El rapto y las "bodas de oro" de Alba Luz Ramos: 22 meses de ausencia total de la "dama de la justicia" en Nicaragua
- Juan Daniel Treminio
- 8 ago
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Actualizado: 12 ago
La historia de la todavía magistrada está íntimamente ligada a la del sistema judicial nicaragüense. Por décadas fue una fiel servidora del sandinismo y una de las figuras más influyentes dentro del aparato estatal. Conoce al detalle los entresijos del sistema, domina sus mecanismos y sabe cómo maniobrar dentro. Sin embargo, su estilo personal —más técnico que político, más rígido que complaciente— la convirtió en una pieza incómoda para el modelo absolutista que Ortega y Murillo impusieron.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
Managua, Nicaragua
Una celebridad perfecta, perfectamente desaparecida.
El ocaso de Alba Luz Ramos Vanegas (León, Nicaragua, viernes 03 de junio de 1949) se produjo una mañana, de forma repentina e inesperada, como un eclipse que borra la luz sin aviso previo.
En octubre de 2023, ella transitó del estatus de ícono centroamericano a convertirse en un fantasma borrado por completo de la vida pública. Su última aparición oficial fue el jueves 12 de octubre, y 12 días después ocurrió su rapto, que derivó en su desaparición forzada, la cual persiste hasta el cierre de este texto. Ya son 22 meses sin noticias ni explicaciones sobre esta pieza clave en el corazón del poder y de la justicia nicaragüense, quien sigue siendo oficialmente presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Su propia existencia hoy es un enigma insondable. Por ello, es oportuno recorrer los momentos cumbre de su trayectoria para comprender la singularidad de su caso y las razones que pudieron convertirla en objeto de cautiverio. Además, este análisis permite adentrarse en un entorno cada vez más hostil, incluso para quienes durante años consolidaron y defendieron este modelo de régimen. No se trata solo de una figura emblemática del sistema judicial, bautizada en su momento como "la dama de la justicia", sino de una de las referencias más prominentes de la región.
Llueven las preguntas y especulaciones en torno a su desaparición total y absoluta. Una reina sin trono que, desde algún rincón oscuro del país, celebra unas bodas de oro profesionales en soledad y cautiverio. ¿Será acaso una presa por disentir con su lenguaje corporal?
Eminencia desechada
Alba Luz Ramos es descrita con justicia: una eminencia del derecho, con una hoja de vida que brilla con hitos y logros notables. Cinco décadas de servicio profesional, 35 años como magistrada y 15 al frente de la CSJ —la primera mujer en asumir tal cargo en Nicaragua y en toda Centroamérica—. Su trayectoria está adornada con reconocimientos, dominio de múltiples idiomas y una formación académica impecable que muy pocos pueden igualar. Un conocimiento absoluto del sistema judicial nicaragüense.
Era una mujer lúcida e imponente, no solo por su porte físico, sino por su capacidad para ascender y consolidarse en su ámbito. Una dama que manejaba un portafolio de poder tan grande como las carteras que lucía —necesitando incluso escoltas para cargarlas—. Destacaba tanto en su estilo al vestir, como en su postura y protocolos, hasta en detalles como el uso de mascarillas en tiempos de pandemia.
Nacida, criada y formada en León, se educó bajo la tutela estricta de las monjas del Colegio Pureza de María. Se graduó en 1973 con medalla de oro y diploma de honor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), en la cúspide de su prestigio. Alba Luz se preparó para impartir justicia con una disciplina férrea.
Sandinista de raíces profundas, "Natalia" fue su seudónimo durante la insurrección. Antes de que "Natalia" se convirtiera en una figura central de la justicia nicaragüense, viajó al exterior para fortalecer su educación superior con posgrados en derecho e idiomas. Estudió en Suiza, Londres, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Brasil y España, absorbiendo conocimientos que la transformaron en una jurista prominente y políglota.
Dos años después de la Revolución Ciudadana de 1979 contra la dictadura de los Somoza, Ramos regresó a Nicaragua y comenzó a ascender rápidamente. En 1981 fue nombrada Directora Nacional de Registro, en 1983 procuradora penal de la República y, un año después, viceministra de Justicia. En 1988, alcanzó la magistratura en la CSJ, llegando a la vicepresidencia en 1996.
Navegó con destreza y sin conflictos durante los gobiernos liberales de 1997 a 2007, a pesar de sus raíces sandinistas. Representaba el pacto político entre el liberal Arnoldo Alemán y el comandante "revolucionario" Daniel Ortega Saavedra que marcó la repartición del poder en esa era. Su influencia creció dentro de un sistema judicial cada vez más presionado políticamente, consolidándola como una figura "indispensable" para el caudillo del actual régimen matrimonial y otros altos mandos del Frente Sandinista, quienes depositaron en ella plena confianza y encomendaron grandes responsabilidades.
