La política de liberación masiva de reos en Nicaragua, bajo el régimen de convivencia familiar, ha cobrado un costo humano tangible, pero sin cifras oficiales. Aunque la administración sandinista sostiene que se trata de una política de reconciliación y humanidad, múltiples casos de reincidencia delictiva y violencia extrema cuestionan la efectividad y seguridad de esta iniciativa.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La política de convivencia familiar aplicada por el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha resultado en la liberación de casi 51,000 reos comunes en la última década. Si bien la medida, promovida como "humanitaria" y en favor de la "reconciliación", ha facilitado la salida de miles de personas del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), también ha desatado una serie de incidentes de reincidencia delictiva, generando un profundo cuestionamiento entre la ciudadanía y los expertos en derechos humanos sobre su efectividad y consecuencias para la seguridad pública, en medio de una nueva ola de crímenes y violencia ciudadana que se profundiza.
En 2024, el número de excarcelaciones ha alcanzado los 7,700, un incremento con respecto a 2023 y años anteriores, y la cifra más alta desde el año 2020 -cuando fueron liberados casi 9,000 prisioneros comunes-, destacando una tendencia creciente desde la profundización de este mecanismo entre 2010 y 2014. Estas liberaciones han traído consigo casos notables de violencia y crimen en manos de liberados que reincidieron, generando un ambiente de desconfianza y temor en las comunidades nicaragüenses.
El testimonio de "Juan", residente de un barrio en Managua, ilustra el peligro latente. Juan relató que hace pocos meses, uno de sus vecinos, de iniciales P.L.C., fue asesinado brutalmente por un hombre que había sido liberado bajo el régimen de convivencia familiar. "Lo que hizo fue aterrador", comentó Juan a COYUNTURA, quien explicó que el hombre había salido tras cumplir una condena por robo agravado, pero al poco tiempo de su regreso al barrio, se tornó más agresivo. "Empezó a hostigar a la gente, intimidando a las familias y exigiendo dinero. Finalmente, una noche, apuñaló, cuando éste otro sujeto se negó a darle efectivo". Las autoridades locales, según él, no han tomado cartas en el asunto y la comunidad vive en constante zozobra.
Este medio documentó ese y un total de 14 casos de liberados que cometieron un crimen grave tras la aprobación de convivencia familiar en los últimos 10 años, como el de Jesús Antonio Blanco, de 44 años de edad, conocido como "el chino", quien mató a su hermana, Ivette Blanco, el último día del año 2022, tan solo nueve días después de haber recibido el indulto presidencial que puso fin a una condena por un delito desconocido. También hay registro de femicidios cometidos por personas absueltas, y hasta de reos recientemente liberados asesinados, tal es el incidente contra Orbin Francisco Putchie Britton, de unos 35 años, quien murió tras una estocada en la vena femoral, 12 horas después de haber sido beneficiado con el régimen de convivencia familiar.
Por otro lado, "Carla", madre soltera de 34 años, sufrió amenazas y agresiones de su expareja, quien había sido encarcelado por violencia doméstica. Liberado en 2023 bajo el régimen de convivencia familiar, el hombre rápidamente volvió a buscarla y, tras un altercado en el que resultó herida, Carla teme ahora por su vida y la de sus hijos. "Fui a la Policía a pedir ayuda, pero solo me dijeron que debía mediar con él. No es justo. Yo me liberé de años de abusos, y ahora siento que estoy condenada a vivir con miedo", confiesa.
Este patrón de liberación sin controles o seguimiento adecuado genera inseguridad entre las víctimas, quienes sienten que el Estado ha abandonado su deber de protegerlas. Pero el oficialismo, desde la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, incluso en los medios oficialista, replica que estas liberaciones y otras medidas en el sistema de justicia en el en SPN están "venciendo el virus del odio".
El comisionado mayor Julio Orozco, director del Sistema Penitenciario de Nicaragua, argumentó a inicios de este mes de noviembre de 2024 que solo el 8.5 % de los liberados bajo este régimen reingresan a prisión, lo que considera un índice "relativamente bajo". Sin embargo, esta cifra no detalla los delitos cometidos tras su liberación, ni si se trata de crímenes de mayor gravedad como asesinatos o feminicidios, una omisión que preocupa a quienes buscan transparencia en los procesos judiciales. Igualmente, es una cifra alarmante para defensores de derechos humanos y analistas en temas de seguridad y ciudadanía.
