Fuga masiva en el Ministerio Público de Honduras. Al menos 95 fiscales se fueron desde 2024 mientras el colapso operativo gana terreno
- Redacción Central
- hace 1 día
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Entre julio de 2018 y julio de 2025, un total de 301 fiscales abandonaron la institución. Aunque los motivos registrados incluyen renuncias, despidos, licencias y permisos, el Ministerio Público no desglosó las causas de manera puntual. Sin embargo, testimonios de exfiscales revelan un panorama de sobrecarga laboral, carencias logísticas y falta de incentivos como principales detonantes.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
La marcha de fiscales del Ministerio Público (MP) se ha acelerado desde el inicio de la gestión del abogado Johel Antonio Zelaya Álvarez y deja a la Fiscalía con un vacío preocupante en unidades clave: anticorrupción, derechos humanos, homicidios, trata de personas e instrucción. Documentos oficiales y testimonios recabados por este reportaje muestran una dinámica de salida masiva —entre renuncias, licencias y despidos— que comenzó a agudizarse en 2024 y que, de mantenerse, proyecta una crisis sostenida en la capacidad persecutoria del Estado hondureño.
La División de Recursos Humanos del MP reportó que, entre el 01 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2025, 301 fiscales dejaron de prestar servicios en la institución. El desagregado por año evidencia una escalada: 17 salidas en 2018 (solo los seis últimos meses), 45 en 2019, 34 en 2020, 43 en 2021, 41 en 2022 y 26 en 2023. El salto más alarmante ocurre en 2024, con 52 bajas; y en los primeros siete meses de 2025 se contabilizan 43 salidas más —un total de al menos 95 fiscales entre enero de 2024 y julio de 2025—. Si la tendencia continúa, el año podría cerrar con cerca de 70 bajas.
Ese éxodo no es trivial: el MP cuenta, según registros públicos, con 797 fiscales —desde auxiliares hasta titulares IV— para atender a una población que ronda los diez millones; en la práctica, un solo fiscal está estimado para cubrir la atención profesional e investigativa de unas 12,500 personas. La reducción sostenida de personal, por tanto, tiene efectos inmediatos en la carga de trabajo y en la calidad de la investigación penal.
Las causas: sobrecarga, sanciones y desincentivos
La narrativa que comparten exfiscales, miembros de la Asociación de Fiscales y documentos internos apunta a varias causas concurrentes. La primera y más repetida es la sobrecarga de expedientes: fiscales de unidades especializadas cargan entre 1,300 y 2,000 expedientes en promedio; hay departamentos que superan incluso ese rango. A esa presión se suman audiencias en tribunales, escasez de recursos logísticos (vehículos en mal estado, falta de viáticos) y un patrón creciente de audiencias de descargo disciplinario que, según fiscales entrevistados, se usan con mayor frecuencia en la actual administración.
Uno de los exfiscales consultados relató que fue sancionado —llamado a audiencias de descargo en múltiples ocasiones— tras expresar quejas en un grupo de comunicación interna sobre salarios, traslados y ausencia de independencia en decisiones institucionales. Como represalia o consecuencia administrativa fue reasignado a una zona lejana, lo que lo obligó a alquilar vivienda con un sueldo que califica de insuficiente, por lo que solicitó licencia. Historias similares aparecen en entrevistas con otros exfuncionarios: traslados "injustos", pérdida de viáticos para actuar en audiencias disciplinarias y la obligación de competir con cargas de trabajo inasumibles son constantes.
La falta de medios operativos agrava la situación. Fiscales que investigan delitos graves han denunciado viajes en vehículos en mal estado o la necesidad de recurrir a terceros para movilizarse en diligencias. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que acompaña técnicamente las investigaciones, también registró una caída de personal: de aproximadamente 450 empleados en años anteriores a cerca de 160 agentes de investigación, según fuentes vinculadas a la institución. La pérdida de investigadores, peritos y agentes repercute directamente en la posibilidad de judicializar casos.
El déficit presupuestario es otro factor estructural. Aunque el MP tenía asignado históricamente cerca del 3 % del Presupuesto General de la República —equivalente a unos 4,300 millones de lempiras en la referencia manejada por la administración—, para 2025 se le aprobaron poco más de 2,600 millones, dejando un hueco de unos 1,600 millones que limita contratación, logística y pagos. La promesa de convocar 60 plazas fiscales regionales ha chocado con la realidad fiscal: sin una ampliación de presupuesto, la contratación no se concreta.