Entre la sombra y la complicidad
En las "bodas de oro" de Alba Luz Ramos, es decir, en el umbral de sus más de cincuenta años de servicio judicial, emerge también una faceta oscura que la retrata como la arquitecta de un aparato judicial construido en torno a la mística misma de la pareja copresidencial que legitimó la represión sangrienta, la liquidación de la disidencia y la erosión sistemática de la democracia y la institucionalidad en Nicaragua.
Con el retorno de Daniel Ortega al ahora Órgano Ejecutivo en 2007, Alba Luz Ramos Vanegas resurgió como presidenta de la Corte Suprema en 2008, convirtiéndose desde entonces en un pilar fundamental para la cooptación e instrumentalización del Órgano Judicial. Bajo su liderazgo, el sistema judicial se puso al servicio del régimen sandinista para expandir, sostener, fortalecer y cohesionar el poder político en favor de Ortega, su familia y su partido.
En 2011, bajo su presidencia, la CSJ avaló mediante una resolución judicial de claro corte ideológico la reelección ilegal e inconstitucional de Ortega Saavedra, desoyendo el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección presidencial consecutiva y un tercer mandato. Esta sentencia fue severamente criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que la calificó como un golpe a la democracia y un paso decisivo hacia la consolidación del autoritarismo sandinista.
De igual manera, Ramos se involucró activamente en la ya derogada polémica Ley 840, que otorgaba la concesión para la construcción del Canal Interoceánico al empresario chino Wang Jing, de la Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), para un proyecto que significaba una cesión masiva de soberanía y riesgos ambientales, pues dividía el país en dos sin estudios de impacto previos o consulta popular. A pesar de la oleada de recursos de inconstitucionalidad presentados por organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, ambientalistas y constitucionalistas, que denunciaban las flagrantes violaciones a la Constitución y a la soberanía nacional, Ramos y una Corte mayoritariamente sandinista declararon la constitucionalidad de la ley, ignorando las graves preocupaciones y derechos de los recurrentes.
La Corte Suprema, moldeada bajo la batuta de "la dama de la justicia", como la llamó el diario La Prensa en 2017, también validó leyes represivas como la Ley de Ciberdelitos (Ley 1042) y la Ley de Soberanía (Ley 1055), una suerte de retórica convertida en legislación para criminalizar toda forma de disidencia.
Su gestión facilitó además el archivamiento de expedientes de corrupción, incluidos casos de lavado de dinero vinculados a aliados del Frente Sandinista, y protegió a figuras cercanas, asegurándoles impunidad. El silencio de Ramos frente a la escalada de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales —documentadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como crímenes de lesa humanidad como parte de un plan para "eliminar toda disidencia"—, marcó una clara traición a los principios de justicia que en algún momento prometió defender.
Unos afuera y otros adentro
En el histórico y denso 09 de febrero de 2023, Ramos selló su complicidad con el aparato represivo al sentarse en la mesa durante la conferencia de prensa que Ortega convocó desde el capitalino Centro de Convenciones Olof Palme en Managua, para anunciar la excarcelación, deportación ilegal y desnacionalización de 222 presos políticos. Este acto fue calificado internacionalmente como un crimen de lesa humanidad.
Lo más intrigante de este bochornoso episodio es que en aquel grupo de personas arracadas de su patria, además de opositores, aspirantes presidenciales, analistas, disidentes, religiosos, estudiantes, defensores de derechos humanos y diplomáticos, también iba un ex funcionario de la señora Ramos; un viejo amigo, su aliado, su mano derecha y reconocido defensor de la causa rojinegra en el sistema judicial: el señor Roberto Larios Meléndez, quien fungía nada más y nada menos que como vocero del Poder Judicial. A éste ciudadano le pasó lo que los medios opositores repiten "cayó en desgracia".
Ahora, Larios, desde su destierro abrupto en Estados Unidos, intenta borrar su pasado "anti-yankee" y su corazón rojinegro, mientras sus antiguos compañeros han borrado incluso sus notas escolares.
A lo largo de su carrera, Alba Luz Ramos no ha tenido otra misión que consolidar su posición al frente del Poder Judicial, transformado bajo su dirección en un engranaje de represión. En complicidad con la Fiscalía que controla la sandinista Ana Julia Guido, orquestó un maratón de juicios espurios, carentes de debido proceso, que condenaron y despojaron a cientos de nicaragüenses de su nacionalidad y patrimonio. Cada acto de lealtad al régimen reforzaba su lugar en la mesa principal, desde donde observó —y facilitó— la erosión de la institucionalidad desde 2007.
