Guatemala retoma proceso electoral por la Presidencia en medio de crisis política y judicial

En medio de la intensa crisis electoral, política y judicial que sacude Guatemala, el proceso democrático da un nuevo paso hacia la reanudación. Tras semanas de incertidumbre y enfrentamientos legales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha declarado la validez de la primera elección presidencial y vicepresidencial realizada el pasado 25 de junio. Sin embargo, este anuncio no logra disipar las preocupaciones y tensiones que rodean el proceso, ya que la judicialización y los intentos de anular la participación de uno de los candidatos deja al país al borde de una crisis constitucional. Ahora, con la segunda vuelta programada para el 20 de agosto, Guatemala se enfrenta a desafíos cruciales para restaurar la confianza en su sistema democrático y garantizar una contienda electoral justa y transparente.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

COYUNTURA Electoral Guatemala 2023

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Bernardo Arévalo la mañana de este viernes 14 de julio de 2023 en la ciudad de Sololá, cabecera del departamento del mismo nombre, en Guatemala, en una visita como parte del camino a la segunda vuelta presidencial | Fotografía cortesía

Este viernes 14 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo 1328-2023, mediante el cual declara la validez de la elección presidencial y vicepresidencial llevada a cabo el pasado 25 de junio. Según el acuerdo, los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla fueron las dos organizaciones políticas que obtuvieron mayor cantidad de votos (888,924 y 653,486 votos válidos), por ende participarán en la segunda vuelta por el Ejecutivo, programada para el domingo 20 de agosto.

Sin embargo, este proceso electoral se ha visto envuelto en una intensa controversia y judicialización que pone en riesgo la estabilidad democrática del país centroamericano. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, emitieron una declaración conjunta expresando su preocupación por las recientes amenazas a la democracia en Guatemala. Ambos políticos manifestaron su apoyo a la certificación de los resultados electorales por parte del TSE y destacaron la verificación independiente realizada por la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que no encontró irregularidades graves.

No obstante, ambos funcionarios de la administración del presidente Joseph Biden expresaron su "profunda preocupación" por los intentos de la Fiscalía General de Guatemala de revocar la personería jurídica del partido político de un candidato progresista, lo cual consideran un intento flagrante de socavar la voluntad del pueblo guatemalteco y violar las leyes electorales del país.

Los sucesos recientes han llevado a que diversos sectores se pronuncien al respecto. Este viernes, la Junta Directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial emitió un comunicado en solidaridad con el juez Fredy Raúl Orellana Letona, quien ha sido objeto de críticas y ataques en relación a la orden que emitió el juzgado penal que representa para que el Registro de Ciudadanos del TSE arrebatara a Movimiento Semilla de su personalidad legal, en medio del proceso de elección popular. La junta rechazó categóricamente las acusaciones "arbitrarias" y los intentos de perjudicar la "integridad ética y profesional" del juez, además de condenar cualquier acción que "busque dañar su integridad física" o vulnerar el principio de independencia judicial y el Estado de Derecho.

En medio de esta situación, se presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de Raúl Falla contra el TSE, alegando que se oficializaron los resultados electorales contraviniendo la resolución judicial-penal que ordenaba la suspensión provisional del partido político Movimiento Semilla.

El Movimiento Semilla, cuyo candidato presidencial es Bernardo Arévalo, ha continuado con sus actividades de campaña para la segunda vuelta electoral en Sololá, a pesar de las adversidades legales. Por otra parte, el Colegio de Psicólogos de Guatemala emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por la situación que atraviesa el país, reflejando la inquietud de diversos sectores de la sociedad guatemalteca.

El Ministerio Público (MP) de Guatemala también está involucrado en esta crisis, que ya es multifactorial. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) inició una investigación contra el partido Semilla y solicitó su suspensión ante el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a pesar de que Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que tiene rango constitucional, prohibe la cancelación de entidades partidarias en medio de una contienda electoral. En un comunicado emitido por el MP este viernes, horas después de finalizar un allanamiento contra el Registro de Ciudadanos de más de 10 horas, se aseguró que estas acciones no tienen como finalidad interferir en la realización de la segunda vuelta electoral ni inhabilitar a ningún candidato.

Sin embargo, el requerimiento de la FECI fue rechazado por el Registro de Ciudadanos y por el TSE mismo, argumentando que va en contra de lo que dicta la LEPP y la Constitución Política de Guatemala.

La situación genera preocupación a nivel internacional. La Cancillería de Costa Rica emitió un mensaje manifestando su cavilación por la judicialización del proceso electoral en Guatemala y llamando a la institucionalidad democrática guatemalteca a brindar garantías necesarias para que las y los candidatos puedan participar en igualdad de condiciones, y la ciudadanía pueda expresar libremente su voluntad soberana.

Las manifestaciones en las calles de Ciudad de Guatemala también son un reflejo de la tensión y el civismo que se vive en el país. En la sede del MP, ayer (jueves 13 de julio) y hoy, se han congregado numerosos manifestantes, principalmente jóvenes, exigiendo la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y de las y los funcionarios que intentaron excluir al Movimiento Semilla de la contienda electoral. "Porque se van. Los de siempre se van", coreaban la tarde del jueves, mientras Arévalo y su vicepresidenciable, Karin Herrera, estaban en el MP en Zona 1.

Estas acciones generan más temores de una ruptura constitucional, cuando el país ya contabiliza a más de cien periodistas, exoperadores de justicia y defensores de los derechos humanos exiliados fuera del territorio debido a la persecución que se ha gestado desde el Ministerio Público. Con acusaciones directas contra la administración del presidente Alejandro Giammattei y su manipulación del proceso.

En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala se apartó del actual Ejecutivo y de la Fiscalía, aprobando un recurso que garantiza la participación de Bernardo Arévalo, candidato de Semilla, en la segunda vuelta electoral por la Presidencia, programada para el próximo 20 de agosto. Esta respuesta del tribunal ha desbaratado, al menos temporalmente, los intentos de eliminar a un contrincante de la contienda. Este intento es considerado como un movimiento burdo y recibe críticas tanto por su ilegalidad como por los temores de una ruptura del orden constitucional.

No obstante, la CC sigue siendo cuestionada por abogados, analistas y ciudadanía. Fue la que ordenó, ante la denuncia por "irregularidades" de al menos nueve partidos -entre ellos Cabal, UNE y el oficialista Vamos-, la suspensión de la oficialización de los resultados electorales obtenidos el 25 de junio, cuando el TSE ya tenía más del 98.9 % de las actas escrutadas y la tendencia era "definitiva", así como el cotejo de dichos resultados.

El Movimiento Semilla ha presentado denuncias penales contra el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Orellana, acusándolos de delitos como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias de la Constitución. Curruchiche no goza de inmunidad como el juez Orellana, por lo que una sala de apelaciones será la encargada de determinar si existen fundamentos para avanzar en un proceso penal contra el juez.

La reanudación del proceso electoral en Guatemala en medio de la judicialización y controversia generada por el intento de exclusión del partido Movimiento Semilla pone en evidencia los desafíos y amenazas a la democracia en el país. Las acciones legales y los intentos de socavar la voluntad del pueblo guatemalteco generan preocupación a nivel nacional e internacional. La lucha por preservar la institucionalidad democrática y garantizar la transparencia en el proceso electoral es fundamental para el futuro de Guatemala, en medio de la judicialización del segundo más voto en la primera vuelta presidencial.

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