La OEA redobla la presión sobre Nicaragua y exige restaurar la democracia en Cuba, Venezuela y el país centroamericano
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La Asamblea General reunida en Panamá coloca nuevamente a Nicaragua en el centro del debate hemisférico. La organización demanda la liberación de presos políticos, condena las desapariciones forzadas y expresa alarma por la muerte del líder indígena y diputado legislativo Brooklyn Rivera bajo custodia estatal. Costa Rica advierte además sobre la presencia de fuerzas rusas y presuntos vínculos de organizaciones extremistas en territorio nicaragüense.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La Organización de los Estados Americanos (OEA) elevó esta semana el tono de sus cuestionamientos contra los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela al advertir sobre el deterioro de las libertades democráticas, la situación de los derechos humanos y la persistencia de presos políticos en los tres países.
Durante el 56º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en Ciudad de Panamá, la Secretaría General emitió una declaración en la que reiteró que la democracia representativa, la participación ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales continúan siendo pilares esenciales del sistema interamericano, al tiempo que expresó su preocupación por la deriva política de estos Estados.
El pronunciamiento llega en un contexto regional marcado por crecientes tensiones institucionales y coloca nuevamente a Nicaragua bajo el escrutinio internacional, pese a que el país formalizó su salida del organismo hemisférico en 2023.
Una advertencia regional sobre democracia y libertades
La Secretaría General sostuvo que Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen formando parte de la comunidad Interamericana y que, por tanto, la situación política interna de esos países continúa siendo una preocupación para el conjunto del hemisferio.
El organismo insistió este martes 23 de junio de 2026 en la necesidad de reconstruir sistemas democráticos que permitan elecciones auténticas, participación política efectiva y garantías para la libre expresión de la ciudadanía.
La OEA también reafirmó que el encarcelamiento de personas por razones políticas resulta incompatible con los compromisos internacionales asumidos por los Estados americanos. En consecuencia, reclamó la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos por motivos políticos y rechazó cualquier forma de persecución basada en la disidencia o las opiniones críticas.
Además, manifestó su disposición a acompañar eventuales procesos de diálogo, fortalecimiento institucional, observación electoral y reconstrucción de la confianza pública, siempre que dichos esfuerzos sean impulsados por los propios actores nacionales y cuenten con respaldo de los Estados involucrados.
Nicaragua concentra las mayores preocupaciones
Aunque la declaración general incluyó a Cuba y Venezuela, Nicaragua ocupó un lugar central en las deliberaciones de la Asamblea.
Los Estados miembros aprobaron una resolución específica que describe un escenario de deterioro progresivo de las instituciones democráticas, debilitamiento de la separación de poderes y restricciones sistemáticas a las libertades públicas.
El texto recoge preocupaciones ya expresadas por diversos mecanismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La organización hemisférica señaló que las denuncias acumuladas durante los últimos años revelan un patrón de violaciones graves y sistemáticas contra derechos fundamentales, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones a la libertad de expresión y asociación, así como persecución contra sectores opositores y organizaciones independientes.
Uno de los elementos más significativos del documento es la referencia al más reciente informe del GHREN, que sostiene que algunas de las violaciones documentadas podrían constituir, prima facie, crímenes de lesa humanidad.
Brooklyn Rivera: una muerte que reabre cuestionamientos
La muerte del histórico dirigente indígena miskitu Brooklyn Rivera se convirtió en uno de los asuntos más sensibles abordados por la Asamblea General.
La OEA expresó una profunda preocupación por el fallecimiento del exdiputado mientras permanecía bajo custodia estatal. Rivera contaba con medidas cautelares otorgadas por la CIDH y medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), destinadas a proteger su vida e integridad física.
El organismo hemisférico recordó que el Estado nicaragüense tenía la obligación de informar sobre sus condiciones de detención y garantizar su seguridad.
