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Google en El Salvador: un contrato costoso, no una inversión

Funcionarios gubernamentales proclaman con entusiasmo la llegada de Google al país centroamericano como una "inversión", pero la realidad detrás de este acuerdo es diferente. Google no llega como financista, sino como contratista que recibirá $500 millones de fondos públicos para digitalizar instituciones estatales. Esta discrepancia entre las afirmaciones oficiales y la realidad hace que se cuestione la transparencia del proceso desde ya. Además, la ley que respalda este acuerdo exime a Google de cumplir con las leyes de licitación y competencia, planteando preocupaciones sobre la transparencia y la competencia en el trato.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

San Salvador, El Salvador
Ilustración de Coyuntura
Ilustración de Coyuntura

Desde finales de agosto, El Salvador es testigo de nueva turbulencia digital debido a un anuncio controversial en el ámbito político y económico del país centroamericano. Varios funcionarios de la Asamblea Legislativa y del Gobierno del presidente Nayib Bukele han proclamado con entusiasmo la llegada del gigante Google a El Salvador, caracterizando este acontecimiento como una "inversión" de la gigante multinacional tecnológica en la nación. No obstante, una inspección más detallada revela una realidad diferente detrás de la narrativa de este acuerdo, anunciado por el oficialismo como otro gran logro, justo en medio del bajo uso del bitcoin luego de dos años de su oficialización como moneda local, un cambio que también fue presentado como un avance tecnológico y social en la región.


Desde la perspectiva de los funcionarios gubernamentales y legisladores oficialistas, la incorporación de Google a El Salvador se presenta como un acto de confianza de la multinacional en el país. Christian Guevara, líder de la bancada oficialista de Nuevas Ideas, expresó su optimismo en torno a que Google ha decidido "apostar por El Salvador". Estas afirmaciones son respaldadas por el diputado William Soriano, quien atribuye esta supuesta inversión al mandatario Bukele. Incluso la Secretaría de Prensa de la Presidencia emitió un comunicado asegurando que Google "invertirá" en El Salvador con el objetivo de "proveer sus servicios a otros países y fortalecer el sistema de protección social de los salvadoreños".


Sin embargo, detrás de la retórica entusiasta, se esconde una realidad diferente. Google no está llegando a El Salvador como un inversor, sino como un contratista que obtendrá $500 millones de dólares de los fondos públicos salvadoreños para digitalizar las instituciones estatales, en particular en los sectores de salud y educación. Esta distinción es crucial, señalan abogados consultados por la Redacción de COYUNTURA, ya que significa que el Gobierno de El Salvador actúa como cliente, mientras que Google se convierte en un proveedor de servicios.


Es relevante destacar que, según lo aprobado por la Asamblea Legislativa, Google no está obligado a realizar inversiones en El Salvador. Por el contrario, es el Estado el que tiene la responsabilidad de asegurar los fondos necesarios para la contratación de los servicios de la compañía tecnológica más grande del planeta. Esta discrepancia entre las declaraciones de los funcionarios y la realidad que consta en los documentos oficiales hace que las afirmaciones gubernamentales sean catalogadas como falsas.


La Ley de Modernización Digital del Estado: detrás del acuerdo


La Ley General de Modernización Digital del Estado es el único documento público que arroja luz sobre el acuerdo de contratación de Google con El Salvador. Fue aprobada el martes 05 de septiembre de este año sin un debate exhaustivo en la Asamblea Legislativa, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso. Esta ley otorga a las instituciones del Estado salvadoreño, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las entidades autónomas, empresas estatales y municipalidades, la facultad de "suscribir acuerdos de afiliación y cualquier otro tipo de contratos o acuerdos con el socio estratégico (Google)".


El Artículo 4 de esta legislación establece que las instituciones públicas están obligadas a asignar fondos en sus presupuestos para "adquirir" servicios de Google, mientras el Estado se compromete a asegurar que el dinero asignado para estos servicios alcance al menos "quinientos millones de dólares en total". Además, se decreta que el Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad de garantizar la disponibilidad presupuestaria anual para que las entidades del Estado puedan ejecutar un presupuesto destinado a obtener servicios de Google.


