Honduras legisla contra el terror mientras la violencia devora el norte del país centroamericano
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Una semana de masacres, operativos fallidos y un decreto antiterrorista que llega tarde para las familias del Aguán. El Ministerio de Gobernación guatemalteco ordenó reforzar los controles en todos los pasos fronterizos con el país vecino.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El Congreso hondureño aprobó el pasado lunes 18 de mayo de 2026, por unanimidad, un decreto que cataloga formalmente como organizaciones terroristas a las pandillas y carteles que operan en el país. La norma, publicada en el Diario Oficial - La Gaceta el sábado 24 de mayo, endurece las penas, amplía la presencia militar en las calles y crea un nuevo organismo de inteligencia criminal.
Sin embargo, la tinta aún no se había secado sobre el papel oficial cuando los hechos en el departamento de Colón y en las cercanías de la frontera guatemalteca demostraban con cruda elocuencia hasta qué punto el Estado hondureño lleva años sin controlar partes sustanciales de su propio territorio.
El decreto: más penas, nuevas estructuras y una designación pendiente
La legislación eleva de 15 a 20 años las condenas por delitos de extorsión —flagelo que golpea especialmente a comerciantes y transportistas— e impone penas adicionales por el mero hecho de pertenecer a una estructura criminal. Los líderes de carteles o pandillas acumularán entre 15 y 20 años suplementarios sobre la condena principal; los miembros rasos, entre 10 y 15 años. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, resumió la intención política con una frase nítida: "las calles tienen que volver a ser de la gente honrada, no de quienes viven sembrando miedo y violencia".
La norma contempla además la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, concebida como un organismo que unificará inteligencia, investigación y operaciones del Estado. El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó ayer el modelo que persigue: perseguir a los pandilleros no solo cuando cometan un delito concreto, sino por el hecho permanente de integrar una estructura criminal. "La probanza va a ser un poco más fácil que probarles un delito", reconoció.
Existe, no obstante, un escollo procedimental revelador. Aunque la ley declara genéricamente terroristas a las pandillas y carteles, la designación de organizaciones específicas recaerá en una comisión presidida por el presidente Nasry Asfura. Velásquez detalló el proceso: primero habrá que demostrar ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que una estructura concreta cumple los supuestos legales —presencia territorial, dominio social sobre comunidades o sectores económicos—, y solo entonces comenzará a aplicarse el régimen agravado de penas.
En la práctica, el decreto es una declaración de intenciones cuya eficacia depende de una burocracia cuya velocidad contrasta dolorosamente con la de los grupos que pretende combatir.
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