Estados Unidos acusa al régimen Ortega-Murillo de abusos graves y plantea suspender beneficios del CAFTA-DR
- Redacción Central
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La investigación describe una "campaña sistemática" contra organizaciones religiosas. Los ejemplos mencionados incluyen el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) —administrada por jesuitas— en agosto de 2023, acusada sin pruebas de "terrorismo", y la expropiación de más de 5 millones de dólares en bienes de la iglesia evangélica estadounidense Mountain Gateway en 2024, cuyos pastores fueron condenados hasta 15 años de prisión tras juicios sin garantías, y posteriormente expulsados de Nicaragua.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El gobierno republicano de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) concluyó que el régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo en Nicaragua incurre en "actos, políticas y prácticas irrazonables" que violan derechos laborales, humanos y religiosos, y que además "restringen y perjudican el comercio estadounidense", según un informe oficial emitido el lunes 20 de octubre de 2025 por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio del año 1974.
El documento, de más de 40 páginas, es el resultado de una investigación iniciada el martes 10 de diciembre de 2024, después de múltiples denuncias de abusos sistemáticos por parte de la administración nicaragüense. Entre los hallazgos más graves se encuentran trabajo forzoso, trabajo infantil, persecución a sindicatos, confiscación de propiedades privadas y religiosas, tortura, detenciones arbitrarias y la abolición de la independencia judicial mediante la reforma constitucional de enero de 2025.
Violaciones sistemáticas de derechos laborales
El reporte detalla que el régimen ha reprimido la libertad de asociación y de negociación colectiva, controlando todos los sindicatos del país centroamericano y arrestando a sus líderes. Desde 2018, la dictadura sandinista ha cancelado más de 5,500 organizaciones civiles, incluyendo 562 sindicatos, dejando sin representación a miles de trabajadores.
"Los empleados viven en un clima persistente de intimidación y acoso", señala el documento citando al Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El 47 % de los niños nicaragüenses entre 10 y 14 años trabaja, según datos del Departamento de Trabajo de EE.UU., muchos en condiciones peligrosas como la minería de oro o la producción de grava. Además, el régimen permite el tráfico de personas y el trabajo forzoso, sin ofrecer servicios de protección ni cooperación con organizaciones civiles.
Persecución religiosa y confiscación de bienes
El informe dedica una sección a los ataques contra la libertad religiosa. En agosto de 2023, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) confiscó la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por los jesuitas, acusándola sin pruebas de ser un "centro de terrorismo". En 2024, también arrestó y condenó a líderes de una iglesia evangélica estadounidense, Mountain Gateway, imponiéndoles penas de hasta 15 años de prisión y multas superiores a mil millones de dólares. "Los juicios carecieron de jurado, de pruebas y de defensa adecuada", subraya el texto.
La USTR documenta además la clausura y confiscación de propiedades de más de 3,600 organizaciones sin fines de lucro, incluidas universidades públicas y privadas, oenegés, hospitales y entidades religiosas. Estas acciones, según el informe, buscan "consolidar un Estado autoritario" y eliminar toda forma de independencia económica o social.
Desmantelamiento del Estado de Derecho
El reporte confirma que el jueves 30 de enero de 2025 la Asamblea Legislativa nicaragüense aprobó una reforma constitucional que otorga al presidente el control total sobre los ahora Órganos Estatales, eliminando la separación de poderes. "No existe independencia judicial ni posibilidad de defensa legal para ciudadanos o empresas", advierte el documento.
Empresas estadounidenses han denunciado confiscaciones arbitrarias, inspecciones aduaneras discriminatorias y multas sin sustento legal. Casos como el de Riverside Coffee LLC, que presentó una demanda internacional contra el Estado nicaragüense, fueron citados como ejemplos de la falta de garantías comerciales.
Impacto económico y comercial
Nicaragua es el único país del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) con el que Washington mantiene un déficit comercial: en 2024 ascendió a 1,900 millones de dólares, con exportaciones estadounidenses por 2,700 millones e importaciones nicaragüenses por 4,600 millones. La USTR concluye que la combinación de represión política, corrupción y violaciones laborales "promueve una competencia desleal y desincentiva la inversión estadounidense".
El informe, analizado por el equipo de COYUNTURA, recomienda al representante comercial estadounidense considerar varias acciones de represalia económica bajo la Sección 301:
Suspender todos los beneficios de Nicaragua bajo el CAFTA-DR, incluyendo concesiones arancelarias y la acumulación de contenido regional.
Aplicar aranceles de hasta el 100 % sobre todas o algunas importaciones nicaragüenses.
Imponer cuotas o restricciones de importación si el régimen no revierte sus políticas.
Estas medidas podrían implementarse "de inmediato o de forma gradual en un periodo de hasta 12 meses", según el texto. La decisión final corresponderá al presidente de los EE.UU., Donald Trump, tras una fase de consultas públicas (que actualmente se desarrolla y ha recibido ya más de 500 comentarios, principalmente de empresarios nicaragüenses) y coordinación interinstitucional.
Es la primera vez que la USTR invoca la Sección 301 —una herramienta habitualmente usada contra China o países con prácticas comerciales desleales— por motivos de derechos humanos en América Latina. "Los abusos del régimen Ortega-Murillo no solo violan normas internacionales, sino que afectan directamente a trabajadores y empresas estadounidenses", concluye el informe.
De implementarse, las sanciones marcarían un giro drástico en la relación bilateral y podrían excluir a Nicaragua del principal tratado comercial de la región, profundizando su aislamiento económico, social y político.
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