El Conteo Diario: 5,768 personas condenas por extorsión entre 2020 y 2026 en El Salvador
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Resumimos la jornada de este martes 31 de marzo de 2026 con las cifras y noticias más importantes de la actualidad en Centroamérica. Te recomendamos leerlo desde un navegador de escritorio para una mejor experiencia informativa.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Centroamérica
Millones de Quetzales en Bonos del Tesoro adjudicados: primera colocación de deuda para financiar el presupuesto 2026
El Estado de Guatemala colocó Q1 mil 500 millones en Bonos del Tesoro el pasado jueves 26 de marzo de 2026, en la primera operación de endeudamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2026. La emisión, respaldada por el Ministerio de Finanzas Públicas, superó las expectativas al registrar una demanda total de Q2 mil 911.05 millones, casi el doble del monto adjudicado, reflejando un alto interés del mercado en los instrumentos de deuda soberana.
Del total colocado, Q375 millones fueron adjudicados con vencimiento al 20 de septiembre de 2038, a una tasa de corte de 6.0250 %, mientras que Q1 mil 125 millones corresponden a títulos con vencimiento al 30 de noviembre de 2046, con una tasa de 6.2450 %. En contraste, no se realizaron adjudicaciones para los plazos previstos en mayo de 2030 y junio de 2033, lo que evidencia una preferencia de los inversionistas por instrumentos de mayor duración.
La emisión se enmarca en el Acuerdo Gubernativo 26-2026, que regula la colocación, negociación, liquidación y servicio de estos bonos, incluyendo mecanismos de rescate y canje. El reglamento contempla la participación tanto de inversionistas institucionales como de pequeños ahorrantes, además de permitir la emisión de títulos en formato electrónico con custodia digital y negociación en el mercado secundario, facilitando su liquidez antes del vencimiento.
Para 2026, el monto total aprobado para la emisión de Bonos del Tesoro asciende a Q24 mil 098.9 millones, una cifra ajustada respecto al techo inicial debido a decisiones fiscales orientadas a reducir el endeudamiento y utilizar mayores recursos de caja. Este cambio ocurre en un contexto marcado por la vigencia del presupuesto de 2025 tras la suspensión del nuevo plan por la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que ha obligado a redefinir la estrategia de financiamiento del Estado.
Condenas por extorsión entre 2020 y 2026
La condena a ocho años de prisión contra Rodrigo Armando Rosales Portillo expuso esta semana con precisión quirúrgica el funcionamiento de las estructuras de extorsión en El Salvador, donde las pandillas mantienen esquemas logísticos definidos incluso en contextos de fuerte presión estatal. El caso, ocurrido en 2022 en San Juan Opico, La Libertad, documenta cómo un miembro de la Mara Salvatrucha coordinó la recolección de $500 mediante llamadas, instrucciones específicas y la utilización de intermediarios —en este caso, un joven en bicicleta— para minimizar riesgos y fragmentar responsabilidades.
El expediente judicial detalla una operación que, aunque simple en apariencia, revela niveles de organización: la víctima recibió amenazas directas contra su vida y la de su familia, seguidas de indicaciones precisas sobre vestimenta, lugar y hora de entrega. La intervención de la Policía Nacional Civil (PNC), tras la denuncia, permitió montar una entrega controlada con tres equipos operativos que culminaron en la captura en flagrancia del implicado, quien transportaba un sobre con dinero simulado compuesto por un billete real y recortes de periódico.
Durante el proceso penal, Rosales Portillo confesó haber aceptado recoger el dinero a sabiendas de que se trataba de una extorsión, evidenciando el rol de colaboradores periféricos dentro de estas redes criminales. Su testimonio confirma que los pandilleros recurren a terceros —no necesariamente miembros activos— para ejecutar tareas específicas, reduciendo su exposición directa ante las autoridades. Este patrón ha sido recurrente en múltiples investigaciones fiscales.
La sentencia se enmarca en un universo de 5,768 condenas obtenidas por la Fiscalía General de la República entre 2020 y febrero de 2026, de las cuales 4,710 corresponden a extorsión agravada. El incremento de fallos condenatorios en 2023 y 2024 coincide con la implementación del régimen de excepción impulsado por la administración derechista de Nayib Bukele, consolidando una ofensiva judicial sin precedentes contra las pandillas. Sin embargo, los casos individuales continúan revelando la persistencia —y adaptación— de estos esquemas delictivos en el tejido social.
Millones de dólares proyectados en inversión china: apuestan por reactivar producción de tabaco en el oriente del país
Una empresa china planea invertir decenas de millones de dólares en la producción de tabaco en el oriente de Honduras, en una apuesta por revitalizar una industria paralizada y fortalecer la exportación de puros hacia Asia. La información fue confirmada por la Embajada de China en Tegucigalpa este lunes 30 de marzo de 2026, que destacó el creciente interés del mercado chino por el tabaco hondureño de alta calidad.
