La Constitución establece ahora que la Copresidencia ostenta la jefatura suprema del Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior, eliminando el carácter apolítico y apartidario que hasta este año debía regir estas instituciones. En contraste con la Carta Magna anterior, que describía al Ejército como profesional, apolítico y no deliberante, la nueva lo vincula explícitamente al legado sandinista, identificándolo como heredero del Ejército Popular Sandinista y omitiendo cualquier mención a su neutralidad política. Adicionalmente, la nueva Constitución suprime la formación en derechos humanos y derecho internacional para los miembros del Ejército, dejando entrever un endurecimiento en la orientación represiva de las fuerzas armadas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El miércoles 27 de noviembre de 2024, la Asamblea Legislativa de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y su esposa y ahora copresidenta Rosario Murillo, aprobó por unanimidad reformas clave al Código Militar y a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, ordenadas por el oficialismo días antes, en medio de una amplia estrategia de reformas y nuevas legislaciones. Estas modificaciones, que extienden por un año más los períodos de los jefes del Ejército y la Policía, son el último paso en un proceso de cambios legales e institucionales que consolidan el control absoluto del orteguismo sobre las fuerzas clave del país centroamericano, y refuerzan su ambición de perpetuarse en el poder.
La iniciativa de reforma fue presentada por Ortega en un contexto más amplio de cambios legislativos que han reconfigurado el marco constitucional de Nicaragua. Apenas unos días antes, el viernes 22 de noviembre del corriente año, se aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que modificó más de 100 artículos de la Carta Magna, lo que para las y los opositores y analistas independientes representa un cambio fundamental en la estructura del Estado nicaragüense. Estas reformas, que no solo incluyen la extensión de los mandatos de las autoridades militares y policiales, sino también la prórroga de los períodos presidenciales y de otros altos funcionarios, refuerzan la centralización del poder en manos de la pareja presidencial.
Las reformas al Código de organización, jurisdicción y previsión social militar (Ley 181) y a la Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (Ley 872) se centran en un aspecto específico: el período en el que los jefes de estas instituciones deben permanecer en sus cargos. Con la nueva legislación, Ortega logra prolongar por un año más los mandatos del jefe del Ejército, Julio César Avilés, y del jefe de la Policía, Francisco Díaz, ambos hombres clave en la estructura de poder del régimen.
La extensión de los períodos en los cargos de estas dos figuras estratégicas se alinea con el objetivo del régimen de garantizar la lealtad de las fuerzas armadas y de seguridad, especialmente en un contexto de creciente represión. La Policía Nacional ha sido fundamental en la persecución de opositores, disidentes, periodistas, religiosos y precandidatos presidenciales, y en la gestión de la violencia estatal general desde las protestas de abril del año 2018, que exigían la renuncia de Ortega y Murillo luego de amplios problemas políticos, humanitarios y sociales. Durante esos disturbios, más de 350 personas perdieron la vida debido a la brutal represión estatal.
El jefe del Ejército, Julio César Avilés, ha permanecido en su cargo por 16 años, es decir, casi el mismo tiempo que Ortega ha estado en la Presidencia, ahora Copresidencia, oficialmente. Este vínculo estrecho entre ambos hombres refleja la centralidad del Ejército en el aparato de poder del régimen. Por su parte, Francisco Díaz, comisionado general y jefe de la Policía de Nicaragua, es consuegro de Ortega, lo que refuerza la relación personal y política entre la familia del presidente y las instituciones de seguridad del país. Díaz ha liderado la represión de las manifestaciones opositoras, con un historial de violencia contra los manifestantes y activistas que piden un cambio en la administración.
Además, con la reforma a la Ley de la Policía, se otorga al presidente la facultad de prorrogar el mandato de Díaz "de acuerdo a los intereses de la Nación", lo que permite a Ortega extender su influencia sobre la policía de forma casi indefinida.
Las reformas a las leyes del Ejército y la Policía son solo una parte del proceso más amplio de reestructuración constitucional que ha sido implementado por Ortega y Murillo. La nueva Constitución Política, que entra en vigor en 2025, redefine la relación entre el Ejecutivo y otras ramas del gobierno. El régimen ha logrado establecer que la Presidencia coordine los tres poderes del Estado: el Judicial, el Legislativo y el Electoral. De esta manera, el copresidente y su copresidenta -en un modelo de gobierno familiar- ejercen un control total sobre las instituciones que, en un sistema democrático, deberían operar de manera independiente.
La reforma constitucional también elimina el carácter apolítico y apartidista del Ejército y la Policía, que se habían definido en la Carta Magna vigente como instituciones subordinadas al Estado, pero sin vinculación política. La nueva Constitución establece que el Ejército es la única fuerza armada del país y que su misión es defender la soberanía nacional, pero no menciona explícitamente su carácter apolítico, dejando abierta la posibilidad de su politización. De hecho, ya en la práctica, el Ejército y la Policía han actuado bajo la dirección de Ortega, especialmente durante las protestas de 2018 y en la represión posterior.
En el contexto de la reforma constitucional, se elimina la obligatoriedad de que los miembros del Ejército y de la Policía se abstengan de participar en actividades políticas. Este cambio marca una diferencia fundamental respecto a la constitución anterior, que establecía la prohibición explícita de la militancia política dentro de estas instituciones. Asimismo, la nueva Carta Magna permite que el presidente sea quien formule las políticas de defensa y seguridad nacional, lo que refuerza su poder sobre las fuerzas armadas.
Por otro lado, la eliminación de la formación en derechos humanos y derecho internacional para los miembros del Ejército refleja una preocupante tendencia hacia el endurecimiento de las políticas represivas y la consolidación de un régimen que actúa sin límites legales. La abogada opositora, exiliada y desnacionalizada Azahálea Solís Román ha señalado que este cambio evidencia una "subordinación a la familia Ortega", comparando el control absoluto de las fuerzas armadas con el modelo implementado por la dictadura de Anastasio Somoza, que también centralizó el poder en su persona y en su círculo cercano.
La aprobación de estas reformas en el Poder Legislativo de Nicaragua -ahora órgano estatal-, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene una amplia mayoría, refuerza aún más la posición hegemónica del régimen. De los 91 diputados que componen la Asamblea, 75 pertenecen al FSLN, lo que garantiza que las leyes propuestas por Ortega sean aprobadas sin oposición significativa. El resto de los legisladores, en su mayoría, no tienen la capacidad o la voluntad de cuestionar las decisiones tomadas desde el Ejecutivo, desde hace varios años.
En este contexto, las reformas legales y constitucionales no solo consolidan el control de Ortega y Murillo sobre el aparato estatal, sino que también limitan las posibilidades de un cambio político en el corto y mediano plazo. Con el control de las fuerzas armadas, la policía y las principales instituciones del gobierno, el régimen parece haber cerrado el espacio para cualquier tipo de oposición efectiva.
Las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua son un paso más en la consolidación del poder del régimen Ortega-Murillo. A través de modificaciones legales y constitucionales que extienden el control sobre el Ejército y la Policía, y eliminan los controles democráticos y la imparcialidad de estas instituciones, Ortega y Murillo aseguran la permanencia de su régimen en el poder, reforzando la tendencia autoritaria del país. La falta de un sistema de pesos y contrapesos, junto con la represión sistemática de la oposición con las armas y la institucionalidad, coloca a Nicaragua en una situación de profunda crisis política y de derechos humanos, con pocas perspectivas de cambio a corto o mediano plazo.
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