Histórico proceso judicial sacude al Ejecutivo de Costa Rica. Corte Plena pide levantar inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por presunta concusión
- Jairo Videa
- 1 jul
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La acusación no se limita al mandatario. El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, fue incluido en la solicitud de levantamiento de inmunidad, ya que al momento de la adjudicación del contrato se desempeñaba como jefe de despacho de Chaves en Casa Presidencial. Según la tesis de la Fiscalía, el contrato fue diseñado específicamente para favorecer a la empresa de Christian Bulgarelli y desviar una parte de los fondos públicos hacia un beneficio patrimonial indebido para un tercero: Federico Cruz, quien no posee inmunidad y enfrenta un proceso judicial separado ante la Fiscalía de Probidad.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
Por primera vez en la historia constitucional costarricense, un presidente de la República en funciones podría ser llevado ante la justicia penal. Este martes 01 de julio de 2025, el Tribunal de Corte Plena acordó, con 15 votos a favor y siete en contra, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del mandatario Rodrigo Chaves Robles, quien enfrenta una acusación por el presunto delito de concusión en relación con un contrato de 405,800 dólares financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La solicitud representa un hito judicial y político sin precedentes. La Fiscalía General sostiene que Chaves, utilizando su investidura presidencial, habría solicitado al empresario audiovisual Christian Bulgarelli Rojas entregar 32,000 dólares a su exasesor de imagen Federico "Choreco" Cruz, a cambio de la adjudicación de un contrato para proveer servicios de comunicación a Casa Presidencial durante el primer año de su actual administración.
Dicho monto, según la investigación fiscal, se destinó al enganche de una vivienda en el exclusivo condominio Barlovento, en Concepción de Tres Ríos, la cual sería habitada por Cruz. El inmueble fue posteriormente objeto de una orden de desalojo ejecutada por la Fuerza Pública el jueves 08 de agosto de 2024, tras reportes de impago. La acusación contra Chaves fue formalmente presentada el lunes 07 de abril de 2025. El fundamento jurídico se apoya en el artículo 355 del Código Penal, que define la concusión como la acción de un funcionario público que, "abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial". Este delito conlleva penas que oscilan entre dos y ocho años de prisión.
El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, también fue incluido en la petición de levantamiento de inmunidad. Según la acusación, Rodríguez, quien fungía como jefe de despacho del presidente al momento de los hechos, habría estado al tanto de la maniobra contractual que favoreció a RMC La Productora S.A., empresa de Bulgarelli, conocida comercialmente como Nocaut.
La tesis del Ministerio Público (MP) es que el contrato fue diseñado a la medida para que Nocaut resultara adjudicataria del millonario proyecto con fondos del BCIE. Parte de esos fondos, de acuerdo con la confesión de Bulgarelli, habrían sido canalizados a Choreco Cruz por instrucción directa del presidente. El exasesor de imagen, quien no goza de inmunidad, enfrenta un proceso penal separado en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El expediente judicial también recoge evidencia crucial contenida en una serie de grabaciones conocidas como "los audios de la Presidencia", realizadas por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro. En estos audios —divulgados en primicia por el diario La Nación— se escucha al presidente Chaves referirse al contrato con expresiones como que tenía "un montón de antojos" y deseaba pedir "un par de chineos, de cariñitos". En otro fragmento, se le oye preguntar si Choreco estaría incluido en el contrato gestionado por Bulgarelli.
Una pieza central de la acusación es la declaración autoincriminatoria de Christian Bulgarelli. El empresario confesó ante la Fiscalía que, efectivamente, y por solicitud de Rodrigo Chaves, depositó 32,000 dólares a favor de Federico Cruz. El depósito se realizó en la cuenta bancaria de la propietaria de la casa en Barlovento para facilitar el alquiler con opción de compra a nombre de Cruz. El testimonio ha sido considerado por el MP como una "confesión directa y verificable", lo que motivó la presentación formal del expediente ante la Corte Plena. Dado que Chaves y Rodríguez Vives gozan de inmunidad por su investidura como altos funcionarios del Estado, el proceso solo puede avanzar si la Asamblea Legislativa aprueba el levantamiento del fuero constitucional.
Tras la decisión de Corte Plena, el siguiente paso recae en la Asamblea Legislativa, la cual debe conformar una comisión especial para el análisis del expediente. Esta comisión emitirá una recomendación al plenario, que deberá leer el informe, y eventualmente permitir que el acusado haga uso de su derecho a la defensa. El levantamiento de la inmunidad requerirá 38 votos afirmativos en el plenario legislativo costarricense. Es importante destacar que, aunque la inmunidad impide el enjuiciamiento de los altos cargos durante su periodo, no significa que el caso se archive en caso de que el Congreso rechace la solicitud. La Fiscalía puede reactivar el proceso una vez que los implicados concluyan su mandato.
