Detención y deportación de niño hondureño en Estados Unidos conmociona a comunidad escolar en California
- Jairo Videa
- 7 jun
- 7 Min. de lectura
Antonio Sánchez, cercano a la familia del menor, narró esta semana que Mártir y su padre habían viajado a Houston porque originalmente entraron al país por Texas. Creían estar dando cumplimiento al proceso judicial. "Nunca imaginaron que los iban a detener. Hemos llamado a inmigración, pero nos dicen que no tienen información o no pueden darla. Es desesperante", lamentó.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Washington, Estados Unidos de Norteamérica
La historia de Mártir García Lara, un niño hondureño de apenas nueve años de edad, ha desatado una oleada de indignación, solidaridad y cuestionamientos sobre el sistema migratorio estadounidense y las medidas proteccionistas y nacionalistas del mandatario Donald Trump. El menor, quien cursaba el cuarto grado en la Escuela Primaria Torrance del condado de Los Ángeles, fue detenido el jueves 29 de mayo de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una audiencia migratoria en Houston, Texas.
Desde entonces, se encuentra privado de libertad junto a su padre, Mártir García-Banegas, en un centro de detención en el sur de Texas.
Mártir había viajado con su padre desde California a Texas para cumplir con una cita judicial relacionada con su proceso de inmigración. Ambos habían ingresado a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) por la frontera sur el sábado 10 de julio de 2021, buscando una oportunidad de vida fuera de Honduras. Sin embargo, poco más de un año después, un juez emitió una orden de deportación en su contra, que fue apelada sin éxito ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. El 11 de agosto de 2023, la apelación fue desestimada. ICE afirmó que la familia no cumplió con la salida voluntaria dispuesta por el tribunal, razón por la cual se ejecutó la detención en cumplimiento de la orden judicial.
Desde su arresto, el niño y su padre permanecen en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, Texas, a la espera de ser deportados a Honduras. Funcionarios federales confirmaron que "han agotado el debido proceso y no les quedan recursos legales" para evitar la deportación.
La noticia provocó un fuerte impacto emocional en Torrance, donde Mártir vivía, estudiaba y formaba parte de una comunidad escolar activa. Maestros, compañeros de clase y padres de familia han expresado su preocupación y desconcierto ante lo que consideran una política migratoria deshumanizante y agresiva, especialmente contra un menor de edad.
"Este niño, de cuarto grado, está en el mismo salón que mi hija. Impacta a todos los niños, impacta a toda la comunidad", declaró Priscila Carvajal, madre de familia, en entrevista con Univision. La presidenta de la Asociación de Padres y Maestros (PTA), Jasmine King, también alzó la voz: "Mártir está solo, sin su padre, sin sus padres, y en un lugar que probablemente no conoce. Solo podemos imaginarnos cómo se está sintiendo".
A pesar del creciente interés público y la presión comunitaria, la información sobre la situación de Mártir ha sido escasa. ICE no ha brindado detalles adicionales sobre las condiciones en que se encuentra el niño, ni ha respondido a las solicitudes de liberación o reconsideración del caso. La PTA ha intentado establecer contacto con autoridades migratorias y representantes locales, pero los resultados han sido limitados.
"Estamos haciendo todo lo posible para traerlo de regreso a casa", aseguró King. La organización ha empezado a movilizar recursos para asistencia legal y logística. A su vez, el Distrito Escolar Unificado de Torrance emitió un comunicado en el que afirma estar dispuesto a brindar apoyo a la familia del menor "si así lo solicitan", pero evitó pronunciarse directamente sobre el caso, señalando que se trata de un asunto federal.
En paralelo, la familia del niño también se encuentra en la incertidumbre. Antonio Sánchez, amigo cercano de García-Banegas, dijo que han hecho múltiples llamadas a ICE sin obtener respuestas claras. "Queremos saber si van a soltarlo aquí o si están pidiendo una fianza. Pero nos dicen que no tienen información", lamentó.
La detención de Mártir y su padre no es un caso aislado. Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado un aumento de operativos migratorios que se llevan a cabo dentro o en las inmediaciones de cortes de inmigración, afectando incluso a quienes comparecen voluntariamente a sus audiencias. En algunos casos, los agentes actúan en pasillos, entradas o áreas comunes de los tribunales, según fuentes consultadas por COYUNTURA, lo que ha sido calificado como "una caza sistemática" y "una forma de intimidación institucionalizada".
"El simple hecho de que un niño de primaria pueda ser separado de su padre en una corte y terminar bajo custodia sin que nadie sepa dónde está, es inaceptable", comentó un maestro de Torrance que prefirió el anonimato.
