a Nicaragua como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. Esta medida refuerza el aislamiento internacional del régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, una administración que, desde la violenta represión de las protestas desde abril de 2018, ha sido acusado de desmantelar las instituciones democráticas y consolidar un régimen cada vez más autoritario. La decisión de Biden responde a un panorama sin cambios en Nicaragua, donde las violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de Derecho persisten. El presidente estadounidense destacó en su comunicado que la violencia continua del régimen contra civiles y su sistema de corrupción, que desestabiliza la economía del país, siguen representando una amenaza significativa. La orden ejecutiva, que había sido inicialmente adoptada el 27 de noviembre de 2018, se extendió más allá de la fecha límite de su vencimiento (27 de noviembre de 2024), en un claro mensaje de firmeza hacia Managua. La crisis comenzó cuando protestas masivas contra reformas a la Seguridad Social fueron brutalmente sofocadas por la Policía y fuerzas paramilitares, resultando en la muerte de más de 350 personas, según denuncias de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales. A lo largo de los años, tanto EE.UU. como la Unión Europea han implementado sanciones contra funcionarios nicaragüenses, buscando presionar a Ortega y Murillo para que cesen la represión y restauren el orden democrático en el país. Estas medidas han sido un intento por parte de la comunidad internacional de poner fin al autoritarismo en Nicaragua. Sin embargo, el régimen de Ortega ha resistido, mientras la población nicaragüense continúa sufriendo una crisis política, económica y social. A la violencia y la represión se le suma una profunda crisis económica exacerbada por las sanciones internacionales y una corrupción generalizada que ha empeorado las condiciones de vida. En este contexto, la renovada orden ejecutiva de Biden refuerza la política de sanciones y señala que Nicaragua sigue siendo una de las amenazas más relevantes para la estabilidad política y económica de la región.

Mientras EE.UU. mantiene su presión diplomática, en Nicaragua, el régimen sandinista da pasos decisivos hacia la consolidación de un sistema de poder absoluto. Este mismo viernes 22 de noviembre, la Asamblea Legislativa aprobó una gran reforma constitucional que, de acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), marca una "aberrante" institucionalización de la dictadura. La nueva Constitución redefine al país como un "Estado revolucionario, socialista y cristiano", eliminando la pluralidad ideológica y religiosa. Este cambio profundiza la concentración de poder en manos de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quienes ahora controlan el Ejecutivo de manera conjunta a través de una copresidencia. La reforma no solo otorga más poder al presidente, sino que perpetúa el modelo de sucesión dinástica, eliminando cualquier posibilidad de alternancia democrática. Los partidos políticos deberán ahora incorporar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como parte de su estructura, mientras que el derecho de los trabajadores a participar en la gestión de las empresas se ve drásticamente limitado. A lo largo de los últimos años, el régimen ha llevado a cabo un proceso sistemático de desmantelamiento de la oposición. Partidos políticos han sido ilegalizados, medios de comunicación independientes cerrados y líderes opositores encarcelados o exiliados. La nueva Constitución, lejos de representar un paso hacia una salida democrática, refleja un proyecto de poder autoritario sin contrapesos. La reforma también elimina las garantías constitucionales para las inversiones y el desarrollo económico, y cambia la naturaleza del Estado al hacerlo menos democrático y más alineado con la ideología oficialista. Con esta acción, Ortega y Murillo consolidan su régimen autoritario, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación el futuro de Nicaragua. La extensión de la emergencia nacional y la aprobación de la nueva Constitución marcan un momento crítico para Nicaragua, cuyo futuro parece cada vez más incierto. A pesar de los esfuerzos internacionales por presionar al gobierno de Ortega, el régimen continúa avanzando en la consolidación de su poder, mientras la población enfrenta una creciente represión y crisis económica. Las posibilidades de una resolución pacífica y democrática en el corto plazo parecen cada vez más distantes, a medida que la comunidad internacional se enfrenta a la dura realidad de un régimen que ha logrado mantenerse a flote a través de la represión interna y la erosión sistemática de las libertades fundamentales.

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