Un cambio reciente al reglamento legislativo, validado por un fallo de la Sala Constitucional, obliga a que esta votación se realice de forma pública y nominal, eliminando la práctica anterior del voto secreto.
Un día antes de que la Corte Plena deliberó sobre el presidente, otro alto funcionario del Ejecutivo, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, optó por renunciar voluntariamente a su inmunidad. Campos enfrenta una acusación por presuntos delitos de peculado y falsedad ideológica relacionados con cobros irregulares de viáticos y horas extra durante su gestión como viceministro de Justicia en 2016. En una carta dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, Campos expresó que su decisión obedecía a su interés por garantizar "la más amplia transparencia y el pleno desarrollo de las audiencias". La misiva fue firmada a las seis de la tarde del lunes 30 de junio de 2025, apenas 20 minutos después de que los magistrados decidieran remitir su expediente a la Asamblea.
Según revelaciones del medio CRHoy, el caso contra Campos incluye la presunta inserción de datos falsos en las hojas de liquidación de gastos por desayunos, almuerzos y cenas en giras oficiales, así como pagos indebidos de 900,000 colones en viáticos por parte del ministro, y 5,8 millones de colones en horas extra cobradas por su guardaespaldas, de apellido Jara.
Este cúmulo de acusaciones y procesos judiciales marca un momento realmente crítico para la administración de Rodrigo Chaves, quien asumió el poder en mayo de 2022 con una narrativa de ruptura frente a los partidos tradicionales y una promesa de combate frontal contra la corrupción y la violencia; una narrativa muy lejos de la realidad actual. Ahora, su administración enfrenta uno de los escándalos de mayor impacto institucional desde el surgimiento del caso "Cementazo" en el 2017.
Los próximos días serán determinantes. Si la Asamblea Legislativa acoge la solicitud de la Corte Plena, el presidente Chaves enfrentaría un juicio en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal). La posibilidad de un juicio penal contra un mandatario en funciones —con base en hechos presuntamente ocurridos durante el ejercicio del cargo— abre un capítulo inédito en la historia democrática costarricense.
Mientras tanto, los ojos del país y de Centroamérica observan con atención el desarrollo de este proceso escandaloso, que pone a prueba la independencia de los Poderes del Estado y la fortaleza del Estado de derecho en Costa Rica. El veredicto, más allá del desenlace judicial, marcará un precedente crucial sobre la rendición de cuentas en la más alta esfera del poder político, cuando Rodrigo Chaves se cree más intocable y disruptivo que nunca.
El caso Gamboa
El arresto del exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa, vinculado por la Administración de Control de Drogas (DEA) a redes internacionales de narcotráfico como el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa, ha desatado otra crisis política y judicial, paralela, en Costa Rica. Gamboa, quien ocupó cargos clave en seguridad entre 2010 y 2018 antes de ser destituido por sospechas de corrupción, fue detenido esta semana y podría ser extraditado a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) para enfrentar cargos por narcotráfico. Su papel central en el tráfico de drogas se habría sustentado en sus conocimientos legales, contactos en la judicatura y cercanía con autoridades policiales, mientras que su participación en un proyecto deportivo en Limón ha sido señalada como posible fachada para lavado de dinero.
El informe de la DEA destaca acusaciones directas contra el gobierno de Rodrigo Chaves, tras una conversación en la que Gamboa asegura que las autoridades estatales permitían el ingreso de cargamentos de cocaína. A pesar de las críticas opositoras, Chaves ha rechazado cualquier vínculo con el exfuncionario, quien mantenía cierta visibilidad pública y apoyo en redes sociales digitales. No obstante, la polémica ha exacerbado la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con señalamientos cruzados sobre complicidades y omisiones en la lucha contra el crimen organizado. La Policía Judicial, a su vez, ha revelado conexiones cercanas entre Gamboa y altos funcionarios del gabinete actual, generando incertidumbre sobre la penetración del narcotráfico en la administración pública. "El presidente de la Republica, Rodrigo Chaves Robles, reafirma categóricamente que no ha tenido —ni tiene— ninguna relación con Celso Gamboa, a quien no conoce, con quien nunca ha intercambiado mensajes ni mucho menos ha visitado la residencia del mandatario", cita un comunicado oficial, publicado ayer martes.
En medio de un contexto de violencia creciente, con una tasa récord de homicidios desde 2023 atribuida en más del 70 % a disputas entre grupos narcotraficantes, Costa Rica enfrenta un desafío sin precedentes para su sistema de justicia y estabilidad política. El proceso de extradición de Gamboa, facilitado por una reciente reforma constitucional, podría sentar otro precedente histórico. Mientras tanto, la expectativa nacional gira en torno a cómo los poderes del Estado manejarán este complejo entramado que involucra corrupción, crimen organizado y responsabilidades institucionales en la sombra del narcotráfico y los tratos bajo la mesa.
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