Una de las características que más destaca de esta ley es la exención de Google de cumplir con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (Ley AFI) y la Ley de Compras Públicas. Estas leyes normalmente regulan los procesos de licitación y competencia para las compras del Estado. Sin embargo, en este caso, Google será la única empresa que proporcionará servicios al Estado sin enfrentar procesos de fiscalización y competencia.


Además, a pesar de las afirmaciones de los funcionarios gubernamentales, la ley no obliga a Google a realizar inversiones en el país. Su deber, según la ley, se limita a "establecer las disposiciones necesarias para la implementación, desarrollo y transformación digital y modernización del Estado salvadoreño".


El alto costo de la digitalización


La diputada Anabel Belloso, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ha destacado un aspecto que ha pasado desapercibido en las declaraciones oficiales: el costo para el pueblo salvadoreño de los servicios que Google prestará. Según Belloso, la llegada de Google a El Salvador costará al país al menos $500 millones, una cifra significativa que plantea interrogantes sobre la justificación de este gasto público. Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, también ha señalado a medios locales que la narrativa inicial de una "inversión" de Google en El Salvador resulta ser "publicidad engañosa".


En contraste, los diputados oficialistas Guevara y Soriano, quienes aprobaron la ley, no mencionaron el costo de los servicios de la multinacional en el país centroamericano durante sus discursos.


Google anunció el acuerdo a través de un comunicado publicado el 29 de agosto. Según la nota, se ha acordado una asociación de siete años con el Gobierno de El Salvador para convertir al país en un "centro tecnológico". Aunque no se han revelado detalles completos del acuerdo, se mencionan áreas específicas de colaboración, como la digitalización de procesos gubernamentales, la implementación de facturación electrónica y el uso de inteligencia artificial en la atención médica.


Este acuerdo con Google plantea una serie de preguntas y desafíos significativos para El Salvador. La falta de detalles sobre la supuesta inversión real de Google en el país, la ausencia de requisitos específicos para la compañía y el alto costo que el pueblo salvadoreño asumirá para la digitalización de las instituciones estatales son temas que requieren un escrutinio continuo.


Además, la exclusión de la Ley de Compras Públicas y la falta de un proceso claro para la contratación de servicios con Google plantean preocupaciones sobre la transparencia y la competencia en este acuerdo. Se debe prestar atención a la supervisión y fiscalización de los fondos públicos utilizados en esta iniciativa para garantizar que se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la población salvadoreña. En última instancia, la llegada de Google a El Salvador tiene el potencial de transformar el panorama tecnológico y la prestación de servicios gubernamentales en el país. Sin embargo, es esencial que este proceso se realice con transparencia, responsabilidad y en beneficio de la sociedad salvadoreña en su conjunto.


En medio del fiasco del bitcoin


Hace dos años, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar oficialmente el bitcoin como su moneda oficial, como una proeza tecnológica en Centroamérica. La implementación de esta legislación desde el 07 de septiembre de 2021 atrajo la atención global hacia la nación, con al menos 6,3 millones de habitantes. Sin embargo, desde entonces, el interés en este experimento ha disminuido, y su evaluación es realmente complicada debido a sus múltiples objetivos y la falta de transparencia estatal.


El Gobierno de El Salvador comenzó adquiriendo bitcoin como parte de sus reservas internacionales, pero el monto exacto a la fecha es desconocido, ya que no se lleva un registro público. Sin embargo, se estima que el Estado ha perdido un 37 % del valor de sus inversiones en bitcoin, aproximadamente 45 millones de dólares, debido a la volatilidad de este activo desde el año 2021.


Para promover la adopción del bitcoin en la población, el Gobierno lanzó una billetera digital llamada Chivo, proporcionando a cada ciudadano el equivalente a 30 dólares en bitcoin. Sin embargo, esta iniciativa sufrió problemas de seguridad, ya que cientos de cuentas fueron hackeadas y se produjo un robo de fondos y datos personales. A pesar de promover la rapidez de las transacciones internacionales mediante criptomonedas, solo el 1.3 % de las remesas en El Salvador se han transferido utilizando billeteras digitales con criptomonedas en el último año, en comparación con el 4 % que se registra en México. El experimento del bitcoin en el país centroamericano ha sido un tema de interés mundial, pero su efectividad y adopción a largo plazo en la población aún enfrentan desafíos y cuestionamientos.


La llegada de Google para dar servicios, no para invertir, parece tener el mismo camino opaco.


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