Comandante fantasma. Bayardo Arce desafía la purga que devora a los hijos sandinistas, mientras dictadura de Nicaragua lo espera con la espada desenvainada

El mensaje oficial, respaldado por movimientos visibles en medios estatales y de propaganda, está dirigido a un sector empresarial y político interno que observa con atención el rumbo del país. "¡Van contra todos! ¡Van por todo!", denuncia una fuente estatal. Este anuncio se interpreta como una advertencia para que los miembros del sandinismo rindan cuentas y se alineen a la nueva doctrina de gobernabilidad, control patrimonial y lealtad institucional. Entretanto, el veterano militar se niega a aparecer en las oficinas estatales, según el primer comunicado publicado en años en relación a una supuesta investigación en curso.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política, corrupción y ciudadanía

Managua, Nicaragua

Bayardo Arce Castaño, excomandante sandinista, actualmente de 76 años de edad, en una imagen de archivo | Fotografía cortesía

En un giro que resquebraja la imagen de unidad monolítica del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la Procuraduría General de la República (PGR) —a la sombra de un régimen que se devora a sí mismo—, emitió el miércoles 30 de julio de 2025 un comunicado oficial que detalla una indagación contra Bayardo Arce Castaño, uno de los nueve comandantes históricos de la Revolución Ciudadana de 1979 y asesor económico de la ahora Copresidencia de Nicaragua. Ese documento marca un hito: es la primera comunicación pública de la PGR sobre una pesquisa formal contra un alto funcionario estatal en más de cinco años, pese a que COYUNTURA ha conocido de más de 100 investigaciones contra empleados públicos de al menos 20 entidades gubernamentales por delitos como malversación de fondos, acumulación indebida de riqueza, actos de corrupción y deslealtad al Estado desde 2018. El texto, cargado de lenguaje institucional, ilustra no solo una fractura en el círculo íntimo del poder, sino también el uso de mecanismos legales para disciplinar a figuras que alguna vez fueron intocables.

Arce, de 76 años, quien ha fungido como puente entre el gobierno y el sector privado durante décadas, se encuentra actualmente "desaparecido", con su residencia y oficinas vigiladas por la Policía Nacional. Fuentes estatales niegan que esté detenido formalmente, insistiendo en que se trata de una "medida cautelar" en el marco de una "lucha contra la corrupción" dirigida incluso a aliados internos. Sin embargo, medios independientes reportan cateos en sus propiedades en Managua, incluyendo su oficina en el barrio El Carmen, adyacente a la residencia copresidencial. Esta acción se produce en un contexto donde la monarquía de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha intensificado el control sobre bienes privados, liderando confiscaciones masivas que han concluido en la transferencia de activos valorados en cientos de millones de dólares a entidades estatales o a nuevos aliados empresariales sandinistas.

Lo qué dice el comunicado

El comunicado de la PGR, fechado el 30 de julio de 2025, se presenta como una convocatoria rutinaria para rendir cuentas sobre patrimonios estatales, pero en realidad despliega una narrativa acusatoria que implica delitos graves sin especificarlos abiertamente. A continuación, un examen secuencial de sus elementos clave, reinterpretando su lenguaje oficial para exponer las implicaciones subyacentes, respaldado por datos verificados y analistas consultados por esta Redacción:

1. Rol de la PGR como "máxima autoridad" para salvaguardar intereses estatales: el texto invoca la Constitución para posicionar a la institución como guardiana suprema de los activos públicos, recordando su mandato de convocar a individuos o entidades que hayan fallado en obligaciones relacionadas con propiedades, empresas o cualquier perjuicio al patrimonio nacional. En la práctica, esto alude a un patrón de intervenciones que han resultado en expropiaciones extrajudiciales. Desde abril de 2018, la PGR ha facilitado el cierre de casi 5,600 organizaciones no gubernamentales (oenegés), con un pico de 1,500 en un solo día en agosto de 2024, transfiriendo sus bienes al Estado sin procesos judiciales completos. Estas acciones han afectado no solo a opositores, sino también a grupos religiosos y empresariales, generando un valor estimado en más de 300 millones de dólares solo de 135 propiedades confiscadas a exiliados y desnacionalizados. El comunicado omite que tales "convocatorias" a menudo derivan en detenciones preventivas o incautaciones inmediatas, como en los casos de 222 opositores desterrados a Estados Unidos de Norteamérica en febrero de 2023, cuyos inmuebles fueron requisados sin compensación.

   
   

2. Conocimiento de "transacciones y negociaciones" ilegales en las oficinas de Arce: la PGR menciona haber detectado operaciones en las dependencias de Arce que violan el marco jurídico nicaragüense. Esto apunta directamente a sus actividades comerciales e incluso en funciones públicas, donde Arce ha sido un operador clave entre el Estado y el capital privado. Como empresario, controla Agricorp, una firma agroindustrial que ha enfrentado restricciones financieras impuestas por el régimen desde junio de 2025, incluyendo bloqueos bancarios y auditorías exhaustivas. Fuentes indican que estas "negociaciones" podrían involucrar ventas de bienes estatales o sociedades mixtas no autorizadas, un eco de acusaciones previas contra otros funcionarios por enriquecimiento ilícito. El documento evita detalles específicos, pero implica un escrutinio sobre sus propiedades, que incluyen fincas, empresas exportadoras y participaciones en sectores como el café y el ganado, acumulados durante su trayectoria post-revolucionaria.

