¿Alcanzará la oposición acuerdos que garanticen la unidad antes de que anochezca?

Mientras el régimen se apresta a armarse de herramientas legales para escalar al extremo su política represiva y mientras prepara su campaña electoral a ritmo sostenido, está ya sobre la mesa del juego político el diseño de una Nicaragua post-elecciones, en la que Ortega tendría cinco años más en el poder, en alianza tácita con un sector económico y político nacional. ¿Alcanzará la oposición azul y blanco organizada acuerdos que garanticen la unidad de acción necesaria para impedir esta jugada? ¿Podrá la resistencia de la mayoría social azul y blanco presionar a la oposición organizada para que lo logre antes de que anochezca…?

El domingo 04 de octubre la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) conmemoró dos años de su conformación | Fotografía de EFE por Jorge Torres

Los acontecimientos de septiembre, el llamado “mes de la patria”, nos han mostrado a un régimen decidido a todo para conseguir permanecer en el poder después de la fecha electoral, 7 de noviembre de 2021. Con dos armas lo pretende: con represión y con división. Reprime para intimidar y desgastar. Y fomenta divisiones para desmoralizar y apagar la esperanza. Confían en que el miedo y la desesperanza se traducirán en abstención en las aún inciertas elecciones de noviembre. Saben bien que la participación masiva de la población en elecciones con estándares mínimos de credibilidad los sacarían del Gobierno.

La llama de abril y la mirada internacional

En todo el mes de septiembre la dictadura decidió escalar sin ningún pudor sus planes represivos.

Veamos la sucesión de los hechos. El 2 y el 9 de septiembre Ortega conmemoró con ostentosos actos los 41 años de creación del Ejército y de la Policía. En los discursos de esos dos días dejó bien claro que esos dos cuerpos armados son “los soportes fundamentales” de su poder. Así los llamó, insistiendo en la que considera indeleble marca de su origen: “Son Ejército Popular Sandinista y Policía Sandinista”, dijo.

En la noche y madrugada del 7 al 8 de septiembre aparecieron pegadas en postes, puertas, muros y vallas de casi un centenar de municipios del país papeletas con el rostro de Ortega y el lema ¡SE VA! El riesgo de realizar esta operación lo corrieron cienes de personas en una acción que sorprendió a las fuerzas represivas del régimen, a policías y paramilitares.

La Alianza Cívica se responsabilizó por la exitosa operación clandestina, que fue celebrada por la UNAB y por toda la población azul y blanco. Desde las multitudinarias movilizaciones de 2018 no había habido ninguna acción coordinada de estas dimensiones.

La cacería de opositores fue inmediata. Casas allanadas, hogares bajo asedio de patrullas policiales durante varios días, personas capturadas, personas retenidas en sus casas, incremento de presos políticos, algunos llevados a juicio, otros liberados en días después de amenazas y golpizas.

Al día siguiente de la audaz operación, 9 de septiembre, inició en San José, Costa Rica, un Tribunal de Conciencia con jurados de alto perfil internacional para juzgar 18 casos de violencia sexual perpetrada por las fuerzas represivas del régimen durante la insurrección ciudadana de 2018 y sufrida por once mujeres y siete hombres.

El 11 de septiembre el Tribunal concluyó que la tortura sexual practicada “sistemáticamente” por el Estado de Nicaragua, “con participación de autores materiales e intelectuales” hace responsable al Estado de “crímenes de lesa humanidad”.

Estos dos acontecimientos advirtieron al régimen que la llama de Abril está viva y que los ojos de la comunidad internacional siguen atentos a la matanza ocurrida en aquellas fechas.

El atroz crimen machista de Lisawe

El 13 de septiembre, en la comunidad de Lisawe, Mulukukú, Caribe Norte, un hombre violó y después asesinó a machetazos a una niña de doce años en presencia de su hermanita de nueve años, a la que también violó y mató.

Su madre, sola y al frente de un hogar en extrema pobreza, lloraba ante las cámaras de un medio independiente diciendo que en dos ocasiones le habían violado a la mayor, que ella puso dos veces la denuncia y que la Policía no la atendió. “Se pusieron a investigarme a mí, como que yo era la de la culpa”, dijo desolada. Un crimen atroz y una indefensión total que abre apenas un resquicio al abandono en que tanta gente sobrevive en amplias zonas rurales del país, donde ser niña y ser mujer es vivir en continuo peligro.