Efectos palpables: expedientes sin atención y filas que crecen
El traspaso de expedientes de quienes se van a los fiscales que permanecen produce un efecto "bola de nieve": causas acumuladas, plazos vencidos y denuncias sin investigar. En San Pedro Sula, por ejemplo, estadísticas internas muestran que desde 2010 hay más de 109 denuncias sin indagación en la Fiscalía de Instrucción; a varias de esas causas se les venció el término legal para proceder, y no se tradujeron en acusaciones en sede judicial. Entre los hechos no investigados figuran delitos de alto impacto social como robos, asaltos y sustracción de vehículos.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), sintetiza el problema: la salida sostenida de fiscales —sin reemplazo inmediato— debilita las unidades encargadas de llevar los casos y, por ende, erosiona la impartición de justicia. La contratación anunciada es valorada como un paso inicial, pero insuficiente si no se acompaña de una reorganización interna y de coordinación interinstitucional.
Johel Zelaya, nombrado por una controvertida Comisión Permanente del Congreso Legislativo en noviembre de 2023 y que asumió oficialmente en 2024, ha rechazado entrar en confrontaciones públicas con autoridades de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) sobre la lucha contra el narcotráfico; en declaraciones públicas defendió que las agencias norteamericanas son "testigos de honor" de las acciones que coordina Honduras y subrayó que el MP mantiene investigaciones en distintos frentes. Zelaya reconoció, eso sí, que las pesquisas "no son fáciles" y prometió que cuando terminen las indagaciones —por ejemplo en casos como el de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) o el avión presidencial— la población conocerá los requerimientos.
El nombramiento de Zelaya fue cuestionado por la oposición y por juristas, que lo calificaron como irregular, lo que añade una capa de tensión política alrededor de la institución y su liderazgo. Esa atmósfera política compleja coexiste con acusaciones internas de investigaciones selectivas y con el éxodo de personal técnico y operativo.
Voces desde el interior: jubilaciones, licencias y la huida a la práctica privada
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Elsy Alvarado, recoge la sensación general: en el último período se han multiplicado solicitudes de licencia y retiro, y muchos optan por la práctica privada donde los ingresos pueden ser mayores. Alvarado estimó, en comunicaciones con la institución y en cartas dirigidas a autoridades, que alrededor de 25 fiscales renunciaron —ya sea por jubilación o por licencia— en un lapso reciente; además denunció que la carencia de incentivos y posibilidades de ascenso ha desmotivado a auxiliares y a fiscales que podrían optar por titularidades.
El esquema salarial también pesa: los nuevos abogados que ingresan enfrentan una oferta —según testimonios— que ronda los 25,000 lempiras brutos, de los cuales se descuentan cargas y aportes, y que no cubre gastos de traslado y hospedaje cuando las asignaciones son a regiones distintas a su residencia. Como estrategia de sobrevivencia, algunos equipos alquilan viviendas compartidas cuando son trasladados.
Las autoridades del MP han anunciado concursos para cubrir 60 plazas regionales, pero la operación depende de recursos adicionales y de decisiones presupuestarias que exceden a la Fiscalía. Para revertir la fuga de personal será necesario, al menos, actuar en tres frentes simultáneos: corregir el déficit presupuestario que impide contrataciones y viáticos; mejorar las condiciones laborales (equipamiento, transporte, políticas claras de traslados y procesos disciplinarios que no penalicen la expresión gremial); y reconstruir la masa crítica investigativa que permita reducir la acumulación de expedientes. Expertos y asociaciones señalan además que la eficacia del MP está ligada a la colaboración de otras instituciones del sistema de justicia y al fortalecimiento de unidades técnicas como la ATIC.
Las cifras oficiales y los relatos de fiscales en retirada ilustran un fenómeno que excede la gestión personal de cualquier titular: el Ministerio Público enfrenta hoy un problema de capacidad operativa y moral. La salida de alrededor de 95 fiscales entre 2024 y julio de 2025 —y las 301 bajas contabilizadas desde 2018— son indicadores duros de desgaste institucional. Mientras tanto, la carga de trabajo se reparte entre menos hombros; las investigaciones de alto impacto quedan en riesgo de diluirse por falta de recursos humanos y logísticos; y la promesa de investigaciones “sin distinción” convive con la percepción interna de precariedad. Mantener la expectativa pública de justicia efectiva exigirá, además de anuncios, recursos concretos y una gestión que busque recuperar confianza dentro y fuera de la institución.
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