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Condena a José Zamora por lavado de dinero es un duro golpe a las libertades en Guatemala

En un fallo que ha sacudido al país, a solo 11 días de los comicios generales, el periodista José Rubén Zamora ha sido condenado a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero, mientras que ha sido absuelto de los graves cargos de chantaje y tráfico de influencias que pesaban en su contra. El veredicto ha desatado intensas conversaciones y reacciones, y ha generado un profundo cuestionamiento sobre la justicia y las libertades públicas en la nación centroamericana.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Ciudad de Guatemala, Guatemala
El periodista José Zamora la mañana del 14 de junio de 2023 en Torre de Tribunales en Ciudad de Guatemala | Fotografía de AFP por Johan Ordonez
El periodista José Zamora la mañana del 14 de junio de 2023 en Torre de Tribunales en Ciudad de Guatemala, tras 320 días detenido en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala | Fotografía de AFP por Johan Ordonez

Una de cal y otra de arena. En un juicio que ha conmocionado al país, a cargo de la jueza Oly González, el periodista José Rubén Zamora, director del ahora extinto diario elPeriódico, fue condenado este miércoles 14 de junio de 2023 a seis años de cárcel por el delito de lavado de dinero, luego de permanecer en una prisión del cuartel militar Mariscal Zavala por 320 días. Sin embargo, el tribunal lo ha declarado inocente de los cargos de chantaje y tráfico de influencias, generando un intenso debate sobre la justicia y las libertades públicas en la nación centroamericana.


El veredicto emitido por los jueces ha desatado una serie de polémicas y controversias en torno al caso. González ha afirmado que existía una amistad de varios años entre el denunciante Ronald Garcia Navarijo y Zamora, lo cual ha influido en la percepción de los jueces sobre la relación entre ambos.


Por otro lado, el tribunal ha validado los testimonios que acusan a Zamora de simular una transacción comercial para dar apariencia lícita a un monto de 300,000 quetzales (38,000 dólares), utilizado para financiar a elPeriódico, según la defensa. Zamora también fue condenado a pagar una indemnización de casi 40,000 dólares. Mientras tanto, la exfiscal Samari Gómez, acusada de filtrar información al periodista, ha sido absuelta. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) apelará la sentencia, argumentando pruebas suficientes de chantaje y tráfico de influencias. No obstante, Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, ha sido señalado de responder a los intereses del presidente Alejandro Giammattei y perseguir a fiscales y periodistas en los últimos 12 meses.


Uno de los aspectos destacados del juicio fue la falta de determinación por parte de la Fiscalía en cuanto a los beneficios o decisiones que podrían haber sido influenciados por las comunicaciones entre Zamora y Juan Francisco Sandoval. Según el tribunal, no se evidenció que Zamora chantajeara a García Navarijo, ya que no se escucharon solicitudes de beneficios a cambio de no publicar información comprometedora para él o su familia.


A pesar de los testimonios del exdiputado Luis Hernández Azmitia y otros testigos que alegaron también ser víctimas de chantaje, el tribunal no les otorgó valor al considerar que no tenían relación directa con la acusación contra Zamora.


En cuanto al delito de lavado de dinero, el juez Otto Valverth ha sido el encargado de argumentar la acusación. El tribunal estableció que Zamora se había concertado con la contadora de elPeriódico, medio en el que trabajaba, para elaborar documentos y bancarizar los Q300 mil. Según los jueces, se pretendió dar apariencia de legalidad a ese dinero, ya que se crearon documentos para justificar el cheque que se entregaría a cambio del efectivo.


En ese sentido, el tribunal ha afirmado que se simuló el origen del dinero a través de la emisión de una factura por un servicio no solicitado y el uso de un cheque de una sociedad. Además, el origen real del efectivo se considera "indeterminado" hasta el momento.


Zamora ha sostenido que el dinero proviene de una transacción de compra-venta de una pintura de su propiedad. Sin embargo, el juez Valverth ha destacado que la intención de Zamora era intercambiar un cheque con García Navarijo por la suma.


Aunque el periodista ha sido absuelto de los cargos de chantaje y tráfico de influencias, la decisión del tribunal ha generado fuertes reacciones en la opinión pública, en organizaciones defensoras de la libertad de prensa y en sectores de la sociedad que consideran que no se ha alcanzado un mínimo de justicia en medio de esta desgracia.


El juicio y la condena a Zamora han marcado el rumbo de la nación centroamericana en lo que respecta a los derechos humanos, las libertades públicas y otros temas fundamentales. El poder ha logrado encarcelar a un prominente periodista y cerrar elPeriódico -que ha publicado a lo largo de su historia investigaciones sobre corrupción y temas similares-, lo cual ha generado un quiebre en la sociedad y ha acercado al país a situaciones similares a las vividas en países como Nicaragua.


