• Alexander Reyes Guevara

Aún después de junio

Abril de 2018 se ha convertido en el nuevo referente de la historia moderna en Nicaragua, no solo porque significó una ruptura en la forma en la que la población venia desarrollándose social y políticamente, sino porque también dicha ruptura trajo consigo múltiples pérdidas y profundizó la violación de los derechos humanos en el país, sin exceptuar a la población LGBTIQ+.


La última marcha del orgullo en Nicaragua se realizó en el 2018, bajo asedio y represión por parte del Estado en todo el país - Fotografía de Coyuntura por Juan Daniel Treminio

De acuerdo al informe "Afectaciones a personas LGBTIQ en el marco de la crisis socio-política de Nicaragua" elaborado y presentado por la Mesa Nacional LGBTIQ+ de Nicaragua, casi el 85% de la población encuestada experimentó grandes violaciones a su integridad física, psíquica y emocional; entre los actos concretos se destacan el asedio a sus viviendas, agresiones físicas y verbales, amenazas, hostigamiento, persecución, campañas de desprestigio, exilio forzado, asesinatos y detenciones arbitrarias.


Dicho informe es excepcional, en tanto al contexto inmediato en el que se elaboró, y permite bosquejar las líneas de la realidad que a diario se vive desde la población LGBTIQ+ en el país. En Nicaragua, así como en gran parte del territorio latinoamericano, no se cuenta con registros fiables que sistematicen las transgresiones a los derechos humanos que sufre la población LGBTIQ+. Aún cuando la Constitución Política expresa en su Arto. 14 que "el Estado no tiene religión oficial", amparado en el principio de cristiandad, se han desprotegido a las personas que, por su orientación sexual e identidad de género, sufren discriminación en sus comunidades, barrios, trabajos, en el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema judicial, entre otros sectores.


A pesar de ello, durante los últimos años se han dado pasos importantes respecto a la protección y garantía de los derechos humanos, como la despenalización de la homosexualidad, la designación de la Procuradora Especial de Derechos Humanos para la Diversidad Sexual, entre otras acciones, sin embargo, esto no se ha traducido en la disminución de la violencia contra la población LGBTIQ+.


¿Cuál es el impacto que esos “avances”?


Según declaraciones públicas de activistas LGBTIQ+, el informe del Estado sobre la situación de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ en Nicaragua, presentado recientemente por la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), da cuenta que el principal desafío al cual nos enfrentamos como país en dicho tema es la violencia física, psicológica y verbal a la que se enfrentan lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers, tanto en la calle, sus hogares y las instituciones del Estado.


Prueba de ello es el acto de odio que atentó contra la vida de la activista Ludwica Vega en septiembre de 2019. Vega fue apuñalada y recibió varios golpes en su cuerpo y rostro; un hecho que ocurrió a las afueras de su oficina y conmovió al país. Han pasado nueve meses y la Policía Nacional continúa sin detener a algún sospechoso. Este caso es el último conocido públicamente y es un reflejo tangible de la lamentable realidad que se vive en el país.


La realidad


La estigmatización entorno a la población LGTBIQ+ hace que dicha comunidad sea altamente vulnerabilizada, marginando y castigando la diversidad, y limitando el desarrollo íntegro y pleno de quienes deciden ser quienes deben ser.


Actos de violencia cómo el vivido por Vega son el pan de cada día de muchas personas en el país, y lamentablemente quienes viven en barrios y comunidades marginadas deben reprimir su expresión de género e inclusive su vida diaria como medida de protección ante los golpes, maltratos, insultos o la misma muerte.


Quienes sufren maltratos físicos por parte de sus padres y familiares; quienes deben ejercer el trabajo sexual para poder sobrevivir en un país sin oportunidades; quienes han sufrido abuso sexual por su orientación sexual; a ellas y ellos es quienes debería de proteger el Estado, y no encarcelarlos como ha sucedido en los últimos años.


Exigir no solo en junio


En una sociedad cómo la nuestra, la “salida del closet” es un privilegio que no todas y todos tienen, ya que esto significa un riesgo más en la vida cotidiana. Es por ello que todos los días se debe exigir equidad, igualdad, educación, acceso a la justicia, salud, vivienda, empleo y derechos humanos para todas y todos. Debemos recordad con ello que la lucha de la población LGBTIQ+ no se reduce a un mes, y mucho menos se acaba 24 horas después de una marcha.

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