Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Rodrigo Chaves y altos dirigentes del PPSD por presunto financiamiento ilegal en campaña electoral de 2022
- Redacción Central
- hace 3 días
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Según el Ministerio Público (MP), los implicados habrían participado en un esquema que violó los mecanismos establecidos en el Código Electoral para la financiación política, mediante el uso de dos estructuras paralelas de recaudación de fondos que operaron fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la tesorería del partido. El MP fundamenta su acusación en los artículos 273, 274 inciso e), y 275 incisos a) y b), los cuales penalizan con cárcel desde dos hasta seis años, según la gravedad, a quienes recauden o reciban fondos de manera ilegal, oculten aportes o usen estructuras paralelas para evadir controles partidarios.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
La Fiscalía General de Costa Rica presentó la mañana de este lunes 23 de junio de 2025 una acusación penal formal contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, el primer vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André Tinoco, y otros tres legisladores del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). El Ministerio Público (MP) los señala por presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento de la campaña electoral que llevó a Chaves a la Presidencia del país centroamericano en 2022, en un proceso que cuestiona la transparencia y legalidad en el manejo de recursos políticos.
La acusación está sustentada en evidencias que, según la Fiscalía, configuran un esquema paralelo de recaudación y manejo de fondos ajeno a los controles establecidos en el Código Electoral y la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). En términos concretos, se sostiene que se utilizaron dos estructuras financieras —un fideicomiso privado denominado Costa Rica Próspera y cuentas bancarias personales vinculadas a una mujer identificada como Sofía Agüero Salazar— para captar y distribuir recursos destinados a la campaña del PPSD, sin la autorización ni el conocimiento formal de los órganos internos del partido ni del ente electoral.
El órgano acusador fundamenta su demanda en los artículos 273, 274 inciso e), y 275 incisos a) y b) del Código Electoral, que penalizan con privaciones de libertad la recaudación o recepción de fondos fuera de los mecanismos permitidos, la utilización de estructuras paralelas no autorizadas para el financiamiento electoral, y la omisión o encubrimiento de tales prácticas por parte de miembros del comité ejecutivo o responsables de campaña.
Los artículos citados en la acusación son claros en sus sanciones:
El artículo 273 sanciona con hasta seis años de prisión a quienes recolecten fondos para campañas sin autorización oficial o manipulen los reportes financieros.
El artículo 274 inciso e) castiga con pena similar a quien aporte a campañas mediante terceros o estructuras paralelas no aprobadas por el partido.
El artículo 275, en sus incisos a) y b), impone penas a responsables de campaña o miembros de la dirección partidaria que conozcan y no denuncien donaciones ilegales o que reciban aportes a través de mecanismos ocultos para evadir controles.
El MP, a cargo del fiscal Carlos Díaz, solicitó también el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y presidencial de los acusados, procedimiento que debe ser tramitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y luego evaluado por la Asamblea Legislativa.
Este proceso penal es el resultado de una indagación que arrancó con un informe del Tribunal Supremo de Elecciones, cuyo contenido fue asegurado por la Fiscalía hace cinco meses. El TSE documentó que la campaña presidencial de Rodrigo Chaves se benefició de fondos gestionados por el fideicomiso Costa Rica Próspera y de depósitos en cuentas personales de Sofía Agüero, que no fueron reportados ni controlados conforme a la ley electoral.
El fideicomiso habría movilizado un total aproximado de 112 millones de colones, mientras que las cuentas personales de Agüero acumularon alrededor de 136 millones, sumando un total cercano a 248 millones de colones destinados a gastos políticos no regulados. Sofía Agüero Salazar, quien también enfrenta un proceso penal independiente, coordinó parte de la agenda del presidente durante 2021 y mantiene vínculos familiares con el diputado Waldo Agüero, igualmente imputado en esta causa.
El presidente Rodrigo Chaves es señalado por su rol como constituyente del fideicomiso y por la invitación directa a recibir aportes en cuentas administradas por la firma ATA Trust, responsable de gestionar dicho fideicomiso. El TSE y la Fiscalía le atribuyen la responsabilidad de haber recibido fondos a través de estructuras paralelas, con el conocimiento y sin la autorización del partido.
El vicepresidente Stephan Brunner, quien fungió como tesorero del PPSD durante la campaña, es acusado de no denunciar que en la sede del partido se adquirieron activos con recursos provenientes del fideicomiso. Un audio de WhatsApp difundido en agosto del año 2022, en el cual Brunner admite estar al tanto del uso de estos fondos "contaminados", fue clave para esta imputación, según fuentes consultadas por este medio.
Por su parte, el canciller Arnoldo André Tinoco está implicado por haber administrado efectivamente el fideicomiso como presidente de ATA Trust, y por realizar aportes personales y empresariales por más de 3,6 millones de colones a esta estructura paralela.
Las diputadas Pilar Cisneros y Paola Nájera, así como los diputados Luz Mary Alpízar y Waldo Agüero, completan el grupo señalado por su participación en la administración y beneficio de estos fondos no regulados.
La acusación representa un golpe fuerte a la administración actual, pues involucra a figuras clave del Poder Ejecutivo y Legislativo. La Fiscalía sostiene que estas prácticas violan principios fundamentales de transparencia y legalidad electoral, y ponen en entredicho la integridad del proceso que llevó al PPSD y a Rodrigo Chaves al poder.
El caso ha desatado un debate político y social en Costa Rica, ya que pone en evidencia la persistencia de mecanismos opacos en el financiamiento de campañas y la posible complicidad de altos funcionarios para evadir controles legales. Además, la demanda judicial obliga a los órganos de justicia y a la Asamblea a actuar con rigurosidad para dirimir la responsabilidad penal y política de las y los imputados.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia debe analizar la solicitud de la Fiscalía y, en su caso, remitir el expediente al Legislativo para que evalúe el levantamiento de la inmunidad que protege a los acusados, lo cual permitirá avanzar hacia un juicio oral y público.
La acusación penal contra el presidente Rodrigo Chaves y varios miembros prominentes del PPSD por presunto financiamiento ilegal en la campaña de 2022 constituye entonces un proceso judicial de gran trascendencia para Costa Rica. Más allá de la coyuntura institucional, este caso refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del financiamiento electoral para garantizar la transparencia y confianza en las instituciones democráticas.
La espera se centra ahora en las decisiones que adopten la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa, las cuales definirán el rumbo de este proceso, que podría implicar consecuencias legales y políticas de alto impacto para el actual gobierno y la clase política costarricense en su conjunto.
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