La muerte silenciosa del internet libre
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"La libertad en internet a nivel global disminuyó por decimoquinto año consecutivo. No estamos ante una tendencia: estamos ante una catástrofe en cámara lenta para los derechos humanos", dice Freedom House. "La censura ha mutado de la prohibición directa a formas más refinadas y sistémicas de control. Ya no se cierran periódicos: se vigilan pantallas", señala Artículo 19.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Hubo un tiempo en que internet fue proclamado el gran ecualizador de la historia moderna. La promesa era sencilla y poderosa: una red abierta, sin dueño ni frontera, donde cualquier persona —desde un campesino guatemalteco hasta un estudiante en Managua o un gran empresario en Costa Rica o España— podría acceder al conocimiento, organizarse políticamente y hacerse oír ante el mundo. Esa promesa está siendo enterrada. No con estrépito ni con un decreto solemne, sino con la paciencia metódica de los regímenes que saben que el control duradero no se impone de golpe, sino centímetro a centímetro.
Los números son implacables. La libertad en internet a escala global ha caído durante quince años consecutivos, según el informe "Freedom on the Net 2025". De los 72 países evaluados por Freedom House, las condiciones empeoraron en 28 de ellos. Más de 4.600 millones de personas —más de la mitad de la humanidad— vivieron bajo alguna forma de restricción, censura o apagón digital durante el último año. No estamos ante un fenómeno marginal o anecdótico: estamos ante la reconfiguración más profunda del espacio público desde la invención de la imprenta.
Centroamérica no es una víctima pasiva de esta tendencia global; es, en muchos aspectos, su laboratorio más audaz. La región lleva años siendo escenario de experimentos autoritarios en el control digital, y el resultado ya tiene nombre y apellido en los informes internacionales.
Nicaragua es el caso más grave y el mejor documentado. El régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha construido, con paciencia artesanal, un Estado policial digital que no envidia nada a los modelos de Irán o Bielorrusia. El jueves 06 de noviembre de 2025 entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes —Ley 1223, apodada "Ley Mordaza 2.0"— que otorgó al regulador Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) poderes sin precedentes: puede exigir a cualquier operador de telecomunicaciones información georreferenciada y detallada sobre sus usuarios, incluyendo metadatos, historial de navegación y ubicación, sin necesidad de orden judicial. La ley faculta además a TELCOR para realizar auditorías con fuerza pública e imponer licencias a los creadores digitales. En la práctica, significa que la pseudo-monarquía de Managua puede leer tus mensajes, saber dónde estás y silenciarte antes de que hayas pronunciado una sola palabra.
La infraestructura de este control tiene proveedores concretos. En 2025, TELCOR firmó un memorándum con Rostelecom Solar, empresa rusa de ciberseguridad señalada por gobiernos occidentales por su cercanía al aparato estatal de Moscú. Al mismo tiempo, empresas chinas —entre ellas Zhengzhou Coal Mining Machinery Group— firmaron contratos por casi 107 millones de dólares para construir redes 4G con equipos Huawei en Nicaragua, desde hace más de un año. El país no solo está cerrando su internet: está eligiendo con qué tecnología y bajo qué tutela lo hace. No es casualidad. Es una decisión estratégica con consecuencias generacionales.
Las consecuencias para las y los ciudadanos son ya visibles y brutales. En Nicaragua han sido clausurados más de 60 medios de comunicación. Los sitios web de La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y Onda Local fueron bloqueados mediante la manipulación de dominios administrados por una universidad estatal. Un profesor universitario retirado, Freddy Quezada, fue arrestado y posteriormente exiliado por criticar al régimen en redes sociales. Freedom House bajó a Nicaragua de la categoría "parcialmente libre" a "no libre" en su evaluación de 2025, situándola junto a Rusia, China, Irán y Turquía. No es una clasificación retórica: es la descripción técnica de un país donde la expresión digital ha dejado de ser un derecho para convertirse en un riesgo penal.
Por otro lado, El Salvador bajo Nayib Bukele ha construido un modelo diferente pero igualmente preocupante: el del populismo digital. Bukele domina las redes con maestría y ha convertido Twitter —ahora X— en su tribuna predilecta, pero al mismo tiempo ha criminalizado la disidencia en línea, estigmatizado a medios independientes y utilizado el estado de excepción para expandir la vigilancia. La estrategia no es la censura tosca del siglo XX: es el dominio del ecosistema informativo, la saturación del espacio con narrativa oficial hasta asfixiar las voces discrepantes.
Honduras y Guatemala reproducen variantes del mismo patrón: legislaciones opacas sobre telecomunicaciones, monitoreo de redes sociales por parte de entes gubernamentales, y una creciente criminalización de la denuncia periodística en plataformas digitales.
Incluso Costa Rica, oasis histórico de libertad de prensa en la región, enfrenta señales de alerta. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya advirtió en 2025 sobre un "ambiente de creciente deterioro de la libertad de expresión" en el país. Las agresiones al periodismo se amplifican en entornos digitales mediante campañas de descrédito e intimidación, afectando especialmente a mujeres periodistas y personas LGBTIQA+. La ventana de oportunidad para revertir esta tendencia no es indefinida.