El 14 de septiembre, la Vicepresidenta anunció en su monólogo del mediodía que “entristecid@s” por estos hechos, Ortega había “orientado” a la Corte Suprema de Justicia reformar las leyes para penalizar con cadena perpetua “delitos que tipificamos como crímenes de odio”, que son “delitos de lesa humanidad”, ignorando que el crimen contra las niñas no es “de odio”, es un cruel asesinato expresión de la violencia machista, y que los delitos de lesa humanidad sólo los comete el Estado.

Ignorando también que este tipo de crímenes no se evitan aumentando el rigor de la pena, sino con sistemas de prevención eficaces y con modelos educativos inclusivos, como los que han propuesto y practicado desde hace muchos años las comprometidas y valientes organizaciones de mujeres de Nicaragua para enfrentar la pandemia de machismo que azota nuestro país desde siempre.

Cadena perpetua para "los hijos del diablo"

El 15 de septiembre, Día de la Independencia, se evidenció el objetivo de la iniciativa jurídica. Ortega reunió esa tarde a miembros de la Juventud Sandinista para recordar acontecimientos de hace casi doscientos años, cuando Centroamérica se liberó de la Corona española.

Después, lanzó tal vez su discurso más agresivo desde julio de 2018 contra quienes se levantaron contra él en abril. “No tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo, y están llenos de odio. Eso es lo que rezuman, odio, odio, odio nada más. Son criminales, cobardes, y se sienten intocables porque se les dio una amnistía. ¡Pero ya no habrá otra amnistía, el pueblo pedirá cuentas!”, fueron algunas de sus violentas palabras.

Confirmando el anuncio hecho por la Vicepresidenta y con la sarta de epítetos que lanzó esa tarde dejó claro que “los crímenes de odio” que pretende castigar con prisión perpetua serán los de la población azul y blanco que se mantiene en resistencia contra su dictadura.

El 16 de septiembre, la Vicepresidenta continuó arreciando las amenazas: “Orgullosos, vanidosos, soberbios, terroristas, mentirosos, hipócritas, vendepatria, agachados. Ahora pretenden ser los grandes demócratas. ¿Qué son? Asaltantes, ladrones, criminales, terroristas, malignos. Son serpientes”, dijo, elevando así el clima de intimidación extrema con el que Ortega está preparando su escenario electoral para provocar la abstención de la población azul y blanco.

Cárcel y confiscación para los "agentes extranjeros"

El 22 de septiembre se conoció que los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional discutirían un proyecto de ley de “regulación de agentes extranjeros”.

En nombre de la soberanía nacional, el proyecto de ley define al agente extranjero como toda “persona natural o jurídica, nicaragüense o de otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua, percibe fondos, bienes o cualquier objeto de valor provenientes, directa o indirectamente, de Gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sean, que trabaje, recibe fondos o responde a organismos que pertenecen o son controlados, directa o indirectamente, por Gobiernos o entidades extranjeras”.

Esas personas deben “registrarse” ante el Gobierno, que investigará su actividad y procederá a prohibir la recepción de esos fondos. Además, quienes sean identificados como agentes extranjeros no podrán aspirar a ser candidatos a cargos públicos de elección o a trabajar en cualquier cargo público, prohibición que seguirá vigente, aun cuando renuncien a recibir fondos, hasta un año después de la renuncia a su relación con la agencia de cooperación. El proyecto de ley anuncia también confiscación de bienes inmuebles y cuentas bancarias a quienes se compruebe son “agentes extranjeros”.

En Nicaragua es hoy innumerable -y han sido innumerables a lo largo de los últimos cuarenta años- los proyectos de desarrollo, culturales, sociales, de educación, de salud, de capacitación, de medios de comunicación, de investigación, de derechos humanos, para la infancia, para las mujeres, para emprendedores… que son sostenidos totalmente por recursos de la cooperación externa.

De aprobarse, este proyecto de ley, inaudito en sus alcances, abierto por su redacción a una total discrecionalidad en manos de la dictadura, significaría un golpe estratégico contra todas las organizaciones de la sociedad civil, contra toda la oposición y contra las libertades públicas.

Como en Hungría y Rusia

Según el Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (ICNL, por sus siglas en inglés), una institución de prestigio internacional especializada en el análisis del marco legal en que operan las organizaciones no gubernamentales en todo el mundo, “el proyecto de ley de Nicaragua sigue la misma tendencia que hemos analizado en otros países como Rusia, Hungría, Ucrania y Kirguistán, que han establecido restricciones legales para el acceso a fondos extranjeros de las organizaciones de la sociedad civil, con una legislación que clasifica a quienes reciben cooperación internacional como “agentes” de sus donantes y que impone requisitos estigmatizantes y onerosos con sanciones severas por incumplimientos técnicos”.

