8 de cada 10 hondureños votó en contra del oficialismo, pero Libertad y Refundación ya se está atrincherando. Desconoce resultados electorales del CNE

Ante llamados desde LIBRE a la nulidad total, la exrectora de la Autónoma de Tegucigalpa, Julieta Castellanos, fue categórica: cualquier salida al "conflicto" debe sujetarse al marco legal vigente. Castellanos sostuvo que la normativa electoral ya contempla mecanismos para revisar actas y procedimientos ante inconsistencias, y advirtió contra soluciones al margen de la ley o acuerdos "bajo la mesa". Para la académica, existe un claro partido con posibilidades de triunfo —refiriéndose al duelo por el primer lugar entre nacionalistas y liberales— y lo prudente es agotar los procedimientos legales previstos, evitando acciones que exacerben la polarización. "Hay que ver cómo reaccionan las Fuerzas Armadas (FF.AA.), y porqué no estuvo el domingo Manuel Zelaya", dice Castellanos.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

COYUNTURA Electoral Honduras 2025

Política, institucionalidad y ciudadanía

En la radiografía multilocal y numérica de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre de 2025, el caso de Talanga funciona como un síntoma: Rixi Ramona Moncada, ahora excandidata presidencial por el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), exministra de Finanzas y de Defensa, no solo quedó relegada a un distante tercer lugar en el cómputo nacional, sino que fue derrotada en el mismo municipio donde su familia ejerce influencia política.

Los resultados oficiales y las voces de analistas y actores clave coinciden en que la derrota no fue un tropiezo aislado sino la suma de desgaste gubernamental, discurso confrontativo y errores tácticos.

Los números que no dan tregua

Los cortes preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran una contienda ajustada entre Nasry "Tito" Asfura y Salvador Nasralla, mientras que Moncada figura muy rezagada. El conteo mostraba hasta este fin de semana a Asfura con 1,132,321 votos (40.19 %), a Nasralla con 1,112,570 (39.49 %) y a Moncada con 543,675 (19.30 %), con 3,567,547 votos contabilizados (54.70 %) y 17,609 Juntas Receptoras de Votos (JRV) contadas (91.94 % del total de 19,152).

En Talanga, la evidencia es aún más elocuente: de 41 actas (100 % procesadas), Moncada cosechó 1,735 votos (24.93 % de 6,362 válidos); Salvador Nasralla obtuvo 2,178 (39.06 %) y Nasry Asfura 2,449 (35.20 %). Es decir: en el lugar donde debería haber tenido su mayor fortaleza, Moncada fue superada por dos adversarios con diferentes matrículas electorales.

Si se toma la cifra nacional preliminar de 19.30 % para Moncada, la aritmética simple muestra que aproximadamente ocho de cada diez votantes no optaron por la opción oficialista, una lectura que ayuda a entender por qué en espacios tradicionalmente vinculados al poder se registraron derrotas claras.

Según datos recopilados por el equipo de COYUNTURA, en al menos tres urnas, de cada 100 votos solamente 10 eran para LIBRE, y los otros 90 estaban repartidos por los dos partidos opositores.

Diagnóstico de las élites del país

Diversos analistas citados en el proceso trazan una línea común: la caída de la candidata es, ante todo, el reflejo del desgaste del gobierno de Xiomara Castro y de las estrategias de campaña y comunicación de Libertad y Refundación.

Denis Castro Bobadilla, exvicepresidente del Congreso Legislativo y quien fue docente de Moncada, sintetiza la tesis: "el principal activista en contra de LIBRE fue el mismo gobierno". Para él, acumulación de promesas incumplidas, despilfarro, nepotismo y un estilo de gestión que calificó de "oclocracia" erosionaron el capital político y social del oficialismo, que obtuvo en las generales casi un 30 % menos de votos en comparación con las primarias de marzo de 2025. En el plano personal, Bobadilla apunta a la incapacidad de Moncada para generar "empatía pública": ironía, sarcasmo y un discurso ideológico que chocó con un electorado mayoritariamente conservador. Gritos y más gritos. Ira contra las necesidades, y no diálogo y coherencia nacional, más no ideológica o caudillista.

