La justicia argentina ha dado un paso clave en la lucha por los derechos humanos al ordenar la captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo, líderes del régimen nicaragüense, por su "presunta" implicación en crímenes de lesa humanidad. La resolución, que responde a una causa presentada bajo el principio de jurisdicción universal, resalta la creciente presión internacional sobre el régimen sandinista de Nicaragua en medio de denuncias de represión y violaciones sistemáticas desde 2018, extremadas en 2021, 2023 y durante todo 2024.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Política, ciudadanía y derechos humanos
Buenos Aires, Argentina
El juez federal argentino Ariel Lijo ha ordenado la declaración indagatoria y la captura internacional del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, y su copresidenta, Rosario Murillo, por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos. La resolución, emitida hoy, lunes 30 de diciembre de 2024, responde a una causa presentada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos juzgar crímenes de lesa humanidad, sin importar el lugar de su comisión.
La denuncia fue presentada en agosto del año 2022 por el abogado Darío Richarte, acompañado por un equipo de docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. En el expediente, se acusa a Ortega, Murillo y otros altos funcionarios de su gobierno de cometer crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y persecución política, particularmente desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018. La denuncia ha sido respaldada por testimonios de víctimas, pruebas documentales y el apoyo de organismos internacionales.
Richarte calificó el fallo como un "hecho histórico" que representa un avance significativo en la justicia universal, subrayando que la causa se ha construido durante más de dos años con un exhaustivo trabajo de recopilación de pruebas. El abogado afirmó que la resolución marca un punto de inflexión para visibilizar la situación en Nicaragua y dar pasos hacia la justicia para las víctimas de la represión del régimen de Ortega y Murillo.
Además de la condena de crímenes de lesa humanidad, la denuncia también ha documentado la represión de manifestaciones civiles, el encarcelamiento de opositores políticos y el desplazamiento forzado de diversos grupos vulnerables. Entre 2022 y 2024, el equipo denunciante presentó varias ampliaciones a la causa, lo que ha fortalecido las acusaciones.
El fallo también pone presión sobre la comunidad internacional, en especial a los países de América Latina, para que adopten medidas concretas en defensa de la democracia en Nicaragua. La posible captura internacional de Ortega y Murillo añade un nuevo desafío diplomático para el régimen nicaragüense y refuerza la urgencia de una respuesta global ante las denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos. "El régimen de Ortega y Murillo se consolida 'legalmente' como una dictadura silenciando, expatriando y reprimiendo cualquier oposición. Todo tan tan lejos de la promesa y esperanza sandinista. Hoy son mas Somoza que otra cosa", escribió el presidente de Chile, Gabriel Boric, en su cuenta de X -antes Twitter- este lunes.
La causa sigue abierta, y los denunciantes esperan que la resolución judicial no solo contribuya a la justicia para las víctimas, sino también a la restauración de la democracia e institucionalidad en Nicaragua.
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