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Colombia y Nicaragua retoman negociaciones clave sobre la frontera marítima en el Caribe en medio de tensiones políticas y un complejo trasfondo jurídico

Aunque el gobierno colombiano enmarca la misión como estrictamente técnica y diplomática, el viaje no pasa desapercibido en Bogotá. Su anuncio coincidió con la acusación formal de la Fiscalía colombiana contra Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por delitos de corrupción, apropiación indebida de recursos y lavado de dinero. González se encuentra actualmente en Managua bajo la protección del régimen Ortega-Murillo, que le concedió asilo político, un elemento que añade tensión al ambiente previo al encuentro, mientras las tropas estadounidenses están instaladas en el Mar Caribe.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Managua, Nicaragua
El presidente colombiano Gustavo Petro, el 09 de noviembre de 2025, en la IV Cumbre CELAC–UE | Fotografía cortesía
El presidente colombiano Gustavo Petro, el 09 de noviembre de 2025, en la IV Cumbre CELAC–UE | Fotografía cortesía

Una delegación de alto nivel del gobierno de Colombia viajará a Managua entre el jueves 11 y viernes 12 de diciembre de 2025 para retomar, después de más de dos años de paralización, las discusiones sobre la implementación operativa del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que redefine la delimitación marítima en el Caribe y sus impactos sobre las comunidades raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.


La visita —confirmada por la Cancillería colombiana mediante una carta enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua— busca reactivar un proceso detenido desde diciembre de 2023 y que acumula más de dos décadas de disputas ante tribunales internacionales, con gritos oficialistas en ambas direcciones.


Una misión técnica con amplias responsabilidades


La comitiva estará encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Olga Lucía Arenas Neira, e integrada por el contralmirante de la Armada de Colombia, Hermann León Rincón; el director de Asuntos Jurídicos Internacionales, Jhon Jairo Camargo Motta; la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Defensa, Victoria Eugenia Powells Tumiñán; y funcionarios especializados de las áreas jurídica, internacional y diplomática, incluidos representantes colombianos en Países Bajos y Barbados.


Medios colombianos también confirmaron la participación de figuras clave para el seguimiento del litigio, como la embajadora en Barbados, Elizabeth Taylor Jay; el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos ante la Corte Penal Internacional (CPI), Gustavo Humberto Paredes; y Viviana Andrea Medina, del área de Consultoría en Derecho Internacional.


La agenda bilateral pretende abordar puntos neurálgicos: la delimitación operativa del espacio marítimo, la regulación de la pesca artesanal, el despliegue de fuerzas navales en zonas sensibles, y la protección de los derechos del pueblo raizal, afectados por las tensiones posteriores al fallo de julio de 2023.


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