El aumento desmedido en las cifras de migrantes y las dificultades que enfrentan en la ruta y durante su inserción reflejan el contexto de una Nicaragua sumida en una pesadilla multifactorial sin precedentes. Acá los detalles que ilustran el éxodo.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La peregrinación masiva de nicaragüenses, impulsada por la creciente crisis política, de seguridad, social, económica y de derechos humanos desencadenada en abril del año 2018, continúa afectando profundamente a miles de familias y comunidades en el país centroamericano. En 2024, las cifras de muertes y desaparecidos reflejan la gravedad de la situación y la constante búsqueda de una vida mejor, lejos de la violencia institucional que encabeza el aparato oficialista -en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 2007-, la pobreza extrema y falta de oportunidades educativas, profesionales y hasta recreativas.
De acuerdo con informes de diversas organizaciones humanitarias, al menos 201 nicaragüenses perdieron la vida en 2024 en su travesía hacia Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y México. Esta cifra ha mostrado un crecimiento alarmante respecto a los 157 fallecimientos registrados en 2023, y los 60 reportados en 2022, lo que subraya la peligrosidad y las precarias condiciones de las rutas migratorias, y la complejidad de estar fuera de casa. Estos números evidencian no solo los riesgos de viajar por caminos inseguros, sino también las deficiencias en la atención sanitaria y las dificultades que enfrentan las y los migrantes nicaragüenses en su trayecto o en el proceso de inserción en otra nación.
Los accidentes de tránsito, complicaciones de salud, derrames cerebrales, infartos y parálisis son las principales causas de muerte entre las y los migrantes, reflejando las condiciones extremas de estrés físico y emocional que atraviesan. Por otro lado, el número de personas desaparecidas sigue en ascenso, pero no es de preocupación estatal. Se estima que, desde 2018 hasta finales de 2024, aproximadamente 100 nicaragüenses permanecen desaparecidos en su paso desde Honduras hasta la frontera sur entre EE.UU. y México, lo que pone en evidencia los riesgos que corren aquellos que intentan cruzar de manera irregular.
Además de las muertes y desapariciones, las detenciones de nicaragüenses en la frontera de EE.UU. también continúan en aumento. Mientras que en 2018 se registraron 3,337 detenciones, este número subió a 13,372 en 2019, y alcanzó cifras alarmantes en años posteriores, con 50,109 en 2021, 164,600 en 2022, 138,729 en 2023, y finalmente, 91,049 en 2024. Las condiciones de detención en los centros de inmigración, muchas veces en condiciones inhumanas y sin comunicación constante, han sido denunciadas por organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes critican la falta de protocolos adecuados para la atención de migrantes, y el aumento desmedido de las deportaciones.
El impacto de esta crisis migratoria es vasto y tiene repercusiones no solo en el país de origen, Nicaragua, sino también en las naciones receptoras y en toda Centroamérica. Según datos de la Redacción de COYUNTURA aglomerados gracias a cuatro organizaciones civiles, al menos 947,000 nicaragüenses se han visto forzados a abandonar su país desde 2018. Esto equivale aproximadamente al 14 % de la población total de Nicaragua, que según estimaciones oficiales, es de 6,8 millones de habitantes. Estos migrantes han buscado refugio y mejores oportunidades en países de la región y más allá, como Estados Unidos, Costa Rica, España, México, Panamá, Guatemala, Canadá, El Salvador y Honduras.
Actualmente, EE.UU. alberga a aproximadamente 480,000 nicaragüenses, mientras que en Costa Rica, como destino cercano, residen alrededor de 270,000. Otros 80,000 están en España, 50,000 en México, más de 20,000 están establecidos en Panamá y otros 15,000 en Guatemala. Otros 20,000 nacionales de Nicaragua están también en El Salvador y Honduras. Estos desplazamientos masivos se han visto impulsados principalmente por la violencia política e institucional derivada de la represión del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, que comenzó en 2018 tras una amplia temporada de protestas en contra del oficialismo y sus decisiones estatales.
La respuesta del régimen ha sido violenta, con la militarización absoluta del sistema del país, persecución a opositores, religiosos, disidentes, periodistas y familiares de más de 355 personas asesinadas por la Policía Nacional o fuerzas paramilitares -según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, el control absoluto del sistema financiero y una política de represión que ha consolidado una monarquía de facto, en el corazón de Centroamérica, gracias a una nueva Constitución -la onceava del país- y al menos 16 reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en 16 meses.
Un informe del Colectivo Nicaragua Nunca Más de octubre de 2024, señala que más de 800,000 personas han dejado Nicaragua desde el inicio de la crisis, representando un 11.8 % de la población. Sin embargo, la Redacción de COYUNTURA estima que la cifra real es aún mayor, llegando a casi un millón de personas. Este éxodo ha generado un impacto significativo tanto en los países receptores, que enfrentan la presión de recibir a cientos de miles de migrantes, como en las comunidades de origen, que ven cómo su gente, en busca de seguridad y oportunidades, deja atrás sus hogares y familias, pero que resulta en altos porcentajes de remesas al año.
El desplazamiento forzado de nicaragüenses es una de las crisis humanitarias más grandes de la región centroamericana en la actualidad, aunque todavía no supera al hondureño o al guatemalteco. La falta de políticas migratorias eficaces, la escasa protección a los derechos humanos de los migrantes y el aumento de las mafias de tráfico de personas hacen que la situación sea aún más compleja.
"Cada una de esas personas y sus familias representan historias, rupturas, esfuerzos, cargas, vivencias, retos, logros, avances y cambios significativos. Pero el régimen solo considera a cada nicaragüense fuera del país como un activo, incluso a los que fueron expulsados, porque también mandan los centavos que pueden para que otros sobrevivan dentro de esa cárcel", señaló Liliana S., activista centroamericana, parte de una red de colectivos que trabajan por y para los migrantes latinos.
A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional para brindar asistencia incluso en el retorno, las soluciones siguen siendo limitadas, y la migración irregular continúa siendo una opción desesperada para aquellos que huyen de la violencia y la opresión.
Es urgente entonces que la comunidad centroamericana e internacional redoble los esfuerzos para proporcionar apoyo y protección a las y los migrantes nicaragüenses, y que los gobiernos de la región trabajen de manera conjunta para abordar las causas subyacentes de este éxodo masivo, incluyendo la represión política, la violación de derechos humanos y la falta de oportunidades económicas en Nicaragua.
Mientras tanto, miles de nicaragüenses siguen arriesgando sus vidas en su búsqueda de un futuro mejor, dejando atrás un país que, por ahora y al parecer para rato, es incapaz de ofrecerles una vida digna fuera del estándar oficialista, que implica el silencio absoluto y la cero oposición.
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