La administración estadounidense actualiza su "Lista Engel", un instrumento jurídico que incorpora en sus sanciones a actores "corruptos" y "antidemocráticos" del triángulo norte de Centroamérica, y ahora también de Nicaragua -desde 2022-. La actualización incluye en esta ocasión a expresidentes, funcionarios gubernamentales y figuras políticas que se han beneficiado de esquemas de corrupción, lavado de dinero y obstrucción de investigaciones. Un total de 39 centroamericanos fueron agregados. Hallazgos que subrayan la urgencia de abordar la corrupción y fortalecer las instituciones en la región.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En un informe reciente presentado al Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.), publicado este miércoles 19 de julio de 2023, se han identificado a personas extranjeras que han "participado activamente en acciones corruptas y antidemocráticas" en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. De acuerdo con la Sección 353(b) de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, publicada por la administración estadounidense en el año 2020, estas personas son señaladas por socavar procesos o instituciones democráticas, participar en corrupción significativa y obstruir investigaciones sobre sus actos corruptos. Esta actualización de la también conocida como "Lista Engel" expone y sanciona a aquellos que han erosionado la democracia y fomentado la corrupción en la región. Se les han cancelado su visa de EE.UU. o cualquier documento para ingreso válido a territorio estadounidense. También el bloqueo de propiedades por orden del presidente Joseph Biden.
El Salvador
El Salvador, un país históricamente marcado por la corrupción en su Gobierno, ha sido testigo de acciones censurables por parte de altos funcionarios. El expresidente José Miguel "Mecafe" Antonio Menéndez Avelar es un ejemplo destacado de corrupción en la construcción de un puente en Chalatenango, donde recibió ilegalmente un avión como soborno. Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, y Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente de la misma entidad, también están involucrados, según la administración estadounidense, en lavado de dinero y sobornos significativos, socavando la integridad financiera del país.
Acá todos los casos integrados en la actualización:
José Miguel "Mecafe" Antonio Menéndez Avelar, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones. Incurrió en una importante corrupción al dirigir un contrato del Ministerio de Obras Públicas por $8,4 millones para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango, El Salvador, a un empresario guatemalteco. A cambio, Menéndez recibió ilegalmente un pequeño avión, un Beechcraft King Air 90, como regalo.
Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, un banco estatal. Cometió una importante corrupción al lavar $97 millones a cambio de $72,000 en sobornos.
Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente del Banco Hipotecario. Cometió una importante corrupción al lavar $94,5 millones a cambio de $64.500 en sobornos.
Jolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento del Banco Hipotecario. Participó en una importante corrupción al lavar $177 millones a cambio de $78,000 en sobornos.
Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador. Participó en una importante corrupción al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas del estado.
Salvador Sánchez Cerén, expresidente y vicepresidente de El Salvador. Participó en una importante corrupción al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de $1.3 millones en fondos públicos a cambio, y participó en un plan para desviar $183 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente.
Guatemala
Guatemala, por su parte, ha sido afectada por una serie de actos corruptos y antidemocráticos. El expresidente del administrador del mercado mayorista de energía, Edgar Humberto Navarro Castro, otorgó beneficios oficiales a cambio de sobornos, descuidando la eficiencia energética y las medidas contra el cambio climático. Fredy Raúl Orellana Letona, el juez que ha judicializado al periodista del extinto elPeriódico y al partido Movimiento Semilla, y Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, actual fiscal, han sido responsables de presentar cargos penales sin fundamento contra personas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, actual fiscal. Socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala. Incurrió en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilegales, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
Fredy Raúl Orellana Letona, actual juez. Socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Gendri Rocael Reyes Mazariegos, exministro del interior. Involucrado en una importante corrupción.
Joviel Acevedo Ayala, actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). Incurrió en una importante corrupción al brindar apoyo político a STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.
Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, actual juez. Socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Lesther Castellanos Rodas , exjuez y actual relator guatemalteco contra la tortura. Socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
Melvin Quijivix Vega, actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación. Incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada.
