Alianza militar de la dictadura Ortega-Murillo se arraiga. Nicaragua tiene un Ejército indiferente y cómplice

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Desde su búnker de poder en El Carmen, la pareja sandinista ha tejido un control absoluto del Estado, y el aparato militar no solo ha sido cómplice pasivo de esa consolidación: es ejecutor directo, vigilante sumiso y pilar del miedo. Lejos de salvaguardar a la ciudadanía, el Ejército ha resguardado el proyecto personalista y dictatorial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mientras silencia, expulsa o elimina cualquier forma de disidencia, incluso dentro de sus propias filas, y quizás hasta afuera del territorio nacional.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Política, violencia y seguridad

Managua, Nicaragua

Nicaragua se hunde, cada vez más, en las arenas movedizas de un poder absoluto, orquestado por la pareja copresidencial más longeva y autoritaria de América Latina. Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ya no gobiernan: mandan, imponen, disponen. Lo hacen desde la cima de un régimen que ha vaciado las instituciones, arrasado la disidencia y anulado cualquier contrapeso. Pero hay un símbolo aún más crudo de ese control total: el Ejército de Nicaragua, fundado el 02 de septiembre de 1979, hoy convertido en brazo silencioso y obediente del orteguismo. Heredero de la Revolución Ciudadana y de la visión ideológica-armada del oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Atrás quedaron las apariencias de una institución que se pretendía "neutral, apolítica y no deliberante". Ahora, los uniformes verdes se mimetizan con el rojo y negro del oficialismo. El general Julio César Avilés, jefe militar desde hace tres lustros, es la pieza clave de esta ecuación. Su continuidad, extendida por ahora hasta 2031, no es solo una prolongación administrativa: es el blindaje definitivo para un régimen que ya ha sometido al Órgano Judicial, al Legislativo, al aparato electoral y a la Policía. El Ejército, antes el último bastión que algunos creían que podría resistir, hoy aplaude y ejecuta.

Las reformas constitucionales aprobadas a inicios de 2025, junto con las leyes militares modificadas desde finales de 2024, terminaron de sellar el pacto. Ortega y Murillo ya no solo nombran jueces, contralores y magistrados electorales. Ahora también tienen la potestad de decidir la permanencia de los jefes militares y policiales, bajo ambiguos argumentos sobre "los intereses de la nación", es decir, de los suyos. "Al controlar la permanencia de las jefaturas militares y policiales, consolidan una relación clientelar con las fuerzas armadas, eliminando cualquier posibilidad de contrapeso interno. Esto no solo desnaturaliza la función constitucional de esas instituciones, sino que las convierte en garantes personales", explica una politóloga nicaragüense exiliada en Costa Rica, a quien consultamos bajo anonimato por seguridad. "El mérito, la legalidad y el ideal constitucional ceden todos los días ante la obediencia política y familiar", añade.

El Ejército nicaragüense no solo ha guardado silencio ante la represión masiva hasta la fecha, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la disidencia, la crítica y el exilio. Ha sido cómplice. Permite el flujo de armamento hacia las estructuras paramilitares, tolera la represión fronteriza contra migrantes y, lo más revelador, ha comenzado a colaborar en operaciones transnacionales de acoso y persecución contra militares retirados que alguna vez se opusieron al FSLN.

Hoy, la pseudo-monarquía no teme al Ejército. Lo comanda. Lo premia. Y lo utiliza como guardián supremo de su sistema y de su gente. Esta es la historia del sometimiento total de los uniformes al poder de dos ancianos autoritarios, que han convertido la represión en política de Estado y al Ejército en ejecutor servil de un proyecto que ya no tiene frenos, y que contamina a Centroamérica.

"Personal policial y civil fue entrenado por el Ejército" en 2018

El Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN), impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documentó en su informe del jueves 03 de abril de 2025 una reconfiguración sustancial del Ejército de Nicaragua, que ha profundizado su alineamiento con el poder copresidencial y la visión ideológica del oficialismo, ampliando su capacidad de acción en contextos internos, más allá de las competencias militares tradicionales. El análisis de poco más de 230 páginas abarca las reformas constitucionales de febrero de 2025, las estructuras orgánicas y legales vigentes, y el rol del Ejército en hechos de represión masiva, particularmente desde abril del año 2018.