   
   

3. Rol del asistente Ricardo Bonilla y su detención ilegal: se describe a Bonilla como el ejecutor de dichas transacciones, quien fue citado para declarar pero rechazó comparecer, lo que derivó en su remisión al Sistema Penitenciario Nacional (SPN) para interrogatorios continuos. Verificaciones confirman que Bonilla permanece en prisión sin haber pasado por un juez de turno o un tribunal formal, violando procedimientos constitucionales que exigen audiencias preliminares dentro de 48 horas. Esta práctica de detenciones indefinidas sin juicio es común en Nicaragua, aplicada a cientos de disidentes desde 2018, y subraya el uso de la PGR como herramienta represiva más que investigativa.

   
   

4. Convocatoria inicial a Arce y su respuesta: tras la negativa de Bonilla, la PGR citó a Arce como "propietario" de los bienes en cuestión, quien argumentó que los activos le pertenecían personalmente, eximiéndolo de rendir cuentas. Esta defensa revela una tensión entre propiedad privada y estatal en el sandinismo, donde figuras como Arce han acumulado fortunas bajo el amparo del poder liberado por los Ortega Murillo. El comunicado lo retrata como desafiante, pero omite que Arce, como asesor presidencial, ha sido un pilar en la articulación de políticas económicas y sociales, incluyendo alianzas con inversionistas extranjeros hasta su reciente marginación.

   
   

5. Segunda convocatoria y negativa de Arce: la PGR insiste en una nueva citación para presentar documentos y responder preguntas, acompañadas de pruebas. Hasta la fecha del comunicado, Arce no ha acudido, lo que se califica como desconocimiento de la autoridad constitucional. En realidad, Arce parece no estar confinado en su hogar bajo vigilancia –contrario a rumores iniciales– sino que ha huido. El Estado desconoce su paradero hasta el cierre de este texto. Fuentes estatales afirman que la "espera" es parte de una narrativa anti-corrupción interna, pero opositores y activistas independientes lo ven como una purga para consolidar lealtades.

   
   

6. Recordatorio de deberes ciudadanos y consecuencias: el texto estatal cierra advirtiendo que ignorar estas obligaciones constituye "delitos graves" sujetos a procesos judiciales. Esto invoca artículos constitucionales sobre ciudadanía, pero en contexto, sirve como amenaza velada de desnacionalización o confiscación, prácticas aplicadas a casi 500 connacionales exiliados desde 2023, cuyos bienes han sido incautados sin apelación. El régimen ha universalizado tales medidas mediante reformas al Código Penal en 2024, permitiendo juicios en ausencia para nicaragüenses y extranjeros.

¿Por qué Arce?

Bayardo Arce Castaño, nacido en 1949, fue uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN que "derrocó" a Anastasio Somoza en 1979. Como responsable económico en los años 80, gestionó expropiaciones masivas durante la llamada "Piñata", repartiendo bienes somocistas entre sandinistas. En la era Ortega post-2007, actuó como asesor, facilitando diálogos con el gran capital y atrayendo inversiones chinas y rusas. Su marginación reciente —ausente de eventos públicos en la Plaza de la Fe desde hace años— coincide con tensiones internas, posiblemente por disputas sobre contratos o lealtades divididas. Analistas sugieren que su investigación responde a una dinámica donde la Copresidencia selecciona objetivos diarios para mantener el control, enviando un mensaje al sector empresarial sandinista: nadie está exento, ni siquiera los del "primer anillo" de confianza.

Respecto a sus activos, no hay una lista pública oficial aún, pero reportes indican que la PGR examina sociedades como Agricorp y propiedades rurales. Si el patrón se repite, podría derivar en incautaciones, similares a las ejecutadas contra exmiembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Policía Nacional.

Esta indagación no es aislada. Arce es el tercero de los nueve comandantes originales investigado o detenido recientemente. Humberto Ortega Saavedra, hermano del copresidente Daniel y exjefe del Ejército, falleció en septiembre de 2024 bajo custodia domiciliaria tras un "deterioro brusco" de salud, calificado por él mismo como prisión política. Henry Ruiz ("comandante Modesto"), de 81 años, está bajo arresto domiciliario desde marzo de 2025 por críticas al régimen. Otros, como Luis Carrión y Mónica Baltodano, fueron desterrados en 2023; Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco, encarcelados en 2018 y 2021, respectivamente, por disidencia. Víctor Tirado y Jaime Wheelock han optado por el silencio o el exilio voluntario. Este patrón ilustra una erosión del sandinismo histórico, donde la lealtad absoluta prevalece sobre el legado revolucionario. Henry Ruiz Hernández está sitiado en su propia casa.

La desaparición del guerrillero

El comunicado se difundió en menos de cinco horas por todos los medios oficialistas, como un cartel de "se busca", amplificando la percepción de inminencia. Fuentes gubernamentales insisten en que Arce no está preso, sino "en fuga", pero esto choca con reportes de independientes que lo ubican confinado, posiblemente en las afueras de Managua, rodeado por la Policía. El sandinismo tradicional no solicita documentos; actúa con embargos directos, confiscando desde pasaportes hasta activos personales, celulares y bicicletas.

Este episodio transmite un alerta al empresariado sandinista: "van contra todos, van por todo". La Copresidencia decide escrutinios semanales o diarios, extendiendo la "lucha contra la corrupción" a sus filas para redistribuir poder y riqueza hacia una nueva élite leal. En un país donde el cierre sistemático de oenegés ha eliminado el 80 % de las entidades civiles, tales acciones consolidan un control absoluto.

Adaptando e ironizando una canción sandinista: "la cara del guerrillero, dónde, dónde, ¿dónde está? La compañera está preguntando, ¿alguien le responderá?".

Arce, otrora ícono y hasta esta semana fiel, podría ser borrado del relato oficial —de fotos, diarios y narrativas— si su caso escala, siguiendo el destino de otros disidentes internos. Por ahora, su silencio bajo vigilancia plantea si el régimen borrará a un pilar de 1979 para preservar su versión del sandinismo actual. ¿Lo encontrarán?

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