Omar Ricardo Barrios Osorio, actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad San Carlos. Desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento.
Honduras
La pandemia de Covid-19 fue aprovechada para actividades corruptas. Alex Alberto Moraes Giron -encontrado culpable por la justicia del país centroamericano junto a Marco Bográn por fraude en compra de mascarillas-, exgerente administrativo de Inversión Estratégica de Honduras, se apropió indebidamente de fondos destinados a máscaras faciales para uso médico. También ha habido corrupción en el otorgamiento de contratos municipales multimillonarios a aliados políticos por parte del actual alcalde de El Progreso y el secretario general del Partido Liberal de Honduras, Alexander López Orellana.
Acá la lista completa:
Alex Alberto Moraes Giron, exgerente administrativo de Inversión Estratégica de Honduras, de propiedad estatal. Se involucró en una importante corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de Covid-19, incluso al defraudar al gobierno de Honduras por aproximadamente $1,6 millones destinados a máscaras faciales para uso del personal médico.
Alexander López Orellana, actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal. Incurrió en una importante corrupción al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
Edna Yolany Batres Cruz, exministra de salud. Incurrió en una importante corrupción cuando defraudó al gobierno hondureño en más de $300,000 al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida.
Jesús Arturo Mejía Arita, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE). Incurrió en una importante corrupción al otorgar contratos no competitivos o sobrevaluados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.
Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. Incurrió en una importante corrupción al cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos al intimidar a los periodistas.
Miguel Rodrigo Pastor Mejía , exdirector de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Participó en una importante corrupción, lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros, al otorgar $2,76 millones en contratos del Gobierno hondureño a una empresa constructora controlada por Cachiros.
Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, exministro de Energía y exasesor presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández. Incurrió en una importante corrupción al malversar fondos estatales a través de la sobrevaluación de proyectos de obras públicas.
Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras del Partido Liberal. Socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.
Víctor Elías Bendeck Ramírez, un empresario privado y exmiembro del Parlamento Centroamericano, se involucró en una corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, y al usar su influencia con funcionarios gubernamentales para su beneficio personal.
Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, actual presidente del Partido Liberal en Honduras, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con los funcionarios del gobierno para eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable de propiedad familiar.
Nicaragua
Nicaragua, bajo el régimen de Ortega-Murillo, también ha sido señalada por corrupción y represión política. Wendy Carolina Morales Urbina, fiscal general de Nicaragua, ha confiscado propiedades de opositores políticos y organizaciones no gubernamentales para suprimir la disidencia y la libertad de asociación. En la Asamblea Nacional, varios miembros, como Arling Patricia Alonso Gómez, Gladis de los Ángeles Báez, Loria Raquel Dixon Brautigam y Alejandro Mejía Ferreti, han participado en represalias para despojar a opositores políticos de la ciudadanía nicaragüense.
Acá todos los casos integrados en la actualización:
Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de Nicaragua. Socavó los procesos o las instituciones democráticas, utilizando su oficina para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.
Arling Patricia Alonso Gómez, actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Gladis de los Ángeles Báez, actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
Loria Raquel Dixon Brautigam, actual primera secretaria de la Asamblea Nacional. Socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Alejandro Mejía Ferreti, actual tercer secretario de la Asamblea Nacional. Socavó los procesos y las instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Rosa Argentina Solís Dávila, jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua. Socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
Ángela Dávila Navarrete, actual jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la corte de apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
Denis Membreño Rivas, actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del Gobierno de Nicaragua. Socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin base legal alguna.
Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF. Socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de bienes de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.
Valeria Maritza Halleslevens Centeno, actual directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR). Socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR. Socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF). Socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar la SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial de Nicaragua como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin una base legal.
Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar las pensiones de los adversarios políticos sin una base legal.
El informe destaca la importancia de abordar la corrupción y la antidemocracia en Centroamérica. Según la Sección 353, las personas identificadas en el informe no son elegibles para visas o admisión a los Estados Unidos, y las visas actuales serán revocadas o canceladas.