Una de las modificaciones clave establecidas en la reforma constitucional fue la centralización del mando militar en la figura de la ahora Copresidencia, la cual asumió el carácter de Jefatura Suprema del Ejército, con potestades ampliadas que ya no dependen del Consejo de Ministros para autorizar despliegues armados dentro del territorio nacional. El GHREN señala que este cambio eliminó el contrapeso formal que limitaba las decisiones del Ejecutivo sobre el uso del Ejército en funciones internas, facilitando su intervención incluso ante manifestaciones o disturbios, sin que medie una situación "excepcional" o una amenaza claramente definida contra el Estado y el bienestar ciudadano.

La nueva redacción de la Constitución establece que el Ejército puede ser activado para "apoyar a la Policía Nacional cuando la estabilidad del país lo requiera", omitiendo requisitos previos de excepcionalidad, como desórdenes masivos o desastres naturales. Esa disposición fue replicada en marzo de 2025 en el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, consolidando así una arquitectura legal que habilita una militarización del orden público.

La reforma también introdujo la constitucionalización de las llamadas "fuerzas militares de reserva patriótica", conformadas por jubilados del Ejército y civiles voluntarios, bajo la justificación de "garantizar estabilidad, seguridad y paz". Aunque esta figura ya existía en normativas secundarias, elevarla a rango constitucional formalizó su rol en la defensa armada del Estado, aumentando la capacidad de movilización territorial del régimen.

A la par, la Copresidencia obtuvo la facultad de designar nuevos grados militares superiores —como general de Ejército, coronel general, almirante, mayor general y vicealmirante— a propuesta del Consejo Militar. Estas categorías reforzaron la jerarquía y el control político sobre el estamento castrense.

El GHREN observa que desde 2014 existe una "expansión progresiva" de las funciones del Ejército, más allá de las competencias defensivas. Actualmente, el Ejército participa en seguridad aeroportuaria, protección de recursos estratégicos, apoyo logístico a elecciones, vigilancia fronteriza e incluso en la creación de condiciones para el libre sufragio, un aspecto que el informe considera problemático debido al histórico control político del oficialismo sobre los procesos de votación en todos los niveles gubernamentales.

La legislación también faculta al Ejército para actuar en coordinación con ministerios, fuerzas de seguridad y organismos estatales en casos de "amenazas a la existencia del Estado", una noción jurídicamente ambigua que, según el GHREN y abogados constitucionalistas consultados por COYUNTURA, permite justificar intervenciones militares frente a expresiones de descontento civil o protesta. "Las Fuerzas Armadas ahora tienen atribuciones de seguridad, estrategia y manejo que solo deberían tener los cuerpos civiles", dijo Marcela D., abogada y docente universitaria.

Asimismo, en su sección más grave, el GHREN documenta con nombres y rangos la participación directa del Ejército en la represión armada de las protestas de 2018 y posteriores, incluyendo operaciones conjuntas con la Policía Nacional y estructuras paramilitares progubernamentales. El Comando de Operaciones Especiales, dirigido por el coronel Manuel Salvador Gaitán, fue identificado como una de las unidades que ejecutaron tácticas de combate en contextos civiles, desplegando francotiradores entrenados para causar muertes selectivas, en coordinación con la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), dirigida por Justo Pastor Urbina. Según el informe de la ONU, los efectivos utilizaban visores térmicos, cámaras infrarrojas y drones para vigilancia y ataque, lo que evidencia el carácter planificado y sistemático de las acciones represivas.

Además, el Grupo de Expertos encontró evidencia de que la fallecida Vicepresidencia de la República —en manos de Rosario Murillo— dio directamente la orden de represión ("vamos con todo"), lo cual fue transmitido a estructuras del Frente Sandinista y ejecutado sin "resistencia institucional". El GHREN sostiene que altos mandos del Ejército ordenaron a sus tropas operar vestidos de civil o con uniformes policiales para brindar apoyo directo a los cuerpos represivos o escuadrones armados leales a la dictadura Ortega-Murillo.

Se mencionan expresamente los nombres y zonas de operación de al menos seis comandantes regionales que participaron en estas acciones:

Coronel José Hilcias Rizo Rizo (Estelí, Nueva Segovia, Madriz).
Coronel Vladimir Ilich Martínez Jarquín (León, Chinandega).
Coronel Denis Manuel Hernández Martínez (Boaco, Chontales).
Coronel Marvin Antonio Paniagua Pineda (Matagalpa, Jinotega).
Coronel Álvaro Francisco Rivas Castillo (Río San Juan).
Coronel Manuel Salvador Gaitán (Comando de Operaciones Especiales).