Terrorismo fiscal y censura de prensa

En esta desmedida escalada para castigar y/o de intimidar para vencer, la represión con la que Ortega prepara su escenario electoral ha tomado también formas de terrorismo fiscal.

El 2 de septiembre, Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, denunció que la Dirección General de Ingresos (DGI) le estaba haciendo un cobro -sin sustento legal- por 9 millones y medio de córdobas aduciendo impuestos no pagados, y la amenazaba con la cárcel a ella, a su madre y a su hermana -socias en un negocio inmobiliario- si no cancelaban esa cantidad. Su denuncia pública alentó a otros empresarios a reconocer estar siendo víctimas de presiones similares.

Según investigación del diario La Prensa, el acoso fiscal se ha generalizado y la alcaldía de Managua ha entablado acusaciones por defraudación de impuestos al menos a 200 empresas de diferentes tamaños.

De graves consecuencias para la libertad de información y como una política de censura de prensa resultó el terrorismo fiscal que el 11 de septiembre se aplicó al Canal 12, una de las dos empresas de TV, con el Canal 10, que en la televisión abierta ofrecen una información diferente de la que repite el régimen en su media docena de canales.

Todos los bienes del Canal 12 y hasta los bienes personales de su director, Mariano Valle, fueron embargados, aduciendo una deuda de 21 millones de córdobas en impuestos no pagados hace siete y ocho años. El embargo se le aplicó después de que la empresa había hecho una costosa inversión en equipos y en tecnología para mejorar su señal. Valle negó la deuda y dijo ser víctima de una nueva confiscación, pues el Gobierno del FSLN de los años 80 también le confiscó sus propiedades.

Populismo pro-votos

Al borde el país de una depresión económica a la que no se le ve salida, el régimen, ávido de obtener recursos de donde pueda, a la vez que presiona a los empresarios y aumenta multas e impuestos, multiplica la ayuda a los estratos más empobrecidos de la población para asegurarse votos.

Sus medios de comunicación informan continuamente de actividades en donde entrega alimentos u ofrece consultas médicas gratuitas, que los más pobres agradecen a la generosidad “del comandante y la compañera”.

Para la campaña electoral el énfasis lo pondrá en las viviendas sociales, un programa de política pública muy necesario dado el déficit nacional de viviendas, no resuelto durante los catorce años de Ortega-Murillo en el poder.

La mayoría de las viviendas se construirán en Managua, donde es mayor la población votante. Este mes la alcaldía de Managua anunció que en 2020 ha entregado ya 1 mil de estas casas y en 2021 serán 3 mil. Las viviendas que se entregarán en 2021, año electoral, serán financiadas por un reciente préstamo de 171.6 millones de dólares que Ortega obtuvo del BCIE. En la preparación del escenario electoral, el régimen, como todo Gobierno, juega con ventaja porque las inversiones públicas, que son su obligación, las presenta populistamente.

Populistas y peligrosas han sido las medidas, sin asidero legal, de conceder el beneficio de convivencia familiar a 23 mil presos comunes, que han salido de las cárceles desde 2019 hasta este septiembre “patrio”. Aunque la mayoría guardaba prisión por delitos menores, algunos cumplían condenas por delitos mayores. De entre éstos, 514 han sido identificados como femicidas por las organizaciones de mujeres.

La libertad de estas personas, que difícilmente podrían encontrar trabajo en un país con creciente desempleo, está incrementando la inseguridad en todo el país. El régimen, con problemas sanitarios que no reconoce, los saca de la cárcel para evitar que mueran de Covid -como ya sucedió entre mayo y junio según testimonios de otros reclusos-, y con los serios problemas presupuestarios que enfrenta, se ahorra el darles de comer. Otorgándoles “generosamente” la libertad se espera que ellos y sus familias serán votantes agradecidos en noviembre de 2021, aunque nadie puede asegurarlo, dada la inconformidad generalizada, también entre estas miles de personas, que experimentaron maltrato en las cárceles.

¿Serán monedas de cambio?

¿Serán las leyes represivas e intimidatorias “fichas” para canjear en una probable mesa de negociación en la que Ortega tenga que acordar con qué reformas electorales irá el país a los comicios de 2021? Ya lo hizo en previas negociaciones, cuando excarceló -aunque nunca liberó- a presos políticos como “monedas de cambio”.

En una carta de julio 2020, el preso político John Cerna, estudiante de ingeniería y condenado a doce años de cárcel, se refiere a esto cuando escribe desde la cárcel: “De entre los presos políticos han “priorizado” a unos 37 de los casi 100 por problemas médicos. Nos han sacado a chequeos bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero en realidad sólo es protocolo para asegurar que sus “monedas de cambio” estén vivos y “sanos”. En una ocasión hablé con la encargada del Comité, quien me aseguró que venían porque las “autoridades” lo piden”.