El proyecto incluye la reactivación de una fábrica de puros en el departamento de El Paraíso, adquirida en 2025 por capital chino. Aunque no se ha revelado el nombre de la empresa ni el monto exacto de la inversión, el objetivo es posicionar los puros hondureños en China y otros mercados internacionales, generando divisas y ampliando la oferta exportable del país, además de crear empleo en una región con limitadas oportunidades económicas.
Las cifras comerciales reflejan una tendencia al alza: en 2025, China importó tabaco y derivados hondureños por un valor de tres millones de dólares. Solo entre enero y febrero de 2026, las importaciones ya superan el millón de dólares, lo que evidencia un crecimiento sostenido de la demanda en el gigante asiático, particularmente por productos considerados premium.
Este movimiento se enmarca en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Honduras y China, establecidas en 2023 tras la ruptura de vínculos con Taiwán. Desde entonces, productos como el café y el camarón han comenzado a ganar espacio en el mercado chino, en una estrategia de diversificación comercial que ahora incorpora al tabaco como uno de los sectores con mayor potencial de expansión.
Viajeros diarios en Peñas Blancas y un repunte migratorio previo a Semana Santa presionan la frontera sur
Un flujo de cerca de 3,000 personas diarias atravesando el puesto fronterizo de Peñas Blancas marcó el inicio del movimiento previo a Semana Santa entre Costa Rica y Nicaragua, superando el promedio habitual para esta época, según funcionarios consultados por COYUNTURA. El aumento, confirmado por autoridades migratorias, refleja un repunte significativo en la movilidad regional impulsado por el inicio del receso laboral y el atractivo turístico del país vecino.
El incremento responde a la decisión de nacionales y extranjeros de aprovechar los días de asueto para desplazarse hacia destinos nicaragüenses, favorecidos por la cercanía geográfica y la diversificación de la oferta turística. Este comportamiento ha elevado la presión sobre los servicios migratorios, obligando a reforzar controles y a insistir en el cumplimiento de requisitos documentarios para evitar retrasos en el cruce.
La coordinación entre ambos países se mantiene activa para gestionar la alta demanda en la frontera, considerada una de las más dinámicas de Centroamérica en temporadas altas. En paralelo, Nicaragua busca capitalizar este flujo con inversiones en infraestructura, como la reciente inauguración de un tramo de 30 kilómetros de la carretera costanera en el Pacífico sur, diseñada para mejorar la conectividad hacia destinos como El Naranjo y El Remanso.
El repunte ocurre en un contexto más amplio de reconfiguración del turismo binacional. Mientras Costa Rica impulsa corredores turísticos transfronterizos para dinamizar economías locales, Nicaragua intenta recuperar un sector golpeado por la inestabilidad política y la caída de ingresos en zonas clave como San Juan del Sur. Entre oportunidades de crecimiento y tensiones ambientales —como la presión sobre áreas protegidas compartidas—, ambos países enfrentan el desafío de sostener el desarrollo turístico sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad regional.
Migrantes al año: Costa Rica acuerda recibir deportados de EE.UU. en pacto sin plazo definido
Costa Rica se comprometió a recibir hasta 25 migrantes deportados por semana desde Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), lo que podría traducirse en aproximadamente 1,300 personas al año, tras un acuerdo firmado entre el presidente Rodrigo Chaves y Kristi Noem. El pacto, alcanzado en marzo en San José, no establece un plazo definido y permite incluso ampliar la cuota semanal, en el marco de la cooperación migratoria impulsada por Washington en la región.
El acuerdo se concretó días después de la participación de Costa Rica en la cumbre regional conocida como Escudo de las Américas, promovida por la administración de Donald Trump, que busca articular una estrategia conjunta frente a la migración irregular. Noem, figura vinculada al ala más conservadora del movimiento MAGA, fue removida recientemente de su cargo tras fuertes críticas en el Senado por operativos migratorios que derivaron en detenciones indebidas y muertes de ciudadanos estadounidenses.
A diferencia de operativos anteriores, como el traslado de 200 migrantes en 2025 al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), las autoridades costarricenses aseguraron que los deportados no estarán detenidos. Según el ministro de Seguridad, serán alojados en hoteles o viviendas alquiladas, con financiamiento canalizado a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aunque el acuerdo no garantiza de forma explícita la cobertura total de los costos por parte de Estados Unidos.
El contenido del pacto establece que Washington deberá notificar cada traslado con 48 horas de anticipación, incluyendo datos básicos y antecedentes penales —cuando estén disponibles—, mientras que Costa Rica podrá aceptar o rechazar casos, aunque con respuesta inmediata. La medida ha reavivado el debate sobre derechos humanos y soberanía, especialmente tras las críticas del magistrado Fernando Cruz Castro, quien calificó prácticas anteriores como violatorias de la dignidad humana, en un contexto donde la gestión migratoria regional vuelve a tensar los límites entre cooperación y control.
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