La resolución también menciona denuncias sobre posibles represalias contra familiares y miembros de la comunidad indígena tras su muerte, e insiste en la necesidad de esclarecer plenamente las circunstancias del caso.
La posición fue respaldada por el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, quien calificó el fallecimiento como un hecho de enorme gravedad y reclamó verdad, transparencia y rendición de cuentas.
Costa Rica eleva nuevas alertas
Durante su intervención ante la Asamblea General, Tovar introdujo además un elemento adicional al debate regional al expresar preocupación por la presencia militar rusa en Nicaragua.
Según afirmó, San José observa con inquietud la continuidad de operaciones y cooperación militar entre Managua y Moscú, así como la eventual presencia de integrantes vinculados a organizaciones como Hamás y Hizbulá.
El ministro costarricense señaló que las autoridades de su país detuvieron recientemente a varias personas relacionadas con Hamás, aunque no ofreció detalles adicionales sobre posibles conexiones con Nicaragua.
Las declaraciones reflejan el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que desde hace años mantienen únicamente vínculos consulares. Costa Rica retiró a su embajador en Managua tras la crisis política iniciada en 2018 y desde entonces ha sido uno de los gobiernos más críticos frente a las acciones del Ejecutivo encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Tovar también recordó el asesinato en territorio costarricense del exmayor del Ejército nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido en junio de 2025, y destacó que las investigaciones judiciales continúan avanzando para determinar responsabilidades.
Panamá reclama atención hemisférica
La apertura de la Asamblea General estuvo marcada por un discurso particularmente crítico del presidente panameño, José Raúl Mulino.
En calidad de anfitrión, Mulino sostuvo que la OEA no puede permanecer indiferente ante lo que describió como el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.
El mandatario denunció la persecución contra opositores, el cierre del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos nicaragüenses.
Su intervención incluyó también referencias a Cuba y Venezuela. Sobre la isla, expresó el deseo de que avance hacia una democracia plena. Respecto a Venezuela, insistió en la necesidad de una transición democrática respaldada por procesos electorales libres y supervisados internacionalmente.
Presos políticos, exilio y desnacionalización
La resolución aprobada por la Asamblea General dedica amplios apartados a las consecuencias humanitarias de la crisis nicaragüense.
El documento condena explícitamente las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura, y exige garantías de debido proceso para todas las personas privadas de libertad.
Asimismo, reclama condiciones de reclusión acordes con los estándares internacionales, incluyendo acceso a atención médica y comunicación con familiares.
La OEA también cuestionó las medidas adoptadas en los últimos años para retirar la nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses y confiscar bienes de opositores, periodistas, académicos y miembros de la sociedad civil.
En ese sentido, instó al Estado a restituir la ciudadanía y la personalidad jurídica a quienes fueron despojados de ellas, así como a crear mecanismos efectivos de reparación para las víctimas.
El organismo llamó igualmente a facilitar el retorno seguro de miles de nicaragüenses que abandonaron el país en medio de la crisis política y de derechos humanos.
Una crisis que sigue abierta
Ocho años después del inicio de las protestas de 2018, Nicaragua continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para los organismos internacionales de derechos humanos.
A pesar de su salida formal de la OEA, el país permanece bajo observación de mecanismos regionales y universales que han documentado restricciones crecientes a las libertades públicas, cierres de organizaciones civiles, clausura de universidades, confiscación de medios de comunicación y desplazamientos forzados de miles de personas.
La declaración aprobada en Panamá refleja que, para buena parte del continente, la crisis nicaragüense sigue siendo un asunto pendiente en la agenda hemisférica. La OEA insiste en que cualquier salida sostenible deberá pasar por la recuperación de garantías democráticas, la protección efectiva de los derechos humanos y la apertura de espacios políticos que permitan reconstruir la confianza institucional en un país que continúa profundamente polarizado y aislado de buena parte de sus vecinos regionales.
Christopher Landau, vicesecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, exigió hoy en la OEA "cero tolerancia" para los regímenes autoritarios de América continental.
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