12 imputados en el "caso SEDESOL" de Honduras enfrentarán proceso judicial en libertad bajo medidas cautelares

Durante la audiencia inicial, que se extendió por varias semanas, el Ministerio Público presentó más de 80 medios de prueba entre documentos y testimonios, y solicitó prisión preventiva para todos los imputados. Las defensas, por su parte, insistieron en medidas alternativas, argumento que finalmente fue acogido por el juez. En paralelo, José Carlos Cardona ha mantenido una postura pública de rechazo a las acusaciones. A su llegada a tribunales, aseguró que el proceso ha sido dirigido en su contra y denunció supuestas motivaciones políticas dentro del izquierdismo.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política, corrupción y ciudadanía

Un juez del Poder Judicial resolvió este miércoles 25 de marzo de 2026 dictar auto de formal procesamiento contra los 12 imputados en el caso conocido como "Chequesol", una causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a programas sociales en Honduras durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro. Entre los procesados figuran la todavía diputada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Isis Carolina Cuéllar, y el exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona.

La resolución judicial establece que los acusados continuarán el proceso en libertad, al imponerse medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, pese a que el Ministerio Público había solicitado su reclusión. Con esta decisión, también se revoca el arresto domiciliario que pesaba sobre la mayoría de los implicados.

Uno de los elementos centrales de la resolución es la unificación de los 67 delitos inicialmente imputados en una sola figura penal: fraude continuado. Según explicó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, esta decisión implica que las múltiples acusaciones se integran bajo un mismo tipo penal, lo que redefine el alcance jurídico del caso.

Durante la audiencia inicial —que se prolongó por varias semanas— se debatieron más de 80 medios de prueba, entre documentos y testimonios, mientras que la Fiscalía también planteó la necesidad de una reparación económica al Estado por el perjuicio causado, que supera los seis millones de lempiras.

Los imputados deberán cumplir una serie de disposiciones mientras avanza el proceso judicial. Entre ellas, la obligación de firmar semanalmente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y mantenerse bajo la vigilancia de sus equipos de defensa, que deberán rendir informes regulares.

Asimismo, se les ha prohibido salir del país, así como establecer comunicación con otros involucrados en la causa o con los supuestos beneficiarios de los fondos. En función de su lugar de residencia, algunos deberán firmar en sedes judiciales fuera de la capital, como Santa Rosa de Copán y un juzgado en Olancho.

En el caso específico de la diputada Cuéllar, el juez ratificó la suspensión de su cargo en el Congreso Nacional, una medida que se mantendrá vigente hasta que se determine su situación legal en etapas posteriores del proceso.

El origen del caso

El caso "Chequesol" salió a la luz pública tras la filtración, en junio de 2025, de un video en el que Cardona y Cuéllar discutían el uso de fondos estatales para financiar actividades proselitistas, incluyendo la compra de "kits de sonido" destinados a estructuras partidarias en el departamento de Copán.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), los recursos habrían sido desviados desde el Fondo de Administración Solidaria, originalmente concebido para ayudas sociales, hacia funcionarios, dirigentes políticos y activistas vinculados al ahora partido opositor.

Las indagaciones sostienen que Cardona habría articulado un comité técnico dentro de SEDESOL para canalizar los fondos, mientras que Cuéllar, junto a colaboradores cercanos, habría facilitado su captación y distribución.

Previo a la resolución judicial, José Carlos Cardona cuestionó el desarrollo del proceso y aseguró que existe un trasfondo político en su contra. A su llegada a la audiencia, afirmó que dentro de LIBRE se habrían negociado responsabilidades para proteger a ciertos actores.

"Los funcionarios somos fichas descartables", expresó, al tiempo que insistió en su inocencia y negó haberse enriquecido ilícitamente.

También sostuvo que renunció a su cargo con el objetivo de someterse a las investigaciones, pero denunció que no se le permitió declarar ante el Ministerio Público.

Cardona señaló, además, que el caso pudo haberse resuelto por la vía administrativa y criticó la calendarización de las audiencias, que —según dijo— coincidió con el contexto electoral de 2025 en Copán.

Próximas etapas

Tras la resolución, las partes procesales disponen de un plazo de tres días hábiles para interponer recursos de apelación. Mientras tanto, el proceso continuará en su fase preparatoria, en la que se definirán los elementos probatorios que sostendrán una eventual acusación formal en juicio.

El caso "Chequesol" se ha consolidado como uno de los episodios más relevantes en materia de presunta corrupción dentro de la actual administración, al involucrar a figuras políticas y funcionarios de alto nivel en el manejo de recursos públicos destinados a sectores vulnerables.

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