Dos años del segundo mandato de Bukele: seguridad consolidada, cuestionamientos democráticos y una economía que inquieta a los salvadoreños
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La principal fortaleza política del mandatario derechista continúa siendo la seguridad pública. Cuando asumió la Presidencia en 2019, El Salvador ya registraba una tendencia sostenida de reducción de homicidios tras haber alcanzado en 2015 uno de los niveles de violencia más elevados del mundo, con más de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Su administración impulsó el denominado Plan Control Territorial y mantuvo la disminución de los índices criminales. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en marzo de 2022, cuando el país enfrentó la jornada más sangrienta de su historia reciente.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele cumplió este lunes 01 de junio de 2026 dos años de su segundo mandato consecutivo en medio de una realidad marcada por contrastes. Mientras conserva niveles de popularidad extraordinariamente altos y continúa siendo uno de los gobernantes mejor evaluados de América Latina "gracias" a su estrategia de seguridad basada en la "mano dura", aumentan las preocupaciones sobre el deterioro de las garantías democráticas, las denuncias por violaciones a derechos humanos y la falta de resultados contundentes en materia económica.
La fecha encuentra al mandatario en una posición política sin precedentes en la historia reciente salvadoreña. Tras siete años consecutivos en el poder, Bukele mantiene un respaldo ciudadano que desafía las tendencias tradicionales de desgaste gubernamental.
Sin embargo, ese respaldo convive con crecientes críticas provenientes de organizaciones humanitarias, organismos internacionales, sectores académicos y especialistas económicos que advierten sobre los costos institucionales y sociales del modelo implementado desde la Presidencia.
Un mandato modificado por reformas constitucionales
El actual período presidencial, originalmente concebido para extenderse entre 2024 y 2029, fue alterado por una reforma constitucional impulsada por la Asamblea Legislativa, dominada ampliamente por el oficialista partido Nuevas Ideas.
La modificación adelantó las próximas elecciones presidenciales para 2027 y estableció un nuevo esquema político que permitirá la reelección indefinida bajo mandatos de seis años a partir de ese ciclo electoral.
La medida profundizó el debate sobre la concentración de poder en El Salvador. La reelección inmediata de Bukele ya había generado controversias debido a que distintos artículos de la Constitución salvadoreña históricamente fueron interpretados como una prohibición para la continuidad presidencial consecutiva.
Durante el proceso electoral que culminó con su reelección, observadores de la Organización de los Estados Americanos expresaron preocupaciones relacionadas con las condiciones de competencia política, el acceso equitativo a medios de comunicación, el financiamiento de campañas y la utilización de recursos estatales.
A pesar de ello, la contundente victoria electoral consolidó el control político del mandatario sobre prácticamente todas las instituciones del Estado.
Aunque Bukele no ha confirmado si buscará un nuevo mandato en 2027, a finales de 2025 dejó abierta esa posibilidad durante una entrevista difundida en plataformas digitales.
"No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país", expresó entonces. Incluso agregó que, si dependiera únicamente de él, permanecería una década más en el Poder Ejecutivo.
La seguridad, principal fuente de legitimidad política
La principal fortaleza de Bukele continúa siendo la seguridad pública.
Cuando llegó a la Presidencia en 2019, El Salvador ya registraba una tendencia sostenida de disminución de homicidios después de haber alcanzado en 2015 uno de los índices de violencia más altos del mundo, con más de 100 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Su administración impulsó inicialmente el denominado Plan Control Territorial, orientado a recuperar espacios dominados por las pandillas y fortalecer la presencia estatal en zonas históricamente afectadas por la criminalidad.
No obstante, el punto de inflexión ocurrió en marzo de 2022, cuando el país experimentó una de las jornadas más violentas de su historia reciente. Más de 80 personas fueron asesinadas en apenas tres días, un episodio que desencadenó la aprobación del régimen de excepción. Desde entonces, esa medida extraordinaria se ha convertido en el principal instrumento de seguridad del Gobierno.
La Asamblea Legislativa ha prorrogado el régimen, según datos registrados por COYUNTURA, en al menos 51 ocasiones consecutivas mediante períodos de 30 días. Durante su vigencia, se han suspendido diversas garantías constitucionales relacionadas con la libertad de asociación, el derecho a la defensa y los plazos de detención administrativa. Según cifras oficiales, más de 92.000 personas han sido arrestadas bajo este esquema.
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