Ahora bien. Lo que ocurre en Centroamérica no es una anomalía regional: es el reflejo amplificado de una tendencia global que los académicos ya han bautizado con un término preciso y perturbador: splinternet. La idea es sencilla y aterradora. El internet que Sir Tim Berners-Lee concibió como "un espacio común de información donde la humanidad pudiera compartir conocimiento más allá de las fronteras" está siendo desmantelado, viga por viga, en múltiples frentes simultáneos.
China tiene su Gran Cortafuegos, una burbuja digital nacional de dos mil millones de personas donde Google, YouTube, WhatsApp y la mayoría de los medios occidentales no existen. Rusia ha construido su Runet, una red paralela capaz de funcionar desconectada del internet global, como demostró durante sus grandes ejercicios de "desconexión soberana". Irán interrumpe el acceso a internet durante protestas con una regularidad que ya no produce titulares. Venezuela manipula y censura la esfera digital bajo la supervisión del personal de Delcy Rodríguez, presidenta de facto. En total, en al menos 57 de los 72 países evaluados por Freedom House, hubo personas arrestadas o encarceladas por su expresión en línea sobre temas sociales, políticos o religiosos. Es un récord histórico.
El resultado emergente es un mundo de islas digitales: cada una con sus reglas, sus accesos y sus prohibiciones. Un planeta más conectado en términos de ancho de banda que nunca, pero más dividido en términos de realidad compartida que en cualquier otro momento de la historia moderna. La información —esa que Thomas Jefferson llamó "la moneda de la democracia"— se fragmenta, se territorializa, se controla.
Artículo 19, en su informe de 2026 titulado "Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia", ofrece quizás la descripción más lúcida de lo que está ocurriendo. La organización documentó 674 agresiones contra la prensa en México, Guatemala, Honduras y El Salvador solo durante 2025. Pero más allá de los números, identifica algo más profundo: la consolidación de una "arquitectura regional de silenciamiento" donde la censura ha mutado de la prohibición directa a formas más refinadas y sistémicas de control. Ya no se necesita quemar libros. Basta con saturar el algoritmo, cortar el dominio o hacer saber a un periodista que sus metadatos están siendo monitorizados.
La Inteligencia Artificial (IA) ha venido a acelerar este proceso de maneras que apenas empezamos a comprender. Los gobiernos autoritarios la utilizan para desplegar desinformación a escala industrial y para mejorar la eficiencia de sus sistemas de censura. Un algoritmo puede hoy identificar y bloquear contenido disidente con una velocidad y una precisión que ningún censor humano podría igualar. La misma tecnología que prometía democratizar la creación de contenido está siendo instrumentalizada para perfeccionar el control del mismo.
Conviene ser precisos sobre lo que se pierde cuando un Gobierno cierra el internet libre. No es solo el acceso a redes sociales o a medios extranjeros, aunque eso ya sería grave. Lo que se pierde es la capacidad de organizarse políticamente sin ser vigilado. Lo que se pierde es la posibilidad de que un periodista documente una masacre y la haga llegar al mundo antes de que el Estado la borre. Lo que se pierde es la oportunidad de que una víctima de corrupción encuentre a un abogado, o que un disidente sepa que no está solo. Internet libre no es un lujo; es, en las condiciones del siglo XXI, una condición de posibilidad para la democracia misma.
Por eso la pasividad internacional resulta tan desconcertante.
Mientras los regímenes de Centroamérica y el mundo construyen sus murallas digitales con tecnología rusa y china, con leyes redactadas de noche y aprobadas en días, con contratos firmados lejos de la mirada pública, la respuesta de las democracias ha sido, en el mejor de los casos, la retórica. Los instrumentos internacionales de protección de derechos digitales son insuficientes, fragmentados y carentes de mecanismos de cumplimiento efectivo.
El peligro no es solo para los países que ya han cruzado el umbral autoritario. Es para todos. Cuando Nicaragua importa tecnología de vigilancia de Rusia, cuando El Salvador utiliza la narrativa digital para consolidar el poder, cuando Guatemala criminaliza la denuncia en línea, no solo se viola el derecho de sus ciudadanos: se normaliza un modelo. Se demuestra que es posible, que es rentable, que no tiene consecuencias. Y esa normalización tiene una lógica de contagio que los historiadores del futuro reconocerán con claridad.
La pregunta que pende sobre Centroamérica —y sobre el mundo— no es si los gobiernos autoritarios intentarán controlar internet. Eso ya está ocurriendo, y con notable éxito. La pregunta es si las sociedades civiles, los medios independientes, los organismos internacionales y los propios ciudadanos serán capaces de resistir, de organizarse y de reclamar un espacio digital que les pertenece.
La respuesta no puede esperar. Cada nueva ley de telecomunicaciones que pasa desapercibida, cada dominio bloqueado que no genera protesta, cada periodista exiliado que no recibe solidaridad, es un eslabón más en la cadena que ata internet a los intereses del poder. La muerte del internet libre no sucede en un día.
Sucede exactamente así: despacio, en silencio, mientras miramos hacia otro lado.
Recuperar ese espacio exigirá más que conexión. Exigirá valentía cívica, medios independientes, cooperación internacional genuina y la comprensión individual y colectiva de que la libertad digital no es una cuestión técnica sino una cuestión política de primera magnitud. Si no actuamos ahora, cuando las murallas sean demasiado altas para escalar, habremos perdido algo que ningún ancho de banda podrá devolver.
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