Aunque se acercan las Elecciones Generales del 25 de junio de este año, se espera que este entramado de corrupción heredado y afinado en cada administración reciente continúe generando repercusiones incluso después de un posible cambio de Gobierno.


Las apelaciones se perfilan como el siguiente paso en este caso, tanto ante la justicia como ante la ciudadanía. Zamora deberá demostrar públicamente la inverosimilitud de la acusación de lavado de dinero, exponiendo aún más las irregularidades en el proceso judicial.


El tribunal no quiso escuchar una amplia declaración del periodista durante su condena


Durante el proceso de este martes, Zamora intentó presentar una declaración que fue ignorada por el tribunal. En esta redacción, publicada hasta el momento por varios medios de comunicación, Zamora detalló las violaciones a sus derechos humanos y las irregularidades en el desarrollo del juicio. Se destaca la falta de imparcialidad del tribunal, la negación del derecho a la defensa y las inconsistencias en las acusaciones en su contra.


El periodista comenzó su declaración reconociendo el fin de la violencia y el "terrorismo verbal" con el que, según él, los jueces, fiscales y querellantes lo han criminalizado durante el proceso. Zamora argumenta que se han vulnerado sus derechos en varias etapas del juicio, comenzando por las audiencias de primera declaración, la etapa intermedia y las audiencias de ofrecimiento de pruebas.


En relación con el derecho a un tribunal imparcial, Zamora señala que el Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial. Sin embargo, Zamora afirma que en las audiencias mencionadas fue atropellado, no se le dio acceso a los indicios de prueba y fue retratado como delincuente, lo que afectó su presunción de inocencia y su derecho a la defensa.


Zamora también argumenta que se violó el derecho a la presunción de inocencia, tal como lo establece el Artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Alega que se le rechazaron pruebas indispensables para demostrar su inocencia, a pesar de que su abogado explicó su relevancia y el juez había anticipado que no le correspondía valorar la prueba. Zamora sostiene que estas acciones limitaron su derecho a la defensa y al debido proceso.


En cuanto al derecho a la defensa y al debido proceso, Zamora afirma que han sido vulnerados en varias instancias. Señala que ha tenido al menos nueve abogados defensores, tanto públicos como privados, y la mayoría de ellos han sido perseguidos por el Estado de Guatemala. Afirma que esta situación ha afectado su defensa técnica y ha impedido desvanecer por completo la acusación del Ministerio Público (MP).


Zamora destaca que se le ha negado el derecho a defenderse personalmente, ya que no tiene conocimientos en técnicas de interrogatorio y no ha podido contribuir plenamente a que se conozca la verdad de la acusación en su contra.


El periodista también expone que ha sido tratado de manera indigna durante el proceso, mencionando un incidente en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) donde fue obligado a someterse a un examen innecesario contra su voluntad.


Las repercusiones en un país en crisis


En medio de la crisis judicial, la decisión del tribunal y la condena del periodista generaran un profundo impacto en el país en términos del estado de derecho, la libertad de prensa y la lucha anticorrupción. Esta decisión plantea serias preocupaciones sobre la independencia judicial, la garantía de los derechos fundamentales y la protección de las y los periodistas en Guatemala.


En primer lugar, el caso de Zamora pone en entredicho la imparcialidad del sistema judicial. El periodista ha denunciado violaciones a sus derechos humanos y ha expuesto irregularidades en el desarrollo del juicio, lo cual genera dudas sobre la objetividad y la equidad del proceso. Esto socava cada vez más la confianza de la ciudadanía en la justicia y cuestiona la capacidad del sistema judicial -y del MP- para actuar de manera independiente y garantizar un debido proceso.


Por otra parte, esta decisión tiene un impacto significativo en la libertad de prensa en el país y en los medios independientes. La condena de Zamora envía un mensaje preocupante a otros periodistas, a espacios informativos y a la sociedad civil de Guatemala. Podría generar un ambiente de autocensura y temor en el ejercicio de la profesión periodística, ya que los periodistas podrían enfrentar consecuencias legales similares si investigan y exponen casos de corrupción, abuso de poder o violaciones a los derechos humanos y constitucionales.


Además, esta decisión plantea interrogantes sobre la lucha anticorrupción en Guatemala. Zamora ha sido conocido por su trabajo periodístico en la denuncia de casos de corrupción y ha sido considerado una figura destacada en la búsqueda de la transparencia y la rendición de cuentas. Su condena por lavado de dinero, aunque absuelto de otros cargos relacionados, es un claro intento de silenciar o desacreditar a aquellos que exponen la corrupción en el país.


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