Nicaragua impone drásticos límites de velocidad que desatan críticas en internet. Máximo de 50 km/h y veto a menores en motocicletas

La nueva medida, carente de un cambio legislativo, no ha tardado en generar un amplio rechazo en las redes sociales digitales, donde centenares de ciudadanos expresan ya su inconformidad a través de comentarios irónicos y críticas directas. La prohibición de transportar niños en motocicletas completa un paquete de medidas que, aunque justificado por la administración sandinista como una estrategia para reducir accidentes, ha provocado un fuerte rechazo ciudadano, cuestionamientos legales y acusaciones de intencionalidad recaudatoria.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Seguridad y ciudadanía

Managua, Nicaragua

Un oficial de Tránsito Nacional en Nicaragua | Fotografía cortesía

Con una publicación sin precedentes y sin antecedentes tampoco en consulta ciudadana, la Dirección General de Tránsito Nacional —bajo la autoridad directa de la Policía que controla el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— impuso este martes 17 de junio de 2025 nuevos límites de velocidad a nivel nacional: 50 kilómetros por hora como máximo para vehículos particulares, públicos y de carga; y 40 kilómetros por hora para motocicletas. Además, quedó explícitamente prohibido que niños viajen como pasajeros en motocicletas, sin importar que lleven casco o acompañamiento adulto.

La medida se dio a conocer mediante la nota informativa 001-2025, difundida por los canales oficiales de la Policía, incluyendo Visión Policial y medios afines al régimen. "Se prohíbe transportar a niños como pasajeros en motocicletas", recalcó el documento.

La nueva regulación, que se implementa de forma exprés, en las avenidas urbanas, rurales y nacionales por igual, representa un cambio radical respecto al artículo 37 de la Ley 431 sobre el Régimen de Circulación Vehicular en Nicaragua, que hasta ahora permitía velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en carreteras abiertas. Sin modificar el texto legal, el orteguismo ha comenzado a sancionar desde la semana pasada a conductores que superan los 80 kilómetros por hora, en cumplimiento de directrices orales impuestas por el dictador Daniel Ortega hace algunas semanas, y ejecutadas por la Dirección de Tránsito.

El génesis de esta política proviene de una declaración pública de Ortega a inicios de junio. Desde un acto oficial del FSLN televisado, junto a su esposa y comandataria Rosario Murillo, el dictador ordenó públicamente el diseño de un "plan nacional para reducir la velocidad en las carreteras".

"No puede ser de 90 ni de 100 kilómetros por hora. Tenemos que poner un límite", dijo el lunes 02 de junio de 2025. Aunque presentó la propuesta como una iniciativa de seguridad vial, durante un evento de ascensos militares, su retórica enfatizó la obediencia y el sacrificio, anticipando que el sector transporte se opondrá a la medida. "Que aleguen lo que quieran, pero vale más la vida que un camión con mercadería", insistió. La medida se inscribe en una serie de propuestas centralizadas desde el ahora Órgano Ejecutivo que buscan ejercer control en diversos aspectos de la vida cotidiana, reforzando el modelo de Estado policial.

Su intervención marcó el rumbo que ahora asume el Estado: establecer topes de velocidad mucho más bajos, incluso en vías interurbanas o carreteras abiertas, sin considerar características del terreno, tipos de vía o condiciones del tráfico.

De forma paralela al nuevo régimen de velocidad, las autoridades han comenzado a judicializar con dureza a jóvenes que realizan maniobras peligrosas en motocicletas. Casos recientes en los departamentos de Nueva Segovia y Estelí ilustran el enfoque punitivo:

• En Jalapa, el Ministerio Público (MP) acusó a Sergio Bill Aguilar Rodríguez, de 19 años, y Jaime Antonio Quiroz, de 24, por exposición de personas al peligro tras ser captados haciendo acrobacias en vía pública. Se solicitó una condena de hasta 15 meses de prisión, aunque la defensa pide una pena mínima de seis meses. Ambos se suman a una lista de al menos siete jóvenes procesados por el mismo motivo en el norte del país centroamericano.