A punto de celebrar sus "bodas de oro" profesionales, Ramos parecía intocable, inmersa en un sistema que moldeó a su imagen y semejanza. Pero ignoraba que el destino sandinista le tenía reservado un giro inesperado, que la sorprendió sin previo aviso, iniciando un desplome sin precedentes en el sistema de justicia del país centroamericano y, como consecuencia, su desaparición, el "castigo" impuesto por el aparato que ella misma ayudó a construir.
El enigma de su rapto
La mañana del martes 24 de octubre de 2023, un grupo de patrullas policiales, lideradas por el "súpercomisionado" en retiro Horacio Rocha —exasesor de seguridad del matrimonio presidencial— irrumpió sin previo aviso en las oficinas de la Corte Suprema en Carretera Norte, a casi 10 kilómetros de la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional en El Carmen. Sin mediar explicación, se dirigieron directamente al despacho de la presidenta. Iban por la señora de las carteras, por doña Alba Luz Ramos.
Ni el mejor perfume ni la tela más fina pudieron ablandar a los uniformados, cuyo objetivo era humillar a la reina de la justicia en su propio trono, arrancándola con saña de su oficina en un acto simbólico de destronamiento abrupto, sin importar su rango, militancia, esfuerzo, carácter o trayectoria.
—¡Sangre de la cripta! ¡Se llevaron a la doña!— exclamó, incrédula, la conserje, testigo del caos que esa mañana sacudió los pasillos.
Con una orden vaga y ominosa, "de arriba", los policías pusieron las manos sobre quien hasta ese momento representaba uno de los cuatro poderes del Estado.
—¡Increíble!— murmuraba el guardia de seguridad en la entrada, viendo desfilar las patrullas que escoltaban a la magistrada, no para cuidar sus carteras, sino como si fuera una delincuente.
No se le permitió recoger ni un solo objeto de su oficina. Todo quedó intacto, pero la puerta fue cerrada con tres candados y remachada. Solo Rocha tenía las llaves y podía entrar cuando quisiera.
Desde ese día, las patrullas no dejaron de llegar ni de llevarse a más personas.
A la doctora Ramos la humillaron y la arrestaron, no por ser opositora, infiltrada, traidora, disidente, corrupta o sospechosa de algo; simplemente, en un chasquido similar al de "las gemas del infinito" de Thanos en The Avengers, su poder y existencia se desvanecieron en un instante. Poco a poco desaparecieron centenares de militantes y funcionarios judiciales, dejando tras de sí solo pertenencias abandonadas en medio del creciente bosque de chayopalos. Desde entonces, doña Alba permanece atrapada en un limbo jurídico, político, legal y existencial.
Fuentes cercanas aseguran que vive confinada en su casa, en un residencial militar cerca del kilómetro 16 de la Carretera a Masaya, bajo estricta vigilancia policial. Sigue recibiendo su cheque mensual, pero está despojada de voz, voto y rostro.
No ha sido destituida formalmente, no ha renunciado, ni puede ejercer su cargo. Más de 20 meses han transcurrido sin investigación, expediente o línea oficial de la CSJ, Policía Nacional o cualquier otra institución que aclare su desaparición o su estado físico y psicológico. En cualquier país esto sería un escándalo mayúsculo; en Nicaragua, el silencio es la ley.
El rapto de Ramos no fue un acto aislado, sino el epicentro de una purga orquestada desde las alturas de la monarquía. Según fuentes judiciales, la orden vino de la Secretaría del FSLN y, más específicamente, de Rosario Murillo. En un movimiento calculado, se desmanteló la red de leales a Ramos dentro del poder judicial.
La magistrada, pilar del sandinismo y arquitecta de un sistema judicial sumiso, comenzó a ser vista como una amenaza para la copresidenta Murillo, resentida, según especulaciones, por la lealtad de Ramos a Ortega o por el poder que "la gran familia" de la magistrada acumuló en la CSJ.
Su caída desató una barrida sin precedentes: más de mil funcionarios judiciales, desde magistrados hasta personal administrativo, fueron destituidos, encarcelados o desterrados. Entre las víctimas estuvieron familiares de Ramos, como su sobrina Adda Benicia Vanegas Ramos, destituida de la Sala Penal, y sus sobrinos Abelardo Alvir Ramos y Egberto Ramos, jueces en Managua, todos parte de la red tejida por la magistrada. La purga continuó: dos días después de la remoción de la magistrada presidenta, el jueves 26 de octubre de 2023, la magistrada sandinista Yadira Centeno fue desalojada de su oficina y su hija, Carla Lucía Flores Centeno, detenida brevemente. Magistrados como Virgilio Gurdián y Manuel Martínez Sevilla fueron destituidos de facto, mientras que Berman Martínez, allegado a Ramos, terminó condenado.
