Maestros, médicos y abogados: el triple cerco del régimen Ortega-Murillo contra las profesiones en Nicaragua
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Tres gremios, un mismo patrón. En las últimas semanas, la maquinaria de control político que Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen sobre las instituciones nicaragüenses golpeó simultáneamente a docentes, estudiantes de Medicina y abogados. Los métodos varían —un bono simbólico, una resolución académica, una purga silenciosa en un sistema informático—, pero el resultado es idéntico: profesionales despojados de su capacidad de trabajar o de disentir, sin explicación oficial y sin posibilidad de apelar.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El lunes 29 de junio de 2026, mientras el Ministerio de Educación (MINED) celebraba el Día del Maestro con desfiles y un pago único de 1000 córdobas por docente, buena parte del magisterio público describía una realidad distinta: la de trabajar bajo vigilancia constante y con miedo a perder el puesto por cualquier gesto de disidencia.
El costo del gesto oficial no es menor: según cifras presupuestarias, la partida completa —unos 55 millones de córdobas— salió del propio presupuesto del MINED, dentro del rubro de sueldos y prestaciones del sector. El detalle revela una discrepancia llamativa: mientras el desembolso se calculó para unos 55.000 maestros, el Banco Central de Nicaragua (BCN) reportaba al cierre de 2025 apenas 48.686 plazas docentes a nivel nacional.
El alivio económico, además, es marginal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), una familia nicaragüense necesita más de 15.328 córdobas mensuales solo para alimentarse, mientras que la canasta básica completa supera los 21.372 córdobas. Frente a esas cifras, el bono de 1.000 córdobas —y un salario docente que ronda apenas los 10.000 córdobas mensuales— apenas roza el costo de vida real.
Detrás del gesto festivo persiste una historia de represión sostenida desde la crisis de 2018: despidos sin causa legal explícita, traslados forzados y una vigilancia que ha llevado a muchos docentes a autocensurarse dentro del aula. Entre 2018 y 2021 fueron destituidos 140 maestros de primaria y secundaria, casi siempre invocando causales genéricas —"falta a la ética profesional"— sin procedimiento disciplinario previo. Organizaciones magisteriales consultadas por COYUNTURA sostienen que los criterios reales son políticos: haber participado en una marcha, negarse a repetir consignas o simplemente no figurar entre los "leales" al partido de gobierno.
El control se extiende al currículo y a la vida diaria de las escuelas. Los libros de texto exaltan a Ortega como una figura "visionaria" y a Murillo como "madre de la patria"; los actos partidarios —desfiles, caminatas, celebraciones de cumpleaños presidenciales— se han vuelto obligatorios para el personal, y hasta los permisos por enfermedad grave, que el propio convenio colectivo del sector garantiza con goce de salario durante un mes, terminan costeados de facto por los propios maestros, que deben pagar de su bolsillo a quien los sustituye en el aula. A eso se suma la suspensión, documentada desde 2023, de pensiones de vejez a exdirigentes sindicales que en su momento se opusieron al sindicato oficialista ANDEN.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas ha calificado este tipo de hostigamiento sistemático —dirigido también contra periodistas y disidentes— como parte de un patrón que podría constituir crímenes de lesa humanidad.
Estudiantes de Medicina, la "pata" que el sistema no puede permitirse perder
La segunda purga tiene nombre propio: Resolución 04-2026, la normativa con la que la Secretaría Técnica de la Educación Superior (SETEC) endureció los requisitos para continuar la carrera de Medicina. La norma elimina los mecanismos de recuperación académica y convierte en causal de expulsión definitiva reprobar una sola asignatura, sin distinguir si el atraso se originó en la pandemia o en circunstancias personales.
El problema, según especialistas en salud pública, es que esa medida no golpea solo a estudiantes: golpea la operación diaria de los hospitales. El sexto y último año de la carrera —el internado rotatorio— no es una pasantía de observación, sino trabajo clínico real: elaboración de historias clínicas, atención de consultas, participación en cirugías y turnos de hasta 36 horas junto a especialistas, en cinco áreas obligatorias —Cirugía, Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Centros de Salud—. Según cálculos del ginecólogo y especialista en salud pública José Antonio Delgado, los internos representan cerca del 40 % de la fuerza laboral que sostiene esas rotaciones.
La contradicción normativa es evidente: la propia Resolución 04-2026 reconoce en su numeral quinto que quienes cursan el internado siguen regidos por el Reglamento del Internado Rotatorio MINSA-UNAN, una norma que —a diferencia de la resolución— mantiene un sistema de evaluación gradual, con examen especial antes de repetir un módulo y derecho a apelación. Ese reglamento, además, no mide solo conocimiento teórico: su artículo 30 fija que el desempeño práctico pesa un 60 % de la nota final, frente a un 40 % de la parte teórica, y su artículo 25 valora también el comportamiento ético, el trabajo en equipo y la relación con los pacientes. Pese a ello, ya se han documentado expulsiones de internos por reprobaciones de años anteriores o por haber extendido su formación más allá de los seis años previstos.
El país centroamericano llega a este punto con un margen de maniobra casi nulo. Nicaragua cuenta con apenas nueve médicos por cada 10.000 habitantes, la tasa más baja de Centroamérica, resultado combinado del exilio y despido de personal sanitario tras la "Rebelión de Abril" en 2018, la pandemia de Covid-19 y la dificultad para formar especialistas. Retirar de golpe a quienes ya cubren buena parte de la atención en horarios nocturnos, vespertinos y de fin de semana no paraliza los hospitales, advierte Delgado, pero sí los deja funcionando con una capacidad menor: "es como quitarle una pata a una mesa: sigue en pie, pero ya no es igual".
La medida se inserta, además, en un clima de creciente presión sobre el gremio médico: en los últimos meses el Ministerio de Salud sandinista ordenó evaluaciones psicológicas a 3.742 profesionales menores de 35 años, en paralelo a denuncias por presunta mala praxis y a la exposición pública del historial clínico de una médica reportada como desaparecida. Para Delgado, endurecer los requisitos a los estudiantes no resuelve fallas estructurales como la falta de insumos, la ausencia de auditorías independientes o la inexistencia de un colegio médico que regule el ejercicio profesional: "el problema no son los estudiantes ni los médicos. El problema es que el sistema está estructuralmente decadente".
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