General hondureño Ramiro Muñoz Bonilla solicita baja de las Fuerzas Armadas. Versión oficial "por salud", y versión del aludido por "presión política"
- Redacción Central
- hace 13 horas
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Fue comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y, posteriormente, director del Instituto Nacional Penitenciario, nombramiento hecho por la presidenta Xiomara Castro tras la masacre de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina (PNFAS) en junio de 2023. No obstante, su influencia se debilitó con el tiempo: en enero de 2024 fue apartado de la PMOP y en julio confirmó su salida del sistema penitenciario, donde declaró que nunca obedecería órdenes contrarias a la Constitución. En su reemplazo al frente del INP fue designado el general José Miguel Mejía Medina, a quien describió como un oficial "altamente profesional, con valentía, decencia y voluntad de trabajo".
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El general de brigada Ramiro Fernando Muñoz Bonilla presentó formalmente su solicitud de baja —descrita por la institución castrense como un retiro voluntario por motivos médicos— luego de negarse a asumir, según varias fuentes, la agregaduría militar de Honduras en Nicaragua, donde la dictadura copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo gobierna con mano dura desde el año 2007. La institución afirma que el trámite administrativo ya está en curso y que la baja será efectiva en diciembre, mientras que el propio Muñoz sostiene que la salida obedece a presiones internas y a un "castigo" por su negativa.
El coronel Erwin Roberto Lara Franco, director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, explicó a medios que el general Muñoz "solicitó su retiro" por "situaciones médicas" y que el trámite ya inició en la oficina de recursos humanos; agregó que la antigüedad del oficial le permite pasar a la condición de retiro con las prerrogativas correspondientes. Según la versión oficial, Muñoz fue propuesto para desempeñarse como agregado militar en Nicaragua, pero por razones de salud declinó el puesto y, como siguiente paso, activó el procedimiento para separarse de la institución.
Las Fuerzas Armadas han reiterado que el retiro será "honoroso" y que no existe, en la explicación institucional, un componente político en la decisión. El portavoz subrayó que estas asignaciones son procedimientos regulares dentro de la carrera militar y que no corresponden a "purga" ni a acciones que desprestigien el grado del oficial.
En contraste con la versión castrense, el propio Muñoz dijo a El Heraldo que su renuncia responde a que no aceptará ir "a países con los que no comparto" y denunció que su salida es "por castigo". Fuentes internas citadas por medios señalaron que Muñoz presentó una certificación médica para evitar su traslado a Nicaragua —con un detalle de enfermedades de base y niveles altos de colesterol y triglicéridos—, pero que esa documentación no fue aceptada por la cúpula militar.
Varios reportes periodísticos recogen además versiones de militares cercanos al caso que afirman que, tras la negativa, se abrió una auditoría sobre la gestión de Muñoz al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Según esas fuentes, el resultado del examen habría sido utilizado para amenazar con llevar el caso al Ministerio Público (MP), lo que, en su relato, forzó la presentación de la baja. Estas alegaciones —que incluyen menciones a investigaciones internas y posibles consecuencias judiciales— provienen de fuentes no oficiales y han sido reproducidas por medios; la institución castrense no ha confirmado públicamente la existencia de un proceso judicial contra el general.
Cronología de cargos y roces públicos
La salida de Muñoz cierra meses marcados por reubicaciones y tensiones públicas. Fue comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y, en junio de 2023, asumió la dirección del INP tras la grave crisis carcelaria que incluyó la muerte masiva de internas en la Penitenciaría Nacional Femenina. Posteriormente, el 07 de enero fue separado de la dirección de la PMOP y el martes 15 de julio de 2025 confirmó su salida del INP, momentos en los cuales hizo declaraciones públicas sobre no aceptar órdenes que considera contrarias a la Constitución. Estas eventuales fricciones con mandos y decisiones de gobierno han sido señaladas por analistas y por el propio general como factores de desgaste en su influencia institucional.
Según las comunicaciones oficiales citadas por la prensa, la solicitud de Muñoz ya ingresó en el circuito administrativo correspondiente y la baja se oficializaría en diciembre, cuando —a juicio del vocero— el general pase a la "condición honrosa de retiro" con las prestaciones que otorga el sistema militar a quienes cumplen los requisitos de antigüedad. La declaración oficial busca cerrar el episodio como un procedimiento interno y administrativo.
En este momento existen dos relatos contrapuestos: la versión institucional que atribuye la baja a motivos de salud y la versión de Muñoz y de fuentes internas que denuncian presiones tras su negativa a asumir la agregaduría en Nicaragua, acompañadas de supuestas acciones administrativas y auditorías. Fuentes periodísticas han divulgado detalles sobre la presentación de pasaportes diplomáticos y sobre el supuesto ultimátum para incorporarse al cargo en Managua, donde el general Roosevelt Hernández tiene fuertes lazos con el Ejército del Frente Sandinista; sin embargo, en lo relativo a investigaciones administrativas o penales vinculadas al general, la institución castrense no ha informado públicamente sobre denuncias formales ni procesos remitidos al Ministerio Público.
Las Fuerzas Armadas han reforzado en sus declaraciones que su rol, según el actual mando, es el apoyo a políticas de Estado y labores de asistencia humanitaria, y niegan que su decisión responda a afinidades ideológicas. En paralelo, la figura de Muñoz llegó a ocupar cargos sensibles de seguridad pública en el actual período de gobierno, lo que sitúa su salida en un cruce entre dinámica institucional y expectativa pública acerca del control militar sobre áreas como la PMOP y el sistema penitenciario. Estas conexiones entre nombramientos, remociones y reubicaciones de oficiales suelen observarse con atención por la opinión pública y por analistas de seguridad.
Los hechos constatables a la fecha son: (1) la presentación de la solicitud formal de retiro por parte del general Ramiro Muñoz; (2) la explicación oficial de las Fuerzas Armadas que atribuye la decisión a razones médicas y confirma el inicio del trámite administrativo; y (3) las declaraciones del propio Muñoz y de fuentes internas que lo ligan a una negativa a aceptar la agregaduría en Nicaragua y a presuntas presiones posteriores. En ausencia de documentos públicos que acrediten investigaciones penales o resoluciones administrativas contrarias a lo declarado por la institución, el episodio queda, por ahora, en disputa entre versiones oficiales y testimonios que reclaman una motivación política.
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