El analista anticorrupción Henry Salinas destaca además el tono agresivo de la campaña oficialista y los ataques —reales y verbales— contra órganos de control y medios, un enfoque que, según él, terminó por electoralmente castigar a LIBRE. Señala, igualmente, la mala praxis de inflar y proteger candidaturas familiares en municipios como Talanga (mencionó, por ejemplo, la promoción de su sobrino Mario Moncada para la Vicealcaldía), que resultó contraproducente.

El abogado penalista Germán Licona y el politólogo Héctor Soto agregan matices: Licona critica la confrontación permanente con la empresa privada y otros sectores; rememora promesas electorales de 2021 (la fantasiosa CICIH, la reducción del gasto, el cero nepotismo) que no se concretaron y denuncia un descrédito institucional producto de la beligerancia hacia el CNE y el Tribunal de Justicia Electora (TJE).

Soto, por su parte, describe la existencia de dos narrativas irreconciliables: la de Libertad y Refundación, que asegura hackeo y adulteración del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la de la oposición/sectores independientes, que interpreta los resultados como expresión real del voto. Esa polarización, explica, impide una lectura común de lo sucedido.

Reacción política: nulidad, movilizaciones y silencio presidencial

Frente al congelamiento del escrutinio —y a fallas técnicas denunciadas por miembros del propio CNE— LIBRE tomó una postura extrema: desconoce los comicios, pide la nulidad total, convoca a movilizaciones y exige que funcionarios del gobierno no cooperen con una eventual transición. El consejero Marlon Ochoa (vinculado a Libertad y Refundación) declaró que al menos 5,000 actas aparecen con resultados "en cero" y que existiría un universo cercano a 7,766 actas pendientes de procesamiento, lo que alimenta la denuncia de irregularidades.

Desde el otro extremo, Salvador Nasralla reclamó la publicación total de las actas pendientes y aseguró contar con información propia que, a su juicio, demostraría una ventaja. Su equipo advirtió que muchas actas presentan "inconsistencias graves" —cifra que él estima en más de 5,000— y responsabiliza a la empresa contratada para la transmisión de resultados.

La exrectora Julieta Castellanos intervino con un llamado institucional: la anulación general solicitada por LIBRE es "totalmente improcedente" y las dudas deben resolverse "observando los procedimientos legales". Castellanos insistió en que la vía correcta es la revisión formal de actas y el uso del marco jurídico electoral, no soluciones al margen de la ley.

¿Cómo se traduce esto en votos y en futuro político?

Las entrevistas y análisis apuntan a varios efectos prácticos: la campaña de los tres partidos se concentró en movilizar el voto duro y en la polarización, dejando descuidado al electorado independiente, que terminó siendo decisivo. En momentos clave la gestión oficial habría erosionado su base, y la campaña de Moncada no consiguió recomponer esa distancia ni proyectar un relato que disputara el voto moderado o el indeciso.

La derrota en Talanga posee, además, un valor simbólico. Que un candidato pierda en su lugar de origen desnuda una desconexión profunda entre liderazgo y electorado local; revela fatiga frente a clanes y prácticas asociadas al poder, y sugiere que los intentos de reproducciones de influencia familiar resultaron insuficientes.

Al cierre de los cortes preliminares todavía hay actas pendientes y denuncias cruzadas. La coexistencia de reclamos por irregularidades y de llamados a confiar en el proceso legal presagia semanas de disputa política y jurídica. Instituciones como el CNE deberán dar garantías de transparencia en los conteos pendientes y explicar técnicamente las fallas reportadas; los partidos opositores demandan agilidad y claridad; y la ciudadanía —movida por la incertidumbre tecnológica y política— espera respuestas que no dependan exclusivamente de retóricas partidarias.

Entonces, lo sucedido en Talanga sirve como microcosmos: la combinación de un gobierno desgastado, un discurso polarizante, prácticas clientelares y errores de campaña produjo un rechazo que se midió en las urnas. En una democracia frágil como la hondureña, esa suma de factores no solo reordena el tablero electoral inmediato —con dos candidatos mayores en disputa—, sino que obliga a repensar cómo se articula el poder, la legitimidad y la rendición de cuentas en la próxima etapa política del país centroamericano.

"La nulidad no es un remedio", afirmó este fin de semana el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, en un comunicado contundente en contra del oficialismo y sus barbaridades ideológicas.

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