Costa Rica redistribuye presupuesto estatal para financiar nueva cárcel. Ministerios aportan más de lo requerido, pero Cultura se resiste
- Jairo Videa
- 3 ago
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La diferencia más marcada provino del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), donde la ministra Paula Bogantes propuso un recorte de 240 millones de colones, más de seis veces los 34 millones de colones requeridos inicialmente. Este monto proviene, en su mayoría, del programa de Rectoría del Sector de Telecomunicaciones.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
En una jugada presupuestaria que ha desatado cuestionamientos y nuevos debates, la administración del mandatario Rodrigo Chaves moviliza los cimientos financieros del Estado costarricense para financiar la construcción de una nueva prisión de alta contención, un proyecto que ha pasado de ser una promesa política a una prioridad urgente para el Ejecutivo.
El Ministerio de Hacienda, liderado por Nogui Acosta, había planteado redirigir 5.275 millones de colones desde 13 instituciones públicas para costear la fase inicial del complejo penitenciario. Sin embargo, el respaldo de siete ministerios y de la Presidencia de Costa Rica, que ofrecieron recortes superiores a los requeridos, incrementó la suma disponible a 5.998,8 millones de colones, lo que representa un aumento de 723,8 millones de colones.
Cultura resiste, Ciencia cede
Entre las carteras convocadas, solo el Ministerio de Cultura y Juventud, encabezado por Jorge Rodríguez Vives, se negó a disminuir su presupuesto. El jerarca defendió su postura alegando que la institución tiene programadas 7,000 actividades para lo que resta del año, de las cuales 5,800 se desarrollarán fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), y subrayó que esto conlleva altos costos logísticos en viáticos, transporte y equipo.
En contraposición, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), bajo la conducción de Paula Bogantes, ofreció un recorte seis veces mayor al solicitado. Mientras Hacienda pedía 34 millones de colones, MICITT ofreció 240 millones de colones, de los cuales 227 millones provienen del programa de Rectoría del Sector de Telecomunicaciones y el resto de la partida de desarrollo científico.
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), por su parte, reportó una disponibilidad de 237,8 millones de colones, cuando la solicitud era de apenas 87,8 millones. El ministro Manuel Tovar explicó que el monto se debe a retrasos en contrataciones para proyectos de puestos fronterizos, permitiendo redirigir fondos hacia otras prioridades estatales.
Ahorros cambiarios y remanentes administrativos
Otros ministerios también se sumaron con ajustes superiores a los inicialmente exigidos. En Cancillería, Denis Portuguez Cascante atribuyó el ahorro a la estabilidad del tipo de cambio, lo cual permitió liberar 88,8 millones de colones provenientes, en su mayoría, de pagos a organismos internacionales.
Aunque el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) también aumentó su contribución, no ofreció detalles sobre el origen del dinero. Asimismo, Gobernación y Policía, MOPT y la Presidencia se sumaron al esfuerzo fiscal con montos adicionales. Destaca el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que aceptó un recorte superior a 2.981 millones de colones, más del doble que cualquiera de las otras carteras.
Una prisión con inspiración salvadoreña
La idea de levantar una nueva cárcel no es reciente, pero su enfoque ha cambiado radicalmente desde su concepción inicial. El ministro de Justicia, Gerald Campos, explicó que el proyecto pasó de contemplar un centro para 1,000 reclusos a uno con capacidad para 5,100, inspirado en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. La visita del presidente Nayib Bukele a Costa Rica en noviembre del año pasado, y la revelación de que la megaestructura salvadoreña costó 100 millones de dólares para retener unos 40,000 reos, provocó un giro estratégico en San José.
"Es cuando decidimos ir al Salvador a conocer todos los detalles... nuestros equipos técnicos han viajado allá y, desde abril, empezaron este proyecto", afirmó Campos. La nueva prisión costará 35 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 12 millones se incluirán en un presupuesto extraordinario que será enviado a la Asamblea Legislativa costarricense. El resto se incorporará en el Presupuesto Ordinario 2026.
Un proyecto urgente, pero no exento de críticas
El proyecto fue inscrito en el sistema de inversión pública del Ministerio de Planificación desde el jueves 10 de julio de 2025, lo cual habilita la búsqueda de recursos y el proceso de licitación. Campos espera que el presupuesto extraordinario sea aprobado antes de octubre, con el objetivo de iniciar la construcción este mismo año. Se proyecta un tiempo de ejecución de 195 días desde la colocación de la primera piedra.
El centro penitenciario todavía sin nombre oficial requerirá 600 nuevos policías para operar, lo cual, según el ministro, se ajusta a la capacidad actual de 4,500 oficiales. Este dato contrasta con el informe de la Defensoría de los Habitantes, que señaló que para abril de 2025 hacían falta 2,722 agentes penitenciarios, cifra que ha ido en aumento desde los 1,754 reportados en 2023.
Campos, no obstante, desestima esa lectura y asegura que la redistribución del personal tras remodelaciones de otros centros permitiría cubrir la nueva demanda sin necesidad de nuevas contrataciones masivas. Además, el funcionario señaló que las plazas liberadas podrían destinarse a procesos de reinserción social, nombrando profesionales en psicología, trabajo social y educación dentro del sistema penitenciario.
Trasfondo: cárceles olvidadas y decisiones de Estado
El ministro no oculta su malestar por lo que considera décadas de desinversión en el sistema carcelario. "Muchos gobiernos no invirtieron. Tratamos soluciones livianas... Tuvimos que entrar con un modelo de este tipo", subrayó en entrevista con El Observador. El proyecto, sin embargo, no ha escapado al escrutinio público. Las decisiones de desfinanciar programas culturales, científicos y diplomáticos para impulsar una infraestructura carcelaria de gran escala levantan interrogantes sobre las prioridades del Estado costarricense.
En un contexto donde el hacinamiento carcelario supera el 35 % y el sistema enfrenta un colapso operativo, el Gobierno apuesta por una solución estructural que, aunque polémica, avanza con paso firme.
La gran incógnita que permanece es si este modelo resolverá de fondo los problemas penitenciarios del país o si, como ha sucedido en otras latitudes, se convertirá en un símbolo más de la militarización de la justicia en detrimento de las políticas de prevención y reinserción social.
Mientras tanto, el país centroamericano se encamina a redirigir millones del presupuesto nacional hacia un solo propósito: levantar en seis meses la prisión más ambiciosa en la historia reciente de Costa Rica.
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