Necesitamos 1 millón 500 mil votos

En qué condiciones llegará Nicaragua a noviembre 2021 es totalmente incierto. Hoy, lo único cierto es que la comunidad internacional que respalda los reclamos de democracia de la población azul y blanco no presenta fisuras: la salida electoral a la crisis nicaragüense debe pasar por elecciones libres y justas. Pero para que los comicios tengan esas características falta mucho¬ trecho, negociaciones que de ser verdaderas serán arduas y aún no inician.

Otra certeza es el hecho de que la población azul y blanco no ve aún el sol claro respecto a qué hará en esas elecciones. Cierto también es que Ortega prepara ya a conveniencia su escenario electoral y que la oposición organizada no termina aún de debatir para unirse en un solo bloque.

El experto electoral José Antonio Peraza utiliza números redondos para graficar la cantidad de votos que necesitaría la oposición azul y blanco para lograr que Ortega “se vaya”, lo que fue el clamor de las movilizaciones de Abril al que hicieron eco las papeletas de septiembre 2020.

Ortega -dice Peraza- “haciendo todo lo que ya está haciendo podría obtener hasta 700 mil votos. La oposición azul y blanco necesita duplicar y un poco más ese número. Necesita conseguir por lo menos 1 millón 500 mil votos para ganar la Presidencia y la mayoría cualificada de 60 diputados en el Legislativo, porque sólo así podremos hacer los cambios que el país requiere”.

También advirtió que si no existe una sólida unidad opositora, si la población azul y blanco se divide en dos o más opciones, Ortega podría, con ese número de votos que tiene asegurado, conseguir una victoria que lo legitimaría para cinco años más en el Gobierno.

Como la Constitución de Nicaragua no exige un porcentaje mínimo para ganar, ni tampoco establece la segunda vuelta, le bastaría a Ortega para ganar cualquier porcentaje mayor que el de cualquiera de las opciones que lo enfrenten. En ese caso, si son dos mejor, y si son tres mejor que dos…

El proyecto que ya está sobre la mesa

Hay cada vez más evidencias -Peraza lo confirmó explícitamente en una entrevista en el Canal 10 en los días patrios- que un sector del gran capital financiero y del empresariado organizado en la Alianza Cívica, han conseguido atraerse a la juventud organizada en la Alianza para que abandone la Coalición Nacional y cobijarse todos estos sectores bajo la bandera del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que ofrece un proyecto de centro-derecha excluyente.

De concretarse la división de la oposición organizada, y de llegar así a las elecciones, la mayoritaria población azul y blanco tendría que elegir entre ese proyecto y el proyecto incluyente y progresista de la Coalición Nacional, en la que participan la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) -integrada por movimientos sociales y juveniles-, por cuatro partidos políticos, por el Movimiento Campesino y por otros gremios organizados.

Es de prever que la división de la oposición azul y blanco en dos polos, sumada a la represión -si no cesa totalmente la de policías y la de los paramilitares-, contribuya a la abstención, lo que es el ideal de Ortega, y haría de CxL la pieza estratégica para sus planes de continuidad en el poder.

Sobre las consecuencias que tendría la fractura en la Alianza Cívica, abandonando la Coalición Nacional -esfuerzo de unidad que la Alianza ayudó a crear a inicios de 2020- y que tantas esperanzas despertó, y sobre la urgencia de construir un movimiento de oposición unitario habla ampliamente en este mismo número el catedrático Ernesto Medina, reconocido miembro de la Alianza desde su creación en mayo de 2018.

Las Elecciones en el COSEP

En este contexto de incertidumbres se celebraron elecciones el 8 de septiembre en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Las expectativas sobre cuáles serían los resultados fueron una novedad, después de trece años de reelecciones continuas al frente del COSEP de José Adán Aguerri, operador político del grupo Pellas, el mayor grupo empresarial del país.

Bajo presión de importantes sectores del COSEP, Aguerri decidió no postularse más. Pero los votos de las cámaras empresariales (14 vs. 8) no parecen haber conseguido un cambio sustantivo en la correlación de fuerzas entre el COSEP y el régimen de Ortega. Resultó electo como nuevo presidente del COSEP el empresario agroexportador Michael Healy, quien fuera vicepresidente de Aguerri en sus últimos tres años al frente del COSEP. Electo como vicepresidente de Healy quedó el empresario ganadero Álvaro Vargas. Ambos pertenecen al sector empresarial de la Alianza Cívica, el que hoy se inclina a salirse de la Coalición Nacional para colocarse bajo el alero de CxL.

