Colombia y Nicaragua retoman negociaciones clave sobre la frontera marítima en el Caribe en medio de tensiones políticas y un complejo trasfondo jurídico
- Jairo Videa
- Dec 9, 2025
- 5 min read
Aunque el gobierno colombiano enmarca la misión como estrictamente técnica y diplomática, el viaje no pasa desapercibido en Bogotá. Su anuncio coincidió con la acusación formal de la Fiscalía colombiana contra Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por delitos de corrupción, apropiación indebida de recursos y lavado de dinero. González se encuentra actualmente en Managua bajo la protección del régimen Ortega-Murillo, que le concedió asilo político, un elemento que añade tensión al ambiente previo al encuentro, mientras las tropas estadounidenses están instaladas en el Mar Caribe.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Una delegación de alto nivel del gobierno de Colombia viajará a Managua entre el jueves 11 y viernes 12 de diciembre de 2025 para retomar, después de más de dos años de paralización, las discusiones sobre la implementación operativa del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que redefine la delimitación marítima en el Caribe y sus impactos sobre las comunidades raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La visita —confirmada por la Cancillería colombiana mediante una carta enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua— busca reactivar un proceso detenido desde diciembre de 2023 y que acumula más de dos décadas de disputas ante tribunales internacionales, con gritos oficialistas en ambas direcciones.
Una misión técnica con amplias responsabilidades
La comitiva estará encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Olga Lucía Arenas Neira, e integrada por el contralmirante de la Armada de Colombia, Hermann León Rincón; el director de Asuntos Jurídicos Internacionales, Jhon Jairo Camargo Motta; la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Defensa, Victoria Eugenia Powells Tumiñán; y funcionarios especializados de las áreas jurídica, internacional y diplomática, incluidos representantes colombianos en Países Bajos y Barbados.
Medios colombianos también confirmaron la participación de figuras clave para el seguimiento del litigio, como la embajadora en Barbados, Elizabeth Taylor Jay; el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos ante la Corte Penal Internacional (CPI), Gustavo Humberto Paredes; y Viviana Andrea Medina, del área de Consultoría en Derecho Internacional.
La agenda bilateral pretende abordar puntos neurálgicos: la delimitación operativa del espacio marítimo, la regulación de la pesca artesanal, el despliegue de fuerzas navales en zonas sensibles, y la protección de los derechos del pueblo raizal, afectados por las tensiones posteriores al fallo de julio de 2023.
Un conflicto jurídico que ha marcado dos décadas de relaciones
La disputa entre ambos países se inició en 2001, cuando Nicaragua demandó a Colombia ante la CIJ reclamando soberanía y más área marítima. La Corte confirmó en 2007 que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es colombiano, aunque sin definir las fronteras marítimas.
Ese delineamiento llegó en 2012, cuando el tribunal otorgó a Nicaragua cerca de 80,000 km² del Mar Caribe.
Siguieron nuevas controversias:
En 2022, la Corte declaró que Colombia había violado derechos soberanos de Nicaragua en su zona económica exclusiva.
En julio de 2023, la CIJ rechazó la pretensión nicaragüense de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, al no demostrarse científicamente una prolongación natural del territorio submarino. Con ello, se cerró el último capítulo jurídico y se ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago.
Tras este fallo, Gustavo Petro expresó su intención de dialogar con la Managua sandinista para asegurar condiciones de pesca para las comunidades raizales, mientras que Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo exigió el cumplimiento de la sentencia de 2012 y la formalización de acuerdos mediante decreto.
Razones políticas detrás de la reactivación del diálogo
Para especialistas nicaragüenses consultados por COYUNTURA, la reanudación de las conversaciones responde tanto a necesidades del gobierno de Petro como a intereses estratégicos del régimen Ortega-Murillo. El presidente colombiano se acerca al fin de su mandato y busca recomponer relaciones con gobiernos afines ideológicamente en la región, deterioradas durante 2024 tras choques públicos con Managua. En 2025, sin embargo, las tensiones se relajaron, especialmente después de que Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) sancionara a Gustavo Petro, provocando gestos de solidaridad de Ortega y otros izquierdistas de América continental.
Petro podría intentar capitalizar un eventual avance diplomático para beneficiar al candidato oficialista en las próximas elecciones colombianas. Para Ortega, un acercamiento con Bogotá le permitiría evitar "un poquito" el aislamiento regional creciente, en un contexto de presión internacional creciente.
No obstante, expertos advierten que alcanzar un acuerdo resulta improbable. Javier Garay, analista colombiano, considera que la política exterior de Petro enfrenta prioridades internas y limitaciones institucionales que impiden proyectar un resultado sólido en un tema tan sensible para la opinión pública.
¿Hacia qué tipo de acuerdo se aproximan?
El marco jurídico vigente exige a Colombia negociar un tratado con Nicaragua para aplicar las sentencias, según declaró en 2024 el entonces canciller Luis Gilberto Murillo. Sin embargo, el rumbo del diálogo dependerá de la disposición colombiana a aceptar plenamente los parámetros del fallo de 2012.
Especialistas apuntan que un eventual acuerdo podría centrarse en concesiones pesqueras o de explotación de recursos, justificadas como mecanismos para garantizar los derechos históricos del pueblo raizal. Sin embargo, estas opciones podrían terminar beneficiando al régimen nicaragüense más que a la nación en su conjunto, según advierten académicos consultados bajo condición de anonimato.
Aunque Bogotá insiste en que la misión tiene un carácter estrictamente técnico, su llegada ocurre en un momento políticamente sensible: la reciente acusación en Colombia contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por presunta corrupción, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
González se encuentra actualmente en Managua bajo la protección de la dictadura del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que le otorgó asilo político y otras condiciones favorables para su estadía. Su presencia en territorio nicaragüense añade un componente político inevitable al encuentro bilateral, en un contexto ya marcado por tensiones diplomáticas y acusaciones cruzadas.
Un diálogo indispensable, pero sin garantías
Las conversaciones de esta semana representan la primera oportunidad en dos años para avanzar en la aplicación de los fallos de la CIJ. Sin embargo, el escenario está atravesado por intereses divergentes, presiones internas en ambos países y un amplio historial de desconfianza ideológica y social.
Aun así, el diálogo constituye un paso necesario para reducir tensiones en el Caribe occidental y responder a las demandas de las comunidades raizales, cuya vida cotidiana ha estado condicionada por un conflicto marítimo que lleva más de veinte años sin resolverse por completo.
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