Hasta Camilo Ortega Herrera, hijo de Daniel Ortega fuera de su matrimonio con Murillo, no escapó a la purga. La intervención policial encabezada por Rocha incluyó allanamientos, interrogatorios y despidos masivos sin indemnización ni justificación legal, dejando apenas siete de los 16 magistrados en funciones. Mientras tanto, Marvin Aguilar, magistrado sandinista, asumió la presidencia en funciones de la CSJ.
La nueva orquesta judicial
Desde la desaparición de Ramos, muchas cosas han cambiado. El país y su sistema judicial ya no son los mismos. Han sido reformados en su ausencia y sin su consentimiento, bajo el mando de una reducida élite de ancianos "tocabotones" que, cada martes y jueves, entre las nueve y once de la mañana, dedican sus sesiones a modificar el marco legal según los intereses del matrimonio copresidencial de El Carmen.
Tras la barrida de funcionarios judiciales, la Asamblea Nacional inició una ofensiva legislativa que desmontó los últimos vestigios de institucionalidad. En menos de 20 meses —hasta julio de 2025—, COYUNTURA documentó más de 20 reformas legales, al menos siete de carácter judicial, que consolidaron un régimen autoritario irreconocible, sin discusiones, argumentos legítimos o fines sociales. El Poder Judicial, aún presidido nominalmente por Ramos, quedó reducido a un simple apéndice del poder de Ortega y Murillo.
Principales reformas desde octubre de 2023:
Reforma al artículo 165 de la Constitución: Transferencia de la supervisión de los Registros Públicos de la Propiedad de la CSJ a la Procuraduría General de la República, debilitando la autonomía judicial.
Reforma al artículo 159 de la Constitución: Eliminación del 4 % del Presupuesto General asignado a la CSJ, reduciendo su capacidad operativa y financiera.
Reforma al artículo 97 de la Constitución: Subordinación total de la Policía Nacional al Ejecutivo, sin control judicial ni legislativo.
Reforma a la Ley de Ciberdelitos (Ley 1042): Aumento de penas hasta 10 años de prisión por publicaciones en redes sociales consideradas "desestabilizadoras", reforzando la censura.
Reforma al Código Penal (Ley 641): Modificación de 27 artículos para permitir juicios en ausencia contra exiliados por delitos como terrorismo, facilitando confiscaciones sin debido proceso.
Reforma Constitucional (más de 100 artículos): Establecimiento de la copresidencia Ortega-Murillo, eliminación de la separación de poderes, legalización de la censura de prensa y autorización para que las Fuerzas Armadas asuman tareas policiales. Entró en vigor el 18 de febrero de 2025.
Ley Orgánica del Sistema Judicial: Reducción del número de magistrados de la CSJ de 16 a 10 y entrega al Ejecutivo de la potestad de nombrar al presidente de la Corte y al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
Todas estas reformas, aprobadas sin debate ni oposición, respondieron a un plan deliberado para legalizar un Estado policial que, según la ONU, perpetúa crímenes de lesa humanidad. La Nicaragua que Ramos dejó atrás se convirtió en un país donde la presidencia y vicepresidencia fueron sustituidas por una copresidencia perpetua, con poder absoluto sobre los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, ahora meros órganos subordinados.
La reforma constitucional de noviembre de 2024 —aprobada en dos sesiones y vigente desde febrero de 2025— no solo eliminó la separación de poderes, sino que institucionalizó un ejército paramilitar mediante la creación de la "Policía Voluntaria" y las "fuerzas militares de reserva patriótica" bajo el artículo 97. Estos grupos, señalados por la ejecución de más de 355 personas en 2018, fueron legitimados como auxiliares de la Policía Nacional, reforzando un aparato represivo sin control judicial.
La CSJ, que Ramos dirigió durante 15 años, perdió su estatus de poder del Estado y quedó formalmente subordinada al Ejecutivo, con apenas 10 magistrados, todos designados por Ortega y Murillo.
En su ausencia también ocurrió un hecho insólito: el 19 de marzo de 2025, la magistrada sandinista Juana Méndez presentó su renuncia ante la Asamblea Legislativa, presidida por Gustavo Porras. En un régimen donde nadie renuncia, este acto causó sorpresa. Ese mismo día, la administración sandinista anunció la salida de Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua, alegando que la institución era "innecesaria" tras fallos considerados contrarios a sus intereses. La decisión selló el aislamiento definitivo del país de los mecanismos regionales de justicia.