En unas primeras declaraciones Healy habló de la necesidad de llegar a un “acuerdo” con Ortega, lo que causó preocupación en la población azul y blanco. Dijo entonces haber sido mal interpretado y en nuevas declaraciones insistió en la necesidad de celebrar elecciones, aunque sin presos políticos y con las libertades ciudadanas restauradas. También es verdad que, uniéndose a la comunidad nacional y a la internacional, Healy calificó la ley de “agentes extranjeros”, que afecta también a la empresa privada, como “totalitaria y confiscatoria”, advirtiendo que puede “crear un caos gigantesco”.

COSEP: ¿Más de lo mismo?

¿Hubiera variado algo el escenario político si hubiera ganado la dupla que compitió con Healy-Vargas, la integrada por el presidente de la Asociación de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos Mario Hanon y Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio (ver su pensamiento en Envío de agosto 2020)?

A primera vista, la fórmula Hanon-Hilleprandt representaba más posibilidades de renovación en el sector empresarial. Antes de las votaciones, Hanon propuso a Healy un debate público ante el país y Healy no lo aceptó.

De hecho, entre las ocho cámaras del COSEP que votaron por Hanon-Hilleprandt, están las más grandes por el número de agremiados y las que representan el 70% del PIB nacional. Se impusieron las cámaras más recientes, las creadas en tiempos de Aguerri, las que siempre respaldaron sus sucesivas reelecciones y las que se dice se beneficiaron más del modelo corporativo que Aguerri defendió y condujo durante una década.

El día de la votación, las ocho cámaras empresariales que votaron por Hanon-Hilleprandt no aceptaron integrar la nueva junta directiva del COSEP. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara de Turismo, explicó a La Prensa que se negaron porque “con los estatutos que tenemos actualmente, la junta directiva no pinta nada y quedar en la directiva sólo hubiese servido para publicar una foto y decir que la integraban también las cámaras que propugnamos por el cambio”.

Valenti lamentó el machismo que existe en un sector del empresariado, expresado “en cómo fuimos ferozmente atacadas y difamadas cobardemente con alevosía” ella, Hilleprandt y Ximena González, presidenta del INDE, promotoras de la renovación del COSEP, por algunos sectores empresariales “que no perdonan que las mujeres nos atrevamos a emitir nuestra opinión y a ejercer nuestro liderazgo”. Las tres empresarias jugaron un papel fundamental en lograr evitar la reelección de Aguerri.

Algo se consiguió. Sin embargo, las primeras señales post-elecciones indican que Aguerri conserva aún mucho poder. El resultado de la elección demostraría que su “reinado”, en representación de los influyentes “consejeros” del COSEP, no ha terminado.

Demasiado silencio ante tanta represión

La realidad es que nunca los “consejeros” del COSEP -representantes del capital financiero nacional- quisieron enfrentar a Ortega cuando éste demostró en abril de 2018 que su dictadura institucional -con la que convivieron sin mayores problemas- era también una dictadura criminal.

Fue hasta en mayo de aquel año que se escucharon por primera, y única vez, sus voces. En aquella ocasión, Carlos Pellas, Roberto Zamora (grupo financiero Lafise) y Ramiro Ortiz (grupo financiero Banpro), en declaraciones que dieron por separado “pidieron” a Ortega el cese de la violencia y elecciones anticipadas.

Entrado 2018, cuando fracasó el diálogo nacional, cuando culminó la sangrienta “operación limpieza” y el país entró en el túnel de un estado policial de facto, no dijeron nada más. Y cuando en el diálogo 2.0 que algunos de ellos promovieron entre febrero y mayo de 2019, fueron burlados por el régimen y nada dijeron.

Hoy, nada sugiere que cambien en su estrategia acomodaticia. O que cambien sus percepciones negativas sobre los liderazgos políticos que emergieron en Abril y sus desconfianzas sobre las demandas de verdaderas transformaciones en la política nacional que hacen esos liderazgos. Más bien, parecen disponerse a un arreglo político con el régimen que garantice sus negocios y sus ganancias. Para ello, también parecen listos a respaldar el proyecto político-electoral de CxL, en nombre de la estabilidad nacional.

En 2013, el consejero del COSEP Carlos Pellas, dueño del mayor grupo empresarial de Nicaragua, afirmaba sin dudarlo: “Estamos viviendo en un país abierto. Aquí todo el mundo es libre de moverse, la prensa es libre de opinar y es desde ese punto de vista que considero que estamos viviendo en una sociedad abierta”.