El abogado de derechos humanos Uriel Pineda apunta a la falta de una política de reinserción efectiva como uno de los factores críticos de este problema. Sin un sistema de apoyo que ofrezca empleo, educación o seguimiento psicológico, los reos liberados enfrentan un ambiente hostil, propicio para la reincidencia. "No se puede hablar de rehabilitación cuando las condiciones de vida y las oportunidades para los liberados son prácticamente inexistentes. Se trata de una política improvisada que tiene un impacto directo en la seguridad pública", advirtió Pineda a un medio local.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la discrecionalidad y el secretismo en estas liberaciones son también problemáticos. Vilma Núñez, presidenta de la organización, denuncia que el régimen de convivencia familiar se ha implementado sin un análisis profundo ni consulta ciudadana, y afirma que es una medida cargada de objetivos políticos. "Se les presenta a las familias de los reos como una muestra de perdón presidencial, cuando en realidad no existe un marco legal claro que regule este tipo de excarcelación masiva", explica Núñez.
Los datos muestran un incremento progresivo en el número de liberaciones bajo este régimen. En 2018, fueron liberadas 2,000 personas, cifra que creció de forma acelerada hasta superar las 7,700 en 2024. Estos datos reflejan un incremento considerable que, para Núñez, responde a una estrategia de propaganda en la que la administración sandinista busca apoyo entre sectores populares en cada liberación, celebrada en fechas simbólicas como el Día de las Madres Nicaragüense o el Día de los Muertos.
La sobrepoblación carcelaria, que en 2018 alcanzaba el 77 %, ha sido una justificación recurrente del Estado para llevar a cabo estas excarcelaciones, pero para Núñez y otros defensores de derechos humanos, la excusa de aliviar la saturación carcelaria encubre la falta de un sistema que verdaderamente apueste por la reinserción social.
La Ley 621 de Acceso a la Información Pública, que debería facilitar el acceso a detalles de estas liberaciones, es en gran medida ignorada. No se cuenta con información clara sobre los criterios de selección para la convivencia familiar, ni sobre el perfil delictivo de los liberados. Esto, según Pineda, abre una peligrosa puerta a la corrupción y la arbitrariedad, donde ciertos reos podrían beneficiarse más por contactos o intereses particulares que por méritos propios.
En ese sentido, la Redacción de COYUNTURA intentó comunicarse con el SPN, sin obtener resultados.
En octubre de 2024, el comisionado Orozco explicó que los presos y las presas deben pasar por cuatro etapas antes de alcanzar el régimen de convivencia familiar. Sin embargo, no hay registros públicos que confirmen que los reos cumplieron estas fases de adaptación, laboral, semiabierta y abierta, lo que crea aún más incertidumbre sobre los criterios reales de liberación. Los programas conocidos que implementa el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en realidad van sobre religión y actividades vocacionales, para que al ser liberados puedan "reinsertarse sin problema y resentimiento" a la sociedad, pero sin control y razón sustentable aparente.
Asimismo, sé desconoce desde cuándo las personas liberadas estaban en prisión.
La política de convivencia familiar ha dejado una huella compleja en la sociedad nicaragüense, pero sin cifras oficiales completas. Aunque en teoría se plantea como una iniciativa humanitaria y de reconciliación, en la práctica carece de los controles necesarios para proteger a las víctimas y a la sociedad en general. La carencia de una política integral de reinserción social, la opacidad en los procesos y la falta de seguimiento adecuado a los liberados son deficiencias que subrayan los testimonios de personas como Juan y Carla, y muchos otros, quienes viven con el temor de una reincidencia violenta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado al Estado nicaragüense regular con criterios claros los beneficios de preliberación, y garantizar que las víctimas sean informadas y protegidas, una demanda que aún sigue sin ser atendida. Para expertos como Núñez y Pineda, la política de liberación masiva en Nicaragua exige una revisión urgente y la adopción de un sistema que priorice los derechos humanos y la seguridad de todos los ciudadanos.
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