Si Ramos reapareciera hoy, se encontraría con una Nicaragua donde la justicia es apenas un eco lejano, la CSJ un instrumento del matrimonio Ortega-Murillo y su propio legado reducido a cenizas, en un sistema que no tolera ni siquiera a sus más fieles servidores.
Un cancionero para el confinamiento
Para sobrellevar el silencio de su confinamiento, donde la doctora Ramos languidece desde su rapto, hemos preparado un cancionero que reúne canciones que hablan de esas ausencias que no pueden ignorarse. Estas melodías, teñidas de sátira y reproche, van dedicadas a la guerrillera "Natalia", la magistrada de las "bodas de oro" que moldeó el sistema judicial al servicio del sandinismo, avalando la reelección ilegal de Ortega, guardando silencio ante los muertos de 2018 y legitimando la desnacionalización de cientos de opositores.
Hoy, atrapada en su limbo, donde el régimen que sirvió la congela en el tiempo, este cancionero le canta con sorna su caída y paradero perdido, para que, si aún puede, reflexione un poco.
¿Qué razones legales explican que ella desapareciera de un momento a otro, de esa manera? ¿Por qué lleva más de 20 meses desaparecida y sigue siendo la presidenta en funciones de la CSJ?
Su estilo y personalidad siempre sobresalieron; era una disidente del lenguaje corporal. Su porte, elegancia y léxico la distinguían dentro del club de los "empañuelados" y la indumentaria revolucionaria. Durante la pandemia, fue una de las pocas funcionarias que mantuvo el hábito del cuidado: las mascarillas eran su escudo para mantener distancia del poder cohesionado —o controlado— por el matrimonio presidencial.
Nadie se atreve a confirmar su existencia o las razones de su desaparición. Lo cierto es que sigue siendo magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, y Ortega-Murillo ni siquiera dan señales de removerla o reemplazarla. El marco legal del país ha sido transformado a voluntad, incluida la Constitución, pero la presidenta no aparece.
Nicaragua ya no es el mismo país. La Constitución fue moldeada al antojo del poder, las leyes retorcidas, y la justicia se ha convertido en un mero reflejo de los intereses de la pareja presidencial. En estos 17 meses, el sistema legal se ha desintegrado para transformarse en un instrumento de sumisión. En medio de esta mutación, un enigma permanece intacto: la desaparición de Alba Luz Ramos, la presidenta de la Corte Suprema, borrada de la vida pública sin explicación alguna.
No existen documentos que registren su destitución ni decreto que oficialice su renuncia. Simplemente desapareció. Su última aparición pública fue el 12 de octubre de 2023 y desde entonces su paradero es incierto. No ha habido pronunciamientos oficiales ni nombramiento de un sustituto. Su ausencia no genera revuelo en el régimen, sino que parece parte de una estrategia donde el silencio es la norma. No es un caso aislado; junto a ella desaparecieron jueces, magistrados y familiares, como si se tratara de una purga en las altas esferas del poder judicial.
La desaparición de Alba Luz Ramos no es menor. Su historia está íntimamente ligada a la del sistema judicial nicaragüense. Durante décadas, fue una fiel servidora del sandinismo y una de las figuras más influyentes del aparato de justicia. Conocía sus entresijos, dominaba sus mecanismos y sabía cómo operar dentro de él. Sin embargo, su estilo técnico y distante del discurso político la convirtió en una pieza incómoda para el modelo absolutista que la dictadura Ortega-Murillo impuso. Su desaparición podría interpretarse como la eliminación estratégica de cualquier vestigio de autonomía judicial para garantizar la subordinación total al mandato presidencial.
Hoy, mantenida en un limbo donde ni es libre ni reconocida como prisionera, se habla de reclusión forzada y vigilancia extrema, pero nada puede confirmarse. El silencio oficial es abrumador, y nadie dentro del régimen se atreve a romperlo. Mientras tanto, el sistema judicial sigue su descomposición, convertido en un engranaje de represión y control absoluto.
En Nicaragua, la justicia ha sido distorsionada hasta ser irreconocible. La desaparición de la magistrada presidenta no es solo un hecho aislado, sino un símbolo del destino del país. La "dama de la justicia" fue raptada por el silencio, y con ella se llevó la esperanza de un sistema judicial independiente. Hoy, la imparcialidad y la razón es apenas una sombra de lo que fue, un eco lejano sepultado bajo la voluntad de quienes detentan el poder.
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