Siete años después, ¿la amenaza, o la entrada en vigor de la ley de la cadena perpetua y la que regulará a los agentes extranjeros, cambiarán tal vez su punto de vista? ¿Harán que él y los otros consejeros del COSEP renuncien al proyecto del “aterrizaje suave”?

El proyecto del "aterrizaje suave"

Bajo el alero de CxL conseguirían los consejeros del COSEP y ciertos sectores del empresariado el tan mencionado “aterrizaje suave” que ofrecerían a Ortega y a los suyos: elecciones con garantías limitadas que permitan una transición no caótica y que garanticen a Ortega quedarse en el país y hasta ganar las elecciones, y si las perdiera, conservar cuotas importantes de poder económico y político.

Los grandes capitales del país quisieron esta salida desde abril de 2018, pero era imposible con una insurrección ciudadana en las calles. Apostaron de nuevo por el aterrizaje suave en el diálogo 2.0 de 2019, cuando vieron surgir el fenómeno Guaidó en Venezuela. Tampoco funcionó. ¿Vuelven de nuevo a esta opción en las próximas elecciones, cuando la pandemia y tres años de recesión han colocado a Nicaragua en una situación económica dramática?

En su último blog, el economista independiente Néstor Avendaño describe con cuidado realismo el drama: “En un escenario óptimo -escribe- cuando haya dos o tres vacunas eficaces para ser aplicadas a la población de todo el mundo a partir de 2021, una tarea que podría durar al menos tres años según los expertos, en Nicaragua el crecimiento económico posterior a la pandemia tardaría muchos años para cumplir con la definición moderna de “recuperación económica”. El ingreso interno bruto per cápita promedio anual habría descendido en 2020 de los 2,182 dólares de 2017 a los 1,761 dólares anuales de 2013. La economía nicaragüense habría retrocedido ocho años en 2020, transformándose la recesión económica en una depresión económica al concluir 2020”.

¿Hacia un modelo corporativo 2.0?

Aunque aún faltan meses y faltan por verse eventos previsibles y hasta acontecimientos imprevistos para imaginarnos cómo llegará Nicaragua al 7 de noviembre de 2021, un escenario con muy limitadas reformas en el sistema electoral -que es lo más probable que se consiga si la oposición organizada negocia dividida-, y un escenario en el que Ortega compita con dos bloques opositores es lo que se avecina como probable.

¿Este escenario le daría el triunfo a Ortega y a Murillo, quienes con toda seguridad serán los candidatos del FSLN? ¿O no lo serán y optará Ortega por maquillarse presentando a otras figuras? ¿A quiénes…?

Con una división de la oposición organizada, gane o pierda el FSLN, es previsible desde ya que habrá un acuerdo entre el gran capital y Ortega, quien mantendría a sus socios siempre en posición subordinada.

¿Qué negociarían? Si gana Ortega, habría una versión 2.0 del modelo corporativo de “diálogo y consenso” que funcionó hasta abril de 2018 con escasos cambios, pero en un escenario económico post-depresión, dominado por la “histéresis” que pronostica Avendaño, y que no significa otra cosa que las secuelas económicas de un período tan prolongado de recesión económica, secuelas que persisten más de lo calculado, provocando varios años con bajos niveles de inversión.

Si ganara CxL, en la versión 2.0 se reduciría la carga que representa hoy para el empresariado la reforma tributaria vigente. Se reduciría el tamaño del Estado. Se compondría algo la destruida institucionalidad... Nada esencial cambiaría. Todo este pacto, este kupia-kumi, se acordaría en nombre de la estabilidad nacional y de la paz. Y Ortega, naturalmente, socavaría “desde abajo” al nuevo Gobierno para hacerlo fracasar.

Las preguntas de hoy

Hoy, 30 de septiembre, a catorce meses de la cita electoral, son muchos los interrogantes. El primero de todos: ¿habrá condenas de “cadena perpetua” para alguien y eliminación de candidaturas por “agentes extranjeros” para algunos o estas leyes extremas serán sólo herramientas intimidatorias de la dictadura?

¿Cómo hará un sector del empresariado y CxL digerible a la mayoría azul y blanco un arreglo con Ortega? Hay quienes dudan de que el polo empresarios CxL resulte atractivo a la población azul y blanco. De lo que no hay duda es que podría abonar a la abstención. ¿Cómo reaccionará la población azul y blanco a los largos años de depresión económica que se avecinan sin tener al menos el “consuelo” de haberse librado de la dictadura, sabiendo que inician otros cinco años de “aterrizaje suave”?