El informe de la ONU señala que la orden de intervención militar fue leída en el Estado Mayor del Ejército el viernes 20 de abril de 2018, lo que refuerza la tesis de responsabilidad institucional. Crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido, el Ejército de Nicaragua mantiene una estructura vertical y centralizada, con cinco niveles de mando:

Jefatura Suprema (Copresidencia).
Alto Mando (Comandancia General: comandante en jefe, jefe del Estado Mayor General e Inspector General).
Mando Superior (Estado Mayor General: inteligencia, operaciones, logística, etc.).
Mando de Unidades (Fuerzas específicas y regionales).
Otros órganos (Consejo Militar, Inspectoría y Auditoría).

La figura clave es el Comandante en Jefe del Ejército, nombrado por seis años por los copresidentes, con amplias atribuciones para organizar, estructurar, capacitar y movilizar todas las fuerzas, así como aprobar la normativa interna y administrar los recursos militares.

Por otro lado, el GHREN advierte sobre el carácter amplio e impreciso de las funciones del Sistema Nacional de Seguridad Soberana, del que el Ejército forma parte junto con otras entidades estatales. Esta estructura tiene la misión de producir información para la toma de decisiones estatales y gubernamentales, pero la clasificación y reserva de datos impide conocer el grado real de colaboración e intercambio entre sus componentes. Además, aunque la ley prohíbe expresamente el espionaje político, la obtención de datos por motivaciones ideológicas o interceptación de comunicaciones sin orden judicial, el informe señala que la práctica contradice el marco legal del país centroamericano. En varios operativos documentados se reportó la utilización de inteligencia militar y tecnológica para espiar, ubicar y atacar a manifestantes.

La Ley Especial de Armas autoriza ahora al Ejército y a la Policía Nacional el uso de armamento clasificado como restringido o de uso exclusivo, incluyendo armas automáticas, lanzagranadas, artillería antitanques y rifles de precisión. El GHREN cuestiona que estas armas hayan sido utilizadas no en contextos de defensa externa, sino contra la población civil, lo que contraviene estándares internacionales de derechos humanos. El informe concluye que la reforma constitucional de 2025 fortalece la concentración del poder militar en manos del Ejecutivo y legaliza prácticas que facilitan la represión interna bajo apariencia de legalidad constitucional. Asimismo, el GHREN sostiene que el Ejército de Nicaragua ha participado activamente, de forma sistemática, en la represión a la disidencia política, y que existe una cadena de mando clara que vincula las decisiones represivas con la cúspide del poder político.

Diagramas presentados por la ONU en el décimo informe del GHREN:

El Grupo advierte que la actual configuración del Ejército contraviene principios democráticos, debilita el control civil efectivo sobre la institución militar y vulnera el principio de obediencia debida, al priorizar la lealtad al FSLN por encima del respeto a los derechos humanos. El informe detalla con precisión el involucramiento del Ejército de Nicaragua en la represión de las protestas de 2018, documentando un patrón de operaciones encubiertas y despliegue militar disfrazado. Según los hallazgos, militares participaron camuflados como policías, trabajadores estatales o civiles, portando identificaciones falsas proporcionadas por la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia. Esta práctica permitió infiltrar operativos represivos sin una identificación directa del Ejército.

"De las 40 ejecuciones extrajudiciales identificadas por el Grupo de Expertos, 39 se produjeron por disparos de arma de fuego, tipo AK y otras armas largas. En 35 casos se realizaron disparos en zonas vitales del cuerpo: 22 personas recibieron disparos en el tórax; 12 personas en la cabeza; una persona en el cuello (con disparo de arriba hacia abajo) y una persona en la espalda; en 4 casos se conoce que las personas fallecieron por arma de fuego, pero se desconoce la zona vital afectada. Este hallazgo indica que, en casi la mitad de los casos en los que se usaron armas de fuego, hubo un alto grado de letalidad intencionada. Los datos reflejan un patrón de ataque dirigido, en el cual la selección de objetivos y la efectividad de los disparos sugieren una estrategia sistemática de eliminación de opositores o de neutralización de manifestantes", cita el órgano independiente de la ONU.

El Grupo de Expertos destaca que las tácticas utilizadas corresponden a entrenamiento militar avanzado, como las "formaciones en columna" o "en diamante", técnicas diseñadas para combates urbanos y no para tareas de control de manifestaciones. Esas estrategias incluían desplazamientos coordinados para cubrir distintos flancos y asegurar áreas de fuego, identificadas por testigos como señales claras de presencia militar.