La reciente aprobación de la Ley para la Certificación de Permisos y Autorizaciones Ambientales en Nicaragua no ha generado el intenso debate que debería existir ahora mismo sobre el futuro de la protección ambiental y el control gubernamental en el país centroamericano. En medio de la creciente preocupación por el impacto de las actividades humanas en los recursos naturales, y el evidente aumento de la deforestación y el avance de la ganadería y la producción masiva de diversas semillas y plantas, esta nueva legislación otorga un papel central a la Procuraduría General de la República (PGR) en la emisión de certificados ambientales, modificando significativamente el panorama regulatorio.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En un movimiento que refuerza el control de la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo sobre las instituciones y actividades en Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó el jueves 15 de febrero de 2024 la Ley para la Certificación de Permisos y Autorizaciones Ambientales. Esta nueva legislación otorga a la Procuraduría General de la República (PGR) la autoridad para supervisar y certificar el "uso sostenible de los recursos naturales", previamente manejado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA).
La ley, aprobada bajo "trámite de urgencia", introduce modificaciones tanto a la Ley General del MARENA (Ley 217) como a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Ley 411). Entre los aspectos más destacados de esta nueva normativa se encuentra la imposición de responsabilidades penales para las y los beneficiarios de permisos o autorizaciones ambientales.
La modificación a la Ley 217 establece que, antes de iniciar cualquier proyecto, obra, industria u otra actividad, los beneficiarios deben obtener la Certificación Ambiental de la Procuraduría General de la República. Esta certificación se vuelve obligatoria, y sin ella los trabajos no podrán iniciarse, con la amenaza de enfrentar responsabilidades administrativas, civiles y penales.
La enmienda a la Ley 411 señala que la Procuraduría General otorgará la certificación ambiental sobre los permisos o autorizaciones emitidos por el MARENA para el uso sostenible de los recursos naturales del país centroamericano. Entonces, la certificación ambiental de la PGR, controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se convierte en un requisito esencial para el inicio de las obras, y su omisión conlleva consecuencias legales significativas.
Una de las facetas más llamativas de esta nueva legislación es la facultad concedida a la Procuraduría General para solicitar la colaboración de la Policía Nacional en la verificación e inspección de aquellos que busquen obtener la certificación. Este componente refleja un aumento en el control estatal sobre las actividades relacionadas con el medio ambiente. "Para la Certificación Ambiental, la Procuraduría General de la República requerirá al MARENA e instituciones públicas pertinentes la información y colaboración necesaria; así mismo, para realizar las verificaciones o inspecciones, podrá auxiliarse de las autoridades de la Policía Nacional", establece la nueva ley.
La legislación también impone plazos estrictos para la respuesta de la Procuraduría General a las solicitudes de certificación. Se otorgan 60 días como plazo máximo, y la falta de respuesta se interpreta como una negación implícita. Este límite de tiempo agiliza el proceso y coloca a la Procuraduría General como un actor central en la toma de decisiones ambientales en el país, según el oficialismo en el Poder Legislativo. "La Procuraduría General deberá resolver sobre la solicitud en un plazo de 30 días prorrogables por una sola vez por el mismo plazo; transcurrido el plazo operará el silencio administrativo negativo", expresa la nueva ley.
Preocupaciones ambientales
Amaru Ruiz, destacado ambientalista e investigador, expresó recientemente su preocupación sobre la concentración de poder en la Procuraduría General. Ruiz sostiene que esta ley otorga a la Procuraduría la última palabra en la emisión de permisos, superando las regulaciones existentes a cargo del MARENA y el Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales. El ambientalista advierte que esto podría resultar en un aumento de los costos para obtener las certificaciones ambientales, convirtiéndolo en un proceso más recaudatorio para el Estado. Además, señala que esta centralización de poder puede llevar a la parcialidad, beneficiando a empresas y personas vinculadas al régimen orteguista en detrimento de otras.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, comparó esta nueva legislación con la comisión de verificación de proveedores del Estado aprobada en diciembre del año 2023, que también colocó bajo el control de la Procuraduría General las concesiones a los proveedores estatales. Porras destacó en la sesión legislativa la necesidad de la participación de la Procuraduría en la emisión de certificaciones ambientales, argumentando que maneja los registros mercantiles y el registro público de la propiedad, gracias a otras legislaciones ordenadas por Ortega y Murillo.
Cabe recordar que en noviembre pasado, la Asamblea Nacional transfirió el control del Registro Público de la Propiedad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Procuraduría General, generando preocupaciones sobre la facilidad con la que el régimen podría confiscar bienes y propiedades de empresas y personas naturales.
Esta nueva ley refleja una consolidación adicional del poder en manos del régimen de Daniel Ortega, que busca controlar de manera más directa las actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales. La Procuraduría General emerge como el árbitro final en la toma de decisiones ambientales, generando críticas sobre la falta de garantías para la imparcialidad y la protección del medio ambiente. Más concesiones mineras podrían estar en camino.
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