¿Y cómo reaccionará a todo este proyecto la comunidad internacional? Es probable que si percibe que las elecciones tuvieron estándares mínimamente creíbles y hubo una observación internacional adecuada, podría olvidarse de Nicaragua dando por resuelta la crisis iniciada en abril porque ya “hablaron” los votos de los nicaragüenses. En medio de los conflictos geopolíticos que hay actualmente en todo el planeta, agudizados ahora por la prolongada pandemia de un virus tan insidioso, la prioridad de la comunidad internacional es reducir conflictos en cualquier lugar del mundo y a cualquier precio.

Qué esperar de la comunidad internacional

Si es la división de la oposición organizada o la mezquindad y los intereses de algunos actores nacionales lo que mantiene a Ortega en el Gobierno por cinco años más, esto será responsabilidad de los nicaragüenses y no de la comunidad internacional.

La posición de la comunidad internacional que ha influido en la crisis nicaragüense se podrá ver con mayor claridad en los próximos meses, cuando varios eventos decisivos ocurran y se vea si facilitarán que el proyecto que favorece a Ortega vaya adelante y se consolide como una opción, o si la oposición logra una unidad más sólida.

En ocasión de las fiestas patrias de septiembre, en el mensaje que envió a Nicaragua el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, comparó a Ortega con Somoza al decir que “se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo”, afirmando también que con su actuación Ortega “ha perdido legitimidad ante el pueblo nicaragüense y ante la comunidad internacional”.

En octubre, antes de las elecciones en Estados Unidos, se reunirá la Asamblea General de la OEA, que abordará de nuevo el caso de Nicaragua. La seria advertencia de Pompeo, ¿anuncia que la OEA podría declarar ilegítimo al Gobierno de Nicaragua? Para ello bastarían 18 votos, los que en reuniones anteriores se han conseguido para aprobar resoluciones muy críticas al Gobierno de Ortega.

¿Ultimátum a Ortega?

El 25 de septiembre, Alfredo Cesár, aliado de CxL, dio a conocer una propuesta de resolución que la OEA presentará a Ortega en su Asamblea General, emplazándolo de forma perentoria para que inicie negociaciones con la oposición sobre las reformas electorales que garanticen unas elecciones libres, justas, transparentes y observadas por la comunidad internacional para salir de la crisis de manera cívica.

El últimatum le exige diez reformas esenciales al colapsado sistema electoral nicaragüense, y también que desarme a los paramilitares, advirtiéndole que si no cumple esas condiciones las elecciones serán declaradas ilegítimas y quien gane no será reconocido por el organismo regional.

Reformas electorales: propuesta de consenso

El día 22, todas las organizaciones integradas en la Coalición Nacional enviaron a la OEA la propuesta de reformas electorales elaborada por el Grupo pro Reformas Electorales. Desde hace unos quince años, el Grupo ha estado trabajando en las reformas que necesita el deteriorado sistema electoral nacional, más dañado aún como resultado del pacto FSLN-PLC del año 2000.

En el texto firmado este mes por la Coalición Nacional se logró un avance importante que hasta ahora el PLC no aceptaba. Como segunda fuerza, el PLC tenía desde el pacto el privilegio de ocupar una posición en todas las estructuras electorales, las departamentales, municipales, regionales y en todas las juntas de votación. El PLC ha renunciado a ese privilegio y la propuesta que firmó establece que esas posiciones se “ciudadanicen”. Para ocuparlas, se elegiría aleatoriamente a ciudadanos del padrón electoral.

Otros dos avances logrados son reclamos de las nuevas fuerzas que emergieron en la rebelión de Abril. Uno es la “flexibilización” de los requisitos para que en las próximas elecciones participen nuevos partidos políticos. Otro es garantizar “autonomía” a las alianzas electorales entre partidos y movimientos sociales y políticos para que quienes integren las nuevas alianzas “decidan nombre, siglas, bandera, emblema, representación legal y solicitud de una casilla independiente”.

Tener una casilla propia en la que se reúna toda la oposición azul y blanco ha sido una demanda priorizada e insistente de la UNAB y de otros grupos nacidos o renacidos en Abril.

CxL y las "agendas particulares"

Consecuente con su plan de construir otra opción, Ciudadanos por la Libertad se abstuvo de firmar la propuesta del Grupo Promotor. Tampoco la firma¬ron el Cosep y los empresarios de empresas nicaraguenses-estadounidenses agrupadas en AMCHAM. Sin duda, señales que indican que el proyecto de dividir a la oposición organizada en dos bloques se mantiene sobre la mesa. FUNIDES, “think tank” de la empresa privada, sí la firmó.

