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Bukele arremete contra organizaciones por críticas al Estado de Excepción en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra organismos internacionales de derechos humanos, acusándolos de "vividores" y de defender a "asesinos".


Por Voz de América | @VozDeAmerica

Política

San Salvador, El Salvador

Las acusaciones de Bukele se dan luego que múltiples ONG’s derechos humanos expresaron su preocupación por las garantías constitucionales de la población salvadoreña ante la imposición de un estado de excepción y alerta máxima por una nueva ola de violencia perpetrada por las pandillas.



El estado de excepción, aprobado, a petición del mandatario, por los miembros del Congreso afines, amplió los poderes de las fuerzas de seguridad y restringió las libertades civiles, entre ellas el derecho a la defensa o el derecho a la asistencia jurídica.


A través de su cuenta de Twitter, el mandatario se dirigió a la comunidad internacional escribiendo que aún hay "70.000 pandilleros" en las calles del país, e inmediatamente dijo: "Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ‘persecución dictatorial y autoritaria'".


Horas antes organismos como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otros, pidieron a la Administración Bukele respetar y proteger los derechos humanos de la población.


A través de un comunicado, WOLA dijo que "las autoridades deben actuar de conformidad con las reglas y principios democráticos y derogar cualquier disposición que contradiga normas del derecho internacional de los derechos humanos".


Un miembro del ejército revisa los documentos y pertenencias de un hombre en plena calle durante un patrullaje después de que el Congreso de El Salvador aprobara el domingo 27 de marzo poderes de emergencia que suspendieron temporalmente algunas protecciones constitucionales | Fotografía de Reuters
Un militar revisa los documentos y pertenencias de un hombre en plena calle durante un patrullaje después de que el Congreso de El Salvador aprobara el domingo 27 de marzo poderes de emergencia que suspendieron temporalmente algunas protecciones constitucionales | Fotografía de Reuters

Declaraciones similares fueron emitidas por las otras organizaciones, causando la incomodidad del mandatario, quien también dirigió sus críticas hacía el exsecretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, quien calificó el estado de excepción como “populismo penal”.


Abrão también dijo en un tuit que "Bukele activó sus redes de odio, desinformación y trolls para intentar estigmatizar y descalificar la supervisión crítica del movimiento de derechos humanos".


De acuerdo con Bukele, el fortalecimiento de las maras en el país es responsabilidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



"Ustedes patrocinaron la tregua que solo fortaleció a las pandillas", sentenció Bukele, haciendo referencia al alto el fuego entre pandillas acaecido en 2012 y que fue respaldado por la OEA y por el otrora presidente del país Mauricio Funes.


Otras acciones para controlar la violencia de las pandillas


Entre las medidas tomadas por el gobierno para controlar la violencia de las pandillas está el nombramiento de emergencia de 10 nuevos jueces especializados para el procesamiento de los capturados durante el estado de emergencia. Por medio de un comunicado de prensa la Corte Suprema de Justicia (CSJ) justificó la medida, aduciendo que existe un "incremento considerable de la carga laboral ordinaria" en los Juzgados Especializados de lo penal y de instrucción.


En El Salvador, de acuerdo con autoridades locales, hay unos 70.000 miembros de diferentes pandillas cuyas actividades abarcan homicidios, extorsión y narcotráfico.


Según Naciones Unidas, solo en 2015 se registró una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo, cifra que se redujo considerablemente durante las dos últimas administraciones, incluyendo la de Bukele. Estadísticas policiales señalan que en 2021 se cometieron un total de 1.140 muertes, 15% menos que en 2020.


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