La indignación ha trascendido las fronteras del ámbito escolar. William Kory Amyx, candidato demócrata a la Cámara de Representantes, escribió en su cuenta de X: "esto no es una aplicación de las leyes de inmigración. Esto es una guerra psicológica contra los niños. Se trata del resurgimiento de la separación familiar como política y es una vergüenza nacional".
La familia García llegó a EE.UU. en 2021, en el marco de una ola migratoria centroamericana que ha sido alimentada por la violencia estructural, la pobreza y la inestabilidad política en países como Honduras, Nicaragua y El Salvador. El padre había solicitado asilo, un proceso que suele tomar años, con recursos limitados y altas tasas de rechazo. Aunque contaba con representación legal, no logró revertir la orden de deportación.
El caso de Mártir pone en evidencia las múltiples grietas del sistema de inmigración estadounidense: la lentitud de los procesos, la escasa disponibilidad de recursos para migrantes, la criminalización de la pobreza y el tratamiento opaco de los menores bajo custodia.
Según datos de la organización Human Rights First, más de 72,000 personas fueron detenidas en centros migratorios solo en 2023, incluyendo a menores no acompañados y familias. El Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, donde se encuentra Mártir, ha sido objeto de denuncias por condiciones inadecuadas y por el impacto psicológico que tiene la detención prolongada en niños y adolescentes.
Para la comunidad de Torrance, Mártir no es una estadística: es un niño con nombre, rostro, amigos y sueños. Sus maestros recuerdan su entusiasmo en clase, su participación en actividades escolares, y su deseo de convertirse algún día en bombero. Hoy, ese mismo niño se encuentra tras las rejas, en un país que, hasta hace pocos días, era su hogar.
El silencio de las autoridades, la falta de respuestas claras y la aceleración del proceso de deportación han convertido su caso en un símbolo del trato inhumano que muchos migrantes enfrentan en Estados Unidos, incluso los más vulnerables. Mientras se espera su inminente expulsión hacia Honduras, la comunidad sigue exigiendo lo que para ellos es un mínimo: humanidad, justicia y compasión.
"Que regrese a su escuela. Que regrese a su comunidad. Que no le arrebaten su niñez", expresó una maestra entre lágrimas durante una vigilia organizada a las afueras de la escuela. Así y todo, el Estado hondureño no ha dado declaraciones al respecto de este caso.
Mártir García Lara, de nueve años, no eligió las leyes que hoy lo encierran. Solo buscaba un lugar seguro para crecer. En el sistema migratorio de EE.UU., ese deseo, al parecer, ya no basta.
Manifestaciones en Los Ángeles
En medio de un clima de creciente tensión migratoria en Estados Unidos, el exdirector de ICE y actual zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, anunció que la Guardia Nacional será desplegada en Los Ángeles para contener las protestas contra las redadas migratorias ejecutadas por ICE, que hoy, sábado 07 de junio de 2025, cumplen su segundo día consecutivo. Las declaraciones, dadas a Fox News, se produjeron tras fuertes enfrentamientos entre manifestantes y autoridades, particularmente en el barrio de Paramount, donde al menos 44 personas fueron detenidas por presuntas violaciones migratorias. La alcaldesa Karen Bass criticó la operación, acusando a ICE de "sembrar el terror", mientras que el jefe de la Policía de Los Ángeles se desligó de las redadas y reiteró que no participarán en acciones de deportación.
Desde la Casa Blanca, el asesor Stephen Miller y otras figuras afines a la administración Trump calificaron las protestas como una "insurrección" y una amenaza a la soberanía nacional. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo, sin aportar pruebas, que al menos mil manifestantes atacaron un edificio federal, agredieron a agentes, cortaron neumáticos y dañaron propiedad pública. Las imágenes de los disturbios en medios internacionales muestran escenas caóticas: carros de supermercado esparcidos por el bulevar, basura incendiada y granadas aturdidoras, mientras la comunidad latina —que compone el 82 % de la población en zonas como Paramount— denuncia un clima de persecución y miedo.
La reacción del gobierno federal se ha visto también influida por críticas a su gestión de deportaciones recientes, algunas de las cuales han sido revertidas por jueces que ordenaron el regreso de migrantes deportados erróneamente, por ejemplo. En un caso extremo, agentes del ICE y personas detenidas permanecen varados hasta ahora en Yibuti tras la suspensión judicial de una deportación colectiva. Mientras tanto, Homan pidió investigar a políticos demócratas por sus declaraciones contra ICE y rechazó que los agentes fueran comparados con la Gestapo, la policía política secreta del Tercer Reich, afirmando que estas críticas incitan a la violencia. La confrontación entre la política migratoria de línea dura y las comunidades afectadas parece estar escalando sin señales de reconciliación inmediata.
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