CxL había participado activamente durante meses en la mesa multisectorial sobre reformas electorales, espacio donde la oposición azul y blanco organizada llegó en diciembre de 2019 al más amplio y unánime consenso que había logrado hasta ese momento. Sorpresivamente, el 2 de junio de 2020 -seguramente cuando comenzó a concretarse el proyecto del que aquí hablamos- la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, anunció que abandonaba la mesa alegando que había en ella “agendas particulares” con las que no coincidía, sin especificar cuáles eran.

Ese mismo día quedó más claro su proyecto cuando invitó a todos los opositores a agruparse bajo una nueva propuesta unitaria, que encabezaría CxL.

"Este país no es de izquierdas"

Las “agendas particulares” a las que se refería Monterrey son precisamente los avances que señalamos tiene ahora la propuesta consensuada y firmada por todas las organizaciones que integran la Coalición.

Con la renuncia a su privilegio de “segunda fuerza”, el PLC -rival de CxL en una disputa dentro de las filas del liberalismo que se ha prolongado casi dos décadas-, mejora su imagen. La flexibilidad para crear nuevos partidos y formar alianzas con menos requisitos es considerada por Monterrey un vehículo para ayudar “a organizarse y a visibilizarse a grupos de origen sandinista, que considera no tienen peso y además son de izquierda, “y este país hasta donde yo sé no es de izquierda”, dice, excluyéndolos.

De los riesgos de convertir la lucha contra la dictadura en una lucha ideológica habla también Ernesto Medina en paginas siguientes.

No es una lucha ideológica, sino patriótica

Un dirigente de uno de los grupos que menciona Monterrey, Víctor Hugo Tinoco, quien fuera vicecanciller del Gobierno del FSLN en los años 80, expulsado de ese partido a pedradas en 2005 cuando decidió apoyar la candidatura presidencial de Herty Lewites, hoy en el MRS, reflexionaba así sobre la posición de CxL de negarse a participar en la Coalición Nacional, ratificada ahora al no firmar la propuesta de reformas electorales que será enviada a la OEA.

“Si tenés voluntad patriótica -dice Tinoco- te ponés de acuerdo. Si CxL decidiera no entrar en la Coalición Nacional me parece que sería el peor error que habrían cometido el señor Eduardo Montealegre y doña Kitty Monterrey, que son los líderes reales de esa fuerza política. Siendo ellos personas que, por corridas en la política saben que la unidad es imprescindible, sería su peor error. Irse por aparte CxL sería ignorar la demanda patriótica de unidad”.

La voluntad patriótica de tantos

Voluntad patriótica continúa habiendo por todo el país. La demostraron los cientos de personas de casi cien municipios que se arriesgaron a pegar en la madrugada las papeletas con ¡SE VA!” dedicado a Ortega.

La demostró Tania González, literalmente arrastrada a la cárcel por un grupo de policías cuando luchó con ellos para que no le arrebataran las banderitas plásticas de Nicaragua que vendía en su ferretería en San Carlos. “¡Me llevan por vender banderas!”, gritaba orgullosa desde la patrulla, con las banderas que salvó del ilegal decomiso policial.

Demuestra continuamente voluntad patriótica el expreso político chontaleño Lenín Salablanca.

En marzo de 2019 reprodujimos en Envío el mensaje que Salablanca logró sacar desde la cárcel. En él afirmaba que, a once meses del alzamiento de Abril Nicaragua se había convertido en un país “de desterrados, encerrados, aterrados y enterrados”.

Desterrados, los más de 60 mil que ya se habían visto forzados al exilio. Encerrados, los más de 700 que estaban entonces en la cárcel “por denunciar -decía- la injusticia, por no callar y ejercer su libre expresión”. Aterrados, los miles que “temen ser capturados o despedidos, vapuleados o amenazados por pensar diferente al Gobierno”. Y enterrados los centenares que fueron “víctimas de los buitres opresores al demostrar la fuerza del amor y la capacidad de tomar decisiones para ayudar a sus hermanos”.

Salablanca no hablaba de “derrotados”. Ha demostrado no serlo, y como tantos otros, desde que lo excarcelaron no ha dejado de ser asediado y amenazado, detenido y golpeado, y nunca se ha callado, reclamando con gran dignidad y espíritu de resistencia pacífica la injusticia que cometen los policías que lo intimidan.

"Si alguien dijo que era fácil..."

Lenin Salablanca representa a millones. En las fiestas patrias, cuando después de la última carceleada le pidieron un mensaje para Nicaragua, dijo: “No perdamos la esperanza, la fe y el amor. Si alguien dijo que esto era fácil estaba engañando”. Es el mensaje más exacto y adecuado para el crítico momento que hoy enfrentamos... antes de que anochezca.

---

Lea el artículo de la Revista Envío aquí.