El objetivo es evitar que estos actores corruptos encuentren refugio seguro en los Estados Unidos y disuadir sus actividades corruptas.
El Departamento de Estado continuará revisando la información y denuncias creíbles sobre corrupción y actividad antidemocrática en la región y utilizará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir estas acciones. El informe también se publicará en el Registro Federal, brindando transparencia a las medidas tomadas para combatir la corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Este informe revela un panorama preocupante de corrupción y antidemocracia en Centroamérica. Las personas identificadas han participado en acciones que socavan las instituciones democráticas y promueven la corrupción. La comunidad internacional debe tomar medidas efectivas para sancionar a estos actores y trabajar en conjunto para fortalecer la democracia en la región. Solo así se podrá construir un futuro más justo y transparente para los ciudadanos de estos países.
Según una documentación realizada por la Redacción de COYUNTURA, ya son más de 120 las y los funcionarios y exfuncionarios estatales de Centroamérica que forman parte de la "Lista Engel". No obstante, hasta la fecha, solamente el cinco por ciento de dichos ciudadanos ha sido sancionado o al menos implicado en un caso judicial en relación a las acusaciones vertidas por la administración estadounidense, complementadas por denuncias locales de organizaciones de la sociedad civil y/o medios de comunicación independientes.
Enjambre de corrupción y autoritarismo en la región debe ser enfrentado ahora
Esta actualización de la "Lista Engel" sacude a América Central, revelando un sombrío panorama de corrupción y autoritarismo en la región. Ante esta alarmante realidad, se hace imperativo abordar de manera urgente la corrupción y reforzar las instituciones estatales para garantizar la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho.
La corrupción endémica y la impunidad han minado la confianza ciudadana en los sistemas políticos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La manipulación de contratos gubernamentales, el lavado de dinero, los sobornos y la obstrucción de investigaciones son solo algunas de las prácticas corruptas que han permeado estas sociedades. Estos actos no solo desvían recursos esenciales destinados al desarrollo y al bienestar de la población, sino que también generan un ambiente de desigualdad y desconfianza en las instituciones.
Además de la corrupción, el informe destaca acciones antidemocráticas y autoritarias emprendidas por altos funcionarios y líderes políticos. La supresión de la libertad de expresión, la manipulación de procesos electorales y la persecución de opositores políticos son evidencias preocupantes de la erosión de los principios democráticos en la región. Estas prácticas antidemocráticas socavan la participación ciudadana, el pluralismo político y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales.
Para hacer frente a esta crisis, es fundamental reforzar las instituciones estatales y fortalecer el Estado de derecho. Esto implica tomar medidas concretas para garantizar la independencia y la transparencia de los poderes judiciales, fortalecer los mecanismos de control y supervisión, y fomentar una cultura de rendición de cuentas. Asimismo, se requiere una cooperación estrecha entre los gobiernos de la región y la comunidad internacional para abordar de manera integral este desafío.
Es necesario promover una mayor transparencia en los procesos de contratación pública, establecer mecanismos efectivos para prevenir y sancionar la corrupción, y fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de investigar y enjuiciar actos de corrupción. Esto debe ir acompañado de un firme compromiso político para erradicar la impunidad y garantizar que ningún individuo esté por encima de la ley.
La sociedad civil también tiene un papel crucial en este proceso. Es necesario fomentar la participación ciudadana, promover la educación cívica y la conciencia sobre la importancia de una cultura de integridad y transparencia. La presión ciudadana y la vigilancia activa son fundamentales para asegurar que los funcionarios públicos cumplan con su deber y actúen en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Esto es un llamado de atención para la región y una oportunidad para emprender acciones concretas en la lucha contra la corrupción y el autoritarismo. Solo a través del fortalecimiento de las instituciones estatales y el compromiso decidido de todos los actores involucrados se podrá restablecer la confianza ciudadana, promover el desarrollo sostenible y construir sociedades más justas y equitativas para el bienestar de las y los centroamericanos.
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