• En Estelí, tres adolescentes fueron detenidos el viernes 13 de junio de 2025 en el barrio Juno Rodríguez tras protagonizar actos similares. La Policía los presentó ante el Juzgado Penal Especializado en Adolescentes, que dictó prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Los cambios impuestos por la Policía Nacional no han sido sometidos a debate legislativo, ni a discusión técnica, ni mucho menos a consulta pública. La ciudadanía ha reaccionado con sarcasmo, frustración y una sensación general de imposición. Comentarios como "hay que salir una semana antes para llegar", "ni las caponeras van tan despacio", "parece un funeral" o "todos a comprar bicicletas" se han multiplicado al cierre de este texto en redes sociales.

"El país irá avanzando según los pasos por hora del koma-andante", escribió un usuario en referencia burlesca al mandatario Ortega.

Especialistas en seguridad vial consultados por COYUNTURA y otros medios independientes han expresado preocupaciones sobre las consecuencias prácticas y económicas de la medida.

Gerardo Castaing, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y consultor en seguridad vial, advirtió en La Prensa que implementar una velocidad uniforme de 50 kilómetros por hora en carreteras "puede provocar congestión, mayor gasto de combustible, retrasos logísticos e incluso un efecto contraproducente en la siniestralidad si no se adapta al contexto de cada vía".

Además, otro especialista que prefirió el anonimato señaló que el decreto podría tener un trasfondo recaudatorio. "Con radares y retenes móviles en puntos estratégicos, el régimen puede imponer más multas, generando ingresos rápidos sin necesidad de mayor inversión estructural", explicó.

La Policía Nacional asegura que la medida forma parte de la segunda gran estrategia sandinista para frenar el repunte de accidentes fatales en carretera, cifra que ha ido en aumento durante los últimos cinco años. Sin embargo, no se ha publicado ningún estudio técnico que respalde el cambio, ni análisis estadístico de impacto o pilotaje previo.

En 2024, Nicaragua cerró el año con más de 1,200 muertes por accidentes de tránsito, según estimaciones independientes, aunque las cifras oficiales carecen de transparencia y no son consideradas tan "extremas" en comparación con Guatemala y Honduras. En ese contexto, el régimen ha optado por una respuesta de fuerza, enfocada en sancionar, multar y restringir, más que en educar, modernizar la infraestructura vial o mejorar el transporte público.

Aunque la Ley 431 establece como límite general en carretera los 100 kilómetros por hora, la comisionada general Vilma Reyes, jefa de la Dirección de Tránsito Nacional, declaró recientemente en el Canal Parlamentario —medio controlado por la Asamblea Legislativa— que la velocidad permitida en la práctica ya era de 80 kilómetros por hora. "Más de 80 es exceso de velocidad y se sanciona", dijo, adelantando lo que hoy se ha formalizado con la nueva orden.

Sin embargo, abogados constitucionalistas advierten que la Policía no tiene competencia para modificar los límites legales sin una reforma del marco normativo, desde el parlamento nicaragüense. Cualquier sanción emitida bajo esta nueva base podría ser impugnada como inconstitucional, aunque la falta de independencia judicial en el país limita esta posibilidad en la práctica.

Las nuevas disposiciones viales impuestas en Nicaragua a partir de hoy, si bien presentadas como una política de seguridad y protección de la vida, han sido recibidas por la población con desconfianza y escepticismo. La ausencia de justificación técnica, la aplicación sin consulta y el endurecimiento simultáneo del castigo penal, refuerzan la percepción de una medida más represiva que preventiva. Mientras tanto, la monarquía Ortega-Murillo avanza en su política de control sobre la cotidianidad, incluso a costa de alterar profundamente la movilidad nacional y la funcionalidad del transporte, en todas partes.

Para muchos ciudadanos, este nuevo límite de velocidad simboliza un país que "avanza"... a paso forzado, y sin dirección clara.

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